El Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito otorgó un amparo para que se realice una audiencia que analice la posible modificación de la medida cautelar contra Israel Vallarta Cisneros, señalado como líder de la banda de secuestradores “Los Zodíaco”.
De acuerdo con información del diario La Jornada, el tribunal reconoció que el juez de primera instancia desestimó indebidamente la solicitud de revisión presentada por la defensa, sin considerar las recomendaciones del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU. En septiembre de 2024, el CAT amplió medidas provisionales a favor de Vallarta, sugiriendo alternativas a la prisión preventiva para proteger su salud, deteriorada tras casi 20 años en prisión sin sentencia.
La resolución ordena convocar la audiencia de revisión, abriendo la puerta a un posible cambio en la medida cautelar y un avance en el proceso legal.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a 2 mil 378 de sus propios funcionarios por delitos como permitir la fuga de detenidos, abuso de autoridad, tortura y alteraciones en dictámenes periciales. Las irregularidades fueron detectadas entre 2019 y mayo de 2025, tras mil 476 vistas penales tramitadas por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI).
Las investigaciones alcanzan a ministerios públicos, policías federales ministeriales, fiscales en jefe, peritos, delegados y personal administrativo. A pesar de la magnitud de los casos, sólo se han judicializado 10 carpetas en lo que va de 2025, mientras que este año se han elaborado 61 vistas.
Las vistas derivan de inspecciones y evaluaciones técnico-jurídicas que detectan omisiones graves. La más común: no realizar diligencias necesarias para esclarecer delitos. Aunque la FEAI puede imponer sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución, no existen registros públicos de castigos aplicados.
Abogados penalistas y expertos en justicia advierten que la falta de profesionalismo en la FGR daña tanto a víctimas como a personas investigadas. El penalista Owen Landeros considera que el Ministerio Público opera con excesiva discrecionalidad, mientras que la investigadora Yadira García llama a reforzar la supervisión y combatir la corrupción en las fiscalías.
La procuración de justicia quedó fuera de la reforma al Poder Judicial de 2024, y para especialistas, eso perpetúa las fallas que minan la credibilidad del sistema penal en México.
Un tribunal federal absolvió al excomandante Juan Sánchez Moreno, al determinar que no existen pruebas que acrediten su participación en la tortura cometida contra la periodista Lydia Cacho en 2005. El fallo revoca la sentencia de siete años y ordena emitir una absolutoria en 24 horas.
Por unanimidad, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Quintana Roo otorgó un amparo liso y llano al exfuncionario, al concluir que no hay evidencia contundente que destruya su presunción de inocencia ni que lo vincule como autor mediato del delito.
Cacho denunció haber sido detenida y trasladada de Cancún a Puebla tras revelar una red de pederastia. En 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) ejerció acción penal contra Sánchez Moreno y otros implicados, entre ellos el exgobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif.
El excomandante fue sentenciado en 2020, pero tras una larga batalla legal, el tribunal concluyó este 4 de julio que no se comprobó su responsabilidad penal. La periodista aún exige justicia por los hechos.
La Fiscalía de Estados Unidos ha compartido nuevas evidencias en el caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Las pruebas incluyen grabaciones de audio del interrogatorio y tortura del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.
El fiscal Joseph Nocella envió una carta a los abogados de Caro Quintero, donde detalla las evidencias bajo la Regla 16 del Procedimiento Penal Federal. Este documento incluye grabaciones que vinculan a Caro Quintero con actividades criminales y fotografías de asesinatos ocurridos en 1981 y 1985.
La fiscal Saritha Komatireddy confirmó que el gobierno de Estados Unidos aún evalúa si solicitará la pena de muerte. La próxima audiencia está programada para el 18 de septiembre de 2025, donde se decidirá el futuro del caso.
El juez Frederick Block programó esta cita para determinar si se avanzará a juicio o se considerará un acuerdo. La fiscalía también afirmó que la pena de muerte “sigue sobre la mesa”.
Caro Quintero enfrenta múltiples cargos, incluyendo dirigir una empresa criminal y conspiración para asesinato. Este narcotraficante es conocido por ser uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.
Recientemente, fue extraditado a Estados Unidos junto a otros 29 líderes de cárteles mexicanos. La fiscal Komatireddy destacó que existen registros de su participación en el tráfico de marihuana, cocaína y fentanilo. Las grabaciones de la tortura a Camarena se presentarán como “pruebas sensibles” en el juicio.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Juana Hilda González Lomelí, acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda. La decisión se tomó por mayoría de cuatro votos a uno.
González Lomelí había sido condenada a 78 años de prisión por privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y otros delitos. Su liberación llega tres meses después de la muerte de Isabel Miranda de Wallace, madre de la víctima.
El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que la mujer sufrió tortura durante su detención. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron obtenidas de manera ilícita, lo que llevó a invalidarlas. La sala determinó que no hay evidencia suficiente para vincular a González Lomelí con el secuestro.
Durante la audiencia, los ministros coincidieron en que las “confesiones” de Juana Hilda se obtuvieron sin respetar sus derechos. La SCJN concluyó que las pruebas restantes, basadas en declaraciones de familiares y amigos de la víctima, no son suficientes para demostrar su culpabilidad.
Esta decisión abre la posibilidad de que otros implicados en el caso también recuperen su libertad. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) destacó la relevancia de esta resolución para el sistema de justicia penal.
El caso de Hugo Alberto Wallace se remonta al 11 de junio de 2005, cuando fue secuestrado en Plaza Universidad. A lo largo de los años, la madre de la víctima ha luchado incansablemente por justicia.
Juana Hilda González fue detenida en enero de 2006, pero su defensa argumenta que el mediático caso afectó su juicio. La SCJN ha decidido revisar nuevamente los detalles del caso, lo que podría tener implicaciones importantes para los otros acusados.
Un Tribunal Colegiado de Apelación ha dictado auto de prisión formal contra Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal. Este fallo se produce por su supuesta implicación en el controvertido operativo “Rápido y Furioso”.
El tribunal revocó la libertad condicional que se le había concedido, lo que obliga a Cárdenas Palomino a permanecer en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Las autoridades lo acusan de omitir su deber de impedir la introducción de armas en el país.
La operación “Rápido y Furioso” se llevó a cabo durante el gobierno de Felipe Calderón. A través de esta estrategia, Estados Unidos envió armas a grupos criminales en México. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que incluyen documentos, videos y testimonios de funcionarios estadounidenses. Sin embargo, estos no demostraron que Cárdenas Palomino estuviera al tanto del operativo.
A pesar de ello, los magistrados señalaron que su conocimiento sobre la “guerra contra el narco” lo convierte en responsable de evitar el tráfico de armas. Este auto de prisión formal se suma a un segundo proceso penal que enfrenta Cárdenas Palomino. Actualmente, también está preso por tortura en contra de Israel Vallarta, líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”.
Con este nuevo giro en su caso, la justicia toma un paso importante hacia la rendición de cuentas en temas de seguridad pública.
Un tribunal de apelación con sede en Hermosillo, Sonora, ha ordenado la reaprehensión de Luis Cárdenas Palomino. Este exfuncionario, conocido como el “brazo derecho” del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, enfrenta graves acusaciones.
Cárdenas Palomino, exdirector de inteligencia de la extinta Policía Federal, fue liberado recientemente por la jueza Karina Almada Rábago. La jueza consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes para juzgarlo por el operativo ‘Rápido y Furioso’.
Sin embargo, la FGR aportó documentos y testimonios que contradicen esta decisión. A pesar de la falta de evidencia directa sobre su participación en el operativo, los magistrados decidieron revertir la libertad provisional.
El exfuncionario se encuentra actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, donde enfrenta un proceso por tortura. Además, se le acusa de haber montado pruebas en contra de los hermanos Vallarta Cisneros, miembros de una banda de secuestradores.
Por otro lado, el operativo ‘Rápido y Furioso’ ha sido objeto de controversia desde su ejecución. Este plan en el que está ligado Cárdenas permitió la introducción ilegal de más de dos mil armas a México, con la intención de rastrear su uso entre grupos criminales. Sin embargo, muchas de estas armas terminaron en manos de sicarios, contribuyendo a la violencia en el país.
La defensa de Cárdenas Palomino ha presentado un amparo contra la orden de recaptura. A pesar de ello, la situación legal del exfuncionario continúa complicándose. Las autoridades buscan responsabilizarlo por omisiones que permitieron el ingreso de armamento y municiones al país.
Con este desarrollo, la justicia mexicana enfrenta un nuevo desafío en su lucha contra la corrupción y el narcotráfico. La reaprehensión de Cárdenas Palomino podría ser un paso importante para esclarecer la red de complicidades que existió durante la administración del ilegítimo Felipe Calderón. La sociedad espera respuestas claras sobre la responsabilidad de quienes estaban al mando en aquellos tiempos neoliberales.
Luego de que Los Reporteros MX revelaran que el secretario de Seguridad de la alcaldía Cuauhtémoc, Marcelo Martínez López, fue detenido en mayo de 2023 por cargos de tortura y abuso de autoridad en agravio de un menor y su tío, quienes fueron golpeados por el imputado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, aseguró que Martínez López ya había sido absuelto.
En la conferencia de prensa del Gobierno de la Ciudad de México, y a pregunta expresa de Los Reporteros MX sobre el tema, el secretario de Seguridad Ciudadana confirmó que Marcelo Martínez López efectivamente había sido detenido en mayo de 2023 por tortura y abuso de autoridad; no obstante, aseguró que ya había sido absuelto.
“En este, como en todas las contrataciones del personal de una alcaldía, es responsabilidad de la propia alcaldía y estoy seguro de que se revisó su perfil. En el caso del comandante Marcelo, efectivamente tiene un antecedente de 2023, de haber sido detenido por distintos delitos y, tras una investigación durante un año, se determinó que no era responsable de los delitos que se le imputaban”, afirmó Pablo Vázquez.
📹 #Vídeo | A pregunta expresa por #LosReporterosMX sobre la investigación en torno al director de Seguridad Ciudadana de la alcaldía Cuauhtémoc, quién fue detenido en 2023 por el delito de tortura y abuso de autoridad, el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, áseguró que la… pic.twitter.com/F8bkoYtqLh
El titular de la seguridad capitalina aseguró que, en este y en cualquier otro caso, la institución actúa conforme al debido proceso y a la presunción de inocencia, razón por la cual, detalló, no está impedido de ocupar el puesto que tiene, a pesar de que exista una parte acusadora con lesiones confirmadas y el antecedente de Marcelo.
El funcionario concluyó defendiendo al secretario y afirmó que, como en este y otros casos, si una persona es declarada no responsable, debe ser restituida en su puesto laboral.
“En lo personal, considero que, por la buena relación y la coordinación que existe con el personal de la alcaldía Cuauhtémoc, en lo que respecta a los méritos, Marcelo va más allá de este incidente y es totalmente competente para realizar su trabajo. No obstante, si él o cualquier funcionario público o policía comete algún delito, existen el personal de Asuntos Internos y la Fiscalía para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, y si hay una sanción, se atenderá”, finalizó el funcionario.
El Juez de Distrito Primero de Distrito de Procesos ha autorizado el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva para Brenda Quevedo Cruz, estableciendo su nuevo estado bajo arraigo domiciliario. La medida incluye la vigilancia de la Policía Federal Ministerial, el uso de un localizador electrónico, cuyo costo será cubierto por la Fiscalía que lo solicitó, y la prohibición de salir de la zona conurbada de la Ciudad de México o del país sin autorización judicial, así como de comunicarse o acercarse a la víctima indirecta o a su domicilio.
Se espera que Brenda Quevedo sea liberada en las próximas horas y siga su proceso fuera del centro penitenciario, bajo la representación del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP). Esta decisión cumple con la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito en materia penal 176/2022 del 21 de junio, que determinó el cese de la prisión preventiva por considerarla una medida excepcional sin necesidad actual y real de prolongación, ya que los factores que la justificaron han cambiado con el tiempo.
Brenda Quevedo Cruz fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, y extraditada a México el 25 de septiembre de 2009. Está acusada de participar en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace en 2005, además de delincuencia organizada.
Desde septiembre de 2019, el IFDP ha emprendido diversas acciones legales para lograr la suspensión de la prisión preventiva de Quevedo, argumentando que su prolongación durante más de 15 años es excesiva y no razonable.
— Defensoría Pública Federal (@defensoriaifdp) June 25, 2024
El IFDP ha destacado que Brenda Quevedo ha sobrevivido a actos de tortura sexual durante su detención y privación de libertad, violaciones confirmadas en la recomendación VG127/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Opinión 45/2020 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Estas entidades han señalado preocupación por su caso, que forma parte de muchos relacionados con la privación arbitraria de libertad y que podrían indicar una práctica sistemática. Actualmente, su caso se encuentra en la etapa de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con la sustitución de la prisión preventiva por el arraigo domiciliario y otras medidas cautelares, Brenda Quevedo podrá seguir su proceso legal fuera de prisión, en un paso significativo para su defensa y los derechos humanos en México.
Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos, fue vinculado en proceso por el delito de tortura en grado de coautoría luego de que autorizó el sometimiento y golpiza de Luis Alberto “N” para fabricar un doble homicidio y un feminicidio en abril pasado.
Cinco de los 11 reactivos enumerados en el manual del Protocolo de Estambul, que detalla las distintas formas de tipificar el delito de tortura, fueron descubiertos en el procedimiento de tortura practicado a la víctima, según el juez de Control Natanael Subdas.
“Por ser un caso especial no podemos ajustarnos a la mayoría de reactivos del Protocolo de Estambul para considerar si se configura el delito de tortura o no. En estos casos nos ajustamos a los elementos cualitativos”, dijo el juez y en su acuerdo declinó el caso a un juzgado federal porque la imputación la lleva la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.
Así se decidió luego de escuchar los argumentos presentados por la defensa del fiscal, encabezada por el experto en derecho penal Gabriel Regino García, así como la respuesta de los ministerios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Desde el jueves pasado, cuando los ministerios públicos de la Fiscalía Anticorrupción, que estaban a cargo de integrar la carpeta de investigación y ejecutar la orden de aprehensión contra Carmona Gándara, desistieron de la acusación por haber extraviado la carpeta de investigación, el juez federal ha requerido a los fiscales que aporten más pruebas para sustentar su desestimación.
La FGR también llevó el caso a solicitud de la víctima y, con la aprobación del juez, sustituyó al mismo tiempo los ministerios públicos de la Fiscalía Anticorrupción. Por ello mostraron una copia del expediente de investigación.
El juez dictó la vinculación a proceso contra Carmona Gándara, luego de siete horas de audiencia y dos horas de receso, para resolver el caso. Fue una audiencia con varios recesos porque el fiscal morelense, quien siguió el proceso a control remoto, interrumpió el desarrollo al argumentar que no escuchaba con claridad la réplica de la FGR.
