En medio de aplausos y vítores de “ministra valiente”, Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue recibida por trabajadores del tribunal apenas un día después de presentar su renuncia. La ministra había anunciado oficialmente su decisión de declinar cualquier participación en la elección pública de 2025, entregando su renuncia al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Sin embargo, la salida de Piña, programada para el 31 de agosto de 2025, ha despertado fuertes críticas debido a los altos beneficios de retiro que le asegura este movimiento.
📹 #Vídeo | Como si fuera alguna especie de “heroína”, trabajadores del #PoderJudicial reciben con aplausos a Norma Piña y que el día de ayer presentó su renuncia tras ser aplastada por la voluntad popular.
Norma Piña justificó su renuncia como un “acto de congruencia” y declaró que su decisión no implica aceptar la separación del cargo que ocupaba hasta 2030. No obstante, su salida garantiza su pensión completa y un retiro privilegiado, manteniendo intactos los beneficios que la reforma judicial, impulsada por la Cuarta Transformación, busca regular. Desde hace meses, Piña intentó frenar esta iniciativa por todos los medios, incluso recurriendo a medidas legales controvertidas, con el fin de impedir una reforma que busca democratizar la elección de jueces y magistrados en el Poder Judicial.
Con su renuncia, Piña evade el proceso de elección pública en 2025, que será el primero de su tipo en el país y que pondría a los ministros en un proceso de evaluación directa por parte de la ciudadanía. En lugar de enfrentar la transformación del sistema judicial, la presidenta de la Corte opta por abandonar su cargo, asegurándose un retiro con beneficios millonarios y eludiendo así la nueva regulación que ella misma trató de bloquear.
Varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han presentado su renuncia, decisión que ha sido ampliamente criticada, según una investigación de SinLínea Mxque revela los elevados beneficios que recibirán tras abandonar sus cargos. Estas renuncias responden al rechazo de los ministros hacia la reforma judicial impulsada por la administración de Andrés Manuel López Obrador, la cual introduce el histórico proceso de elección de jueces y magistrados por voto popular, programado para 2025.
El plazo para manifestar su intención de competir por los puestos concluyó el 30 de octubre, y algunos ministros, entre ellos Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, optaron por declinar la posibilidad de participar en el proceso democrático. La investigación de SinLínea Mx expone que esta “retirada” les asegura beneficios de por vida que, para muchos ciudadanos, resultan inaceptables en tiempos de transformación del sistema judicial.
Entre los privilegios que acompañan estas renuncias, destacan un salario completo durante los primeros dos años, seguido de una pensión vitalicia del 80%. Además, los exministros disfrutarán de un aguinaldo anual de 580 mil pesos, seguro de vida hasta por 12 millones de pesos, pago por defunción para familiares de 1.18 millones de pesos y otros apoyos, como 22 mil pesos mensuales para transporte, dos camionetas blindadas y un equipo de personal de seguridad y asistencia.
Ante este contexto, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, criticó la decisión de los ministros y calificó los privilegios de “excesivos e injustificados”. Noroña subrayó que el Legislativo no debería aceptar estas renuncias sin antes someter a revisión la abultada lista de beneficios que acompañan a quienes se retiran de la SCJN. Además, hizo un llamado a los ministros a “cumplir con su responsabilidad ante el pueblo de México” y les recordó que el servicio público debe anteponer el interés colectivo sobre los intereses personales.
Norma Piña Hernández, quien declaró que su renuncia no implica dejar el cargo hasta el término de su mandato en 2030, justificó su decisión como un “acto de congruencia” con sus principios. Sin embargo, es claro que estos retiros representan una negativa a modernizar el sistema judicial y un intento de preservar sus privilegios a expensas de las reformas que promueven mayor transparencia y rendición de cuentas.
Este jueves, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un fuerte señalamiento hacia los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes acusó de favorecer intereses personales y de ciertos grupos, en lugar de velar por el bienestar de México. Durante su conferencia de prensa del 31 de octubre, Sheinbaum criticó a los ministros que respaldaron reformas constitucionales en el pasado en beneficio de grupos ajenos al interés nacional y ahora pretenden bloquear las iniciativas de la Cuarta Transformación, incluyendo la Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), misma que algunos ministros han propuesto invalidar parcialmente.
Sheinbaum también abordó las recientes renuncias de varios ministros, quienes han optado por retirarse antes de las elecciones programadas para junio de 2025 y presentar sus dimisiones al Senado. Entre los funcionarios que declinaron contender por sus cargos se encuentran Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alberto Pérez Dayán, quienes concluirán oficialmente su mandato el 31 de agosto del próximo año.
La presidenta hizo un llamado directo a los ministros, exhortándolos a actuar conforme a los principios del derecho y a ser conscientes de su responsabilidad histórica. “Todavía creo que algunos de esos ministros y ministras recordarán sus clases de derecho y tomarán decisiones que favorezcan al pueblo de México, en lugar de responder a intereses particulares”, expresó Sheinbaum. Enfatizó que sus decisiones recientes no responden a un criterio jurídico, sino a intereses personales y políticos.
En respuesta a lo que consideró “provocaciones” de la Corte, Sheinbaum fue clara: “Nos están tentando para que llevemos a juicio a los ministros y ministras, pero no vamos a caer en esa estrategia”, aseguró. A pesar de su descontento con la postura de la SCJN, señaló que su gobierno no emprenderá un juicio político, aunque algunos ministros, según ella, han tomado acciones que violan la Constitución. Finalmente, Sheinbaum denunció lo que calificó como un “nado sincronizado” por parte de los medios en contra de su administración, y reiteró su llamado a los ministros para que actúen conforme al derecho.
Anticipa debate crucia en la SCJN
La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir la constitucionalidad de la Reforma Judicial, en una sesión programada para el 5 de noviembre. Durante esta jornada, los ministros debatirán el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que busca anular parcialmente la reforma y suprimir disposiciones como la elección directa de jueces de Distrito y magistrados de Circuito, la figura de los llamados “jueces sin rostro” y los comités de evaluación.
📹 #Vídeo | Ya vieron que las leyes no son sólo para proteger sus intereses: @Claudiashein le responde a los golpistas de la #SCJN y les explica que la supremacía constitucional siempre ha existido. pic.twitter.com/DR3zF8VH1U
Sheinbaum reafirmó que la reforma de supremacía constitucional, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, es plenamente legal y necesaria para el fortalecimiento del sistema judicial. Con esta medida, señaló, se incorporarán disposiciones en la Ley de Amparo, frecuentemente utilizada para interponer recursos contra la Reforma al Poder Judicial. La presidenta destacó la importancia de la iniciativa, aunque enfatizó que su promulgación depende aún de la aprobación por las legislaturas locales y su eventual ratificación en el Congreso de la Unión, antes de llegar al Ejecutivo.
La Suprema Corte de Justicia (SCJN) resolvió por unaminidad que se manitene la sentencia a favor de la exsecretaria Rosario Robles.
La Primera sala de la SCJN votó a favor de rechazar el amparo directo en revisión interpuesto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual buscó que el caso no fuera cerrado.
La propuesta de absolver el caso de Robles fue presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y fue aprobada por las ministras Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahfl, y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfedro Gutíerrez Ortíz Mena.
Como última intento para revertir la absolución a favor de la exfuncionaria, la ASF presentó este amparo en contra de la decisión del año pasado y que así se le pudiera juzgar por desvío de recursos.
El 5 de diciembre de 2023 el Primer Tribunal Colegiado de Apelación cerró las pretenciones de la Fiscalía General de la República de procesar a Rosario por el supuesto delito de ejercicio indebido de servicio público.
Sin embargo se declararon como infundados los alegatos de la Fiscalía, los cuales estuvieron a cargo de Alberto Torres Villanueva. Asimismo se mencionó que algunos de los argumentos presentados ya habian sido estudiados por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual amparó a la exfuncionaria Rosario Robles.
En febrero del año pasado, el juez de control aseguró que la sentencia absolutoria es para el ámbito penal y que Rosario Robles no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. También se declaró que Robles no debía seguir bajo un proceso penal, por ello ordenó la cancelación de todas las medias cautelares que la mantenían en prisión domiciliaria y no permitían que saliera del país.
De acuerdo con la investigación de la Estafa Maestra, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se desviaron más de 400 millones de dólares a través de una red que involucró a 11 dependencias del Estado, así como empresas privadas y servidores públicos.
En una decisión que marca un final abrupto y polémico a su carrera, la ministra Norma Piña entregó su carta de renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el Senado a las 11:07 horas de hoy. Piña, conocida por su férrea oposición a la Reforma Judicial y por su alineación con intereses de partidos opositores, declinó participar en la próxima elección judicial de 2025, asegurando de esta manera beneficios millonarios para su retiro. Su salida definitiva será el 31 de agosto de 2025, anticipando la fecha originalmente designada para su permanencia, que llegaba hasta diciembre de 2030.
En su carta, Piña destacó que su renuncia es “un acto de congruencia”, aunque la medida también ha sido interpretada como una forma de asegurarse el haber de retiro, previsto solo para quienes deciden apartarse del cargo antes de la elección extraordinaria de 2025. Piña, quien fue la primera mujer en presidir la SCJN, ha enfrentado críticas por aceptar recursos que cuestionaron la constitucionalidad de la Reforma Judicial, favoreciendo demandas que muchos consideraron inconstitucionales y en línea con intereses partidistas.
A lo largo de su gestión en la SCJN, Piña se reunió en múltiples ocasiones con líderes de partidos opositores, encuentros a todas luces secretos y poco transparentes. Estas reuniones, junto con su rechazo a la Reforma Judicial, alimentaron una imagen de Piña como una figura alineada a agendas políticas, en lugar de al bienestar de la justicia mexicana.
Una salida marcada por la controversia y los beneficios económicos
La renuncia de Piña también representa el cierre de un periodo conflictivo en el Poder Judicial. Su negativa a continuar en el cargo hasta la fecha estipulada ha generado suspicacias, especialmente cuando es claro que este retiro anticipado le asegura beneficios económicos que no estarían disponibles de continuar en su puesto.
Nacida en 1960 en la Ciudad de México, Piña estudió Derecho en la UNAM y cuenta con diversas especialidades y maestrías en Derecho Constitucional, Administrativo y Argumentación Jurídica. Fue nombrada ministra en 2015 y, desde entonces, se posicionó como una figura controversial dentro de la SCJN, acumulando críticas y enfrentando cuestionamientos sobre su postura en temas sensibles para la Cuarta Transformación y el país en general.
Con su renuncia, Norma Piña deja abierta la discusión sobre el papel de la SCJN en México y las implicaciones de que sus integrantes puedan beneficiarse económicamente al retirarse de manera anticipada. Su salida es vista por algunos como el epílogo de una carrera que, más allá de sus logros académicos, quedó marcada por decisiones políticas que despertaron dudas sobre su compromiso con una justicia verdaderamente independiente.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, publicó en sus redes sociales que han recibido las renuncias de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque no se revelaron los nombres de los ministros, sin embargo desde hace algunos días se mencionó una posible desbandada en el máximo tribunal, en el que quedarían solo para participar en el proceso electoral judicial las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortíz.
Según el artículo séptimo transitorio de dicha reforma, los ministros que finalicen su mandato sin postularse o ser electos en la elección extraordinaria de 2025 no tendrán derecho a un haber por retiro, a menos que presenten su renuncia antes de la fecha límite establecida, con efectos a partir del 31 de agosto de 2025. En este caso, el monto será proporcional al tiempo de servicio.
📹 #Vídeo | El Senador Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) confirma que 8 ministros de la #SCJN han presentado su renuncia; reiteró que será el pleno de la Cámara Alta la que decida si acepta o no las declinaciones.
Fernández Noroña enfatizó que será el pleno del Senado quien determine si acepta o no las renuncias, tal y como ya se había adelantado desde hace algunos días. “Podemos no aceptar sus renuncias”, afirmó.
Cabe mencionar que los ministro Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat y Jorge Mario Pardo Rebolledo, ya han presentado sus renuncias con efecto al 31 de agosto del 2025, con lo cual podrían asegurar su acceso a las onerosas pensiones de más de 250 mil pesos mensuales que les esperan en caso de no participar en el proceso electoral judicial.
En la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó duramente la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien busca invalidar la elección de jueces y magistrados por voto popular. Sheinbaum subrayó que los partidos políticos carecen de personalidad jurídica para presentar recursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre asuntos constitucionales y sostuvo que la Corte no tiene autoridad para legislar sobre reformas constitucionales, ya que este poder recae exclusivamente en el Congreso y las legislaturas estatales.
Un aspecto central de sus declaraciones fue su lectura del artículo 135 de la Constitución, en el cual se establece que cualquier reforma constitucional debe ser aprobada por una mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso y contar con el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales. “La única autoridad para modificar la Constitución reside en el Congreso y en los congresos locales, siguiendo el procedimiento correspondiente. En ningún momento la Corte puede legislar sobre la Carta Magna”, recalcó Sheinbaum, señalando que la propuesta del ministro Alcántara Carrancá es un intento de rebasar el marco legal.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @ClaudiaShein aseguró que el ministro González Alcántara Carrancá aceptó recursos de los partidos políticos, a pesar de que estos no tienen personalidad jurídica para interponerlos recursos ante la @SCJN con relación a reformas constitucionales. pic.twitter.com/SpNdj3E34K
La presidenta también destacó que, aunque la SCJN puede revisar la legalidad del procedimiento de una reforma, no tiene potestad para invalidar el contenido de una reforma constitucional aprobada legítimamente. Según Sheinbaum, la intención de la propuesta del ministro no es cuestionar el procedimiento, sino intervenir en los contenidos, invalidando la elección de jueces y magistrados que la reforma estableció.
Corte aceptó recursos sin atribuciones de partidos políticos, denuncia Sheinbaum
Sheinbaum criticó que el ministro González Alcántara Carrancá aceptara recursos interpuestos por partidos políticos en torno a la reforma constitucional, a pesar de que estos carecen de la facultad para hacerlo. “La ley es clara en este aspecto: un partido político no tiene personalidad jurídica para impugnar reformas constitucionales en la Corte”, señaló. Esta aceptación, argumentó, abre la puerta a una intervención que, según ella, pone en riesgo la legitimidad del proceso constitucional.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @ClaudiaShein leyó el artículo 135 de la Constitución que establece que para reformar la Carta Magna “se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o… pic.twitter.com/Rh2Oht4QXu
Con estos señalamientos, Sheinbaum subraya la importancia de respetar el proceso de reforma constitucional tal y como lo estipula la Carta Magna, recordando que el cambio en la elección de jueces y magistrados fue resultado de un consenso legislativo amplio y no debe ser alterado por la SCJN.
La reciente renuncia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado controversia y suspicacia entre sectores políticos y ciudadanos. En su carta de renuncia dirigida al Senado, Pardo Rebolledo aludió a una “congruencia personal” y a su larga trayectoria judicial de 40 años para justificar su salida, misma que espera se haga efectiva en agosto del próximo año. Sin embargo, la renuncia de Pardo Rebolledo, sumada a la de su colega el Ministro Alfredo Ortiz Mena horas antes, se enmarca en un contexto de desacuerdos con la Reforma Judicial, lo cual plantea serias dudas sobre los verdaderos motivos detrás de estas decisiones.
¿Decoro o Conveniencia?
Aunque en su carta Pardo Rebolledo subrayó que su renuncia “no es un acto de claudicación”, el contexto en que ocurre parece sugerir lo contrario. Su salida, junto a la de Ortiz Mena y otros ministros que planean dejar el cargo antes del fin de su mandato, ha levantado cuestionamientos sobre si estas decisiones responden a un rechazo oportunista a las nuevas disposiciones de la Reforma Judicial, las cuales proponen un modelo de designación de ministros mediante voto popular.
Lejos de presentarse como un acto de congruencia o compromiso con la democracia, las dimisiones recientes han sido interpretadas por algunos líderes como intentos por abandonar el cargo antes de enfrentar las posibles consecuencias de la reforma. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, sostuvo que estas renuncias podrían tener una intención financiera, pues permitirían a los ministros retirarse con cuantiosas liquidaciones, lo que él llamó “irse con las alforjas llenas”. Además, señaló que la renuncia masiva podría estar relacionada con un esfuerzo coordinado de resistencia en contra de los cambios constitucionales.
Ortiz Mena y Pardo Rebolledo: ¿Defensores de la Justicia o Adversarios de la Reforma?
Mensaje del Presidente del Senado, @fernandeznorona, en relación al proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. pic.twitter.com/STDquuYWxw
La renuncia del Ministro Ortiz Mena, anunciada casi al mismo tiempo que la de Pardo Rebolledo, fue particularmente polémica. Recientemente, Ortiz Mena viajó a Harvard, donde cuestionó públicamente los alcances de la Reforma Judicial, y en su carta de dimisión dejó entrever su rechazo al proceso de elección popular. La ironía de este acto, interpretado como una burla al principio democrático, no pasó desapercibida, pues él mismo admitió que no se considera “un candidato” para un puesto que depende del “apoyo popular”.
Tanto Ortiz Mena como Pardo Rebolledo justificaron su renuncia en una supuesta integridad y apego a los valores constitucionales. No obstante, para el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, esta estrategia podría convertirse en un revés. La decisión final sobre la aceptación de estas renuncias está en manos del Senado, el cual podría optar por no validarlas, lo que dejaría a los ministros sin el retiro económico que actualmente está en riesgo debido a la reforma.
Un Futuro Judicial Bajo Lupa
La coyuntura actual en la SCJN evidencia una división profunda entre quienes defienden la supuesta independencia del Poder Judicial y aquellos que sostienen que la Reforma Judicial es necesaria para democratizar y transparentar la impartición de justicia. Los ministros que aún no han presentado su renuncia, como Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, mantienen sus posiciones, mientras que otros, como Luis María Aguilar Morales, concluirán su periodo en noviembre, lo que deja abierta la posibilidad de un cambio estructural sin precedentes en la Corte.
Con la controversia en pleno auge, los próximos pasos del Senado determinarán si los ministros renunciantes podrán seguir adelante con sus planes o si enfrentarán un proceso de revaloración de sus renuncias y de los beneficios asociados. En tanto, la percepción pública de estos eventos continúa polarizándose, alimentando una narrativa en la que el oportunismo y la conveniencia parecen superar cualquier compromiso de servicio público.
Hace unos momentos se confirmó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Gutiérrez Ortiz Mena, presentó al Senado de la República su carta de renuncia al que debería ser el máximo tribunal de justicia del país, confirmando con ello que no desea participar en el proceso democrático judicial que se celebrará el año entrante.
Ahora, magistrados federales confirmaron la renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluyendo a la presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña Hernández. La decisión fue anunciada durante el intento de réplica de la “mañanera” que realizan desde hace un par de días, donde también se indicó que los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán planean dimitir en protesta por la promulgada Reforma al Poder Judicial.
Según las declaraciones de los magistrados, “esta decisión, más que ahondar en la crisis, pretende poner fin a la crisis constitucional que vive el país”. Se espera que las renuncias se formalicen y sean efectivas hasta el 31 de agosto de 2025, permitiendo que los ministros salientes no figuren en la boleta electoral de junio de ese año, cuando la ciudadanía podrá votar por jueces, magistrados y ministros del país.
En cumplimiento de la ley, la fecha límite para que los ministros declinen su participación en el proceso electoral es el 30 de octubre de 2024. De acuerdo con el magistrado Juan José Olvera López, “en unas horas más se hará el evento público de la renuncia de los ocho ministros”. Sin embargo, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, recientemente adscritas a la Corte y conocidas por el pueblo por defender sus intereses, no dejarán sus cargos.
Olvera López subrayó que la salida de los ministros busca despejar el camino para que “el pueblo decida” en el proceso de elección de 2025, insistiendo en que se trata de un acto de compromiso hacia la ciudadanía, “no estamos velando por nuestros intereses personales”. Asimismo, el magistrado resaltó la importancia de preservar los espacios judiciales ocupados por jueces locales y federales, quienes deben demostrar “capacitación a través de la carrera judicial”.
Con la presentación de estas renuncias, los magistrados indicaron que la medida es “muestra de querer poner fin” a la crisis que enfrenta actualmente el Poder Judicial.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena anunció su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decisión que notificó al Senado de la República a través de una carta donde expresó sus razones. La dimisión tendrá efecto el 31 de agosto de 2025.
En su carta, Gutiérrez Ortiz Mena explicó que la reciente reforma constitucional, que acorta su mandato y abre la posibilidad de elegir a los ministros mediante voto popular, lo puso ante dos opciones: someterse al proceso de elección o presentar su renuncia. El ministro comentó que, aunque su trayectoria lo califica para la judicatura, no se considera adecuado para un cargo dependiente del apoyo popular.
“He decidido presentar mi renuncia”, mencionó el ministro, indicando que lo hace en el plazo establecido en el séptimo transitorio de la reforma. Señaló que, aunque podría argumentar una causa grave para justificar una renuncia fuera del tiempo estipulado, no tiene dicha causa y respeta la norma. Aclaró también que hasta el 31 de agosto de 2025 continuará cumpliendo sus responsabilidades con integridad.
La renuncia de Gutiérrez Ortiz Mena ocurre en medio de rumores sobre la salida de otros seis ministros de la SCJN: Norma Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá. De confirmarse, sus dimisiones también surtirían efecto en agosto de 2025. La postura de los ministros ha sido renuente y de resistencia respecto a la reforma judicial que impulsa la elección por voto popular de los jueces y magistrados del país., que además busca sanear al máximo tribunal para el servicio del pueblo.
