La Ministra Yasmín Esquivel Mossa cuestiona la falta de claridad en las reglas que permiten el bloqueo de cuentas bancarias en México.
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa hizo un llamado a definir claramente las conductas que justifican el congelamiento de cuentas bancarias. Durante una sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacó la importancia de que los ciudadanos conozcan los criterios para ser sujetos a estas medidas.
El Pleno de la SCJN analizó la capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas sin un procedimiento judicial previo. Aunque la mayoría de los ministros apoyó este enfoque, Esquivel se expresó en contra del proyecto debido a la indefinición en la normativa actual.
“Es vital que los gobernados tengan claridad sobre quiénes pueden ser afectados por el congelamiento de cuentas,” aseguró Esquivel. Ella enfatizó que cualquier acción para combatir el crimen debe estar bien definida en la Constitución y ser comprensible para la población.
La ministra subrayó el rol de los jueces en el sistema penal. Dijo que están obligados a responder rápidamente a las solicitudes de las autoridades investigadoras. Para ella, la intervención judicial previa no genera impunidad; en cambio, refuerza el control constitucional sobre las medidas restrictivas y combate el lavado de dinero.
La sesión dejó un balance dividido. Los ministros Herrerías Guerra, Espinoza Betanzoy varios otros votaron a favor de la medida. En cambio, Yasmín Esquivel Mossa, junto con los ministros Guerrero García y Figueroa Mejía, se manifestaron en contra. Esta discusión pone de manifiesto un tema candente en el debate sobre justicia y derechos en México.
La Fiscalía investiga al cantante por posibles vínculos con una red de lavado de dinero relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El famoso cantante Peso Pluma se encuentra en el centro de una controversia que involucra a las autoridades. Según el periodista Antonio Nieto, el artista está siendo observado por una posible investigación relacionada con lavado de dinero. Este escándalo surge tras la reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Desde el operativo que culminó en la muerte de “El Mencho”, muchos usuarios en redes sociales han señalado a cantantes del regional mexicano. Consideran que algunos de ellos, incluida la figura de Peso Pluma, han normalizado la narcocultura en sus canciones. Además de él, otros nombres como Kenia Os han sido mencionados, aunque sin vínculos directos a estas indagaciones financieras.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Unidad de Inteligencia Financiera están preparando investigaciones. Se busca determinar si existe una red de lavado de dinero que involucra a diversas empresas y disqueras relacionadas con artistas de música regional, entre ellas Peso Pluma y Gerardo Ortiz.
Aún no hay una confirmación oficial de las autoridades. Hasta el momento, Peso Pluma no ha sido imputado ni enfrenta un proceso judicial. Los rumores y señalamientos circulan principalmente en medios y redes sociales. Esta situación ha generado un debate intenso sobre la relación entre la música y la delincuencia.
Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, ha logrado fama por sus corridos tumbados, un subgénero que a menudo toca temas de narcotráfico y poder. Pese a que no todas sus canciones abordan estos temas, algunas letras han llamado la atención por aludir a figuras del crimen organizado.
El artista ha aclarado en varias declaraciones que su música refleja historias del género y no necesariamente sus creencias. Sin embargo, su silencio tras los recientes eventos en Jalisco ha despertado críticas en redes sociales. Muchos usuarios expresan su desaprobación y han pedido dejar de consumir su música, argumentando que promueve la narcocultura.
La situación de Peso Pluma es un recordatorio de cómo el mundo del entretenimiento se entrelaza con dinámicas sociales complejas. La expectativa continúa mientras las investigaciones avanzan y el público reacciona ante estos acontecimientos.
Influencers en México son investigados por su conexión con cárteles, ya que su papel puede ir desde la propaganda hasta el lavado de dinero, lo que ha generado preocupación en Estados Unidos.
Los narcoinfluencers están bajo la lupa del gobierno de Estados Unidos, dado que estos creadores de contenido han sido señalados por su participación en la promoción de cárteles de drogas en redes sociales.
Recientemente, el Departamento del Tesoro sancionó a varios individuos, entre ellos a Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico. Este influencer ha sido acusado de usar sus conciertos para lavar dinero del Cártel del Noreste.
La Agencia Antidrogas (DEA) advierte que los cárteles utilizan plataformas digitales para reclutar y adiestrar a nuevos mensajeros. Un influencer que pidió el anonimato describió cómo operan: inyectan dinero sucio en cuentas de redes sociales para inflar sus cifras, lo que después les permite blanquear capital.
La Unidad de Investigación Financiera mexicana también investiga a 64 influencers en Sinaloa por presunto lavado de dinero. A pesar de las acusaciones, algunos, como Markitos Toys, han negado cualquier vínculo con el narco.
Los cárteles no solo buscan el lavado de dinero, sino también el control narrativo. Para ello, utilizan a los influencers para moldear la percepción pública, normalizando el lujo y desacreditando a sus rivales. Esto les facilita el reclutar jóvenes al ofrecerles una imagen de respeto y pertenencia.
La violencia en este contexto ha sido evidente: varios influencers asesinados. En Culiacán, volantes con rostros de influencers fueron distribuidos marcando a algunos como “ELIMINADOS”. Acción que refleja el peligro que enfrentan aquellos que decidieron convertirse en voces para el crimen organizado.
La lucha contra los “narcoinfluencers” se intensifica, ya que las autoridades buscan desmantelar estas redes que amenazan la seguridad y la paz social. La comunidad observa con preocupación cómo la propaganda y el crimen se entrelazan en el mundo digital.
El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. Esta aprobación se realizó la noche del martes y busca fortalecer los mecanismos para combatir el lavado de dinero.
El dictamen recibió 74 votos a favor de Morena y sus aliados. En contra votaron 13 senadores del PRI y algunos panistas, mientras que 19 senadores de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional se abstuvieron. La mesa directiva anunció que el documento será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.
Las reformas incluyeron cambios de última hora. Se eliminó toda referencia al financiamiento del terrorismo, ya que este delito ya está tipificado en el Código Penal Federal. La senadora morenista Lucía Trasviña presentó la reserva para estas modificaciones, argumentando que la figura era innecesaria y podía crear confusiones jurídicas.
Durante el debate, el panista Francisco Ramírez Acuña cuestionó la eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al mencionar el caso de tres instituciones financieras acusadas de lavado de dinero. Preguntó si la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores habían ignorado información relevante.
Guadalupe Chavira, de Morena, respondió que tanto la Secretaría de Hacienda como la UIF y la Comisión Nacional Bancaria han informado sobre investigaciones en curso. La oposición expresó su apoyo a la lucha contra el lavado de dinero, pero advirtió que esta causa se usa como un “Caballo de Troya” para imponer vigilancia sin control.
Guadalupe Murguía y Ramírez Acuña señalaron que la definición de “Persona Políticamente Expuesta” es ambigua, lo que podría llevar a sospechas injustificadas sobre ciudadanos comunes. La priísta Claudia Anaya comentó que la reforma representa un paso hacia la “militarización del país”, al permitir que la Guardia Nacional realice labores de investigación.
Morena calificó estas afirmaciones como exageradas. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que la ley tiene un enfoque preventivo y administrativo. Su objetivo es evitar que el sistema financiero se utilice para fines ilícitos.
Oscar Cantón Zetina, de Morena, destacó que identificar a las Personas Políticamente Expuestas es clave para prevenir el uso indebido del sistema financiero. Enfatizó que la propuesta no es abusiva, sino necesaria para combatir las redes de encubrimiento generadas por la delincuencia organizada.
Después de años de juicios y escándalos, la familia Weinberg ha decidido colaborar con las autoridades mexicanas. Este cambio de estrategia les permite pasar de acusados a testigos . El acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pone fin a un prolongado juicio civil en Miami, que buscaba recuperar 600 millones de dólares relacionados con contratos públicos fraudulentos.
Recientemente, los Weinberg notificaron a la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade sobre el acuerdo confidencial. Por lo tanto, solicitaron desechar la demanda que nunca llegó a juicio con jurado.
Además, la UIF anunció que se habían programado audiencias ante un juez mexicano para implementar los términos del acuerdo. Sin embargo, estas audiencias se aplazaron para la próxima semana. Estaban relacionadas con el proceso penal que enfrentan los Weinberg en México.
El juicio civil se centró en 28 inmuebles en Florida, adquiridos a través de empresas de papel vinculadas a la familia. Hasta ahora, al menos dieciocho de estas propiedades se han vendido por más de 28 millones de dólares. Estos fondos forman parte de la reparación del daño que los Weinberg deberán cubrir.
En el marco del acuerdo, la familia Weinberg aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) como testigos. Este compromiso les permite enfrentar cargos penales con la posibilidad de una reducción de penas o incluso la exoneración, a cambio de su cooperación y el pago de la reparación del daño.
Este acuerdo marca un avance significativo en las investigaciones contra Genaro García Luna, exfuncionario federal condenado en Estados Unidos por recibir sobornos del Cartel de Sinaloa. Según la demanda civil, García Luna recibió sobornos de los Weinberg desde 2006 y luego se asoció con ellos.
La colaboración de la familia Weinberg podría ser clave en la lucha contra la corrupción en México. Este acuerdo refleja el compromiso del Gobierno mexicano por obtener justicia y desmantelar redes de corrupción vinculada.
Así es, este jueves 22 de mayo se informó que la jueza Lisa Walsh de Florida, Estados Unidos,dictó sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Lunay su esposa Cristina Pereyra, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, presentara una denuncia en su contra por obtener recursos del estado mediante actos de corrupción.
La UIF, ya había hecho la demanda civil, desde septiembre de 2021, ante el Tribunal Undécimo Circuito Judicial de Condado de Miami-Dade, Florida. Esto ya que García Luna operaba por medio de un esquema de contratación ilegal; obtenía recursos a través de sobornos o con licitaciones ilegales que significaron millones de dólares para sus bolsillos, que a su vez fueron enviados a Miami, Florida, como para buscar tapar sus ingresos ilegales.
Pues la sentencia para los tórtolos será de más de 2 mil 500 millones de dólares, gracias a sus actos de corrupción.
Ya de por sí uno de los más grandes socios de García Luna, el exsubsecretario de Seguridad Pública José Francisco Niembro, los había dejado al borde del precipicio al declararse culpable también en Florida, por lo que él y también su esposa, Martha Virginia Nieto, pagaron 330 mil dólares.
Cabe destacar que, aunque García Luna está en el tambo, pudo haber mandado un representante, pero ni el ni su esposa se presentaron a juicio.
La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, propuso crear una comisión en el Senado para investigar al expresidente Ernesto Zedillo por posibles irregularidades en las auditorías del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Chavira afirmó que es fundamental no ignorar este asunto y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la revisión del rescate bancario más grande de la historia. “Seguimos pagando las consecuencias de este rescate”, declaró en un comunicado.
La legisladora rechazó que su solicitud sea una “cacería de brujas”. Señaló que Zedillo podría enfrentar acusaciones por delitos ya prescritos, y criticó su figura como “paladín de la democracia”.
Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló cuentas secretas relacionadas con el Fobaproa, que suman 80 mil millones de pesos. Además, el pago acumulado por intereses supera los 945 mil millones de pesos, una cifra que excede las estimaciones iniciales del rescate.
Chavira también mencionó que Zedillo debe aclarar las acusaciones que involucran a su esposa, Nilda Patricia Velasco. Se le acusa de negociar pagos con el Cártel de Colima, según audios divulgados por César Gutiérrez Priego, hijo de un exfuncionario del gobierno.
Por último, la senadora recordó que Zedillo criticó a la Cuarta Transformación por sus reformas al Poder Judicial, y le recordó que él mismo disolvió la Suprema Corte para crear un poder a su favor.
El Gobierno federal reveló en Palacio Nacional los nombres de empresarios y políticos que se beneficiaron del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Este fondo fue creado durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 a 2000.
Entre los personajes expuestos se encuentran Claudio X. Laporte y Ricardo Salinas Pliego. También fueron mencionados políticos del PRI y del PAN, como Vicente Fox Quezada y Carlos Hank Rhon.
Otros nombres destacados incluyen a Fernando Senderos Mestre, Fernando Canales Clariond, José Eduardo Robinson Bours Castelo y Carlos Cabal Peniche. Además, se mencionaron grupos empresariales relacionados con Pablo Escandón Cusi y Manuel Gómez Daza Rangel.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, calificó el Fobaproa como “una tragedia que se pudo haber evitado”. Durante la conferencia del 1 de mayo, compartió su testimonio sobre la aprobación del fondo en la Cámara de Diputados.
La Presidenta Claudia Sheinbaum también criticó el impacto económico del Fobaproa. Señaló que el fondo rescató a grandes empresarios, convirtiendo deudas privadas en una carga para todos los mexicanos. “Seguimos pagando”, afirmó, resaltando la responsabilidad que tuvieron los líderes de la época.
La exposición de estos nombres busca arrojar luz sobre un episodio oscuro en la historia económica de México. La controversia sobre el Fobaproa sigue generando debate y descontento en el pueblo.
Durante la mañanera del pueblo de hoy, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, exhibió la corrupción del expresidente Ernesto Zedillo, a quien señaló de haber mentido al asegurar que la auditoría del Fobaproa fue transparente y sus resultados fueron entregados. “Miente feo”, dijo sin rodeos.
El funcionario reveló que lo único que se entregó en su momento fue “un disco encriptado” con cinco llaves distribuidas entre los partidos políticos, pero que “el PAN entregó una llave distinta”, impidiendo el acceso total a la información. Además, leyó en vivo la leyenda de confidencialidad contenida en el documento, que evidencia el carácter reservado y la voluntad explícita de ocultamiento:
“Al momento en que usted tenga acceso a la información confidencial mediante el uso de las claves o contraseñas […] se obliga a: 1) preservar la confidencialidad de la información confidencial, 2) utilizar la información confidencial exclusivamente para los fines previstos en los artículos 5° y 7° transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y 3) abstenerse de divulgar por cualquier medio dicha información. En caso de que llegara al dominio público, las instituciones de crédito y sus clientes podrían sufrir daños irreparables”.
Con este testimonio, Gómez Álvarez desmontó la narrativa del PRIAN que ha intentado justificar la deuda del Fobaproa durante casi tres décadas. Recalcó que la decisión del gobierno de Zedillo no fue abrir los datos a la ciudadanía, sino “que no se supiera nada”.
El Fobaproa: fraude legalizado contra el pueblo
Gómez detalló que la operación del Fobaproa consistió en fondear a los bancos que enfrentaban dificultades por cartera vencida, pero terminó por convertir deudas privadas en deuda pública, lo cual “no era su función”, ya que el fideicomiso se diseñó como un seguro para proteger el ahorro bancario, no para rescatar banqueros ni empresarios morosos.
“No se informó nada a la Cámara de Diputados, estaban simplemente regalando dinero”, sentenció. Dijo que existían alternativas viables, como adquirir acciones de los bancos quebrados, pero se eligió la vía más onerosa para el erario: socializar las pérdidas.
La deuda del Fobaproa, subrayó, “se paga todos los días en México”, y su aceptación fue inconstitucional, producto de una red de complicidades entre el gobierno de Zedillo, el PRI y el PAN.
Documentos entregados a la Presidencia
En un gesto simbólico pero contundente, Pablo Gómez entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum los documentos que prueban cómo se intentó ocultar la información del Fobaproa. Afirmó que fueron las y los legisladores de izquierda quienes sacaron a la luz parte del contenido, mientras que el PRI y el PAN actuaron para ocultarlo deliberadamente.
Incluso reveló que el 23 de marzo del año 2000, el Pleno de la Cámara de Diputados recibió una propuesta para deslindarse de toda responsabilidad sobre la publicación de las operaciones reprobables, declarando que únicamente el IPAB podía hacer uso de la información confidencial.
Gómez mostró un reporte oficial con el registro de las carpetas de investigación abiertas en torno al Fobaproa, de las cuales muchas fueron cerradas por amparos, desistimientos del Ministerio Público o simplemente declaradas como “no delito”.
Negó que la auditoría se hubiera realizado con transparencia, como sostiene Zedillo: “La decisión no fue que fuera transparente, sino que no lo fuera”. Además, denunció que el PAN fue cómplice al reconocer la deuda del Fobaproa y negar el contenido del documento encriptado, pese a que lo tenían en su poder.
“Proteger a los ricos y poderosos”
Cerró su intervención con una sentencia firme: “Se lo volvemos a presentar al pueblo de México, a través de su Presidenta, como testimonio de lo que hicieron innecesariamente para proteger los intereses de los grandes ricos y poderosos de este país”.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló este martes que una auditoría al Fobaproa expuso omisiones del expresidente Ernesto Zedillo por 80 mil millones de pesos. Según Gómez, el exmandatario “regaló” 100 mil millones de dólares a grupos adinerados durante la crisis bancaria de los noventa.
“El Fobaproa transformó deuda privada en pública. Zedillo protegió intereses de banqueros, no de ciudadanos. Seguimos pagando ese costo”, denunció el funcionario en redes sociales. Los señalamientos reviven el debate sobre el rescate financiero más polémico de México, que en 1998 convirtió pérdidas de instituciones en deuda estatal.
Para Zedillo no debería ser una historia antigua: cada peso que falta en hospitales o escuelas tiene origen en esos saqueos. La polémica resurge mientras el gobierno actual promete “justicia fiscal”.
