En plena cobertura de un hecho violento, la televisora mostró imágenes de Chichén Itzá, confundiendo a la audiencia y distorsionando la realidad.
En medio de la cobertura del atentado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde una turista perdió la vida y varias personas resultaron heridas, TV Azteca, la televisora del usurero Ricardo Salinas Pliego, volvió a generar polémica al difundir imágenes incorrectas, mostrando el sitio de Chichén Itzá como si se tratara del lugar de los hechos.
El error no es menor. En un contexto de crisis y alta sensibilidad informativa, la televisora presentó imágenes de una zona arqueológica distinta, ubicada a más de mil kilómetros de distancia, lo que provocó confusión entre la audiencia y evidenció una preocupante falta de rigor periodístico.
El atentado en Teotihuacán ocurrió por la mañana del lunes 20 de abril, cuando un agresor armado atacó a visitantes dentro del sitio, dejando dos víctimas mortales – incluido el agresor – y al menos 13 lesionados. El hecho obligó al cierre de la zona y generó un despliegue de seguridad, así como investigaciones por parte de autoridades estatales.
Sin embargo, lejos de aportar claridad, la cobertura de TV Azteca contribuyó a distorsionar la información en un momento clave, reforzando críticas recurrentes sobre su línea editorial. No es la primera vez que la cadena es señalada por errores de este tipo, que terminan afectando la percepción pública de los hechos.
En un entorno donde la credibilidad de los medios está constantemente en juego, casos como este alimentan la percepción de que ciertos espacios informativos priorizan narrativas y espectáculo sobre la precisión, alterando la realidad en lugar de explicarla.
El Gobierno de Guanajuato ha entregado millones a una asociación que dirige una exdiputada panista señalada por opacidad y que, para más datos, fue exempleada de Ricardo Salinas Pliego.
Se trata de Feed the Hungry, una asociación que dirige Verónica Agundis, amiga de la gobernadora Libia Dennise Muñoz. Agundis ya había dirigido el Fideicomiso del Parque Guanajuato Bicentenario, una asociación que, al ser auditada, reveló múltiples anomalías en el ejercicio del gasto y contrataciones opacas.
Feed The Hungry es una organización que, originalmente, fue fundada en Estados Unidos, y opera en México bajo las denominaciones Feed the Hungry A.C. y Feed the Hungry San Miguel, Inc.
Esta fundación, que se define a sí misma como una organización sin fines de lucro y no gubernamental, funciona como un banco de alimentos que distribuye desayunos y comidas en zonas de alta vulnerabilidad.
Y, bajo este pretexto, desde 2021, Feed The Hungry figura como una de las 45 asociaciones que el Gobierno de Guanajuato financia y apoya.
En julio de 2025, Feed the Hungry San Miguel y Feed the Hungry, A.C. nombraron a Verónica Agundis Estrada como nueva directora.
Solo tres meses después, la asociación firmó un jugoso “acuerdo de entendimiento” con la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato para llevar desayunos a las comunidades rurales de San Miguel de Allende, una localidad – donde el último censo del INEGI, que data de 2020- reveló estar compuesta por 80% de mexicanos en pobreza y 20% de extranjeros, que se asientan en la zona centro y que gozan de todos los beneficios de las grandes ciudades, mientras las cabeceras que la rodean como Parral, Clavellinas, Cerritos y Puerto de Nieto figuran como algunas de las zonas más pobres del estado.
Feed The Hungry asegura llevar más de 45 años operando en San Miguel de Allende con distintos programas que han beneficiado, según la organización, a más de 4 mil 500 niños y 51 comunidades rurales de San Miguel de Allende.
Sin embargo, en ese lapso la organización también ha gozado de generosos beneficios por parte del gobierno de Guanajuato, sobre todo durante la administración de Diego Sinhue, y ahora, con Libia Dennise.
Además de ello, la organización ha convertido en una de sus principales directoras a Verónica Agundis, excandidata panista al gobierno de San Miguel de Allende en 2024 y exgerente de producción en TV Azteca Bajio.
Cabe enfatizar que, tras su paso por la dirección del Parque Bicentenario Guanajuato, Verónica Agundis fue señalada por graves omisiones en la cuenta del fideicomiso.
De hecho, en enero de 2026, el Gobierno del Estado de Guanajuato presentó el Cierre de la Auditoría del Fideicomiso de Inversión y Administración Parque Guanajuato Bicentenario, correspondiente al periodo enero de 2023-diciembre de 2024, donde señaló, al menos, tres omisiones.
Y justo en ese periodo, Verónica Agundis estuvo al frente de la administración de dicho fideicomiso.
De acuerdo con documentos de la Auditoría, el fideicomiso no pudo esclarecer el ejercicio de los recursos públicos entregados. En específico, señaló que se detectaron anomalías en los procesos de contratación, gastos no comprobados en obras para las cuales no se hizo ningún trámite ante las dependencias correspondientes y hubo un nulo control sobre las finanzas.
Pero antes de concluir la auditoría y esclarecer el destino de los recursos, así como la legitimidad del gasto ejercido y personal contratado, Agundis dejó la dirección del fideicomiso para buscar la candidatura del PAN a la presidencia municipal en San Miguel de Allende.
Sin embargo, perdió y, en compensación por el esfuerzo no realizado, se unió a las filas de Feed The Human en julio de 2025.
El historial de Verónica Agundis, íntima amiga de la gobernadora Libia Denisse, quien respaldó el arranque de su campaña en San Miguel, no se ha limitado a sus últimos dos trabajos.
La ahora filántropa arrastra un buen número de puestos tanto en la administración pública de Guanajuato, así como en la iniciativa privada, donde se desempeñó como titular de noticieros en Radio Fórmula Bajío y gerente de producción de TV Azteca Bajío, en 2004.
Al frente de la dirección de Feed Human en San Miguel de Allende, los resultados de Agundis fueron rápidamente visibles, pues en octubre de 2025 se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación.
Sin embargo, el monto de los recursos destinados a dicha asociación por el programa de desayunos, enmarcados en el programa “Adopta una Escuela” y la entrega de mil 500 cubrebocas no han sido transparentados por el Gobierno de Guanajuato ni por la Secretaría de Educación.
Lo que sí se sabe es que para 2025, la dependencia tuvo un generoso incremento en su presupuesto de más de 2 mil millones de pesos.
Lo que llama la atención es que la dependencia no ha esclarecido puntualmente en qué gastó los recursos y tampoco ha desglosado el monto que se asigna a los comedores comunitarios. Ni tampoco los términos y recursos de su convenio con Feed The Hungry.
Mientras tanto, la gobernadora de Guanajuato continúa presumiendo sus logros en materia social y económica.
La transición de Agundis del sector público al “tercer sector” sin un periodo de enfriamiento ni una auditoría aclarada refleja el fenómeno de las puertas giratorias en la política mexicana.
La filantropía no puede ser la excusa para ocultar la corrupción.
No hay “ayuda” que justifique la falta de transparencia con el dinero público.
Pero eso no parece importarle al gobierno panista que encabeza Libia Dennise Muñoz.
TV Azteca disfrazó su reestructura debido a la crisis como un movimiento estratégico en el programa de chismes Ventaneando, lo que demuestra la seriedad de la cadena de Salinas Pliego.
Otra muestra de la poca calidad periodística que inunda a TV Azteca, propiedad del deudor Ricardo Salinas Pliego, fue el anuncio de la fusión entre la llamada “Fuerza Informativa Azteca” y “ADN40”, dado por el pseudoperiodista Javier Alatorre, que no ocurrió en un espacio informativo, sino en el foro de chismes “Ventaneando”.
Alatorre, el mismo que presentó en 1996 la ruta de “El Chupacabras”, aprovechó el espacio de Paty Chapoy, quien históricamente ha fungido como heraldo de Azteca en el mundo de la farándula, para tratar de disfrazar la crisis política y económica que atraviesa su empresa.
Insistió en que la integración representa una “nueva etapa” y una “enorme fuerza noticiosa”, destacando talento, cobertura y cercanía con la gente. Sin embargo, el discurso evitó cualquier referencia a los factores reales detrás de la fusión: la crisis política y económica de la cadena, la caída de su audiencia y los juicios en los que está envuelta.
Se debe puntualizar que Ventaneando, también de Azteca, es un programa más cercano al entretenimiento y al chisme que al análisis periodístico, donde se ha hecho uso del amarillismo e información artificial para mantenerse vigente. Ha tenido desencuentros con decenas de personajes, incluidos Juan Gabriel, Yalitza Aparicio y hasta Carmen Aristegui, por lo que está estrategia de comunicación exhibe una falta de seriedad en una decisión clave para lo que dice ser un área de noticias.
Resulta particularmente contradictorio que, mientras se presume independencia frente al poder, la empresa recurre a estrategias que defienden a sus propios intereses, no de la población, que es lo que debe seguir un verdadero medio de comunicación. No hay autocrítica, no hay transparencia y tampoco un reconocimiento de los errores que han llevado a este punto.
A 60 días de que se difundiera que Ricardo Salinas Pliego aparece en documentos vinculados a Jeffrey Epstein, TV Azteca y sus noticieros no han abordado el tema, pese a su relevancia internacional.
El 1 de abril se cumplen 60 días desde el 31 de enero de 2026, fecha en que comenzó a circular en internet la información sobre la aparición del deudor fiscal mexicano en los llamados “archivos Epstein”.
Sin embargo, TV Azteca, propiedad de Salinas Pliego, no ha mencionado el caso en sus espacios informativos, ni ha dedicado cobertura al tema en sus noticieros principales.
En los documentos difundidos, el nombre de Salinas Pliego aparece en correos electrónicos y listas, principalmente vinculado a invitaciones y a círculos como el grupo “Edge”. Los registros abarcan interacciones entre 2010 y 2018, aunque esto no implica que dicha información fuera pública en ese momento, sino que salió a la luz hasta la liberación reciente de los archivos.
La omisión ocurre en un contexto donde los documentos difundidos incluyen nombres de figuras empresariales y políticas a nivel global. La ausencia total de cobertura en medios del propio grupo abre cuestionamientos sobre criterios editoriales y manejo de información relevante, especialmente en una cadena televisiva caracterizada por la dudosa calidad periodística de sus noticieros.
Ricardo Salinas Pliego desató polémica tras proponer que quienes reciben dinero de programas sociales no puedan votar. Sin embargo, la misma historia de sus empresas es la prueba de que recibió miles de millones de pesos del Estado mexicano durante décadas. Parece que el razonamiento lógico no es lo suyo; mientras que la hipocresía, sí.
El “Tío Richie” publicó en X que quienes reciben apoyos económicos “no deben poder votar”, intentando argumentar —de manera algo patética— que estos recursos se utilizan para generar dependencia política. De igual manera, afirmó que el dinero público no debe usarse para “comprar elecciones” ni para “extorsionar a los más necesitados”, y que las dádivas deben mantenerse al margen de cualquier uso electoral.
Si ustedes fueran presidentes, ¿pondrían sobre la mesa? analizar la posibilidad de aumentar los programas sociales, pero con una condición:
Quien reciba un apoyo económico con el dinero de los Mexicanos, no debe poder votar.
— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 28, 2026
Sin embargo, cabe recordar que el crecimiento de su emporio empresarial está profundamente ligado al dinero público: desde la privatización de Imevisión en 1993 —que dio origen a TV Azteca— hasta contratos, concesiones y créditos otorgados por distintos gobiernos, Grupo Salinas durante décadas recibió beneficios constantes del Estado. Tan solo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, recibió al menos 9 mil 732 millones de pesos en contratos públicos, además de créditos, concesiones energéticas y adjudicaciones directas.
A esto se suman episodios como la creación de empresas tras la reforma energética de 2013, contratos con Pemex por adjudicación directa, así como créditos de la banca de desarrollo y concesiones con descuentos millonarios. También destaca la participación de familiares en cargos públicos vinculados a decisiones que beneficiaron al grupo, lo que ha sido señalado como posibles conflictos de interés.
Durante más de tres décadas, dependencias federales firmaron cientos de contratos con empresas del grupo, además de otorgar licencias clave en sectores como telecomunicaciones, banca y energía, sin las cuales su expansión no habría sido posible.
Así, mientras salinas critica la destinación de recursos públicos para apoyar a la población, su propio conglomerado fue beneficiario sistemático del erario. Exhibe que ser congruente no le va de la mano.
La jueza acepta la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca, lo que le permitirá enfrentar sus deudas y evitar una posible quiebra.
TV Azteca da un paso crucial al solicitar el concurso mercantil. Una jueza mercantil aceptó esta estrategia para ayudar a la empresa a evitar la quiebra. Grupo Salinas busca así un respiro financiero ante los acreedores en Estados Unidos.
Con esta medida, TV Azteca busca protegerse legalmente de embargos. Esto significa que los acreedores no podrán confiscar bienes ni cuentas bancarias durante el proceso. Esta protección les permitirá congelar sus deudas, deteniendo el interés que acumulan por los 400 millones de dólares que le deben a fondos de inversión en Estados Unidos. Con este alivio, la televisora podrá utilizar su flujo de efectivo para mantenerse operativa.
Nataly Pérez Hernández, jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, es quien dirige el caso. El proceso se desarrollará en dos fases clave bajo la supervisión del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom).
La primera fase es de conciliación y durará 185 días. Un conciliador revisará la contabilidad de TV Azteca y buscará un acuerdo con los acreedores para reducir la deuda o extender los plazos de pago. Si esta fase no tiene éxito, se pasará a la segunda etapa, que podría llevar a la liquidación de la empresa para pagar a los acreedores.
Para acceder a los beneficios del concurso mercantil, TV Azteca deberá seguir medidas y restricciones estrictas. Estas incluyen la prohibición de vender o transferir bienes sin autorización judicial. Además, la empresa no podrá pagar deudas previas a la declaración del concurso.
La televisora deberá abrir sus libros contables a un auditor designado por el Ifecom, quien supervisará y verificará la situación financiera. Mientras tanto, TV Azteca tendrá que actualizar periódicamente sus ingresos y gastos operativos.
Esta situación destaca los retos que enfrenta TV Azteca en un entorno competitivo. Con la ayuda del concurso mercantil, la empresa aspira a una recuperación que le permita seguir operando.
El fallo, aún impugnable, abre la puerta a que portales vinculados a apuestas en línea retomen operaciones tras ser bloqueados por presunto lavado de dinero.
Un juez federal concedió un amparo a una empresa subsidiaria de Tv Azteca, lo que ordena a la Secretaría de Gobernación permitir la reanudación de operaciones de los portales de apuestas Bet365 y Betano, previamente bloqueados por autoridades federales.
Estas plataformas, operadas bajo las razones sociales Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, formaban parte de los 13 casinos físicos y digitales suspendidos a finales de 2025 por la Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad, ante sospechas de lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita.
El juez determinó que la suspensión impuesta por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segob no cumplió con las formalidades del debido proceso, al no haberse llevado a cabo un procedimiento administrativo completo antes de aplicar la sanción.
De acuerdo con la resolución, la autoridad no fundamentó ni motivó adecuadamente la medida, ni acreditó la existencia de investigaciones formales en contra de la empresa, lo que derivó en la concesión del amparo para restituir sus operaciones.
Si bien la decisión se sustenta en la protección de derechos procesales, el caso exhibe fallas en la actuación institucional frente a actividades de alto riesgo como las apuestas en línea, donde la falta de procedimientos sólidos puede debilitar acciones contra posibles irregularidades.
La resolución no es definitiva y el gobierno federal aún puede impugnarla. Mientras tanto, el fallo reabre el debate sobre la regulación, supervisión y control de plataformas de juego, especialmente aquellas vinculadas a permisos otorgados durante administraciones pasadas.
Hace unas semanas, TV Azteca, de manera sensacionalista, difundió un supuesto reportaje titulado “¡La red de corrupción que sacude a México!”
En la pieza preparada por la televisora de Ricardo Salinas Pliego, acusaban al empresario Gerardo Sánchez Zumaya de liderar una supuesta estructura criminal dedicada a sustraer у comercializar combustible de Pemex de forma ilícita.
TV Azteca no tuvo empacho en recuperar, sin ningún rigor periodístico, señalamientos que carecían de sustento. Sus fuentes eran: el periódico Reforma, el portal LatinUs y Lourdes Mendoza, columnista del periódico El Financiero. En las piezas, presentadas desde la falsedad y los infundios, aseguraba que, a través de 17 empresas “factureras” y contratos por adjudicación directa, Sánchez Zumaya se habría dedicado a lavar ganancias millonarias.
Sin embargo, el falso periodismo de los medios de comunicación de la derecha se desmoronó estrepitosamente.
Y es que, lo que, en esos medios, no informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó el no ejercicio de la acción penal en, al menos dos carpetas de investigación distintas, relacionadas con presuntos delitos federales. En una de estas carpetas se había iniciado por señalamientos de lavado de dinero contra el empresario Gerardo Sánchez Zumaya y, en otra, se pretendía vincularlo a diversos delitos como portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita y facturación de operaciones simuladas.
Cabe destacar que, de acuerdo con un acuerdo ministerial fechado el 7 de marzo de 2024, la FGR analizó una carpeta (FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-SLP/0000715/2024) iniciada tras una denuncia anónima recibida el 19 de septiembre de 2024, que señalaba al empresario Gerardo Sánchez Zumaya, relacionado con el conglomerado Grupo GESA y la empresa Petrogesa, S.A. de C.V., por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ésa denuncia sostenía que el empresario presumía inversiones millonarias en estados del sureste y centro del país, particularmente en Tabasco y en San Luis Potosí. También se agregaba que su fortuna podría provenir de una red de empresas vinculadas al sector petrolero y a contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Durante la investigación, la Fiscalía solicitó información a diversas dependencias, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Policía Federal Ministerial, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la propia empresa estatal Pemex, que confirmó la existencia de contratos con Petrogesa para suministro de equipo y servicios, entre ellos uno para la adquisición de una bomba contra incendios y otro relacionado con reparaciones en instalaciones de almacenamiento en Poza Rica.
Lo que TV Azteca, Reforma, LatinUs ni El Financiero informaron fue que, todos y cada uno de los análisis financieros y ministeriales, no arrojaron indicios de que los recursos investigados provinieran de actividades ilícitas.
Pero no solo eso. Contra la versión dolosa e irresponsable de eso medios de comunicación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también informó que no contaba con elementos para denunciar el delito de lavado de dinero, un requisito indispensable para proceder penalmente en este tipo de casos.
Pero hay más en esta historia, que echa por la borda las versiones sesgadas y manipuladas que algunos medios han querido imponer.
Y es que, con base en todos esos resultados, el Ministerio Público federal concluyó que no se había podido acreditar la probable comisión del delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, por lo que solicitó formalmente decretar el no ejercicio de la acción penal a favor de Sánchez Zumaya, al considerar que la denuncia anónima carecía de elementos circunstanciados y que las diligencias practicadas no confirmaron irregularidades.
De igual manera, en otro oficio de la FGR fechado el 10 de diciembre de 2024, relacionado con la carpeta FED/TAB/VHS/0001450/2024, tramitada por la célula de investigación I-6 en Villahermosa, Tabasco, el agente del Ministerio Público federal solicitó al fiscal federal en el estado que, de igual forma, fuera autorizado el no ejercicio de la acción penal.
Es importante señalar que ambos expedientes corresponden a carpetas de investigación diferentes, y que fueron tramitadas por unidades distintas de la FGR, pero coinciden en lo sustancial: en que las autoridades federales concluyeron que no existían elementos suficientes para llevar los casos ante un juez, por lo que solicitaron cerrar las indagatorias conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Lo más alarmante es que, de acuerdo con fuentes consultadas por LosReporterosMx, estas acusaciones, que han resultado falsas, han sido utilizadas como parte de campañas de desprestigio, presuntamente promovidas desde círculos cercanos al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.
Todas y cada una de versiones sostienen que los señalamientos buscaban, de cualquier forma, afectar la imagen pública del empresario. Desafortunadamente para los desinformadores, todas y cada una las investigaciones federales arrojaron que a Gerardo Sánchez Zumaya no se le pudo acreditar ningún delito.
La exoneración del empresario, contra todo pronóstico de sus calumniadores, es el punto final de una cacería de brujas mediática.
Bajo el discurso de “participación ciudadana”, Alma de México exhibe vínculos con perfiles panistas, opacidad en su origen y respaldo mediático que ponen en duda su autenticidad como iniciativa independiente.
En un nuevo intento por construir un supuesto “proyecto” que incluya a la ciudadanía en la toma de decisiones, surge Alma de México.
Se presenta como “una iniciativa de participación cívica” que busca que el futuro del país se defina con la participación activa de la gente. Sin embargo, todo apunta a que podría tratarse de un intento cuestionable por desacreditar al gobierno actual, ahora bajo el argumento de que los señalamientos provienen de la sociedad civil.
Pero déjeme contarle su historia con datos duros.
La Fundación Impulsa Tu Desarrollo Integral A.C., nombre legal que aparece en la página de esta iniciativa, cuenta con registro desde hace más de una década. Sin embargo, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, el único antecedente público data de 2016, cuando obtuvo autorización de operación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin que existan registros relevantes de actividad posterior.
Aunque ahora intentan presentarse como algo “nuevo”, lo cierto es que su trayectoria ha permanecido prácticamente en la opacidad hasta fechas recientes. Fue Gerardo Priego Tapia quien, a través de TV Azteca —propiedad del evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego—, lanzó el proyecto como una supuesta plataforma para impulsar liderazgos y empoderar a la ciudadanía. Pero, ¿quién está realmente detrás?
Priego Tapia fue diputado federal entre 2006 y 2009 por el Partido Acción Nacional, además de haber presidido ese partido en Campeche. En 2007 buscó la dirigencia nacional del PAN, pero desistió al reconocer que no tenía posibilidades frente a Germán Martínez Cázares.
Ahora bien, al revisar la página oficial de la organización, es posible identificar a algunos perfiles que integran esta supuesta alianza “ciudadana”. Entre ellos destaca Lázaro Víctor Oropeza Ríos, quien en 2022 participó como delegado a la Asamblea Estatal del Partido Acción Nacional en Nezahualcóyotl. Su nombre aparece en registros del Instituto Nacional Electoral y en publicaciones del propio PAN. En el portal de Alma de México se le presenta como presidente de Ayuda en Acción de México A.C. en el Estado de México, aunque su trayectoria partidista deja poco margen para sostener una narrativa verdaderamente apartidista.
Otro caso es el de Omeheira López, a quien describen como fundadora del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, A.C. No obstante, los registros muestran que fue diputada federal del PAN entre 2006 y 2009 y actualmente busca integrarse al Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas. Incluso, en entrevistas recientes ha llamado a una “reconciliación interna” del partido, lo que evidencia que su vínculo político sigue vigente.
Su trayectoria también revela cercanía con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, con quien ocupó cargos estratégicos como la Dirección del DIF estatal y una magistratura en el Poder Judicial local. A ello se suma su relación con Francisco García Juárez, exdirector de Comunicación Social durante ese mismo gobierno, consolidando un entorno de vínculos políticos claros.
Así, el discurso de una organización que presume fortalecer la participación ciudadana choca con los perfiles que la impulsan. Resulta difícil sostener una narrativa de apertura social cuando sus referentes políticos han privilegiado históricamente intereses de grupo por encima de la ciudadanía, evidenciando una contradicción de fondo entre lo que dicen representar y lo que realmente proyectan.
Además, resulta llamativo que ni siquiera los propios integrantes de la organización aparezcan en la presentación oficial de su sitio, optando en cambio por imágenes generadas con inteligencia artificial para proyectar una supuesta cercanía con la ciudadanía, una conexión que, en los hechos, nunca han demostrado tener.
No es casual que un nuevo proyecto con claros tintes panistas, disfrazado de iniciativa ciudadana, busque sumar perfiles que en realidad arrastran trayectorias partidistas. Tampoco pasa desapercibido que la plataforma haya sido impulsada desde la televisora de Ricardo Salinas Pliego, lo que abre más dudas que certezas sobre su verdadera naturaleza.
La pregunta es inevitable: ¿se trata de un ejercicio genuino de participación social o de una estrategia política encubierta para reposicionarse ante la ciudadanía? Porque cuando el “ciudadanismo” viene respaldado por intereses mediáticos y figuras con pasado partidista, la narrativa pierde credibilidad y se acerca más a un montaje que a un movimiento auténtico.
La televisora de Ricardo Salinas Pliego salió de la Bolsa Mexicana de Valores tras incumplimientos, deudas y una caída sostenida en sus ingresos.
Después de casi tres décadas en el mercado accionario, TV Azteca concretó su salida definitiva de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cerrando así un ciclo marcado más por escándalos financieros que por éxitos empresariales. La compañía confirmó la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Valores, dejando de cotizar oficialmente.
La empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego intentó presentar su salida como parte de una “reorganización”, pero la realidad apunta a un historial de incumplimientos, deudas acumuladas y reportes financieros pendientes. De hecho, desde 2022 la televisora dejó de entregar información clave a inversionistas, tras reportar una fuerte caída en sus ingresos por publicidad.
Para completar su retirada, la compañía creó un fideicomiso que permitirá comprar las acciones en manos del público inversionista, en una especie de salida discreta… o más bien, una retirada silenciosa para evitar seguir rindiendo cuentas en el mercado bursátil.
El golpe no es menor: en febrero pasado, la televisora se acogió a un concurso mercantil, una figura que evidencia problemas serios de liquidez y la necesidad de negociar con acreedores para evitar embargos. Todo esto mientras presume ser uno de los gigantes de la televisión en español.
Y es que el “imperio” mediático parece más bien un castillo de naipes: menos ingresos, más deudas y una credibilidad en caída libre. Mientras tanto, sus noticieros suelen apuntar contra otros, pero poco dicen de su propia crisis financiera. Ironías del destino.
Así, tras haber debutado en la BMV en 1997, TV Azteca se despide sin aplausos, dejando claro que ni los reflectores ni la narrativa mediática alcanzan para ocultar una mala gestión. Porque sí: se fueron de la bolsa… pero no precisamente por la puerta grande.
