La ministra Lenia Batres denunció que ha recibido ataques por el personal de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) y que los trabajadores se han conducido de manera facciosa en su contra.
En una entrevista con Martha Olivia para Astillero Informa, la “ministra del pueblo” aseguró que desde su llegada a la Corte ha sufrido denostaciones, así como la adjetivación de sus inversiones en el Pleno de la SCJN y una exageración sobre error que pueda cometer.
En ese sentido, señaló que esa campaña en su contra proviene de los trabajadores que se encuentran en las ponencias de sus compañeras y compañeros ministros. Aunque sostuvo que tiene el derecho de manifestarse individualmente y solidarizarse con los juzgadores que están en huelga.
Son trabajadores de los ministros, son los colaboradores de las ponencias, es decir directamente son subordinados de los ministros. Por supuesto que representan lo que ellos piensan, no creo que sean ajenos a lo que ellos piensan.
Batres Guadarrama.
Además, señaló que esta campaña ha llegado a las redes sociales, en donde por medio de clips de sus participaciones en Pleno de la SCJN, incluso mencionó que una cuenta en X que difunde en contenido audiovisual trata de denigrar y señaló que la cuenta es administrada por personal de la Justicia TV.
Asimismo, explicó que se ha dirigido con la ministra presidenta Norma Piña, para que se detengan dichas acciones en su contra, aunque no ha tenido éxito.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, continúa con su abierta confrontación con la Cuarta Transformación y aseguró que la admisión del recurso sobre la repartición de los plurinominales está en su competencia.
En una entrevista con López-Dóriga en Radio Formula, la ministra sostuvo que la SCJN que además de casos sobre inconstitucionalidad, también puede resolver casos sobre controversias que impliquen una “contradicción de criterios” y mencionó que no hay ningún recursos que vaya contra la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE).
Razón por la cual, la ministra Piña Hernández admitió a trámite el recurso interpuesto por el PAN, partido opositor que abiertamente busca impedir que Morena y sus aliados tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y amplia mayoría en el Senado de la República.
Cabe mencionar que, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Norma Piña de querer obstruir para que la Cuarta Transformación tenga la mayoría calificada en la Cámara baja. Incluso abundó que, en caso de concretarse, procedería un juicio político en contra de la ministra presidenta.
Luego de que la ministra Lenia Batres advirtió sobre que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, admitió un recurso de “contradicción de criterios” para analizar la asignación de las diputaciones y senadurías de representación proporcional. El ministro Alcántara Carrancá aseguró que será respetuoso de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ante ello, el ministro Luis González Alcántara Carrancá, a quien se le turnó la queja interpuesta por el PAN, mostró cordura y no siguió el juego de Norma Piña, por lo que aclaró que respeta la competencia del TEPJF y que su proyecto no afectará la determinación del máximo tribunal en materia electoral.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | El ministro Luis González Alcántara Carrancá pone alto en seco a Norma Piña y le recuerda que es al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a quien le corresponde repartir los escaños y curules plurinominales, no a la Suprema Corte. pic.twitter.com/W71GE5mzp0
La Sala Superior [del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación] es el órgano especializado, competente, para conocer en última instancia sobre la debida asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional.
Afirmó Alcántara Carrancá.
En ese sentido, el ministro señaló la SCJN es competente para admitir los recursos de “contradicción de criterios”, además detalló que tardará en presentar el proyecto y que la resolución que se pongan a votación en el Pleno de la Corte no afectará la distribución de los espacios de representación proporcional en el Congreso de la Unión.
Asimismo, el ministro subrayó que el TEPJF es la máxima autoridad para resolver y conocer las asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional, así como expresó que respetará lo que establece la Constitución y que no interferirá en los asuntos del Tribunal Electoral.
En un hecho inusual dentro de los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un grupo de trabajadores organizó una protesta silenciosa en rechazo a la reforma judicial impulsada recientemente. A las 10:30 horas, los manifestantes comenzaron a congregarse en la zona de elevadores del segundo piso y en los pasillos del tercer piso, donde se encuentran las oficinas de los ministros. La consigna principal que los manifestantes presentaron fue clara: “la Corte rechaza la reforma judicial”.
A pesar del derecho de los trabajadores a expresar sus opiniones, la protesta carece de fundamento sólido y parece estar motivada más por intereses individuales que por el bienestar colectivo. El Colegio de Jóvenes Estudiantes y Nuevos Profesionistas de la SCJN, que convocó la manifestación, insiste en que la Corte no son solo los once ministros, sino también todos los empleados que allí laboran. Sin embargo, esta postura parece ignorar el hecho de que la reforma judicial busca precisamente fortalecer la independencia y eficiencia del máximo tribunal del país, asegurando que sus decisiones sean tomadas con transparencia y en favor de la ciudadanía.
Entre los ministros, Lenia Batres ha demostrado ser una firme defensora de la reforma judicial, cumpliendo en todo momento con sus deberes y velando por la justicia. Batres ha sido objeto de cuestionamientos por parte de los manifestantes, quienes no han querido renunciar a los sueldos elevados que perciben durante sus protestas, .
La manifestación fue cuidadosamente planeada para evitar confrontaciones directas, no obstante, los manifestantes pegaron un señalamiento agresivo afuera de la oficina de Lenia Batres en el que la asucaban inujstamente de no servir al pueblo. Esto contrasta con la esencia de la protesta, que parece estar enmarcada más en la defensa de intereses personales que en una preocupación genuina por el futuro de la justicia en México.
Lenia Batres, como ministra de la SCJN, ha sostenido en reiteradas ocasiones que la reforma judicial es crucial para la independencia y modernización del Poder Judicial. Su postura se ha basado en la necesidad de garantizar que la Corte funcione de manera óptima y que sus decisiones reflejen un compromiso con el pueblo, no con intereses individuales o partidistas.
Mientras los trabajadores insisten en su rechazo a la reforma, es necesario recordar que la verdadera función de la Suprema Corte es servir al pueblo mexicano. La resistencia al cambio por parte de ciertos sectores solo refleja un temor a perder privilegios adquiridos, más que una preocupación legítima por el impacto de la reforma en el funcionamiento de la justicia.
En momentos críticos como este, es esencial que se respalde a líderes como Lenia Batres, quienes, con valentía y determinación, buscan hacer lo correcto por el país, aun cuando esto implique enfrentarse a la resistencia interna. La SCJN debe continuar siendo un baluarte de justicia y equidad, y la reforma judicial es un paso necesario para asegurar que siga cumpliendo con esa misión.
Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por violar el marco legal al aceptar un recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional (PAN) sobre la asignación de diputados plurinominales, un asunto que, según el mandatario, no le corresponde resolver a la SCJN.
López Obrador explicó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ya había resuelto el tema de la asignación de diputados plurinominales y que la instancia final en materia electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no la SCJN.
#ConferenciaPresidente | El presidente @lopezobrador_ denunció que "sin tener facultades, la @SCJN torciendo completamente la ley o, mejor dicho, violando todo el marco legal, acepta un recurso del #PAN que no le corresponde atender, resolver", sobre la asignación de diputados… pic.twitter.com/6ShyP9WQPx
“Sin tener facultades, la SCJN torciendo completamente la ley o, mejor dicho, violando todo el marco legal, acepta un recurso del PAN que no le corresponde atender”, afirmó el presidente.
López Obrador también sugirió que esta actuación de la SCJN es una muestra del nerviosismo y coraje del PAN, calificando la situación como “ridícula” y haciendo un llamado a la serenidad para evitar “arrebatos”.
Este fin de semana, la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió una denuncia de contradicción de criterios en materia electoral respecto a la asignación de curules en el Congreso de la Unión. Ante esta situación, Lenia Batres Guadarrama, ministra de la SCJN, emitió un comunicado expresando su preocupación y advirtiendo sobre las posibles consecuencias de esta decisión.
Según Batres Guadarrama, la admisión de esta denuncia por parte de la SCJN podría significar una extralimitación de sus facultades, lo que pondría en riesgo la estabilidad constitucional del país. En su comunicado, la ministra enfatizó que la resolución de este procedimiento legal debería corresponder al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que es la máxima autoridad en materia electoral según el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
Con relación a la denuncia de contradicción de criterios en materia electoral admitida este fin de semana por la Ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN, respecto de la asignación de curules en el Congreso de la Unión, me permito advertir: pic.twitter.com/dZoRm9wUgk
Lenia Batres sostiene que la contradicción de criterios planteada no es la vía adecuada para afectar situaciones jurídicas específicas, como la distribución de curules en una elección, especialmente cuando el proceso electoral ya se ha consumado y las reglas del juego no han cambiado desde 2008. Además, subraya que según la sentencia emitida en la contradicción de criterios 228/2022, una contradicción entre criterios solo puede presentarse cuando estos interpretan de manera divergente un mismo precepto constitucional, lo cual no es el caso en esta denuncia.
Batres Guadarrama hace un llamado a sus colegas de la SCJN a actuar con prudencia y responsabilidad, respetando las facultades del TEPJF para calificar la elección sin presiones externas. Concluye su comunicado afirmando que México merece que sus instituciones actúen conforme al mandato constitucional y respeten la voluntad popular expresada en las urnas, para así fortalecer el estado constitucional democrático de derecho en el país.
El empresario, Ricardo Salina Pliego, busca evitar el cobro de sus adeudos millonarios ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite un amparo promovido por Elektra.
Con dicho recurso el también dueño de TV Azteca pretende evitar el pago de 18 mil 455 millones de pesos del ejercicio fiscal de 2013, aunque las autoridades tributarias han señalado que con los recargos la deuda actualmente asciende a los 33 mil millones de pesos.
El amparo de revisión 6321/2024 fue turnado a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien es miembro de la Segunda Sala de la SCJN. Este es el segundo recurso que promueve Salinas Pliego, para evitar el pago de sus millonarios adeudos por impuestos.
Cabe mencionar que, el viernes pasado, la ministra Piña Hernández admitió otro amparo de revisión que también hace referencia al incumplimiento en el pago de impuestos por parte del empresario, ese recurso fue turnado a la ponencia de la ministra, Yasmín Esquivel Mossa.
Esto, luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer los oficios que la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación enviaron a la ministra Piña Hernández, para instar a la SCJN a resolver los casos que involucran a Salina Pliego.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que Total Play, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por impuestos no pagados desde 2011. La compañía no cumplió con el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y declaró deducciones en exceso por un monto de 1,744 millones 422,395 pesos, lo que generó una disputa fiscal que ahora está en manos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El caso ha sido trasladado al Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que será el encargado de calcular el crédito fiscal exacto que Salinas Pliego deberá cubrir. Esta resolución se da en medio de un contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presionado públicamente para que se resuelvan los casos fiscales pendientes del empresario, quien adeuda hasta 35 mil millones de pesos en impuestos.
Durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador anunció que envió una carta a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, solicitando celeridad en los casos fiscales de Salinas Pliego. Aunque la ministra admitió a trámite un recurso de Elektra, también propiedad del magnate, para impugnar un crédito fiscal de 1,431 millones de pesos por omisión de pago de impuestos en 2008, el avance en otros casos sigue siendo lento.
Salinas Pliego enfrenta un total de 13 créditos fiscales que ascienden a 67 mil 177 millones 120 mil pesos, la mayoría de los cuales han sido aplazados en tribunales desde gobiernos anteriores. Esta serie de litigios refleja un largo historial de disputas fiscales entre el empresario y el gobierno, en el que el Poder Judicial ha jugado un papel crucial.
La resolución del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa será determinante para definir las obligaciones fiscales de Salinas Pliego, en un caso que podría sentar un precedente importante en la lucha del gobierno contra la evasión fiscal.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, ha evitado irse a paro junto a sus compañeros del Poder Judicial de la Federación, esto aparentemente para seguir ayudando a que los deudores fiscales eviten ponerse al corriente con sus adeudos fiscales.
En horas pasadas, se informó que Piña Hernández admitió a trámite un recurso presentado por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca impugnar un crédito fiscal de 1,431 millones de pesos, derivado de la omisión en el pago de impuestos en 2008.
Este nuevo espaldarazo de la SCJN al magnate deudor, representa un nuevo golpe a las arcas públicas, al considerar que Elektra plantea cuestiones de inconstitucionalidad que deben ser revisadas por el que debería ser el máximo tribunal de justicia del país.
El acuerdo, firmado por Piña el 8 de agosto y notificado hoy, se ha dado en un contexto en el que la Presidencia de la Corte maneja entre 150 y 200 expedientes diarios. Sin embargo, la rapidez con la que se admitió este recurso ha levantado sospechas sobre posibles favoritismos.
Cabe mencionar que apenas el día de ayer, el Presidente López Obrador presentó en Palacio Nacional una carta que la Secretaría de Gobernación envió a Norma Piña, donde le pidieron celeridad para resolver sí Salinas Pliego debería pagar los más de 35 mil millones de pesos que adeuda al SAT.
De haberse desechado el recurso, Elektra hubiera estado obligada a pagar al SAT, dado que ya había perdido en todas las instancias previas del juicio. En lugar de eso, la decisión de Piña ha permitido que Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del país, continúe evitando sus obligaciones fiscales.
Se debe mencionar que esta tramposa táctica ya ha provocado que Salinas Pliego haya evadido un total de 6 mil 920 millones de pesos que adeudaba por los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, sin embargo, el cobijo de Piña ha blindado al dueño de Grupo Salinas para evitar que cumpla al pueblo de México.
Este jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mostró en las pantallas del Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la carta que envió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) a la ministra presidenta de la Suprema Corte, (SCJN), Norma Piña, donde se le pide apresurarse a cobrar adeudos fiscales que ascienden a los 35 mil millones de pesos.
En la misiva, que ya fue respondida por la ministra presidenta, se menciona la urgencia por la demora injustificada en el proceso de los Amparos Directos en Revisión 5654/2024 y 6321/2024, que fueron recibidos por la Suprema Corte de Justicia el 4 y 12 de julio de este año, respectivamente. Hasta la fecha, el área responsable no ha tomado ninguna acción.
Estos casos están relacionados con deudas fiscales correspondientes a los años entre el 2008 y 2013, las cuales llevan más de 16 y 11 años en litigio. Ya han pasado por todas las instancias legales, y los Tribunales Colegiados de Circuito fallaron a favor del Estado, sumando más de $35 mil millones de pesos que la Federación y el pueblo de México tienen derecho a recibir.
Sin embargo, estos recursos han sido retenidos debido a la lentitud de los procesos judiciales, que deberían ser rápidos y eficientes, como lo establece la Constitución.
Cabe mencionar que la falta de acción del área a cargo de la Presidencia de la Suprema Corte, al no resolver estos casos, es una clara protección indebida a quienes han evadido sus obligaciones fiscales durante décadas y no solo constituye una violación del artículo 17 constitucional, sino que también representa un obstáculo para la justicia.
Se menciona que estos casos ya fueron revisados por un ministro de la Corte, quien tardó más de ocho meses en presentar su proyecto, para finalmente determinar que no cumplían con los requisitos para ser resueltos por la SCJN y enviarlos de vuelta al tribunal colegiado.
