La estrategia del Gobierno de la Ciudad de México contra el despojo comenzó a mostrar resultados concretos. A 12 días de su reforzamiento, autoridades capitalinas reportaron 89 denuncias recibidas, 14 posibles casos de despojo identificados y ocho inmuebles asegurados, algunos de ellos restituidos a sus legítimos propietarios en apenas dos o tres días.
Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, , destacó que la prioridad es que las personas que denuncien no tengan que esperar meses o años para obtener una respuesta de las instituciones.
“Ponemos toda la fuerza de las instituciones del lado de quien defiende legítimamente su patrimonio”, afirmó la mandataria.
Los casos atendidos hasta ahora se concentran en distintas zonas de la capital. Entre ellos se encuentran inmuebles ubicados en Del Valle, Santa María La Ribera y San Pedro de los Pinos, donde las autoridades intervinieron para recuperar propiedades y, en algunos casos, devolverlas a sus dueños.
Brugada explicó que cada denuncia es revisada para determinar si realmente existen elementos que permitan acreditar el delito. De las 89 denuncias recibidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 46 continúan bajo análisis, mientras que otras 29 corresponden a situaciones que no necesariamente configuran despojo y que deben atenderse por otras vías jurídicas.
La jefa de Gobierno también dejó claro que la estrategia no se limitará a los casos recientes. Las autoridades revisarán denuncias anteriores para identificar posibles despojos que hayan quedado pendientes y determinar si todavía es posible intervenir.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana también reportó un incremento en las acciones contra quienes intentan ingresar de manera irregular a inmuebles.
El titular de la dependencia, , informó que durante los primeros 12 días de la estrategia se realizaron 27 remisiones y fueron detenidas 90 personas relacionadas con reportes de allanamiento, ingreso por la fuerza o entrada irregular a propiedades.
De ese total, 44 detenciones ocurrieron durante los 12 días de la estrategia, prácticamente la misma cantidad acumulada entre enero y los primeros días de agosto.
La SSC señaló además que mantiene un tiempo promedio de respuesta de tres minutos ante reportes ciudadanos relacionados con posibles casos de despojo, allanamiento o ingreso irregular.
Las intervenciones se han realizado en alcaldías como Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa, principalmente cuando los agentes detectan situaciones en flagrancia, como violencia, ruptura de cerraduras o cambio de chapas.
No obstante, será la Fiscalía la encargada de determinar si cada hecho constituye formalmente el delito de despojo.
La fiscal capitalina, , detalló que los 14 posibles casos identificados derivaron en cinco detenciones, dos judicializaciones y ocho inmuebles asegurados, además de una medida de protección y tres acuerdos.
En paralelo, la revisión de casos anteriores permitió concretar 24 detenciones, 15 aseguramientos de inmuebles y ocho órdenes de aprehensión cumplimentadas por el delito de despojo, así como 39 derivaciones a mecanismos alternativos de solución de controversias y 11 acuerdos reparatorios.
La estrategia busca, por tanto, atender el problema desde distintos frentes: prevenir nuevos casos, responder rápidamente ante una denuncia, investigar a los responsables y, cuando corresponda, devolver los bienes a sus propietarios.
Como parte de este esfuerzo, el próximo 24 de agosto comenzará operaciones en el Zócalo capitalino la Defensoría Social “Ponciano Arriaga”, con un equipo de 100 profesionales del derecho distribuidos en cinco grupos.
La idea es que cada lunes la Plaza de la Constitución se convierta en un punto de atención jurídica gratuita para personas que necesiten orientación y acompañamiento para defender su patrimonio.
La consejera Jurídica y de Servicios Legales, , explicó que la defensoría trabajará de manera coordinada con dependencias capitalinas y federales, la Fiscalía, tribunales, el Registro Público de la Propiedad, el Registro Agrario Nacional, IMSS e ISSSTE, entre otras instituciones.
El objetivo es que una persona que enfrenta un posible despojo no tenga que recorrer por su cuenta distintas oficinas para saber dónde denunciar o cómo recuperar su propiedad.
Para Brugada, los primeros resultados representan un cambio en la forma de atender este delito: pasar de las denuncias acumuladas a respuestas concretas y, cuando la ley lo permite, de la pérdida del patrimonio a su restitución.
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