Por Nathael Pérez
En los últimos tres años, colonias emblemáticas de Miguel Hidalgo y Benito Juárez han sido escenario de desalojos que vecinos y organizaciones vinculan con el cártel inmobiliario y la gentrificación. Detrás del crecimiento urbano, se repite una historia de desplazamiento, litigios irregulares y comunidades fragmentadas.
En calles donde antes los vecinos convivían y el sonido cotidiano era el de la vida barrial, hoy predominan las vallas, los sellos judiciales y la maquinaria. En alcaldías como Miguel Hidalgo, familias de colonias como Popotla, Tacuba y Anáhuac han denunciado desalojos forzados tras años —incluso décadas— de habitar los mismos inmuebles. Los procesos, narran los afectados, comenzaron con avisos legales confusos y terminaron en expulsiones que los dejaron sin la vivienda que los vio crecer.
En Benito Juárez, el fenómeno se entrelaza con el llamado cártel inmobiliario, una red de corrupción que facilitó permisos irregulares para desarrollos de alta densidad. En colonias como Narvarte, Del Valle y Nápoles, vecinos relatan presiones constantes, juicios civiles acelerados y desalojos ejecutados en horarios intempestivos, todo con un mismo objetivo: liberar predios para nuevos proyectos y elevar el valor del suelo.
Más allá de los casos puntuales, el patrón se repite. La gentrificación avanza empujada por la especulación inmobiliaria, el aumento de rentas y la transformación del uso habitacional. Adultos mayores, inquilinos históricos y familias de ingresos medios han sido los más vulnerables, obligados a abandonar zonas donde construyeron su vida y formaron comunidad.
Mientras el paisaje urbano se verticaliza y el discurso oficial presume modernización, en estas alcaldías persiste una pregunta incómoda: ¿para quién se está construyendo la ciudad? Entre edificios nuevos y banquetas relucientes, quedan las historias de quienes fueron desplazados, recordando que el desarrollo, cuando ignora a sus habitantes, se convierte en una forma de despojo.
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