El mandatario chileno envió al Congreso una reforma que quita derechos sociales y políticos a criminales sentenciados. La iniciativa también crea un nuevo estado de excepción con amplios poderes presidenciales.
El gobierno de José Antonio Kast ingresó esta semana al Senado un proyecto que endurece las penas contra el crimen organizado y el terrorismo. La propuesta busca modificar ocho artículos de la Constitución chilena.
El texto avanza con “suma urgencia”, lo cual obliga al Congreso a resolverlo en 15 días dentro de la comisión respectiva. Kast impulsa esta medida como parte de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT.
La reforma castiga con dureza a quienes resulten condenados por estos delitos. Perderán para siempre el derecho a ejercer cargos públicos. Durante 15 años tampoco podrán acceder a penas sustitutivas ni a beneficios penitenciarios.
Los condenados quedarán además inhabilitados para recibir prestaciones financiadas con recursos del Estado. Esto incluye servicios de salud, educación y seguridad social. Una ley de quórum calificado definirá los alcances exactos de estas restricciones.
El proyecto crea también un nuevo estado de excepción constitucional enfocado en seguridad pública. El presidente podrá decretarlo ante una amenaza grave o inminente contra el orden público. Esta medida durará hasta 120 días y admite una prórroga por igual periodo.
Solo una extensión posterior a ese plazo necesitará el visto bueno del Congreso. Mientras rija el estado de excepción, el mandatario tendrá facultades excepcionales. Podrá restringir la libertad de movimiento y el derecho de reunión de las personas.
También podrá intervenir comunicaciones, abrir documentos privados y ordenar la requisición de bienes. Estas atribuciones se aplicarán en zonas específicas designadas por el propio gobierno.
Otro pilar de la reforma es la creación de un registro oficial de organizaciones criminales. El Presidente podrá calificar a un grupo como terrorista o de crimen organizado. Para hacerlo, necesitará un informe favorable de la Fiscalía o del Consejo de Seguridad Nacional.
Esa declaración deberá pasar además por el Senado en sesión secreta. Se requerirán dos tercios de los votos para aprobarla formalmente.
La iniciativa generó roces incluso entre aliados políticos del gobierno. Algunos sectores oficialistas cuestionan las restricciones a derechos como salud y educación. Críticos señalan que el Ejecutivo consultó poco a los partidos antes de presentar el proyecto.
Desde la oposición de centroizquierda las críticas son más duras. El expresidente Gabriel Boric calificó la propuesta como una limitación de libertades sin precedentes en el país.
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