Octavio Romero salió al paso de versiones periodísticas sobre su salario y presentó cifras oficiales para aclarar el tema.
El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero, publicó una carta dirigida a la opinión pública. En ella responde a notas de Reforma, El Universal, TV Azteca y otros medios sobre su sueldo.
Los reportes afirmaban que Romero gana más que la presidenta de la República. El funcionario decidió explicar con números concretos cuál es su ingreso real y de dónde proviene esa comparación.
Romero confirmó que en 2025 recibió un salario bruto anual de 2 millones 261 mil 994 pesos. Esa cifra aparece en su declaración patrimonial y corresponde al nivel de un subsecretario de Estado. Además, precisó que mantiene el mismo monto hasta la fecha.
Al dividir esa cantidad entre los doce meses del año, el resultado es un ingreso mensual bruto de 188 mil 499 pesos con 50 centavos, antes de impuestos. Por su parte, la página de nómina transparente del Gobierno Federal reporta un ingreso mensual bruto de 191 mil 846 pesos para la presidenta.
De acuerdo con estos datos, la diferencia mensual entre ambos sueldos es de 3 mil 346 pesos. En términos anuales, la diferencia llega a 40 mil 158 pesos. Ambas cifras corresponden a montos brutos, sin descuentos fiscales.
Con esta aclaración, el director del Infonavit buscó cerrar la controversia generada en distintos medios. La carta plantea que su percepción se ajusta a los niveles salariales establecidos para su cargo dentro del gobierno federal.
La edición 25 del encuentro reunió a empresarios, políticos panistas y periodistas de Televisa y TV Azteca, convirtiendo el espacio en una concentración de la oposición.
La Comida de Los 300 Líderes, organizada por Líderes Mexicanos, de este año dejó una imagen marcada por la presencia de figuras vinculadas con la derecha política y mediática. Entre los asistentes destacaron Eugenio Derbez, Arturo Elías Ayub, Alessandra Rojo de la Vega, Chumel Torres, Joaquín López-Dóriga, Pati Chapoy, Romina Contreras, Enrique Vargas, Ricardo Anaya, Leo Zuckermann y Paola Rojas.
La Lista de Los 300es un reconocimiento que se publica anualmente para identificar a 300 personas consideradas entre las más influyentes del país en ámbitos como política, empresas, medios de comunicación, cultura, deportes y sociedad. De acuerdo con sus organizadores, busca mostrar dónde se concentra el talento, el poder y la capacidad de influencia en México.
A esta comida asistieron varios de los principales rostros de TV Azteca, entre ellos Javier Alatorre, Jorge Zarza, Juan Pablo de Leo, Juan Manuel Jiménez y Uriel Estrada, así como César Castillejos, director de ADN Noticias, y Eduardo Cepeda, director de Banca Empresarial y de Gobierno de Banco Azteca. De esta manera, el encuentro terminó pareciendo más una reunión de los sectores empresariales, políticos y mediáticos que han sido críticos de la Cuarta Transformación.
En el terreno político, la presencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega;Romina Contreras, alcaldesa panista de Huixquilucan; Enrique Vargas, senador del PAN; y Ricardo Anaya, también senador panista, reforzaron el perfil opositor de la reunión. A ellos se sumaron personajes mediáticos como Joaquín López-Dóriga, Pati Chapoy, Leo Zuckermann, Paola Rojas y Chumel Torres, conocidos por sus posiciones críticas hacia los gobiernos de Morena.
La llamada reunión de los líderes más influyentes de México se presenta como un encuentro plural para discutir el futuro del país, pero su propia lista de asistentes. La Comida de Los 300 terminó convertida en una especie de pasarela de la derecha mexicana, donde coincidieron políticos panistas, empresarios y comentócratas de los principales grupos televisivos del país.
El gobernador de Puebla consideró una contradicción que gobiernos de la 4T destinen recursos a una televisora que realiza propaganda contra la transformación.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, cuestionó que ayuntamientos del estado, entre ellos el de Puebla capital encabezado por Pepe Chedraui, tuvieran contratos o acuerdos con TV Azteca, la televisora del moroso fiscal Ricardo Salinas Pliego, que constantemente ataca a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la 4T. El mandatario estatal reveló que son ocho ayuntamientos de Puebla los que tienen o han tenido contratos con Azteca.
El gobernador señaló que los gobiernos de la Cuarta Transformación deben evitar “zigzaguear” y actuar con claridad respecto a sus principios. Armenta afirmó que contratar espacios en la televisora representa financiar a una empresa que realiza propaganda contra los gobiernos de la 4T. Además, advirtió que el problema no se limita a los contratos formales, pues también podrían existir acuerdos realizados “por fuera” para entregar recursos a la empresa.
Foto: Frank Alvarado / LRMX
El mandatario estatal reveló que son ocho ayuntamientos de Puebla los que tienen o han tenido contratos con TV Azteca y adelantó que la información detallada será dada a conocer posteriormente por las áreas correspondientes. Aunque evitó señalar directamente a cada municipio, sostuvo que los integrantes de la 4T no deben caer en la contradicción.
Finalmente, Armenta consideró que corresponde a Morena revisar el comportamiento de las autoridades que fueron electas bajo sus siglas y exigirles el cumplimiento de sus principios y código de ética. Aclaró que cada funcionario debe responder por sus propios actos y actuar no solo conforme a la Constitución, sino también con apego a la ética partidaria.
El alcalde morenista de Puebla contrató por adjudicación directa a TV Azteca y Total Play durante sus primeros meses de gobierno, en plena disputa entre la 4T y Ricardo Salinas Pliego.
El gobierno municipal de José Chedraui Budib destinó 26 millones 48 mil 789 pesos a empresas de Grupo Salinas durante sus primeros meses al frente del Ayuntamiento de Puebla.
Entre el 22 de octubre de 2024 y el 14 de enero de 2025, la administración morenista firmó tres contratos con Total Play y TV Azteca, todos mediante adjudicación directa y sustentados en dictámenes de excepción a la licitación pública.
El primer contrato se firmó apenas ocho días después de que Chedraui asumiera el cargo. El 22 de octubre de 2024, la Secretaría de Seguridad Ciudadana contrató a Total Play por 12 millones 888 mil 789 pesos para mantener los sistemas municipales de cámaras de videovigilancia, con vigencia hasta diciembre.
Un mes después, el 28 de noviembre, Comunicación Social otorgó a TV Azteca 1 millón 160 mil pesos para transmitir y difundir el quehacer gubernamental.
Finalmente, el 14 de enero de 2025, la misma televisora recibió otro contrato por 12 millones de pesos, ahora con vigencia durante todo 2025.
La cifra de 26 millones 48 mil 789 pesos corresponde exclusivamente a la gestión de Chedraui. En documentos relacionados aparece otro contrato de 8 millones 254 mil pesos con TV Azteca, pero éste corresponde a la administración del panista Eduardo Rivera Pérez, pues estuvo vigente de enero a septiembre de 2024, antes de que Chedraui asumiera la presidencia municipal. Es decir, bajo Chedraui, son tres contratos y más de 26 millones de pesos.
La decisión adquiere una dimensión política por el momento en que ocurrió. Mientras el Ayuntamiento de Puebla contrataba a empresas de Salinas Pliego, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantenía una confrontación pública con el usurero por sus adeudos fiscales y por la línea editorial de TV Azteca.
La presidenta ha reclamado reiteradamente el pago de impuestos y, el 25 de mayo de 2026, incluso llamó a la población a “no ver TV Azteca”, al acusar a la televisora de difundir “mentiras descaradas”. La empresa respondió señalando una supuesta censura, mientras Presidencia sostuvo que se trataba de una opinión personal de la mandataria.
La contradicción tampoco quedó únicamente en Palacio Nacional. En Puebla, el gobierno estatal de Alejandro Armenta, también emanado de Morena, rechazó un paquete de convenios con Grupo Salinas valuado en 2 mil 350 millones de pesos.
Además, su coordinador de gabinete, José Luis García Parra, acusó públicamente a TV Azteca de ejercer un presunto “cobro de piso” mediático. Así, mientras el gobierno estatal marcaba distancia con el conglomerado, el ayuntamiento capitalino mantenía contratos millonarios con sus empresas.
Y Chedraui no era un alcalde ajeno a la estructura política de Morena. Llegó al cargo en 2024 como candidato de una coalición encabezada por Morena y en agosto de 2025 formalizó su militancia partidista. Por eso el cuestionamiento no es simplemente comercial: un gobierno municipal surgido de la 4T destinó recursos públicos a uno de los grupos empresariales más enfrentados con el movimiento que lo llevó al poder.
La pregunta es: ¿cómo se explica que, mientras la dirigencia morenista confrontaba a Salinas Pliego, en Puebla se mantuviera abierta la chequera municipal?
Además, la relación con Grupo Salinas no comenzó con Chedraui.
Durante la administración de Eduardo Rivera, el Ayuntamiento de Puebla había pagado alrededor de 180.5 millones de pesos a Total Play entre 2022 y 2024 por el sistema de videovigilancia. El contrato venció el 14 de octubre de 2024, un día antes de la llegada de Chedraui. Apenas ocho días después, su gobierno volvió a contratar a la misma empresa por casi 12.9 millones de pesos para mantener las cámaras hasta finalizar ese año. La transición política, en este caso, no significó romper con el proveedor: el negocio simplemente continuó.
El contraste también aparece en los contratos de TV Azteca. Con Eduardo Rivera se habían pagado 8 millones 254 mil pesos por nueve meses, alrededor de 917 mil pesos mensuales. Con Chedraui, el contrato de 2025 representó 12 millones de pesos por 12 meses, es decir, un millón de pesos mensuales.
El Ayuntamiento no solo conservó la relación comercial: el monto mensual del contrato anual aumentó. Y existe otro punto que merece explicación: el documento disponible no precisa cuántos spots se transmitirían, su duración ni las franjas horarias, sino que establece un servicio anual de difusión.
El contrato de Total Play también tiene un antecedente relevante. Tras el vencimiento del convenio anterior, el tesorero municipal Héctor González Cobián señaló que no había presupuesto disponible y que cerca de 2 mil cámaras estaban fuera de operación. Sin embargo, días después, el nuevo gobierno encontró recursos para contratar nuevamente a la empresa.
De esta manera, durante los primeros meses de Chedraui se reactivaron dos líneas de negocio distintas con empresas del mismo grupo: seguridad pública mediante Total Play y comunicación gubernamental mediante TV Azteca.
Los contratos también tienen nombres y responsables. Ricardo Gutiérrez Loyola, coordinador general de Comunicación Social, firmó los dos convenios con TV Azteca y emitió los dictámenes de excepción a la licitación.
Por la televisora firmó su apoderado legal, José Manuel Meillón del Pando. El contrato de videovigilancia fue suscrito por el secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Rosales Solís, junto con Alejandro Cedillo May y Ramsés Bonilla Luna; por Total Play firmó su apoderado, Jorge Vázquez Santamaría.
El contrato de 12 millones de pesos con TV Azteca, firmado en enero de 2025 y vigente todo el año, concentra buena parte de las dudas. El documento establece un servicio general de transmisión y difusión, pero no detalla con precisión la cantidad de spots, duración o horarios de emisión.
También contempla la posibilidad de utilizar herramientas comerciales adicionales bajo iniciativa de la televisora. En términos simples: el municipio comprometió 12 millones de pesos por un paquete anual cuyo desglose específico de exposición publicitaria no aparece detallado en la información proporcionada.
Aquí lo cuestionable es la congruencia de Chedraui con el discurso de la 4T. Porque mientras Morena confrontaba a Ricardo Salinas Pliego, mientras Sheinbaum cuestionaba a TV Azteca y mientras el gobierno de Puebla rechazaba acuerdos millonarios con Grupo Salinas, el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por un “militante de Morena”, destinaba más de 26 millones de pesos del erario a dos empresas del mismo conglomerado.
La paradoja queda servida: la 4T pelea con Salinas Pliego en público, pero Pepe Chedraui le contrató servicios con dinero público en Puebla.
Y aunque cada contrato pueda defenderse desde el terreno administrativo, políticamente resulta difícil explicar por qué un gobierno surgido de Morena decidió mantener una relación comercial millonaria con uno de los grupos más críticos de la llamada Cuarta Transformación.
A casi un mes del intento de feminicidio contra Nadia Beller, Latinus y TV Azteca guardan silencio, pese a las implicaciones políticas internacionales del caso y los vínculos de Fernando Cerimedo con actores de la derecha latinoamericana. En contraste, sí han dado amplia cobertura al asesinato de la esposa de Jonathan Meléndez, diferencia de trato que exhibe sus prioridades y su imparcialidad editorial.
Casi un mes después del intento de feminicidio contra Nadia Beller, el silencio de TV Azteca y Latinus resulta llamativo frente a la cobertura que ambos medios han dado al asesinato de la esposa deJonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo. El caso Beller no se trata de un hecho menor o exclusivamente personal: es un intento de feminicidio ocurrido en Bolivia que involucra al consultor político argentino Fernando Cerimedo, señalado por la propia víctima como presunto responsable intelectual y actualmente investigado por las autoridades bolivianas. Además, el caso tiene implicaciones que trascienden las fronteras mexicanas por los nexos políticos y mediáticos de Cerimedo con sectores de la derecha latinoamericana y con figuras y proyectos vinculados a México.
En contraste, la muerte de la esposa de Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, sí ha recibido una cobertura amplia y sostenida por parte de estos medios. TV Azteca y Latinus han informado sobre el crimen, las víctimas, los detenidos, las líneas de investigación, el hijo que sobrevivió a la tragedia y las circunstancias alrededor del asesinato. Es comprensible que un crimen de esta naturaleza genere interés periodístico; lo cuestionable es que un caso reciba seguimiento constante mientras otro, con una dimensión política internacional evidente, prácticamente no aparezca en el radar editorial.
¿Por qué el asesinato de la esposa de un músico merece una cobertura mucho mayor que un intento de feminicidio con implicaciones políticas internacionales? Nadie cuestiona que el crimen contra la familia de Meléndez deba ser informado y seguido; la pregunta es por qué esa misma capacidad de cobertura, investigación y seguimiento desaparece cuando el caso involucra a Fernando Cerimedo, un operador político con conexiones internacionales, vinculado con La Derecha Diario y con personajes de la derecha latinoamericana. Si los medios consideran relevante seguir cada nuevo detalle de un crimen, resulta legítimo preguntar por qué no aplican el mismo criterio cuando la historia toca intereses y actores políticos de mayor alcance.
TV Azteca y Latinus se presentan como medios comprometidos con la libertad de expresión, el periodismo crítico y la exigencia de rendición de cuentas. Precisamente por eso, su silencio frente al caso Beller resulta cuestionable. No se les pide condenar a Cerimedo ni presentar como probadas acusaciones que todavía son materia de investigación: se les pide informar. Se les pide explicar a sus audiencias que una mujer denunció haber sido víctima de un intento de feminicidio y que el principal señalado es un operador político con conexiones internacionales que también tienen relevancia para México.
Cuando estos medios pueden dedicar una cadena de publicaciones al asesinato de la esposa de un músico, pero guardan silencio ante un intento de feminicidio que involucra a un personaje con vínculos políticos y mediáticos internacionales, el problema deja de ser simplemente una diferencia de criterios periodísticos. La disparidad de cobertura obliga a cuestionar qué intereses, relaciones o afinidades están detrás de sus decisiones editoriales.Porque el periodismo verdaderamente independiente no debería decidir qué casos merecen atención en función de quién aparece involucrado: debería informar precisamente cuando la historia resulta incómoda.
La presidenta de MCCI cuestionó los apoyos sociales desde TV Azteca, mientras documentos citados por Contralínea señalan que sus hijos recibieron recursos de Pemex para estudiar en el ITAM.
María Amparo Casar estrenó el programa Tolerancia Cero en TV Azteca y decidió comenzar su nueva etapa televisiva cuestionando los apoyos que reciben jóvenes mediante programas sociales. La analista criticó esquemas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro, al considerar que podrían modificar las dinámicas económicas y familiares.
La declaración rápidamente generó críticas en redes sociales, particularmente por el contraste con los antecedentes de su propia familia. Y es que, de acuerdo con información de un expediente de Pemex retomada por Contralínea, sus hijos Carlos y Fernanda Márquez Padilla Casar recibieron apoyos de la petrolera para cubrir colegiaturas y otros gastos relacionados con sus estudios en el ITAM.
Según la documentación citada, el monto acumulado de esos apoyos habría alcanzado aproximadamente 1.8 millones de pesos, con pagos mensuales que oscilaron entre 3 mil y 12 mil pesos. Es decir, mientras Casar cuestiona que el Estado otorgue apoyos a jóvenes, su propia familia habría recibido recursos provenientes de una empresa pública para financiar estudios universitarios y de posgrado.
El contraste resulta particularmente llamativo frente al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que en 2026 entrega 9 mil 582.47 pesos mensuales durante un periodo de hasta 12 meses a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan y participan en capacitación laboral. El apoyo anual asciende a poco menos de 115 mil pesos.
Así, la nueva estrella de Tolerancia Cero arrancó su programa hablando de los supuestos efectos negativos de las becas para los jóvenes, pero terminó enfrentándose a una pregunta bastante incómoda: ¿por qué una beca pública es cuestionable cuando la reciben otros, pero deja de serlo cuando beneficia a los propios? La comparación volvió a colocar a Casar bajo los reflectores, aunque esta vez no precisamente por sus argumentos.
Mientras las pesquisas sobre el consultor argentino alcanzan distintos países de América Latina, algunos grandes medios parecen haber aplicado la vieja técnica de mirar hacia otro lado cuando la historia resulta incómoda.
Las nuevas investigaciones que involucran a Fernando Cerimedo han vuelto a colocar al consultor argentino en el centro de la polémica política latinoamericana. Sin embargo, el seguimiento de algunos medios tradicionales en México ha sido limitado frente a la dimensión de las acusaciones y pesquisas que rodean al estratega digital.
Portales como TV Azteca no muestran una cobertura equivalente a la atención que otros casos políticos reciben, mientras que Latinus y Grupo Fórmula sí han publicado información, aunque principalmente concentrada en los primeros acontecimientos relacionados con su detención y las acusaciones iniciales. El asunto parece haber perdido espacio justo cuando las investigaciones siguen creciendo.
Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿qué pasó con el supuesto periodismo que “investiga hasta las últimas consecuencias”? Cuando el protagonista está vinculado con sectores de derecha y ultraderecha latinoamericana, algunos espacios parecen perder misteriosamente el interés. Para ciertos medios, aparentemente hay investigaciones que merecen horas de cobertura y otras que pueden quedarse convenientemente debajo de la alfombra.
Cerimedo ha sido asesor de Javier Milei, fundador de La Derecha Diario y relacionado con entornos políticos de figuras como Jair Bolsonaro. Además, enfrenta en Bolivia investigaciones por presuntos delitos que él ha negado, mientras en Chile se indaga su posible participación en operaciones de manipulación de opinión pública y campañas digitales. La Cámara de Diputados chilena incluso aprobó una comisión investigadora sobre el tema.
El caso trasciende así las fronteras de un solo país y alcanza presuntas operaciones políticas y digitales transnacionales. Pero mientras las investigaciones avanzan, parte de la prensa parece haber encontrado una solución mucho más sencilla: no hablar demasiado del asunto. Quizá no sea censura ni encubrimiento —eso tendría que demostrarse—, pero el silencio selectivo resulta, cuando menos, bastante llamativo.
El expresidente respaldó la nueva etapa informativa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, aunque la anunciada modernización tecnológica terminó reducida a una videollamada.
El expresidente Vicente Fox recomendó a los mexicanos “informarse” a través de TV Azteca, al tiempo que celebró lo que calificó como una renovación tecnológica de la televisora. La muestra de innovación, sin embargo, fue una llamada realizada mediante Zoom.
Fox aprovechó para elogiar la nueva etapa informativa de la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, en momentos en que la televisora busca proyectarse como un espacio de información imparcial, mientras incorpora a sus contenidos a distintas figuras y voces de la oposición.
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La recomendación del exmandatario ocurre en un contexto en el que Vicente Fox ha mantenido una postura abiertamente crítica contra la Cuarta Transformación, por lo que su respaldo a TV Azteca refuerza la cercanía entre dos actores que han coincidido constantemente en sus posicionamientos políticos.
En redes sociales, el episodio generó atención por la manera en que fue presentada la supuesta “renovación tecnológica” de TV Azteca: una comunicación a distancia mediante Zoom. La escena fue aprovechada para cuestionar si se trata realmente de una transformación tecnológica o simplemente de una nueva forma de presentar sus contenidos.
Con ello, Fox volvió a colocar a TV Azteca como una fuente que considera confiable para informarse, mientras la televisora continúa ampliando sus espacios para voces críticas de la 4T. La tecnología podrá cambiar, pero las coincidencias políticas entre ambos actores permanecen.
TV Azteca aseguró que no tiene relación conLa Casa de los Mañosos, una sátira política generada con inteligencia artificial, pese a que el contenido fue difundido previamente mediante sus plataformas. La televisora afirma que un sitio apócrifo intenta vincularla con la producción y anunció acciones legales.
TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, publicó un comunicado para deslindarse de La Casa de los Mañosos, luego de las reacciones y críticas generadas por la sátira política. La producción utiliza inteligencia artificial para parodiar a distintas figuras políticas, principalmente integrantes de la Cuarta Transformación.
La televisora aseguró que existe un sitio apócrifo que intenta hacer creer que es responsable de la producción. “No es nuestro. No lo producimos. No lo operamos y no tiene ninguna vinculación con nosotros”, sostuvo TV Azteca, que acusó a terceros de intentar relacionarla dolosamente con el proyecto.
El deslinde, sin embargo, ocurre después de que la propia TV Azteca difundieraLa Casa de los Mañososa través de sus canales oficiales y transmisiones televisivas. Incluso, ante las críticas iniciales, la empresa había defendido la difusión del contenido argumentando que se trataba de un intento de censura, antes de emitir ahora una postura de separación respecto a la producción.
TV Azteca afirmó que ya emprendió acciones legales para identificar a quienes estarían detrás del sitio que, según la empresa, busca vincularla con el programa. “No permitiremos que se manipule la realidad para servir a intereses políticos”, advirtió. Mientras tanto, queda sobre la mesa la contradicción entre negar cualquier vínculo con el contenido y el hecho de que éste haya sido previamente difundido desde plataformas de la propia televisora.
