El dirigente de Somos México cuestionó que el exgobernador fuera llevado casi 3 mil kilómetros por carretera, aunque la FGR explicó que el cambio de reclusión responde a su edad y estado de salud.
El presidente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, salió en defensa de Ernesto Ruffo Appel y calificó como una “represalia política” el traslado por carretera del exgobernador de Baja California desde el Altiplano, en el Estado de México, hasta su domicilio en Ensenada. Según el dirigente, el recorrido habría tenido como propósito “humillarlo”.
Acosta Naranjo cuestionó que Ruffo, de casi 75 años, fuera trasladado bajo custodia de la Guardia Nacional en un vehículo blindado y, según su versión, con manos y pies esposados durante parte del trayecto. El dirigente incluso pidió a ciudadanos documentar el paso del convoy por Sinaloa, Sonora y Baja California, aunque aclaró que no pretendía convocar bloqueos ni movilizaciones.
El reclamo contrasta con la explicación oficial: la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el cambio en la medida cautelar fue autorizado por un juez debido a que Ruffo es adulto mayor y presenta problemas de salud. Es decir, el exmandatario no quedó libre ni se canceló el proceso; simplemente continuará la prisión preventiva desde su domicilio.
Acosta Naranjo comparó el traslado con el realizado en julio, cuando Ruffo fue llevado de Tijuana a Almoloya de Juárez en una aeronave oficial, y cuestionó que ahora el recorrido se hiciera por tierra. Con esa comparación, calificó la operación como una supuesta “venganza” y aseguró que no sería “más barata, más segura” ni “más humana”.
Mientras el dirigente intenta convertir el trayecto de casi 3 mil kilómetros en una nueva batalla política, el proceso judicial sigue su curso. Ruffo enfrenta acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, mientras la FGR sostiene que cuenta con datos de prueba sobre una presunta red de contrabando de combustible. La responsabilidad, sin embargo, deberá ser determinada por las autoridades judiciales.
