Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

  • FGR busca quedarse con 2.24 millones de pesos de Bermúdez Requena

    FGR busca quedarse con 2.24 millones de pesos de Bermúdez Requena

    La Fiscalía pidió a un juez declarar la extinción de dominio sobre cuentas del exsecretario de Tabasco y de dos familiares suyos. El dinero sigue congelado y ningún tribunal ha ordenado todavía su traspaso al Estado.

    La Fiscalía General de la República inició acciones legales para apropiarse de 2 millones 240 mil pesos que aseguró en cuentas bancarias. Los fondos pertenecen a Hernán Bermúdez Requena y a dos integrantes de su familia. Un juez deberá decidir ahora si esos recursos terminan en manos del gobierno.

    Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco. Las autoridades lo señalan como presunto líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”. Actualmente permanece recluido en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

    Así se dividen los montos asegurados

    El Juzgado Segundo de Distrito de Extinción de Dominio detalló cómo se reparte el dinero entre los distintos involucrados. La cifra más alta corresponde directamente al exfuncionario.

    Bermúdez Requena concentra 1 millón 387 mil pesos en cuentas a su nombre. Su esposa, Verónica Encalada Pérez, y su hermano, Humberto Bermúdez Requena, comparten otros 853 mil pesos en tres cuentas distintas. La mayor parte de ese segundo monto, 755 mil pesos, pertenece específicamente a Encalada Pérez. Las instituciones bancarias involucradas son Banorte, BBVA y Santander.

    El juzgado aseguró el dinero de Bermúdez Requena el 7 de julio de 2026 como medida cautelar. En su resolución, los jueces argumentaron que no existía prueba de un origen legítimo para esos recursos. Además, señalaron una posible vinculación con operaciones de procedencia ilícita.

    Un proceso distinto al penal

    La extinción de dominio funciona de forma independiente a las causas penales que enfrenta Bermúdez Requena. Este mecanismo legal permite que el Estado tome posesión de bienes vinculados a actividades ilícitas sin necesidad de una condena penal previa.

    Por ahora solo existe un aseguramiento cautelar sobre el dinero. Eso significa que sus dueños no pueden usarlo ni moverlo mientras dure el proceso judicial. La Fiscalía deberá demostrar ante un juez que se cumplen los requisitos legales para quitarles la titularidad de forma definitiva.

    Ninguna sentencia ha determinado todavía que los fondos pasen al erario. Tampoco existe una resolución que declare culpables a los familiares de Bermúdez Requena de algún delito. El caso continúa su curso en los tribunales correspondientes.

    Este movimiento se suma a otras acciones financieras previas contra el exfuncionario. La Unidad de Inteligencia Financiera ya había bloqueado cuentas relacionadas con él desde 2025. Ese bloqueo y la extinción de dominio son mecanismos distintos: uno congela temporalmente el acceso al dinero, mientras el otro busca transferir la propiedad al Estado de forma permanente.

    Los delitos que enfrenta el exfuncionario

    Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y trasladado después a territorio mexicano. Las autoridades de Tabasco lo acusan de varios delitos graves.

    Entre los cargos figuran asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado. También enfrenta señalamientos por desaparición forzada de personas y peculado. Estas acusaciones deberán resolverse en las instancias judiciales correspondientes.

    Un caso relacionado en Yucatán

    La Fiscalía obtuvo además la vinculación a proceso de Justo Aurelio Rivera Parrazales, un empresario señalado como operador financiero de organizaciones criminales. Las autoridades lo relacionan tanto con “La Barredora” como con el Cártel del Noreste.

    Rivera Parrazales fue detenido el 17 de julio de 2026 en Mérida. Durante el operativo, las autoridades le aseguraron bienes valuados en 145.2 millones de pesos. Entre ellos había 15 vehículos de lujo, una caja fuerte, armas de fuego, dólares y una sustancia con apariencia de metanfetamina.

    Un juez le impuso prisión preventiva justificada y fijó cuatro meses para completar la investigación. Esta vinculación a proceso tampoco representa una sentencia de culpabilidad. Aunque ambos casos comparten líneas de investigación sobre finanzas del crimen organizado, se trata de expedientes completamente separados.

  • Tesoro de EUA sanciona a más de 50 personas vinculadas al CJNG, incluido su nuevo líder

    Tesoro de EUA sanciona a más de 50 personas vinculadas al CJNG, incluido su nuevo líder

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, sancionó a más de 50 personas, entidades estadounidenses y mexicanas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellas al actual líder de la organización criminal. 

    Estados Unidos apunta directamente contra Juan Carlos González, alias “El Pelón”, de nacionalidad estadounidense y mexicana, quien asumió el liderazgo del CJNG en febrero tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador de la organización criminal.

    Sobre Juan Carlos González hay cargos federales por narcotráfico en Estados Unidos, país que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena.

    El bloqueo financiero alcanza a más de 49 personas y empresas adicionales, en lo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros describió como una acción “contundente” por la escala de individuos y entidades afectadas.

    Además de 55 personas designadas por la OFAC (39 individuos y 16 empresas), la Unidad de Inteligencia Financiera integró a otras cuatro personas y cuatro negocios a su lista de personas bloqueadas por estar vinculadas con la misma red financiera, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    Según la dependencia, el análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México identificó inconsistencias fiscales e indicadores relacionados con posibles operaciones ilícitas, entre ellas, operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y operaciones mediante activos virtuales.

    Desde abril de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha designado a más de 250 personas junto con entidades vinculadas al CJNG, incluyendo altos mandos del cártel, familiares cómplices, abogados, contadores, funcionarios corruptos, así como empresas como complejos turísticos, centros comerciales, inmobiliarias y restaurantes.

    El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos explicó que la magnitud de esta acción responde a un “enfoque basado en redes”, que busca desarticular simultáneamente la mayor cantidad de nodos, desde líderes hasta facilitadores, cómplices y funcionarios corruptos.

  • La Corte revoca sanción millonaria a Actinver

    La Corte revoca sanción millonaria a Actinver

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara a Banco Actinver y anula una sanción de 1.1 mil millones de pesos que debía pagar a Rafael Zaga Tawil.  

    Este 3 de junio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión importante al amparar a Banco Actinver. La Corte revocó una condena que obligaba al banco a pagar 1.1 mil millones de pesos a Rafael Zaga Tawil. Este empresario había acusado a la institución de incumplir sus obligaciones fiduciarias al bloquear su acceso a recursos de un fideicomiso.  

    El conflicto surgió tras una orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que restringió las operaciones de Zaga Tawil. Hasta el momento, él se encuentra detenido en Estados Unidos por no contar con una visa vigente. Además, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su supuesta participación en un fraude al Infonavit que supera los 5 mil millones de pesos.  

    Bajo la dirección del ministro Irving Espinosa Betanzos, la Corte concluyó que Actinver actuó con la diligencia legal requerida al administrar el fideicomiso. Asimismo, la Corte determinó que el banco tomó medidas adecuadas al seguir las instrucciones de la UIF y al solicitar protección judicial. Por ello, no había fundamento para las sanciones impuestas previamente.  

    Esta decisión no solo afecta al caso específico de Actinver, sino que establece nuevos criterios para el sistema financiero en México. La SCJN redefinió el concepto de “buen padre de familia”, que debe ser entendido como un estándar objetivo de diligencia. Esta interpretación es fundamental para las fiduciarias, que deberán actuar con prudencia y conforme a la ley.  

    Aunque la mayoría de los ministros apoyó el proyecto, Giovanni Figueroa Mejía expresó su preocupación. Argumentó que esta decisión podría poner en riesgo a los usuarios de servicios financieros y facilitar un actuar indebido de las instituciones. En respuesta, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, defendió la postura de la Corte. Señaló que Actinver no tomó decisiones por su cuenta, sino que cumplió con órdenes de la UIF.  

    El amparo directo 9/2024 nace de un juicio oral mercantil presentado por Zaga Tawil. En diciembre de 2022, un juzgado había determinado que Actinver era responsable de daños y perjuicios, lo que dio pie a la sanción millonaria. Ante esa resolución, el banco promovió un juicio de amparo que finalmente llegó a la SCJN. La resolución de hoy representa un cambio significativo en la interpretación de las responsabilidades fiduciarias en México.

  • Congelamiento de cuentas del exgobernador Cabeza de Vaca se mantiene

    Congelamiento de cuentas del exgobernador Cabeza de Vaca se mantiene

    La decisión de un juez deja las finanzas del exmandatario y sus familiares bajo control de la UIF, en medio de acusaciones de lavado de dinero.

    El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no logró obtener el amparo que buscaba para desbloquear sus cuentas bancarias. Un juez de distrito resolvió que el congelamiento de sus fondos, así como los de sus familiares, se mantendrán activos.

    Cabeza de Vaca, junto con su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, apelaron la decisión tomada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta medida ya se había establecido en mayo de 2021 cuando se incluyó a la familia en una lista de personas bloqueadas.

    Las cuentas de empresas relacionadas, como Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, también seguirán congeladas. Los dueños de estas empresas son el exgobernador y sus hermanos Ismael y José Manuel. 

    La decisión del juez se basa en una solicitud de colaboración internacional proveniente del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este organismo investiga posibles operaciones de lavado de dinero que involucran a Cabeza de Vaca y un grupo de empresas en México. Se identificaron movimientos financieros sospechosos que dieron pie a la solicitud de congelamiento.

    El objetivo de esta medida es prevenir que posibles fondos vinculados a delitos financieros sean transferidos o ocultados mientras las investigaciones siguen su curso. Además, el fallo resalta cómo México y Estados Unidos trabajan juntos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero.

    El congelamiento de cuentas representa un capítulo más en las controversias que han rodeado la gestión de Cabeza de Vaca. La decisión judicial deja claro que las finanzas de su familia siguen bajo el escrutinio de las autoridades, mientras continúan las investigaciones.

  • Subsecretario penitenciario involucrado con empresa sancionada en EUA

    Subsecretario penitenciario involucrado con empresa sancionada en EUA

    Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario de Chihuahua, fue accionista de una firma vinculada al cártel de Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública aclara su situación.

    El subsecretario del Sistema Penitenciario estatal, Ricardo Fernández Acosta, se encuentra en el centro de la controversia. Se reveló que fue accionista de Grupo Especial Mamba Negra, una empresa sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) emitió un comunicado en el que niega que haya celebrado contratos con esta empresa. Además, enfatizó que hasta el momento, Fernández no enfrenta ninguna acusación formal o investigación en su contra.

    La SSPE reconoció que Fernández fue accionista de Grupo Especial Mamba Negra. Sin embargo, aclaró que la relación comercial ocurrió antes de que se uniera al Sistema Penitenciario estatal. El subsecretario ha afirmado que intentó desvincularse de la empresa, lo que le provocó dificultades económicas.

    A pesar de la polémica, Ricardo Fernández continúa desempeñándose en su cargo con el objetivo de asegurar la gobernabilidad en los centros de reinserción del estado. La empresa en cuestión está implicada en el tráfico de drogas y lavado de dinero, según la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana.

    La situación de Fernández ha generado preocupación y cuestionamientos. A medida que el caso avanza, se espera que surjan nuevas revelaciones sobre su pasado empresarial y su desempeño actual en el gobierno.

  • Denuncian a Samuel García por presunta corrupción en Nuevo León

    Denuncian a Samuel García por presunta corrupción en Nuevo León

    La oposición pide investigar la triangulación de recursos, que afectaría a las finanzas públicas del estado, entre otros cargos.

    En Nuevo León, la presidenta del Comité Estatal de Morena, Anabel Alcocer Cruz, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez. La denuncia alega corrupción y el uso indebido de recursos públicos para mejorar su imagen personal.

    De acuerdo con Alcocer Cruz, se estima que más de mil 400 millones de pesos fueron objeto de operaciones irregulares. Según la fiscalización de la denuncia, empresas proveedoras del gobierno estatal recibieron fondos públicos. Luego, esas empresas habrían transferido grandes sumas a un despacho jurídico ligado al gobernador.

    La presidenta de Morena en Nuevo León mencionó que la denuncia sugiere posibles delitos de peculado, estipulados en el artículo 223 del Código Penal Federal. Este artículo señala que un servidor público que utiliza o desvíe recursos para beneficio personal o de terceros comete un delito serio.

    Aún más preocupante, Alcocer Cruz indicó que las operaciones implicarían recursos federales y podrían incluir transferencias a empresas en Texas, donde un socio tiene vínculos familiares con el secretario general de Gobierno de Nuevo León.

    Por su parte, el senador Alejandro Murat, delegado de Morena en el estado, destacó la importancia de investigar la denuncia. Manifestó que es crucial que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) analice estas transacciones. “Queremos claridad sobre lo que ha sucedido. Si se cometió un delito, se debe sancionar; de lo contrario, los ciudadanos merecen respuestas”, enfatizó.

    Ambos líderes de Morena expresaron su deseo de que la FGR realice una indagación objetiva y exhaustiva. La población de Nuevo León espera que se esclarezcan estos presuntos actos de corrupción, que podrían tener repercusiones graves en las finanzas del estado.

  • Estado mexicano recibirá 578.5 millones de dólares por caso relacionado a Genaro García Luna

    Estado mexicano recibirá 578.5 millones de dólares por caso relacionado a Genaro García Luna

    Un tribunal de Florida ordenó a integrantes de la familia Weinberg y empresas vinculadas pagar más de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano.

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que un tribunal del estado de Florida, en Miami, Estados Unidos, emitió una nueva sentencia a favor del Estado mexicano, en la que recibirá más de 578.5 millones de dólares por un caso relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

    De acuerdo con el comunicado oficial, la resolución judicial condena a integrantes de la familia Weinberg y a empresas vinculadas a pagar dicha cantidad por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano, derivado de operaciones relacionadas con un esquema ilícito de contratación pública ligado a García Luna.

    La UIF detalló que durante el proceso se acreditó la participación de personas físicas y morales en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos, así como en la transferencia y ocultamiento de recursos. Para sustentar el caso, las autoridades mexicanas presentaron documentación financiera, testimonios y pruebas obtenidas mediante cooperación jurídica internacional.

    Con esta nueva resolución, el monto total de sentencias obtenidas por el Estado mexicano en el caso García Luna supera los 3 mil 67 millones de dólares, sumándose a las condenas dictadas en mayo de 2025 por más de 2 mil 448 millones de dólares. La SHCP aseguró que continuará con las acciones legales para recuperar activos y combatir operaciones financieras vinculadas con corrupción y lavado de dinero.

  • Congelamiento de cuentas: la ministra Esquivel pide claridad en las normas

    Congelamiento de cuentas: la ministra Esquivel pide claridad en las normas

    La Ministra Yasmín Esquivel Mossa cuestiona la falta de claridad en las reglas que permiten el bloqueo de cuentas bancarias en México.

    La Ministra Yasmín Esquivel Mossa hizo un llamado a definir claramente las conductas que justifican el congelamiento de cuentas bancarias. Durante una sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacó la importancia de que los ciudadanos conozcan los criterios para ser sujetos a estas medidas.

    El Pleno de la SCJN analizó la capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas sin un procedimiento judicial previo. Aunque la mayoría de los ministros apoyó este enfoque, Esquivel se expresó en contra del proyecto debido a la indefinición en la normativa actual.

    “Es vital que los gobernados tengan claridad sobre quiénes pueden ser afectados por el congelamiento de cuentas,” aseguró Esquivel. Ella enfatizó que cualquier acción para combatir el crimen debe estar bien definida en la Constitución y ser comprensible para la población.

    La ministra subrayó el rol de los jueces en el sistema penal. Dijo que están obligados a responder rápidamente a las solicitudes de las autoridades investigadoras. Para ella, la intervención judicial previa no genera impunidad; en cambio, refuerza el control constitucional sobre las medidas restrictivas y combate el lavado de dinero.

    La sesión dejó un balance dividido. Los ministros Herrerías Guerra, Espinoza Betanzoy varios otros votaron a favor de la medida. En cambio, Yasmín Esquivel Mossa, junto con los ministros Guerrero García y Figueroa Mejía, se manifestaron en contra. Esta discusión pone de manifiesto un tema candente en el debate sobre justicia y derechos en México.

  • Peso Pluma bajo investigación por supuesta conexión con el CJNG

    Peso Pluma bajo investigación por supuesta conexión con el CJNG

    La Fiscalía investiga al cantante por posibles vínculos con una red de lavado de dinero relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

    El famoso cantante Peso Pluma se encuentra en el centro de una controversia que involucra a las autoridades. Según el periodista Antonio Nieto, el artista está siendo observado por una posible investigación relacionada con lavado de dinero. Este escándalo surge tras la reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    Desde el operativo que culminó en la muerte de “El Mencho”, muchos usuarios en redes sociales han señalado a cantantes del regional mexicano. Consideran que algunos de ellos, incluida la figura de Peso Pluma, han normalizado la narcocultura en sus canciones. Además de él, otros nombres como Kenia Os han sido mencionados, aunque sin vínculos directos a estas indagaciones financieras.

    La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Unidad de Inteligencia Financiera están preparando investigaciones. Se busca determinar si existe una red de lavado de dinero que involucra a diversas empresas y disqueras relacionadas con artistas de música regional, entre ellas Peso Pluma y Gerardo Ortiz.

    Aún no hay una confirmación oficial de las autoridades. Hasta el momento, Peso Pluma no ha sido imputado ni enfrenta un proceso judicial. Los rumores y señalamientos circulan principalmente en medios y redes sociales. Esta situación ha generado un debate intenso sobre la relación entre la música y la delincuencia.

    Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, ha logrado fama por sus corridos tumbados, un subgénero que a menudo toca temas de narcotráfico y poder. Pese a que no todas sus canciones abordan estos temas, algunas letras han llamado la atención por aludir a figuras del crimen organizado.

    El artista ha aclarado en varias declaraciones que su música refleja historias del género y no necesariamente sus creencias. Sin embargo, su silencio tras los recientes eventos en Jalisco ha despertado críticas en redes sociales. Muchos usuarios expresan su desaprobación y han pedido dejar de consumir su música, argumentando que promueve la narcocultura.

    La situación de Peso Pluma es un recordatorio de cómo el mundo del entretenimiento se entrelaza con dinámicas sociales complejas. La expectativa continúa mientras las investigaciones avanzan y el público reacciona ante estos acontecimientos.

  • Narcoinfluencers en la mira de EUA por su papel en el crimen organizado

    Narcoinfluencers en la mira de EUA por su papel en el crimen organizado

    Influencers en México son investigados por su conexión con cárteles, ya que su papel puede ir desde la propaganda hasta el lavado de dinero, lo que ha generado preocupación en Estados Unidos.

    Los narcoinfluencers están bajo la lupa del gobierno de Estados Unidos, dado que estos creadores de contenido han sido señalados por su participación en la promoción de cárteles de drogas en redes sociales.

    Recientemente, el Departamento del Tesoro sancionó a varios individuos, entre ellos a Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico. Este influencer ha sido acusado de usar sus conciertos para lavar dinero del Cártel del Noreste.

    La Agencia Antidrogas (DEA) advierte que los cárteles utilizan plataformas digitales para reclutar y adiestrar a nuevos mensajeros. Un influencer que pidió el anonimato describió cómo operan: inyectan dinero sucio en cuentas de redes sociales para inflar sus cifras, lo que después les permite blanquear capital.

    La Unidad de Investigación Financiera mexicana también investiga a 64 influencers en Sinaloa por presunto lavado de dinero. A pesar de las acusaciones, algunos, como Markitos Toys, han negado cualquier vínculo con el narco.

    Los cárteles no solo buscan el lavado de dinero, sino también el control narrativo. Para ello, utilizan a los influencers para moldear la percepción pública, normalizando el lujo y desacreditando a sus rivales. Esto les facilita el reclutar jóvenes al ofrecerles una imagen de respeto y pertenencia.

    La violencia en este contexto ha sido evidente: varios influencers asesinados. En Culiacán, volantes con rostros de influencers fueron distribuidos marcando a algunos como “ELIMINADOS”. Acción que refleja el peligro que enfrentan aquellos que decidieron convertirse en voces para el crimen organizado.

    La lucha contra los “narcoinfluencers” se intensifica, ya que las autoridades buscan desmantelar estas redes que amenazan la seguridad y la paz social. La comunidad observa con preocupación cómo la propaganda y el crimen se entrelazan en el mundo digital.