La oligarquía en México frustrada ante su derrota y desprestigio como reflejo de su ideología derechista, conservadora y entreguista, ha buscado una salida, un refugio. Y lo ha encontrado en un “poder”, que ha sido su más grande aliado antes y ahora, el poder judicial.
La oposición en México se ha apoderado del discurso en supuesta defensa a las instituciones, en esta línea, alega que el poder judicial sea “autónomo, justo e imparcial” pero ¿No es este el poder en donde impera la impunidad? Al crecer nos damos cuenta de que la justicia solo existe para aquellos quienes tengan con que pagarla, y que nos encontramos atrapados de cuerpo y alma por la corrupción y lentitud que caracterizan al sistema de aquel poder que reclama ser el impartidor de justicia. En este sentido, es indiscutible plantear un profundo cambio en el poder judicial, pero ¿qué se necesita cambiar dentro de aquel poder?
Democratización del poder judicial
El pasado 21 de marzo, el presidente del senado, Alejandro Armenta Mier, y militante de MORENA, propuso una iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se modifica el artículo 94 constitucional para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.
La Cuarta Transformación ha sido una oleada de cambios ha favor del pueblo, por lo que se han impulsado una serie de reformas en materia de soberanía nacional y de democracia, sin embargo, en la opinión publica ya se venía formulando la necesidad de un cambio en el poder judicial; opinión que creció exponencialmente a la llegada de la ministra Norma Piña, convirtiéndose en una demanda popular; como prueba de ello están las manifestaciones afuera de la SCJN, y la gran suma de firmas a favor de la renuncia de la ministra Norma Piña como respuesta a la evidente inacción y descuido del Consejo de la Judicatura Federal, los amparos entregados a delincuentes de cuello blanco como al ex gobernador panista Cabeza de Vaca, la protección a los privilegios de la burocracia dorada del INE mediante la suspensión al plan B, etc.
Por su parte, el presidente López Obrador ha insistido a través de las mañaneras en que se debe modificar el método para elegir a ministros, jueces y magistrados; así como una modificación a los planes de estudio en la formación de abogados (debido al periodo neoliberal).
La iniciativa del senador morenista impulsa la democratización del poder judicial, lo cual es fundamental para una verdadera democracia y estado de derecho. De esta forma los ministros, jueces y magistrados no serán impuestos por una minoría ni sometidos a favores políticos. Así mismo, se instalará una cultura de participación ciudadana que le haga frente al proyecto (fallido) neoliberal de no involucrarse en los asuntos públicos del país.
El poder no puede incrementar en las manos de políticos sino en las del pueblo, y mientras tanto la discusión ya está abierta.
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