Le dicen «terrorismo» porque la unidad de los pueblos en defensa de sus riquezas es el «terror» de los imperios que se las roban. Esta frase, breve y filosa, condensa una verdad histórica que las potencias dominantes se han esforzado por enterrar bajo capas de propaganda: la palabra «terrorismo» no describe un fenómeno objetivo, sino una etiqueta política que se aplica selectivamente a quienes resisten el despojo. Quien bombardea ciudades desde un portaaviones es «defensa»; quien defiende su territorio con lo que tiene a la mano es «terror». Esa asimetría del lenguaje no es casual: es un arma más en el arsenal del poder.
Basta repasar el siglo veinte para confirmarlo. Los movimientos de liberación de Argelia, Vietnam, Cuba o Nicaragua fueron llamados terroristas por las metrópolis que saqueaban sus recursos, mientras los ejércitos coloniales que masacraban poblaciones civiles eran presentados como garantes del orden. La historia, escrita casi siempre por los vencedores o por quienes controlan los grandes medios, invirtió los papeles: convirtió a las víctimas en victimarios y a los saqueadores en civilizadores. Ese mismo libreto se repite hoy en Medio Oriente, en África y en buena parte de América Latina, donde cualquier intento de nacionalizar el petróleo, el litio o el agua es recibido con sanciones, golpes de Estado mediáticos o intervenciones militares disfrazadas de ayuda humanitaria.
México conoce este guion de memoria. Desde la expropiación petrolera de 1938 hasta los intentos recientes por recuperar el control sobre el litio y la energía, el país ha sido blanco de campañas de desprestigio cada vez que se atreve a pensar sus recursos naturales como patrimonio nacional y no como mercancía a disposición de capitales extranjeros. Cuando un gobierno mexicano habla de soberanía energética, de no intervención o de autodeterminación de los pueblos, inmediatamente aparecen voces —muchas financiadas o amplificadas desde fuera— que tildan esas posturas de populismo peligroso o de amenaza a la estabilidad regional. Es el mismo mecanismo: deslegitimar mediante el lenguaje lo que no se puede combatir mediante argumentos.
La unidad de los pueblos del sur global es, en efecto, lo que más temen los imperios contemporáneos, sean estos formales o informales, militares o financieros. Un bloque latinoamericano que coordine su política exterior, que defienda conjuntamente sus materias primas y que se niegue a alinearse automáticamente con los intereses de Washington o de las corporaciones transnacionales representa una amenaza real al modelo extractivista que ha empobrecido a la región durante dos siglos. Por eso se promueve la fragmentación, se financian oposiciones internas, se cultivan medios afines y se inventan crisis humanitarias o de seguridad que justifiquen la injerencia. El terrorismo de Estado, ejercido mediante bloqueos económicos que matan de hambre a poblaciones enteras —como ocurre con Cuba o Venezuela—, rara vez recibe ese nombre en los grandes titulares.
México, sin embargo, ha mostrado en años recientes una vocación distinta: la defensa explícita del principio de no intervención, la negativa a sumarse a cercos diplomáticos contra naciones hermanas y una política exterior que reivindica la dignidad de los pueblos frente a la lógica de bloques impuesta desde el norte. Esa postura no es ingenuidad ni capricho ideológico; es una lectura lúcida de la historia. Quien ha sufrido invasiones, intervenciones y despojos territoriales sabe que la retórica de la «comunidad internacional» suele ser el disfraz elegante de intereses muy concretos.
Reconocer esto no significa justificar la violencia indiscriminada contra civiles, venga de donde venga; significa exigir honestidad en el uso de las palabras. Llamar terrorista a un pueblo que se organiza para no entregar su tierra, su petróleo o su agua, mientras se llama paz a la ocupación militar de sus territorios, es una forma de violencia simbólica que prepara el terreno para la violencia real. La verdadera tarea antiimperialista del presente no es solo resistir las bombas, sino disputar el lenguaje con el que se nombra el mundo. México, por historia y por convicción, tiene mucho que aportar a esa batalla: la de devolverle a las palabras su sentido original y a los pueblos el derecho a definir, sin tutelas externas, qué es defensa y qué es despojo.
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