Etiqueta: Tortura

  • Denuncian a Lemus ante la FGR por tortura tras protesta por agua sucia

    Denuncian a Lemus ante la FGR por tortura tras protesta por agua sucia

    Víctor Hugo Gutiérrez Yánez acusa al gobernador de Jalisco, a policías y a directivos del SIAPA de detención arbitraria y tortura. Pide a la fiscal Ernestina Godoy que abra una investigación.

    Las 39 personas detenidas el 11 de octubre en Guadalajara ya tienen una voz ante la Fiscalía General de la República (FGR). Este jueves, el activista Víctor Hugo Gutiérrez Yánez presentó una denuncia penal contra el gobernador Pablo Lemus Navarro.

    Gutiérrez Yánez, político y exaspirante presidencial, preside la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA). Llegó a la sede de la FGR, en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Allí pidió a la fiscal Ernestina Godoy Ramos que ordene las diligencias necesarias por posibles violaciones a los derechos humanos.

    El denunciante quiere que la FGR atraiga el caso. Señala a policías y funcionarios estatales, encabezados por Lemus, además de directivos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Los acusa de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria y abuso de autoridad. También menciona corrupción y peculado.

    Para Gutiérrez Yánez, todo empezó con el agua. Según explicó, al menos 320 colonias de Guadalajara reciben un servicio deficiente e insalubre. Sostiene que repartir agua sucia o descuidar las plantas que la procesan incumple el deber de proteger a la gente. “Este problema del agua está desde 2019, y hoy le explotó al gobernador Lemus en 2026”, afirmó. El mandatario llegó al cargo por Movimiento Ciudadano.

    Ese malestar sacó a los vecinos a la calle el 11 de octubre, cerca de Casa Jalisco. Allí, policías estatales y fuerzas antimotines detuvieron a 39 personas. El activista asegura que los agentes usaron la fuerza de forma desproporcionada. Según su versión, lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma, bombas aturdidoras y chorros de agua a presión.

    Por eso, Gutiérrez Yánez exige que la FGR revise cómo actuó la policía. Quiere que aclare las detenciones y las presuntas agresiones. Muchas de las personas ya quedaron libres, según indicó, y pide verificar si todas salieron del penal de Puente Grande. Además, reclama que la Fiscalía evalúe los daños físicos y psicológicos que pudieron sufrir los detenidos.

  • Juez niega suspensión a Cárdenas Palomino contra nuevo proceso de la FGR

    Juez niega suspensión a Cárdenas Palomino contra nuevo proceso de la FGR

    El excolaborador de Genaro García Luna ya cumplió una condena por tortura, pero enfrenta nuevas acusaciones por presuntas irregularidades en la Policía Federal y el caso de tráfico de armas “Rápido y Furioso”.

    Un juez federal negó la suspensión provisional solicitada por Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, con la que buscaba frenar un nuevo proceso penal impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR). La resolución permite que las autoridades continúen las investigaciones mientras se resuelve el fondo de su juicio de amparo.

    El exfuncionario, considerado uno de los principales colaboradores de Genaro García Luna, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Morelos, luego de haber sido trasladado desde el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

    Aunque cumplió una condena de cinco años y tres meses de prisión por tortura, relacionada con agresiones cometidas en 2012 contra Israel Vallarta Cisneros y otras personas señaladas como integrantes de la banda Los Zodiaco, Cárdenas Palomino continúa encarcelado por otros procedimientos judiciales.

    Entre ellos destaca el caso “Rápido y Furioso”, en el que se le acusa de presunta omisión dolosa al permitir el ingreso de más de dos mil armas de fuego a México. La FGR también integra investigaciones por posibles vínculos con el crimen organizado, abuso de autoridad, fabricación de pruebas y otras irregularidades durante su paso por la Policía Federal y la Agencia Federal de Investigación (AFI).

    La fiscalía busca avanzar en el nuevo expediente para obtener las resoluciones judiciales necesarias que permitan mantener al exmando bajo proceso una vez cumplida su condena por tortura. La negativa de la suspensión provisional no representa una sentencia sobre las nuevas acusaciones, sino que permite que el procedimiento siga su curso.

    Además de los procesos en México, Cárdenas Palomino enfrenta una acusación en una corte federal de Nueva York por presunta conspiración para el tráfico internacional de cocaína y por supuestamente recibir sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa. Estos señalamientos forman parte de los casos que vinculan a antiguos mandos de seguridad con redes criminales.

  • Cárdenas Palomino seguirá preso por Rápido y Furioso tras cumplir condena por tortura

    Cárdenas Palomino seguirá preso por Rápido y Furioso tras cumplir condena por tortura

    El exmando de García Luna terminó su pena de cinco años y tres meses por torturar a integrantes de la familia Vallarta, pero continuará en prisión por el proceso relacionado con el ingreso ilegal de armas a México.

    Luis Cárdenas Palomino, quien fuera uno de los principales colaboradores de Genaro García Luna, cumplió este martes la condena de cinco años y tres meses que recibió por tortura contra cuatro personas relacionadas con la familia Vallarta. Sin embargo, el exfuncionario permanecerá en prisión debido al proceso que enfrenta por el caso Rápido y Furioso.

    Cárdenas Palomino fue detenido en 2021 y sentenciado por la tortura de Mario Vallarta, Sergio Cortés Vallarta y los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada. Los hechos se relacionan con una serie de operativos y detenciones vinculados con la supuesta banda de secuestradores Los Zodíaco, cuya historia quedó marcada por el montaje televisivo de la captura de Florence Cassez e Israel Vallarta en 2005.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó posteriormente que el caso Cassez estuvo marcado por graves violaciones al debido proceso y una “escenificación ajena a la realidad”. Cassez fue liberada en 2013, mientras que Israel Vallarta permaneció casi dos décadas en prisión sin sentencia hasta su liberación en 2025.

    El otro proceso mantiene a Cárdenas Palomino tras las rejas. La Fiscalía General de la República lo acusa de omisión en el operativo Rápido y Furioso, mediante el cual la agencia estadounidense ATF permitió el ingreso de unas 2 mil 500 armas a México entre 2009 y 2011 para rastrear a grupos criminales. El operativo fracasó y una de las armas terminó relacionada con la muerte de un agente estadounidense en San Luis Potosí.

    La causa contra Cárdenas Palomino fue inicialmente frenada por una jueza, pero un tribunal de apelación determinó que existían elementos para continuar el proceso y ordenó restablecer su situación procesal. Además, en Estados Unidos fue acusado junto con García Luna y Ramón Pequeño por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. García Luna fue sentenciado en 2024 a 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada.

  • FGR pide que Murillo Karam regrese a prisión

    FGR pide que Murillo Karam regrese a prisión

    Familiares de los 43 normalistas y la Fiscalía impugnaron el resguardo domiciliario del exprocurador.

    La Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de cuatro integrantes del Cártel de Guerreros Unidos impugnaron esta semana una resolución judicial clave. El fallo había otorgado prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, exprocurador de la República.

    Murillo Karam enfrenta un proceso penal por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia. Estos cargos se relacionan con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

    Según el expediente, cuatro personas presentaron la apelación. Ellas son Agustín García Reyes, “El Chereje”; Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”; Darío Morales Sánchez,“El Comisario”; y Patricio Reyes Landa, “El Pato”. Las autoridades los consideran entre los principales responsables de la desaparición de los estudiantes.

    El recurso impugna la decisión que tomó el juez el 23 de julio pasado. En esa audiencia, el juzgador determinó cancelar la prisión preventiva del exprocurador.

    Los demandantes presentaron su recurso ante el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación. Sin embargo, ese órgano decidió turnar el caso al Primer Tribunal Colegiado de Apelación para su análisis y resolución final.

    El juez Edmundo Manuel Perusquia Cabañas emitió el fallo original en julio. Él preside el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el Reclusorio Norte.

    Perusquia Cabañas canceló entonces la prisión preventiva justificada en la causa penal 307/2022. Este proceso representa uno de los dos que enfrenta Murillo Karam por el caso Ayotzinapa.

    El juzgador sustituyó esa medida por resguardo domiciliario y un brazalete electrónico. Su decisión se basó en que el proceso se prolongó más de dos años por causas ajenas al imputado.

    Además, el juez consideró que los retrasos surgieron por la tramitación de varios amparos en revisión. Estos trámites correspondieron a órganos del Poder Judicial de la Federación, no al propio Murillo Karam.

    La defensa del exfuncionario aportó pruebas sobre el deterioro de su salud. También argumentó que Murillo Karam necesita atención médica especializada de forma constante.

    Cabe recordar que el exprocurador enfrenta un segundo proceso penal paralelo. Este caso involucra los mismos delitos, pero en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, presunto miembro de Guerreros Unidos. Por ese proceso, Murillo Karam también cumple prisión domiciliaria.

  • Stephen Miller, asesor de Trump que dijo que “la tortura era una celebración de la vida”

    Stephen Miller, asesor de Trump que dijo que “la tortura era una celebración de la vida”

    El asesor de Donald Trump volvió al centro del debate tras respaldar una estrategia fronteriza acompañada de una medalla con origen en 1918, mientras resurgen sus declaraciones de juventud sobre la tortura y la guerra.

    Stephen Miller, uno de los principales estrategas políticos de Donald Trump, volvió a colocarse bajo los reflectores tras participar en la ceremonia donde el gobierno estadounidense entregó la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana a militares desplegados en la frontera sur de Estados Unidos.

    La insignia entregada por el gobierno de Trump tiene una carga histórica: fue creada en 1918 como una réplica de la antigua Medalla de Servicio Fronterizo Mexicano, utilizada para reconocer a tropas estadounidenses que participaron en operaciones en la frontera durante un periodo de alta tensión con México. Entre esas acciones se encuentran las movilizaciones posteriores a la incursión de Francisco Villa en Columbus, Nuevo México, cuando el Ejército estadounidense realizó la llamada Expedición Punitiva en territorio mexicano.

    Durante el acto, Miller defendió la estrategia fronteriza de la administración Trump y aseguró que el despliegue militar representaba un momento histórico para Estados Unidos. Sus declaraciones reforzaron la idea de la frontera como un frente de batalla, una narrativa que ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos por equiparar la migración con una amenaza militar.

    Pero la polémica alrededor de Miller no comenzó con Trump. Un video grabado en 2003, cuando tenía apenas 17 años, volvió a circular y abrió nuevamente el debate sobre sus posturas políticas desde su juventud. En las imágenes, el entonces estudiante participa en una entrevista escolar sobre la invasión de Irak y realiza declaraciones sobre el uso de la tortura contra enemigos del gobierno estadounidense.

    En el video, Miller afirmó que, aunque Estados Unidos no debía actuar como un país “bárbaro”, la tortura era una alternativa porque permitía mantener con vida a las personas sometidas a ella. Incluso llegó a decir que “la tortura es una celebración de la vida y la dignidad humana”, una frase que generó críticas por el contenido de sus palabras.

    Sus defensores han argumentado que se trataba de una intervención juvenil o una provocación dentro de un ejercicio escolar. Sin embargo, sus críticos señalan que aquellas expresiones anticipaban una visión política marcada por la dureza, la confrontación y una interpretación de la seguridad nacional basada en medidas extremas.

    Décadas después, Miller se convirtió en una de las figuras más influyentes dentro del movimiento político de Trump. Fue uno de los principales impulsores de políticas como la separación de familias migrantes en la frontera, las restricciones de entrada a ciudadanos de países de mayoría musulmana y una agenda enfocada en aumentar deportaciones.

    Su influencia dentro de la Casa Blanca ha sido comparada con la de otros funcionarios de seguridad nacional, debido a su papel en la elaboración de órdenes ejecutivas y discursos sobre migración. Actualmente continúa defendiendo medidas que presentan la frontera con México como un problema de seguridad interna y a los cárteles como una amenaza equiparable a organizaciones terroristas internacionales, como Al-Qaeda.

    La recuperación de una medalla creada hace más de un siglo y las declaraciones de Miller durante la ceremonia reflejan una visión política donde la frontera vuelve a ocupar un lugar central, no solo como un límite territorial, sino como un símbolo de confrontación entre dos países.

  • Torturaron a 13 migrantes con cucharas calientes: van 845 años a la cárcel

    Torturaron a 13 migrantes con cucharas calientes: van 845 años a la cárcel

    Un tribunal de Ciudad Juárez sentenció a cuatro personas por secuestrar, golpear y agredir sexualmente a 13 migrantes centroamericanos, entre ellos dos menores de edad, a quienes mantuvieron cautivos durante semanas en 2024.

    Las víctimas venían de Guatemala, El Salvador y Honduras. Buscaban cruzar la frontera. En cambio, terminaron encerradas en una casa de la colonia Barrio Nuevo, en Ciudad Juárez, donde cuatro personas los sometieron a torturas, agresiones sexuales y extorsión.

    El tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, en Chihuahua, condenó a Jesús Tomás C. S., de 24 años, y a Oswaldo P. M., Lilia Estefani C. P. y Diana Michell S. V., los tres de 22 años. Cada uno recibirá una pena de 845 años y 10 meses de prisión por secuestro agravado.

    Dentro del inmueble, los captores golpearon a sus víctimas con armas de fuego y otros objetos. Les aplicaron cucharas calientes en distintas partes del cuerpo y les dejaron quemaduras permanentes. Además, los obligaron a realizar actos sexuales entre ellos.

    Para exprimir aún más a las familias, los secuestradores hacían videollamadas desde el lugar de cautiverio. Le exigían a cada familiar 29 mil dólares a cambio de liberar a su ser querido. A lo largo del secuestro, lograron acumular hasta 350 mil pesos en depósitos a distintas cuentas.

    Agentes de la Unidad de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Chihuahua probaron la responsabilidad de los cuatro acusados en juicio oral. El fallo fue histórico, según reconoció la propia institución.

    Los hombres cumplirán su condena en el Cereso varonil número 3. Las dos mujeres irán al Cereso femenil número 2.

  • Activistas de flotilla hacia Gaza denuncian abusos y agresiones sexuales por parte de Israel

    Activistas de flotilla hacia Gaza denuncian abusos y agresiones sexuales por parte de Israel

    Activistas de la flotilla humanitaria rumbo a Gaza denunciaron haber sufrido golpizas, descargas eléctricas y agresiones sexuales, tras ser detenidos por fuerzas israelíes en aguas internacionales. Israel negó todas las acusaciones.

    Activistas de distintos países que fueron detenidos por fuerzas israelíes mientras participaban en una flotilla de ayuda humanitaria hacia Gaza denunciaron abusos físicos y sexuales durante su arresto y posterior detención. De acuerdo con testimonios difundidos por organizadores y recogidos por Reuters, al menos 15 personas reportaron agresiones sexuales, incluidas violaciones, además de golpes y malos tratos.

    La operación ocurrió luego de que Israel interceptara una flotilla integrada por 50 embarcaciones y más de 400 personas que buscaban entregar suministros a la Franja de Gaza. Algunos de los activistas liberados aseguraron haber sido desnudados, pateados y sometidos a descargas eléctricas. Varios llegaron lesionados a sus países de origen y algunos tuvieron que ser hospitalizados por fracturas y otras heridas.

    Las autoridades israelíes rechazaron las acusaciones. El servicio penitenciario de Israel afirmó que todos los detenidos fueron tratados conforme a la ley y con respeto a sus derechos fundamentales. Sin embargo, gobiernos europeos como Alemania e Italia señalaron que las denuncias son graves y ya comenzaron revisiones e investigaciones sobre lo ocurrido.

    La polémica aumentó todavía más después de que circulara un video donde el ministro israelí Itamar Ben-Gvir aparece burlándose de algunos de los activistas detenidos. Mientras tanto, organizaciones humanitarias y varios países europeos exigen explicaciones sobre el trato dado a los integrantes de la flotilla, en medio de la creciente presión internacional por la situación en Gaza.

  • Detienen a mandos y agentes de la Fiscalía por presunta tortura a detenido en Chiapas

    Detienen a mandos y agentes de la Fiscalía por presunta tortura a detenido en Chiapas

    Diez funcionarios, incluidos mandos, ministerios públicos y policías estatales, fueron detenidos tras difundirse un video que exhibe actos de tortura durante un operativo en Tuxtla Gutiérrez.

    Un nuevo escándalo golpea a las corporaciones de seguridad en Chiapas luego de que la Fiscalía General del Estado confirmara la detención de diez funcionarios presuntamente involucrados en actos de tortura contra un detenido. Entre los capturados se encuentra un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco policías, todos señalados tras la difusión de un video que exhibe abusos cometidos durante un operativo en Tuxtla Gutiérrez.

    El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la investigación comenzó de manera inmediata después de que las imágenes circularan en redes sociales y provocaran indignación pública. El operativo donde ocurrieron los hechos se realizó el pasado 14 de marzo en la colonia Loma Bonita, supuestamente como parte de acciones contra el robo de vehículos, aunque terminó convirtiéndose en otro ejemplo de prácticas ilegales dentro de corporaciones encargadas de procurar justicia.

    De acuerdo con la Fiscalía, ya fueron identificadas las personas que aparecen en el video y continúan las investigaciones para determinar si existen más funcionarios involucrados. Las autoridades señalaron que las diligencias permitieron reunir pruebas suficientes para proceder con las detenciones y poner a los implicados a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

    El caso vuelve a exhibir una problemática que durante años ha perseguido a distintas corporaciones policiacas y ministeriales en el país: el uso de la tortura y los abusos de autoridad como método ilegal durante operativos de seguridad. La difusión del video generó fuertes críticas contra las instituciones estatales, especialmente porque entre los implicados aparecen mandos y funcionarios encargados de garantizar el cumplimiento de la ley.

    Llaven Abarca aseguró que no habrá protección para ningún servidor público involucrado en conductas delictivas y prometió que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias. “No habrá impunidad”, afirmó el fiscal, al tiempo que calificó los hechos como “lamentables y reprobables”. También adelantó que se revisará si existieron cadenas de mando o encubrimiento dentro de las corporaciones participantes.