Etiqueta: Tortura

  • Detienen a Hugo Adolfo Karam, ex director de la policía judicial de Puebla, por tortura contra la periodista Lydia Cacho

    Detienen a Hugo Adolfo Karam, ex director de la policía judicial de Puebla, por tortura contra la periodista Lydia Cacho

    La Fiscalía General de Justicia (FGR) detuvo al extitular de la Policía Judicial de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla en 2005, Hugo Adolfo “K”, responsable del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

    “#FGR a través de #FEMDH y de @FGR_AIC, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Hugo Adolfo “K”, probable responsable en delito de tortura en agravio de una periodista”, publicó la dependencia en redes sociales junto a una foto del detenido.

    A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que la orden de aprehensión fue obtenida por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la FEMDH, al presentar las pruebas suficientes para acreditar la presunta responsabilidad del detenido en el delito de tortura, quien, al momento de los hechos en 2005, se desempeñaba como titular de la Policía Judicial de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla.

    Caso Lydia Cacho

    En 2005, la periodista Lydia Cacho publicó el libro “Los demonios del edén”, en el que denunciaba la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que estaban involucrados empresarios y políticos mexicanos.

    Dentro de este mencionaba a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif como responsables de esa red.

    Meses después de la publicación del libro, Cacho fue detenida en Cancún, donde residía, por agentes de la Fiscalía de Puebla bajo acusaciones de difamación y calumnia. La demanda había sido interpuesta por Nacif.

    La periodista denunció que durante su traslado de Cancún hasta Puebla fue sometida a torturas para intentar callarla y que desmintiera el contenido de su investigación

    Cacho fue exonerada de dichas acusaciones y un mes más tarde salió a la luz pública una grabación de una conversación telefónica entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y Nacif, en las que el funcionario afirmó que le había dado a Cacho un”pinche coscorrón” porque “en Puebla se respeta la ley”.

    Fue entonces cuando la Suprema Corte de Justicia abrió la investigación del caso por tortura a la periodista.

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  • Ahora se hace la víctima: Jueza Angélica Sánchez asegura que su vida está en riesgo y que es una “perseguida política”

    Ahora se hace la víctima: Jueza Angélica Sánchez asegura que su vida está en riesgo y que es una “perseguida política”

    Angélica Sánchez Hernández, jueza de Veracruz, recibió una prohibición total de visitar el Centro de Readaptación Social Pacho, Viejo, donde aún permanece presa, por parte de un juez federal lo que la protege de cualquier posible acto de tortura o maltrato allí. 

    Hernández aseguró que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, la perseguía por su condición de jueza y que su vida corría peligro dentro del penal.

    Al respecto, Roberto Santos Maldonado Morales, juez de control, informó que ordenó a las autoridades del penal respetar los derechos humanos e integridad de la impartidora de justicia, resguardarla en lugar separado de la población de internos y abstenerse de proferir cualquier tipo de maltrato.

    Por otra parte, el director del centro penitenciario afirmó que cumplió a cabalidad con la suspensión, por lo que Angélica Sánchez no había sufrido ningún tipo de tortura, maltrato o aislamiento, y que había estado en contacto con su familia, amigos y abogados para proteger su derechos humanos.

    Desde que el fiscal estatal ha imputado a Sánchez Hernández por tráfico de influencias y delito contra la fe pública, ella ha abogado por un juicio de amparo contra la prisión preventiva del 16 de junio que le fue impuesta.

    En su demanda, la juez apeló la determinación del juez de control de realizar la audiencia inicial de forma privada, lo que aseguró, “constituye un acto de imposible reparación, en el sentido de que se afecta uno de los principios rectores del proceso penal acusatorio sin una justificación válida”.

    Incluso mencionó que cuando fue detenida en la Ciudad de México, miembros de la Guardia Nacional (GN) no le mostraron la orden de aprehensión, la cual aseguró no era válida porque fue emitida por una autoridad incompetente por cuestiones territoriales y porque tenía suspensión provisional.

    No obstante, dos jueces de distrito se declararon incompetentes para resolver el juicio de amparo. Fabiola Viridiana Ramos Castillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en materia Penal, explicó que la demanda debe ser resulta por Daniela María León Linarte, titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito, toda vez que fue quien le otorgó la suspensión contra la orden de aprehensión.

    León Linarte rechazó asumir la competencia, debido a que los actos reclamados en los dos juicios de amparo no guardan relación entre sí, al no derivar de la misma carpeta de investigación o causa penal. El caso se podría turnar a un tribunal colegiado para que resuelva el conflicto competencial.

    ¿De que se le acusa a la jueza Angélica Sánchez? 

    La Fiscalía General del Estado de Veracruz imputó a Angélica Sánchez como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público.

    Ante esto, el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante un año.

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  • Traducen leyes sobre tortura y desaparición forzada a seis lenguas indígenas

    Traducen leyes sobre tortura y desaparición forzada a seis lenguas indígenas

    El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción Asociación Civil (CEPIADET) tradujo la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en seis variantes lingüísticas: wixárica, purépecha, náhuatl y totonaco de Puebla, así como náhuatl y totonaco de Veracruz. 

    Esta organización civil con sede en Oaxaca tiene como objetivo brindar herramientas suficientes a los hablantes de lenguas indígenas para ejercer sus derechos lingüísticos, en el ámbito de la justicia. 

    Esta labor tardó dos años y fue un reto pues era necesario pensar cómo comunicar. De acuerdo con el presidente de la organización, Tomás López Sarabia, fue fundamental realizar una interpretación no sólo técnica sino intercultural para que se pudieran entender las implicaciones de padecer graves violaciones a los derechos humanos. Y con ello, dotar de herramientas a los más de siete millones de hablantes de una lengua indígena.  

    La traducción de las referidas leyes ayudará a los familiares de personas víctimas de desaparición o tortura para realizar denuncias formales, así como para el entendimiento de los procedimientos, el acercamiento a las instituciones e incluso para emprender y generar espacios para la defensa de sus derechos. 

    El Presidente del Consejo Directivo del Cepiadet explicó la  importancia de las traducciones de estas leyes “desde CEPIADET se tradujeron las dos leyes con la  finalidad de difundir, informar y visibilizar información clave para prevenir y sancionar la tortura y  la desaparición forzada, desde los enfoques de interculturalidad, género, derechos humanos y  antirracismo”.

    Asimismo, con esta iniciativa se busca el respeto y uso de las lenguas indígenas como un derecho humano de las personas, comunidades y Pueblos Indígenas, accediendo así a la  información en sus propias lenguas.