Así es, este jueves 22 de mayo se informó que la jueza Lisa Walsh de Florida, Estados Unidos,dictó sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Lunay su esposa Cristina Pereyra, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, presentara una denuncia en su contra por obtener recursos del estado mediante actos de corrupción.
La UIF, ya había hecho la demanda civil, desde septiembre de 2021, ante el Tribunal Undécimo Circuito Judicial de Condado de Miami-Dade, Florida. Esto ya que García Luna operaba por medio de un esquema de contratación ilegal; obtenía recursos a través de sobornos o con licitaciones ilegales que significaron millones de dólares para sus bolsillos, que a su vez fueron enviados a Miami, Florida, como para buscar tapar sus ingresos ilegales.
Pues la sentencia para los tórtolos será de más de 2 mil 500 millones de dólares, gracias a sus actos de corrupción.
Ya de por sí uno de los más grandes socios de García Luna, el exsubsecretario de Seguridad Pública José Francisco Niembro, los había dejado al borde del precipicio al declararse culpable también en Florida, por lo que él y también su esposa, Martha Virginia Nieto, pagaron 330 mil dólares.
Cabe destacar que, aunque García Luna está en el tambo, pudo haber mandado un representante, pero ni el ni su esposa se presentaron a juicio.
La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, propuso crear una comisión en el Senado para investigar al expresidente Ernesto Zedillo por posibles irregularidades en las auditorías del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Chavira afirmó que es fundamental no ignorar este asunto y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la revisión del rescate bancario más grande de la historia. “Seguimos pagando las consecuencias de este rescate”, declaró en un comunicado.
La legisladora rechazó que su solicitud sea una “cacería de brujas”. Señaló que Zedillo podría enfrentar acusaciones por delitos ya prescritos, y criticó su figura como “paladín de la democracia”.
Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló cuentas secretas relacionadas con el Fobaproa, que suman 80 mil millones de pesos. Además, el pago acumulado por intereses supera los 945 mil millones de pesos, una cifra que excede las estimaciones iniciales del rescate.
Chavira también mencionó que Zedillo debe aclarar las acusaciones que involucran a su esposa, Nilda Patricia Velasco. Se le acusa de negociar pagos con el Cártel de Colima, según audios divulgados por César Gutiérrez Priego, hijo de un exfuncionario del gobierno.
Por último, la senadora recordó que Zedillo criticó a la Cuarta Transformación por sus reformas al Poder Judicial, y le recordó que él mismo disolvió la Suprema Corte para crear un poder a su favor.
El Gobierno federal reveló en Palacio Nacional los nombres de empresarios y políticos que se beneficiaron del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Este fondo fue creado durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 a 2000.
Entre los personajes expuestos se encuentran Claudio X. Laporte y Ricardo Salinas Pliego. También fueron mencionados políticos del PRI y del PAN, como Vicente Fox Quezada y Carlos Hank Rhon.
Otros nombres destacados incluyen a Fernando Senderos Mestre, Fernando Canales Clariond, José Eduardo Robinson Bours Castelo y Carlos Cabal Peniche. Además, se mencionaron grupos empresariales relacionados con Pablo Escandón Cusi y Manuel Gómez Daza Rangel.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, calificó el Fobaproa como “una tragedia que se pudo haber evitado”. Durante la conferencia del 1 de mayo, compartió su testimonio sobre la aprobación del fondo en la Cámara de Diputados.
La Presidenta Claudia Sheinbaum también criticó el impacto económico del Fobaproa. Señaló que el fondo rescató a grandes empresarios, convirtiendo deudas privadas en una carga para todos los mexicanos. “Seguimos pagando”, afirmó, resaltando la responsabilidad que tuvieron los líderes de la época.
La exposición de estos nombres busca arrojar luz sobre un episodio oscuro en la historia económica de México. La controversia sobre el Fobaproa sigue generando debate y descontento en el pueblo.
Durante la mañanera del pueblo de hoy, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, exhibió la corrupción del expresidente Ernesto Zedillo, a quien señaló de haber mentido al asegurar que la auditoría del Fobaproa fue transparente y sus resultados fueron entregados. “Miente feo”, dijo sin rodeos.
El funcionario reveló que lo único que se entregó en su momento fue “un disco encriptado” con cinco llaves distribuidas entre los partidos políticos, pero que “el PAN entregó una llave distinta”, impidiendo el acceso total a la información. Además, leyó en vivo la leyenda de confidencialidad contenida en el documento, que evidencia el carácter reservado y la voluntad explícita de ocultamiento:
“Al momento en que usted tenga acceso a la información confidencial mediante el uso de las claves o contraseñas […] se obliga a: 1) preservar la confidencialidad de la información confidencial, 2) utilizar la información confidencial exclusivamente para los fines previstos en los artículos 5° y 7° transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y 3) abstenerse de divulgar por cualquier medio dicha información. En caso de que llegara al dominio público, las instituciones de crédito y sus clientes podrían sufrir daños irreparables”.
Con este testimonio, Gómez Álvarez desmontó la narrativa del PRIAN que ha intentado justificar la deuda del Fobaproa durante casi tres décadas. Recalcó que la decisión del gobierno de Zedillo no fue abrir los datos a la ciudadanía, sino “que no se supiera nada”.
El Fobaproa: fraude legalizado contra el pueblo
Gómez detalló que la operación del Fobaproa consistió en fondear a los bancos que enfrentaban dificultades por cartera vencida, pero terminó por convertir deudas privadas en deuda pública, lo cual “no era su función”, ya que el fideicomiso se diseñó como un seguro para proteger el ahorro bancario, no para rescatar banqueros ni empresarios morosos.
“No se informó nada a la Cámara de Diputados, estaban simplemente regalando dinero”, sentenció. Dijo que existían alternativas viables, como adquirir acciones de los bancos quebrados, pero se eligió la vía más onerosa para el erario: socializar las pérdidas.
La deuda del Fobaproa, subrayó, “se paga todos los días en México”, y su aceptación fue inconstitucional, producto de una red de complicidades entre el gobierno de Zedillo, el PRI y el PAN.
Documentos entregados a la Presidencia
En un gesto simbólico pero contundente, Pablo Gómez entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum los documentos que prueban cómo se intentó ocultar la información del Fobaproa. Afirmó que fueron las y los legisladores de izquierda quienes sacaron a la luz parte del contenido, mientras que el PRI y el PAN actuaron para ocultarlo deliberadamente.
Incluso reveló que el 23 de marzo del año 2000, el Pleno de la Cámara de Diputados recibió una propuesta para deslindarse de toda responsabilidad sobre la publicación de las operaciones reprobables, declarando que únicamente el IPAB podía hacer uso de la información confidencial.
Gómez mostró un reporte oficial con el registro de las carpetas de investigación abiertas en torno al Fobaproa, de las cuales muchas fueron cerradas por amparos, desistimientos del Ministerio Público o simplemente declaradas como “no delito”.
Negó que la auditoría se hubiera realizado con transparencia, como sostiene Zedillo: “La decisión no fue que fuera transparente, sino que no lo fuera”. Además, denunció que el PAN fue cómplice al reconocer la deuda del Fobaproa y negar el contenido del documento encriptado, pese a que lo tenían en su poder.
“Proteger a los ricos y poderosos”
Cerró su intervención con una sentencia firme: “Se lo volvemos a presentar al pueblo de México, a través de su Presidenta, como testimonio de lo que hicieron innecesariamente para proteger los intereses de los grandes ricos y poderosos de este país”.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló este martes que una auditoría al Fobaproa expuso omisiones del expresidente Ernesto Zedillo por 80 mil millones de pesos. Según Gómez, el exmandatario “regaló” 100 mil millones de dólares a grupos adinerados durante la crisis bancaria de los noventa.
“El Fobaproa transformó deuda privada en pública. Zedillo protegió intereses de banqueros, no de ciudadanos. Seguimos pagando ese costo”, denunció el funcionario en redes sociales. Los señalamientos reviven el debate sobre el rescate financiero más polémico de México, que en 1998 convirtió pérdidas de instituciones en deuda estatal.
Para Zedillo no debería ser una historia antigua: cada peso que falta en hospitales o escuelas tiene origen en esos saqueos. La polémica resurge mientras el gobierno actual promete “justicia fiscal”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha reportado un “principio de acuerdo” en su demanda contra la familia Weinberg, acusada de lavar dinero para el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La jueza Lisa Walsh, de la Corte del Onceavo Circuito Judicial de Miami-Dade, fijó el 28 de abril como fecha límite para formalizar el acuerdo o iniciar el juicio.
La UIF busca recuperar 600 millones de dólares que, según el gobierno mexicano, fueron malversados por García Luna y sus cómplices. Este dinero, obtenido a través de 30 contratos fraudulentos, fue desviado a paraísos fiscales y utilizado para adquirir propiedades en Florida.
Las partes involucradas han estado en negociaciones desde una mediación el 15 de noviembre. Aunque la jueza expresó su frustración por la lentitud del proceso, los abogados de los Weinberg afirmaron que han logrado un consenso preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión contra Mauricio y Jonathan Weinberg por lavado de dinero y delincuencia organizada. Jonathan fue arrestado en Madrid en diciembre de 2023. En diciembre del mismo año, su hermana Gloria García Luna y su sobrino Edgar Rodríguez fueron vinculados a proceso por delitos relacionados.
García Luna, por su parte, fue condenado en octubre de 2024 en Nueva York a casi 39 años de prisión por proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. La situación legal de los involucrados sigue en desarrollo, mientras la jueza de Miami espera avances concretos antes de la fecha límite.
Este miércoles, la ministra Lenia Batres se retiró de la sesión privada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a la intención de sus colegas de declararla impedida para conocer y votar el amparo en revisión 492/2023, que se refiere a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para requerir información bancaria del empresario Ricardo Salinas Pliego.
La ministra Batres argumentó que su decisión fue motivada por la “abierta violación del Reglamento Interior de la Suprema Corte”, lo que resalta la falta de transparencia y la integridad en el proceso judicial.
Foto: Facebook de Lenia Batres.
En su declaración, Batres condenó lo que considera un acto de “sometimiento y complicidad” por parte de ciertos miembros del máximo órgano jurisdiccional, quienes, según ella, parecen estar alineados con los intereses de poderes fácticos que buscan proteger a figuras influyentes como Salinas Pliego.
Este acto de valentía por parte de la ministra Lenia Batres resalta su compromiso con la justicia y la defensa de la legalidad, en un contexto donde la SCJN, bajo la presidencia de Norma Piña, ha sido objeto de críticas por favorecer a ciertos intereses económicos a expensas de la justicia.
La decisión de Batres pone de relieve la necesidad de un sistema judicial que actúe con independencia y sin influencias externas, especialmente en casos que involucran a poderosos empresarios.
La ministra anunció que en breve emitirá un comunicado en el que explicará detalladamente las violaciones que presenció y las razones que la llevaron a actuar de esta manera.
La actual administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reactivado una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciada en 2020, en la que están implicados el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y su entorno cercano, incluidos familiares y socios empresariales.
La investigación, ahora encabezada por Pablo Gómez, titular de la UIF, explora presuntos fraudes y desvíos de fondos públicos relacionados con las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, periodos en los que gobernaron Ricardo Gallardo Cardona y su padre, Ricardo Gallardo Juárez. La UIF examina operaciones sospechosas que habrían desviado al menos 724 millones de pesos a empresas médicas como Clínica Wong y Axioma, propiedad de la familia Gallardo.
Recientemente, se detectaron movimientos en la Secretaría de Salud del estado, donde Ymuri Vaca y Juan Carlos Negrete, quienes ocupaban puestos clave y estaban relacionados con las empresas investigadas, fueron destituidos abruptamente, presuntamente al descubrirse la reactivación de la investigación.
Además, el Ministerio Público federal envió una solicitud a la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí para que informe sobre propiedades y bienes de la familia Gallardo, incluidos domicilios, antecedentes penales y registros de propiedades. Los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez también recibieron solicitudes de información respecto a estos presuntos casos de corrupción.
El gobierno federal ha extendido la investigación a Guadalupe Torres, segundo al mando en el gobierno estatal, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y es señalado como uno de los responsables de la muerte del exalcalde de Ébano, Crispín Ordaz, quien lo había denunciado por intentos de extorsión. Torres, además, acumula propiedades y bienes de lujo en su localidad natal, Tierra Nueva.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una jurisprudencia que establece mayores restricciones para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al bloquear cuentas bancarias de presuntos delincuentes a solicitud de autoridades extranjeras. El proyecto, promovido por el ministro Alberto Pérez Dayán, fue avalado en la Segunda Sala de la Corte con tres votos a favor y dos en contra.
La decisión surgió tras resolver una presunta “contradicción de criterios” presentada por el abogado José Alfredo Cavazos Mercado, defensor del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esta resolución implica que, para que la UIF pueda proceder con el bloqueo de cuentas, la solicitud debe provenir de una autoridad extranjera con competencia en la materia y estar sustentada en compromisos internacionales.
La ministra Lenia Batres votó en contra y señaló que esta medida restringe las facultades de la UIF, las cuales son cruciales para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero. Según Batres, esta interpretación de la Corte debilita los compromisos de México en acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
En respuesta, los ministros Javier Laynez Potisek y Pérez Dayán argumentaron que la decisión no impide el bloqueo de cuentas, sino que precisa el procedimiento a seguir cuando se recibe una solicitud extranjera. Aclararon que no basta con una mención general de investigación, sino que la petición debe ser específica y estar directamente vinculada a los compromisos internacionales de México.
Esta postura genera preocupación respecto a la efectividad de las acciones de la UIF, que podría enfrentar mayores trabas para cumplir con sus obligaciones internacionales en la lucha contra el crimen financiero.
Con esta nueva medida de la Suprema Corte, queda en claro la parcialidad de la mayoría de los ministros, que velan por los intereses de presuntos delincuentes que se niegan a pagar sus delitos ante las autoridades mexicanas.
Este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se presentó en Palacio Nacional para informar sobre una investigación que se realiza en contra de Latinus por presunta operación con recursos de procedencia ilícita y de la corrupción, y en la cual se revela que el experto en montajes, Carlos Loret de Mola, cobró más de 11 millones menos de 4 años.
Una tabla presentada por el Presidente López Obrador y previamente revelada por Pablo Gómez, da muestra que del año 2020 a enero del 2024, Carlos Loret de Mola recibió la cantidad de 11 millones 927 mil 364 pesos por parte de Latinus.
Sin embargo, Loret de Mola no es el único vocero de la derecha que recibió fuertes cantidades de dinero por parte de Latinus, y que se investiga, son producto de millonarios desvíos de dinero de gobiernos estatales que debieron ser invertidos en salud y medicinas para el pueblo.
En la lista también aparecen nombres de personajes como Víctor Trujillo “Brozo”, que en el mismo periodo de tiempo cobró 220 mil pesos; Lorenzo Córdova, que recibió la cantidad de 952 mil pesos y Denise Dresser, que fue acreedora de 604 mil pesos.
Pablo Gómez revela que Latinus presuntamente es financiado con triangulaciones de recursos publicos destinados a la salud
La mañana de este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se presentó en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, en donde desmintió que haya alguna investigación en contra de Carlos Loret de Mola o de Víctor Trujillo, intérprete del payaso “Brozo”.
“La UIF tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que se producen. En este marco, obviamente, que la UIF recibe, ha recibido y recibirá inevitablemente información de Carlos Loret de Mola y de la persona que es su socia en su propia empresa”. Mencionó
Sin embargo, el titular de la UIF mencionó que sí hay una investigación contra Latinus desde hace varios años por los presuntos delitos de corrupción y delitos con recursos de procedencia ilícita que presuntamente ha realizado el consorcio.
#ConferenciaPresidente | La #UIF no realiza persecuciones. El artículo 6° y 7° de la Constitución es aplicable para todos. El Gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia mediante medios judiciales. El nivel de respeto para difundir ideas en este país, ¡nunca lo habíamos… pic.twitter.com/UXbzWR9W27
“Conclusión: de las actividades administrativas que lleva a cabo la UIF, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama LatinUs, es otra cosa”.Señaló
Como parte de la información presentada sobre LatinUs, se indicó que está compuesto por cinco empresas. LatinUs Media Group, constituido en 2020 y que tiene como representante a Christian González Guadarrama. Además, hay otras empresas, dos de las cuales son utilizadas como “instrumentales” para cobrar a través de entidades públicas.
“El dinero proviene, de manera directa proviene de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas; de manera indirecta a través de estos negocios de salud de estados de México, Michoacán e Hidalgo” y cuyas sumas ascienden a más de 2 mil 400 millones de pesos.
Ingresos de los colaboradores y empresas a quienes paga @latinus_us mediante triangulaciones de dinero proveniente de varios presupuestos estatales que deberían de destinaron a servicios de salud y medicamentos, y termina siendo utilizado en pagarle a @CarlosLoret a… pic.twitter.com/1r5VC3k8wP
Pablo Gómez mencionó también que la denuncia contra Latinus es por presunto lavado de dinero y vinculado a la corrupción y data del 20 de mayo de 2021, por lo que no es un asunto reciente, como acusan los conservadores que siguel la tónica de la “persecusión”.
