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Etiqueta: Suprema Corte de Justicia de la Nación

  • Delgado asegura que la comida chatarra ya no entra a las escuelas

    Delgado asegura que la comida chatarra ya no entra a las escuelas

    Ante los diputados, el titular de la SEP defendió las becas, los libros de texto y el límite a los celulares. La oposición respondió con críticas por la prueba PISA y la deserción escolar.

    El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presumió que en solo un año su dependencia sacó la comida chatarra de las escuelas de nivel básico. Lo dijo este jueves en la Cámara de Diputados. Además, prometió que seguirá enfrentando a las grandes corporaciones en tribunales para que esos productos no regresen a las aulas.

    Delgado habló ante la Comisión de Educación, durante la glosa del segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordó que antes “parecía imposible” lograr este cambio. Según dijo, las empresas presentaron 139 juicios de amparo y la SEP no ha perdido ninguno. Agregó que la Suprema Corte ya emitió tres resoluciones a favor de la dependencia. Con eso, aseguró, los demás casos se resolverán igual.

    El funcionario explicó que el cambio descansa en el programa La Escuela es Nuestra. Los libros de texto enseñan a los niños a llevar una vida sana, a elegir buenos alimentos y a moverse más. Por eso, dijo, las cooperativas escolares ofrecen opciones saludables.

    Becas, libros y celulares

    Delgado también habló de los jóvenes. Afirmó que los gobiernos de Morena acabaron con la trampa de cerrarles puertas y luego culparlos por no estudiar. Hoy, aseguró, reciben becas, escuelas dignas y más lugares para estudiar. Al cierre de 2026, 22 millones de estudiantes tendrán un apoyo económico, con una inversión de 136 mil millones de pesos.

    Defendió además el modelo de La Escuela es Nuestra, que ya atendió a más de 73 mil planteles. Según sus cifras, el programa llegó a todos los bachilleratos públicos y beneficia a 8.8 millones de alumnos. También informó que más de 154 millones de libros de texto gratuitos llegaron a tiempo a las escuelas.

    Por otro lado, anunció que el 3 de noviembre entrará en vigor un acuerdo unánime para limitar el uso de celulares en todos los niveles. La meta del Gobierno, agregó, es crear 400 mil lugares nuevos de bachillerato en 2030. Con ellos, la cobertura bruta superaría 90 por ciento. Delgado también celebró la desaparición del examen de la Comipems.

    Sobre los maestros, dijo que este año se concretaron 200 mil basificaciones, hasta sumar 1.2 millones desde 2018. El salario subió 10 por ciento el año pasado y 9 por ciento este año. Según Delgado, eso significa una recuperación real de 80 por ciento desde 2018.

    La oposición aprieta

    No todo fue aplauso en el salón Verde de San Lázaro. Los diputados de oposición criticaron lo que llaman el “fracaso” de La Escuela es Nuestra. También reclamaron por los resultados de México en la prueba PISA y por el supuesto adoctrinamiento en los libros de texto.

    La panista Laura Cristina Márquez lanzó las críticas más duras. Advirtió que podría haber una deserción histórica de 63 mil niños en primaria y casi 640 mil jóvenes en bachillerato. Además, reprochó a Delgado que no hablara de los problemas de aprendizaje. Tampoco mencionó, dijo, el recorte a los fondos para capacitar maestros y pagar pensiones.

    Márquez preguntó por qué las escuelas en malas condiciones pasaron de 37 a 50 por ciento entre 2022 y 2025. También cuestionó por qué el secretario mantiene libros “repletos de errores”. Luego apuntó a un video que Delgado publicó en TikTok en agosto, donde se sumó a la tendencia de “farmear aura”. Dijo que las familias no quieren “fantoches” ni discursos maromeros.

    Su compañera de bancada, Liliana Ortiz Pérez, siguió la misma línea. Aseguró que la buena educación se construye en las aulas, no en redes sociales. También pidió proteger a los estudiantes ante el aumento de la violencia escolar. “Si quiere hablar de aura, preocúpese por devolverle la luz a todas las escuelas”, le dijo.

    Por su parte, Xitlalic Ceja, del PRI, acusó que la educación se volvió adoctrinamiento con Morena. Preguntó dónde estudian los hijos y nietos de la élite que gobierna. Según ella, asisten a escuelas carísimas que millones de familias no pueden pagar. Además, sostuvo que las becas no deben condicionarse “a cambio de votos”.

    El tono subió cuando Ceja rebasó sus tres minutos. La secretaria de la Comisión, María Luisa Mendoza, del PVEM, le pidió varias veces que terminara. La priista siguió hablando entre gritos del bloque mayoritario. Al final, Mendoza ordenó apagar el micrófono.

    “Sienten corajito”

    Delgado respondió con ironía. Dijo que algunos legisladores “sienten corajito” porque todos los estudiantes reciben becas. “Antes los jóvenes se convertían en sicarios, pero nosotros los convertimos en becarios”, afirmó. También negó que las becas tengan fines electorales y aseguró que la deserción escolar bajó de 14 por ciento en 2017 a 9.3 por ciento el año pasado.

    Sobre los libros de texto, el secretario no dio marcha atrás. Si dar a los jóvenes un marco de pensamiento crítico es adoctrinar, dijo, que lo acusen. Añadió que educar para la libertad en un México soberano no es un delito.

  • Xcaret se desiste de su amparo ante la Suprema Corte por el uso de símbolos mayas

    Xcaret se desiste de su amparo ante la Suprema Corte por el uso de símbolos mayas

    La empresa retiró el juicio el 16 de octubre, justo después de que la SCJN atrajera el caso por segunda vez para analizar el fondo del asunto.

    Xcaret dio marcha atrás en su pelea legal por usar símbolos mayas en sus parques, hoteles y páginas de internet. La empresa presentó el 16 de octubre su desistimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), apenas dos semanas después de que el máximo tribunal atrajera el caso por segunda vez para decidir si le concedía un amparo o le retiraba de forma definitiva ese uso.

    El escrito fue entregado por su apoderado legal, Rafael Giménez Camacho, y consta en el expediente 428/2026, que se relaciona con el juicio de amparo 1649/2024. El conflicto comenzó a finales de 2022, cuando el Gran Consejo Maya de Quintana Roo pidió un arbitraje por el uso ilegal de esos símbolos y por violaciones a las reglas de protección patrimonial de los pueblos originarios. Según la ministra Yasmín Esquivel Mossa, el grupo se retractó luego de un acuerdo económico con la firma, pero el proceso siguió porque el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) ya lo impulsaba de oficio.

    En marzo, la Corte revisó solo la suspensión definitiva que Xcaret ganó a principios de 2025 y que le permitía seguir usando los símbolos. Meses después, en mayo, la empresa suspendió “La Travesía Sagrada Maya” al argumentar que no tenía certeza jurídica para usar el nombre y operar el espectáculo, lo que generó polémica entre el empresariado local por el peso de Xcaret como generadora de empleos en Cancún y la Riviera Maya.

    Este viernes 30 de octubre arrancará el Festival de Vida y Muerte, en su 20 aniversario y con Guanajuato como estado invitado. El evento, que también formó parte del reclamo original, podría tener cambios.

  • La Corte pone freno a los cohetes para proteger a una niña con autismo

    La Corte pone freno a los cohetes para proteger a una niña con autismo

    El pleno de la SCJN avaló por unanimidad que los ayuntamientos revisen el daño a la salud de menores con autismo antes de permitir pirotecnia en fiestas tradicionales.

    Para una niña de Teocelo, Veracruz, los cohetes de las fiestas no eran alegría, sino dolor. Su madre decidió pelear por ella y llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este miércoles, el máximo tribunal le dio la razón y fijó, por primera vez, límites al uso de pirotecnia en celebraciones tradicionales. La menor tiene autismo e hiperacusia, una condición que vuelve muy molestos los ruidos fuertes.

    La madre promovió un amparo contra el artículo 10 de la Ley contra el Ruido de Veracruz. También impugnó el permiso municipal que autorizaba detonar pirotecnia de las 06:00 a las 23:00 horas. Según su queja, las explosiones dañaban la salud de su hija.

    Los ministros aprobaron por unanimidad el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf. La resolución obliga a los ayuntamientos a valorar los riesgos para niñas, niños y adolescentes con autismo antes de dar un permiso. Además, deben negarlo cuando no puedan prevenir esos riesgos.

    La Corte negó el amparo contra la ley, porque la considera constitucional. Aun así, dio la razón a la madre en lo esencial. Ortiz explicó que la norma exige licencia municipal previa y limita los permisos a fiestas por costumbre. También pide respetar los límites de ruido de la NOM-081-SEMARNAT-1994, restringe el horario y manda al ayuntamiento a evaluar cada caso.

    El ministro Arístides Guerrero García habló del lado humano del asunto. “Lo que para algunas personas pudiera ser motivo de celebración (…) para otras puede convertirse en una experiencia profundamente dolorosa”, dijo. Recordó que la Secretaría de Salud registra a más de 3.8 millones de personas con autismo en México.

    Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa pidió leer las normas de pirotecnia como un sistema completo. Con esa lectura, las autoridades tienen el deber de medir cómo afecta la actividad a las personas con autismo. Así, aseguró, se protegen los derechos que defendió la madre.

    La ministra María Estela Ríos González destacó que la sentencia respeta las tradiciones de barrios y comunidades. Ella misma vive en un barrio que celebra a sus santos patronos. Pese a ello, insistió en que la infancia con autismo y otras personas con discapacidad deben ir primero.

  • Batres defiende sus bloqueos en X y pone límite a los insultos

    Batres defiende sus bloqueos en X y pone límite a los insultos

    Un juez federal dio la razón a un abogado bloqueado en la cuenta oficial de la ministra. Ella respondió con cifras: 17 usuarios la han llevado a juicio de amparo desde 2024.

    La ministra de la Suprema Corte Lenia Batres Guadarrama salió a defender sus bloqueos en la red social X. Afirmó que “la libertad de expresión no ampara insultos o vejaciones”.

    Su respuesta llegó después de que un juzgado federal con sede en la Ciudad de México concedió un amparo a un abogado. La resolución impide que la ministra le restrinja la posibilidad de comentar las publicaciones de su cuenta oficial. Batres había bloqueado a ese usuario.

    La ministra explicó su postura en un comunicado que difundió el miércoles por la noche. Ahí reveló que, desde enero de 2024, 17 usuarios de X promovieron igual número de amparos en su contra. Los usuarios alegan que ella violó su libertad de expresión y su derecho de acceso a la información, porque los bloqueó o les limitó los comentarios.

    Según Batres, 16 de esos juicios ya tienen sentencia definitiva. Los jueces sobreseyeron 14 porque no encontraron violaciones a derechos. En los otros dos casos, los jueces concluyeron que la libertad de expresión tiene límites. Dijeron que se pueden frenar las conductas abusivas, pero no las opiniones críticas ni las posturas ideológicas.

    Por otra parte, la última demanda sigue abierta. Un tribunal colegiado la revisa y todavía no dicta sentencia definitiva, precisó la ministra.

  • Vecinos de Mahahual vuelven a la pelea contra megaproyecto de Royal Caribbean

    Vecinos de Mahahual vuelven a la pelea contra megaproyecto de Royal Caribbean

    Los ministros dieron la razón a los habitantes de la zona y ordenaron a un juez estudiar otra vez su demanda. Los vecinos temen daños al ambiente y al agua.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió de nuevo la puerta a los habitantes de Mahahual, Quintana Roo. Este miércoles revocó la decisión de un juez federal. Ese juez había desechado el amparo de los vecinos contra el cambio de uso de suelo de 107.67 hectáreas. En esos terrenos, Royal Caribbean planea su megaproyecto turístico Perfect Day México.

    El Pleno votó por unanimidad el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama. El documento concluye que no hay elementos suficientes para afirmar que los vecinos presentaron su demanda fuera del plazo legal de 30 días. Por eso, ordena al juzgado revisar de nuevo si admite el caso.

    La ministra Loretta Ortiz Ahlf explicó que un juez no puede desechar una demanda por tardía sin una revisión previa. Primero debe definir qué actos impugnan los vecinos, cómo se relacionan y desde cuándo surten efectos. Según la ministra, ese análisis exige estudiar el caso a fondo.

    Vecinos temen daños al ambiente y al agua

    El conflicto nació cuando los habitantes impugnaron un cambio en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mahahual 2021-2050. Esa modificación dio luz verde a la construcción de Perfect Day México.

    Los vecinos denuncian posibles daños ambientales y falta de participación ciudadana. Además, advierten riesgos para el abasto de agua potable y para el tratamiento de aguas residuales.

    La disputa por la fecha

    El Juzgado Primero de Distrito en Quintana Roo desechó la demanda desde el inicio. Contó el plazo de 30 días a partir de la publicación de los cambios en el Periódico Oficial del estado, el 5 de diciembre de 2025. Con ese cálculo, el plazo venció el 30 de enero de 2026.

    Los habitantes responden que se enteraron de los actos hasta el 20 de enero de 2026. Por eso cuestionan que el juez usara solo la fecha de publicación para rechazar su demanda.

  • Corte rechaza atraer amparo de Yarrington contra auto de formal prisión

    Corte rechaza atraer amparo de Yarrington contra auto de formal prisión

    El ex gobernador de Tamaulipas pretendía frenar los efectos de la resolución dictada en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, para atraer un recurso relacionado con el amparo que promovió contra el tercer auto de formal prisión, dictado el 25 de junio de 2025. Se le acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada.

    El amparo buscaba revertir la decisión de un juez federal que le negó la suspensión definitiva, con la cual pretendía frenar de manera provisional los efectos del auto de formal prisión mientras se resolvía el juicio. La Corte explicó que la defensa no está legitimada para pedir directamente la atracción y que ningún ministro hizo suya la solicitud, según notificó el miércoles en estrados digitales.

    Yarrington, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004, fue expulsado del PRI en 2016 en medio de acusaciones de corrupción. En abril de 2017 fue detenido en Florencia, Italia, por pedido de la entonces Procuraduría General de la República, y un año después fue extraditado a Estados Unidos, donde también enfrentaba cargos por lavado.

    En 2021 se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante la justicia estadounidense y, en marzo de 2023, fue condenado a nueve años de prisión. El 9 de abril de 2025 fue deportado a México y entregado a la FGR en Tijuana, Baja California.

  • La Corte saca la comida chatarra de escuelas y universidades

    La Corte saca la comida chatarra de escuelas y universidades

    Los ministros rechazaron por unanimidad el amparo de una empresa y confirmaron que el Estado puede regular lo que se vende en todos los planteles. El argumento de la mayoría de edad no prosperó.

    Ni los universitarios podrán comprar comida chatarra dentro de su escuela. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló este martes la prohibición de venderla en todos los planteles del Sistema Educativo Nacional, universidades incluidas.

    El Pleno votó por unanimidad el proyecto de la ministra María Estela Ríos González. Con ese voto, negó un amparo a Eric Kayser México, empresa vinculada a la cadena francesa de panaderías Maison Kayser. Los ministros concluyeron que el Estado tiene facultades para proteger la salud y garantizar una alimentación adecuada en los centros educativos.

    Varias empresas habían defendido otra postura en este y otros casos parecidos. Entre sus razones, dijeron que los universitarios son mayores de edad y pueden decidir qué comer. La Corte rechazó ese argumento.

    El ministro Giovanni Figueroa explicó por qué. Según dijo, las empresas se equivocan al creer que el Estado solo debe cuidar la alimentación de los menores. La Constitución reconoce el derecho de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Además, no distingue por edad, así que jóvenes y adultos también tienen ese derecho.

    Por otro lado, el fallo respalda las facultades de la Secretaría de Educación Pública. Los artículos 75 y 75 Bis de la Ley General de Educación se las dan. El Congreso reformó esa ley en diciembre de 2023. Con ellos, la dependencia regula cómo se prepara, se distribuye y se vende la comida y la bebida en las escuelas. Los lineamientos salieron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024.

    Con esta decisión, los universitarios tendrán que buscar sus antojos fuera del plantel. El Estado, en cambio, gana respaldo para cuidar lo que comen millones de estudiantes.

  • La Suprema Corte avala que las Fuerzas Armadas administren aeropuertos

    La Suprema Corte avala que las Fuerzas Armadas administren aeropuertos

    Los ministros votaron por unanimidad y rechazaron la queja de legisladores de oposición contra los cambios de 2023 a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil.

    Sin una sola voz en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este martes que las reformas de 2023 son constitucionales. Con esa decisión, las Fuerzas Armadas pueden administrar aeropuertos y aerolíneas. El fallo cierra una disputa que llevaba más de tres años.

    Los ministros aprobaron el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Su propuesta declaró infundada la impugnación de una minoría de legisladores de oposición. Además, validó los cambios a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil.

    Esas modificaciones llegaron el 28 de abril de 2023, dentro de un paquete de reformas. La oposición bautizó aquella jornada como el “viernes negro”. Desde entonces, sus legisladores pelearon el tema en los tribunales.

    La reforma da más poder a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Ahora esa dependencia puede asignar a entidades paraestatales la operación, la administración y la construcción de aeropuertos. También puede encargarles el servicio regular de transporte aéreo nacional. Todo ocurre sin licitación pública.

    Ortiz Ahlf defendió su proyecto con base en la Constitución. Explicó que la asignación aeroportuaria se apoya en los artículos 25, 27 y 28. Según ella, el Estado rige el espacio aéreo y las vías de comunicación. Por eso puede fijar las condiciones para usarlos y explotarlos.

    Por su parte, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, rechazó comparar a las empresas del Estado con las privadas. Según dijo, no hay “punto de comparación”. Las firmas particulares buscan ganancias. En cambio, las estatales no tienen fines de lucro y atienden el interés público. Por lo tanto, concluyó, ambas necesitan reglas distintas.

  • Corte da un giro a Chihuahua: deberá legislar contra la injerencia extranjera, pero hasta 2030

    Corte da un giro a Chihuahua: deberá legislar contra la injerencia extranjera, pero hasta 2030

    Los ministros de la SCJN ordenaron al Congreso local corregir una omisión en su reforma electoral. El cambio llegará tarde para los comicios que arrancan el 1 de octubre.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este martes al Congreso de Chihuahua incluir la injerencia extranjera como causal de nulidad en las elecciones estatales. Los ministros detectaron que los diputados locales dejaron fuera ese punto en su reforma electoral del 30 de junio. La Constitución federal lo prevé desde el 2 de junio.

    La decisión llega en un momento delicado para el estado. La gobernadora panista María Eugenia Campos enfrenta una acusación por presunta traición a la patria e injerencia extranjera. Sus acusadores aseguran que permitió, de forma clandestina, la operación de la CIA de Estados Unidos en territorio mexicano.

    Además, la omisión tendrá un costo de tiempo. La Constitución exige publicar los cambios electorales al menos 90 días antes de que inicie el proceso donde se aplicarán. Por eso, el ajuste que apruebe el Congreso no regirá en el proceso que comienza el 1 de octubre. La nueva norma solo podrá usarse en la elección estatal de 2030.

    El Pleno votó por unanimidad este punto del proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra. Ella explicó que el Congreso local sí legisló sobre violencia, delincuencia e influencia indebida. Sin embargo, no adaptó todo su régimen a la nueva causa de nulidad que fijó la Constitución.

    Cae un bloque de sanciones

    La Corte también invalidó una parte de la reforma. Anuló las normas que castigaban a aspirantes, precandidatos y candidatos por supuestos vínculos con actos delictivos, con el crimen organizado o con financiamiento ilícito.

    La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó sola en contra. Ella defendió que la sanción no admite grados, porque la autoridad solo decide si cancela o no el registro. Además, calificó de proporcional aplicarla ante actos que dañan la libertad del voto y la autenticidad de las elecciones. Recalcó que una democracia no puede tolerar ese tipo de delincuencia.

    El ministro Giovanni Figueroa Mejía tomó el rumbo contrario y respaldó la invalidez. Según explicó, las normas imponen una responsabilidad objetiva, es decir, castigan sin probar la culpa de la persona. También advirtió que el artículo 259 abarca una lista amplísima de conductas. Ahí caben desde amenazas mínimas hasta hechos de enorme gravedad.

  • SCJN ordena al Edomex atender hacinamiento crítico en penal Neza-Bordo

    SCJN ordena al Edomex atender hacinamiento crítico en penal Neza-Bordo

    El penal tiene capacidad para mil 834 personas, pero alberga a 5 mil 823; la Corte dio seis meses para elaborar un plan que atienda la sobrepoblación.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a las autoridades del Estado de México elaborar un plan para atender el hacinamiento en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca. El Pleno consideró acreditada la sobrepoblación y señaló que las condiciones actuales pueden afectar los derechos de las personas privadas de la libertad.

    El penal tiene capacidad para mil 834 personas, pero en noviembre de 2025 albergaba 5 mil 823, lo que representa una sobrepoblación de 217.50%. La Corte destacó que las propias autoridades reconocieron la existencia del hacinamiento durante el juicio promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública.

    La SCJN señaló que el hacinamiento puede afectar derechos relacionados con la integridad personal, salud física y mental, alimentación, acceso al agua, servicios sanitarios y trabajo. Por ello, recordó que el Estado tiene una responsabilidad especial de garantizar que las condiciones de internamiento sean compatibles con la dignidad humana.

    Las autoridades mexiquenses tendrán un máximo de seis meses para diseñar un plan interinstitucional, que deberá contemplar acciones concretas, adecuaciones de infraestructura, gestiones presupuestales, beneficios preliberacionales y capacitación del personal, entre otras medidas. Además, deberán presentar informes trimestrales a la SCJN y al juzgado encargado de supervisar el cumplimiento de la sentencia.