En los últimos años hemos visto a figuras de la ultraderecha, tanto en México como en otras partes del mundo, apropiarse del lenguaje bíblico, invocar “mandatos divinos” y presentarse como defensores de la fe frente a supuestas amenazas seculares. Este fenómeno no debe leerse como un simple renacer espiritual ni como la expresión sincera de convicciones personales de líderes conservadores. Se trata, más bien, de una operación política de largo aliento cuyo objetivo es reforzar el orden social existente y blindar los intereses de las clases dominantes bajo un manto de legitimidad trascendente.
El poder de las elites económicas nunca ha dependido exclusivamente de la fuerza bruta o del control policial. Como explicaron hace décadas distintos teóricos de la ideología, la dominación de clase se sostiene, sobre todo, mediante la producción y reproducción de un sentido común compartido: un conjunto de creencias, valores y símbolos que hacen aparecer como natural, inevitable o incluso deseable un orden que en realidad beneficia a unos pocos.
La familia, la escuela, los medios de comunicación y, de manera muy destacada, las instituciones religiosas, cumplen esta función. Cuando la ultraderecha recurre a la Biblia no está simplemente buscando votos entre creyentes; está activando una de las maquinarias más eficaces jamás construidas para moldear la conciencia popular.
El mecanismo es sutil pero poderoso. Al apelar a un “mandato sagrado” o a una supuesta guerra cultural en defensa de “los valores cristianos”, el discurso ultraderechista deja de hablarle al trabajador como trabajador —es decir, como alguien con intereses materiales concretos, con un salario que no alcanza, con una jornada que se extiende, con derechos laborales erosionados— y comienza a hablarle como “fiel”, como “hijo de Dios”, como parte de un “pueblo creyente” indiferenciado. Esta sustitución de identidades no es inocente: borra, de un plumazo, la línea que separa al empresario del obrero, al terrateniente del campesino, al dueño del capital de quien vende su fuerza de trabajo. Todos quedan unidos, en el discurso, bajo una comunidad abstracta de fe que oculta las contradicciones económicas reales que los enfrentan.
Esta amalgama cumple una función doblemente útil para quienes están en la cúspide de la pirámide social. Por un lado, desvía la atención de las demandas materiales —salarios dignos, vivienda, salud, educación pública— hacia disputas simbólicas sobre moral sexual, género o “los valores tradicionales”. Por otro, convierte cualquier crítica al orden económico en una amenaza no solo política sino espiritual, en un ataque contra Dios mismo, lo cual dificulta enormemente la construcción de alianzas de clase entre personas creyentes y proyectos de transformación social. El resultado es una ciudadanía que vota y se moviliza no en función de sus intereses materiales inmediatos, sino en defensa de una identidad religiosa que, paradójicamente, termina protegiendo los intereses de quienes menos la necesitan.
En países como México, donde la religiosidad popular tiene raíces profundas y un arraigo cultural que trasciende clases sociales, esta estrategia resulta particularmente eficaz. No hace falta que la ultraderecha invente una nueva ideología desde cero: le basta con recodificar símbolos, relatos y figuras religiosas ya existentes y ponerlos al servicio de una agenda que, en el fondo, favorece al capital transnacional y a las oligarquías locales. La imagen de Cristo, la retórica de la persecución religiosa, el lenguaje del sacrificio y la salvación, se resignifican para presentar a los propios privilegiados como víctimas de un supuesto “avance secularista” o de gobiernos que buscan redistribuir la riqueza.
Reconocer cómo se instrumentaliza la religión políticamente no implica negar la fe de millones de personas, sino exigir que el debate público distinga entre la espiritualidad genuina y su uso como herramienta de legitimación del statu quo económico.
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