A diez meses del inicio de su segundo mandato, Donald Trump ha convertido al ICE en la agencia más poderosa de su Gobierno. Con un presupuesto histórico, miles de nuevos agentes y centros de detención en expansión, el presidente republicano impulsa su promesa de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia”, con un sistema que mezcla cooperación policial, privatización y denuncias por violaciones de derechos humanos.
Durante los primeros meses de su segunda presidencia, Donald Trump ha transformado por completo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con un presupuesto de 75 mil millones de dólares para los próximos cuatro años, la agencia migratoria ha iniciado una de las mayores expansiones en la historia del país: más agentes, más cárceles y más redadas. Este crecimiento acelerado busca cumplir una meta ambiciosa y polémica: realizar 3 mil arrestos diarios, según el plan delineado por Stephen Miller, el arquitecto de la política migratoria trumpista.
El ICE ha reforzado su presencia en todo el territorio, con más de 21 mil agentes activos y la meta de sumar otros 10 mil antes de finalizar el año. Como parte de su ofensiva, la agencia ha rehabilitado antiguas prisiones privadas clausuradas por abusos, además de inaugurar nuevos centros de detención como el temido Alligator Alcatraz en Florida. Sin embargo, las denuncias por hacinamiento, falta de atención médica y separación de familias han aumentado. Diversas organizaciones acusan al Gobierno de trasladar constantemente a los migrantes para obstaculizar su defensa legal y presionarlos a firmar su autodeportación.
Otro eje de la expansión del ICE ha sido la reactivación del programa 287(g), que permite a policías estatales y locales ejercer funciones migratorias. Desde enero, más de mil acuerdos de cooperación se han firmado en todo el país, con Florida y Texas a la cabeza. Críticos del programa denuncian que fomenta el perfilamiento racial, erosiona la confianza en las autoridades locales y desvía recursos policiales de problemas comunitarios urgentes.
La privatización también juega un papel central. Empresas como GEO Group y CoreCivic, con vínculos con altos funcionarios del Gobierno, controlan más del 90% de los centros de detención. Estas compañías, junto con contratistas de transporte, alimentación y vigilancia, reciben miles de millones en fondos públicos. Para los críticos, la política migratoria de Trump no sólo criminaliza la migración, sino que también alimenta una lucrativa industria de la detención, en la que los derechos humanos se subordinan al negocio.
Con información de Cristobal Vásquez para El País.
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