El diputado Víctor Hugo Romo anunció una denuncia penal contra el alcalde y dos funcionarios por el colapso de un inmueble en demolición.
El Grupo Parlamentario de Morena presentará una denuncia penal ante la Fiscalía capitalina. El señalamiento apunta contra el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. También incluye a César Garrido, director jurídico de la demarcación, y al director de Protección Civil.
La denuncia surge por el colapso de un inmueble en demolición en Minería 145, esquina Viaducto, colonia Escandón. Los escombros rebasaron el predio y llegaron hasta la vía pública. El incidente afectó arbolado y vehículos, además de poner en riesgo a peatones y trabajadores. Una persona resultó lesionada.
“Esto no debe quedar como una nota de coyuntura, sino fincar responsabilidades a los funcionarios”, afirmó Romo. El legislador precisó que la denuncia exigirá el expediente completo del caso. Ahí entran la licencia MHLE/D/059/2026, el expediente FMH-016-2026 y las responsivas técnicas correspondientes.
El diputado recordó un caso similar en Benito Juárez, conocido como Cártel Inmobiliario. Ahí, el señalamiento como líder recayó en Jorge Romero, presidente nacional del PAN. Romo advirtió que ese mismo patrón se repite ahora en Miguel Hidalgo. En esa alcaldía se han documentado más de 120 pisos irregulares, con un incremento de 183% en construcciones ilegales, según reportes basados en la PAOT.
La obra corresponde al tipo C, categoría que exige un protocolo estricto de supervisión. Ese control recae en Protección Civil y en la propia alcaldía. Romo señaló que Tabe confirmó públicamente que el inmueble contaba con permiso. El alcalde también reconoció que la demarcación sabía de la demolición con anticipación. Para el legislador, “no es una explicación, es el punto de partida de la responsabilidad”.
La cronología del caso muestra reuniones entre representantes del inmueble y la alcaldía desde enero de 2026. El 15 de julio se reconoció públicamente la vigencia de la Licencia Especial de Demolición. El colapso ocurrió el 11 de agosto. “No se trata de echar culpas, sino de aclarar quién autorizó, quién supervisó y si lo hizo”, subrayó Romo. El legislador citó los artículos 32 y 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías, que obligan a verificar y sancionar en materia de obra pública.
Como parte de la denuncia, Romo planteó preguntas directas para Tabe y Garrido. Entre ellas: quién autorizó la demolición, cuántas visitas de verificación hizo la alcaldía y por qué los escombros llegaron hasta Viaducto. También pidió aclarar qué sanciones se aplicaron después del hecho y quién se beneficia del desarrollo inmobiliario previsto para el predio, de casi 45 mil metros cuadrados.
Jorge Romero salió en defensa del exgobernador panista y ahora el PAN exige su liberación, mientras Ruffo enfrenta un proceso por presunta participación en una red de huachicol fiscal.
El líder del Cártel Inmobiliario, Jorge Romero, se lanzó en defensa de Ernesto Ruffo Appel y aseguró que, después de 20 días de su detención, no ha visto una sola prueba directa que demuestre su participación en operaciones ilegales de huachicol fiscal. Con ello, el líder blanquiazul volvió a colocar al partido en modo defensa ante una investigación que involucra a uno de sus históricos cuadros.
Romero incluso calificó a la FGR como la “Fiscalía General de Morena” y acusó una supuesta persecución política contra Ruffo, quien se encuentra vinculado a proceso. El panista afirmó que al exgobernador no se le respetan sus derechos humanos y denunció que estaría incomunicado, aislado y sin recibir sus medicamentos, además de cuestionar que permanezca en una prisión de máxima seguridad.
La defensa panista fue más allá: Acción Nacional anunció que se sumará a un llamado plural para exigir la liberación de Ruffo, mientras Romero sostuvo que se documentarán las presuntas irregularidades del caso. También cuestionó que los abogados del exgobernador, según su versión, no hayan tenido acceso al expediente y acusó que una jueza “a modo” habría incluido a Ruffo en las órdenes de aprehensión.
El dirigente blanquiazul también intentó comparar el caso con el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y cuestionó que en otros casos se reclame la presentación de pruebas antes de responsabilizar a un funcionario. Sin embargo, el caso Ruffo se encuentra en manos de las autoridades judiciales y serán las pruebas presentadas durante el proceso las que determinen si existen responsabilidades.
La postura de Romero deja una pregunta sobre la mesa: si el PAN exige pruebas para defender a Ruffo, ¿también mantendrá el mismo criterio cuando las investigaciones involucren a políticos de otros partidos? Por ahora, el partido cierra filas con uno de sus exgobernadores, mientras la FGR mantiene abierta la investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal y contrabando de combustibles.
Legisladores morenistas recordaron los escándalos de corrupción inmobiliaria ligados al PAN y cuestionaron que ahora intenten encabezar manifestaciones por la defensa del patrimonio ciudadano.
La protesta de vecinos de la colonia Del Valle contra el delito de despojo de inmuebles terminó envuelta en la confrontación política luego de que dirigentes y legisladores del PAN se sumaran a la movilización. Desde Morena, la respuesta fue contundente: acusaron a los panistas de carecer de autoridad moral para hablar del tema y los señalaron como responsables del llamado “cártel inmobiliario”.
Durante la manifestación participaron la dirigente del PAN Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, así como los diputados Federico Döring y Federico Chávez Semerena, quienes responsabilizaron a Morena de permitir una presunta “industria del despojo”. Sin embargo, legisladores morenistas calificaron su postura de “desfachatez” y recordaron que Chávez Semerena fue suplente del exdiputado Christian von Roehrich, actualmente procesado por presuntos actos de corrupción inmobiliaria.
En un posicionamiento, Morena sostuvo que resulta incongruente que el PAN pretenda encabezar la defensa del patrimonio de las familias cuando, afirmaron, varios de sus exfuncionarios y exlegisladores han sido vinculados a investigaciones por el llamado cártel inmobiliario en la capital del país. “Ellos son el cártel inmobiliario”, sentenciaron.
Por su parte, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, pidió a los panistas revisar lo que ocurre en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, gobernadas por ese partido, donde —aseguró— se concentra un alto número de denuncias por despojo. Además, llamó a evitar especulaciones sobre la participación de policías, jueces o notarios mientras continúan las investigaciones.
En la misma protesta, Daneira Oviedo, una de las víctimas, denunció que Virginia “N”, señalada por invadir ilegalmente su vivienda, podría estar relacionada con al menos seis casos más de despojo en la colonia Del Valle y otras zonas como Xochimilco y Cuauhtémoc. La afectada pidió a otras posibles víctimas presentar denuncias y confió en que la acusada sea vinculada a proceso durante la audiencia correspondiente.
El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México rechaza que el PAN se presente como defensor de las víctimas de despojo. Señala vínculos con el Cártel Inmobiliario y cuestiona la autoridad moral del partido.
El diputado Paulo García habló con claridad. Dijo que resulta ofensivo ver al PAN intentar encabezar la defensa de quienes sufren despojo. “Ridículo que el partido del Cártel Inmobiliario diga que va a defender el patrimonio de la gente”, afirmó.
Morena recuerda que ya pidió investigar posibles lazos entre las redes del Cártel Inmobiliario y la mafia del despojo que golpea a la ciudad. García advirtió: “Vemos con desconfianza que el PAN busque identificar y señalar predios vulnerables. No vaya a ser que estén planeando más desarrollos”.
Las alcaldías que gobierna el PAN concentran el mayor número de carpetas de investigación por despojo. Aun así, el partido presentó como su representante en el tema a Federico Chávez Semerena. Él llegó a la diputación como suplente de Christian Von Roehrich, señalado como líder del Cártel Inmobiliario de Benito Juárez.
Chávez Semerena ocupó el cargo solo después de que Von Roehrich dejó de asistir a las sesiones. En ese momento la Fiscalía General de Justicia lo buscaba por su presunta vinculación con la red de corrupción inmobiliaria. Más tarde lo detuvieron y procesaron.
El caso no es el único. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, también enfrenta señalamientos. La presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia de Morena lo han señalado como uno de los principales impulsores del Cártel Inmobiliario desde su paso por la alcaldía Benito Juárez.
García subrayó un contraste claro. Mientras las alcaldías de oposición registran las tasas más altas de despojo por cada 100 mil habitantes, el PAN capitalino intenta limpiar su imagen con un vocero que surgió de la fuga de uno de los señalados. Al mismo tiempo, su dirigente nacional enfrenta acusaciones por el mismo esquema de corrupción.
Un informe de la PAOT revela un incremento de 183% en niveles construidos fuera de la norma en la alcaldía gobernada por el panista Mauricio Tabe; en toda la capital se detectaron 82 pisos excedentes.
La alcaldía Miguel Hidalgo, encabezada por el panista Mauricio Tabe, se convirtió en la demarcación con más pisos ilegales de la Ciudad de México, al registrar un incremento de 183 por ciento en construcciones que exceden la altura permitida, de acuerdo con un informe de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). El reporte advierte que la problemática, antes concentrada en Benito Juárez, se ha extendido a otras zonas de la capital.
Según la PAOT, durante 2025 se identificaron 12 inmuebles con 17 niveles adicionales y 12.65 metros construidos de manera irregular en Miguel Hidalgo, cifra que contrasta con los siete edificios y seis pisos ilegales detectados un año antes. Colectivos vecinales y activistas han señalado que estas prácticas guardan similitudes con el llamado cártel inmobiliario, una red de presunta corrupción entre desarrolladores y funcionarios que permite construir por encima de lo autorizado para comercializar departamentos de alto valor.
El informe también ubica a Coyoacán, gobernada por el panista Giovani Gutiérrez, como la segunda alcaldía con más irregularidades, al contabilizar 13 niveles excedentes en diez inmuebles. Le siguen Álvaro Obregón, con ocho pisos ilegales; Cuauhtémoc, con seis, y Benito Juárez, con cinco, lo que muestra que el problema se ha dispersado en distintas zonas de la capital.
En total, la PAOT detectó 63 edificios que rebasan la altura máxima permitida, con 82 niveles construidos de forma irregular en la Ciudad de México. Únicamente Tláhuac y La Magdalena Contreras no registraron este tipo de anomalías durante el año pasado.
Como parte de las acciones para frenar estas prácticas, los dictámenes técnicos fueron turnados al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y a las alcaldías correspondientes para iniciar procedimientos que pueden derivar en multas, clausuras, suspensión de obras, custodia de folios e incluso la demolición de los pisos excedentes, además de prevenir fraudes inmobiliarios que afecten a compradores.
Con información de Sandra Hernández García para La Jornada.
Documentos notariales, huellas digitales, poderes irrevocables, una dación en pago y una deuda que terminó convirtiendo a dos campesinos en presuntos deudores millonarios forman parte de una historia que hoy sigue generando preguntas en Querétaro.
Por Neri Torres, Luis Piña y Frank Alvarado
El tránsito no se detiene. A cualquier hora del día, miles de vehículos recorren el Anillo Vial Fray Junípero Serra, una de las arterias que mejor simboliza la transformación económica de Querétaro. A sus costados se levantan desarrollos residenciales, plazas comerciales, complejos habitacionales y terrenos cuyo valor se ha multiplicado de forma extraordinaria durante las últimas dos décadas. En este corredor se concentra una parte importante del crecimiento inmobiliario del estado y también algunos de los proyectos más rentables construidos en años recientes.
Desde la superficie, todo parece contar una historia de prosperidad. Sin embargo, detrás de las fachadas comerciales, del concreto y de la plusvalía, existe otra historia. Una que comienza en el campo, entre parcelas ejidales y adultos mayores que dedicaron su vida a trabajar la tierra. Una historia que hoy es reconstruida a partir de testimonios, expedientes judiciales y escrituras notariales que permiten seguir la ruta mediante la cual dos terrenos terminaron fuera del patrimonio de sus propietarios originales para convertirse en parte de uno de los desarrollos más importantes de la zona metropolitana de Querétaro.
La historia gira alrededor de J. Guadalupe Campos Olvera y Flavia Herrera Maldonado, una pareja de ejidatarios del Ejido Bolaños. Según los testimonios recabados por el activista Manuel Zamorano y la documentación a la que tuvo acceso Los Reporteros MX, ambos vivieron durante años de las actividades agrícolas y enfrentaban una condición que los colocaba en una posición particularmente vulnerable frente a abogados, empresarios y operadores inmobiliarios: no sabían leer ni escribir.
Esa circunstancia aparece una y otra vez en los relatos que sobreviven alrededor del caso. Porque mientras para la mayoría de las personas una firma representa una decisión consciente, para quienes no saben leer el contenido de un documento, la huella digital se convierte en un acto de confianza. Confianza en quien explica el documento, confianza en quien lo redacta y confianza en quien promete que aquello que se firma corresponde a lo acordado verbalmente.
De acuerdo con la versión que sostienen familiares de los afectados, alrededor del año 2000 Mauricio Kuri González y Humberto Palacios Alcocer acudieron personalmente al domicilio de la pareja para negociar la adquisición de las parcelas. La escena, reconstruida a partir de los testimonios obtenidos por Manuel Zamorano, describe la llegada de ambos hombres con cien mil pesos en efectivo: cincuenta mil para cada propietario.
Para una familia campesina, aquella cantidad resultaba difícil de imaginar. Según los relatos, la propuesta consistía en adquirir las dos parcelas por un millón de pesos cada una. El dinero entregado era presentado como un anticipo y el resto sería cubierto posteriormente mediante pagos sucesivos. Los propietarios aceptaron bajo esa promesa. Sin embargo, los familiares sostienen que esos pagos nunca llegaron.
Lo que sí continuó, afirman, fue la firma de documentos. O más exactamente, la colocación de huellas digitales en papeles cuyo contenido los propietarios originales no podían leer por sí mismos. En esa visita, aquellas huellas quedaron estampadas en distintos instrumentos legales que eventualmente tendrían consecuencias definitivas sobre la propiedad de la tierra.
Con el paso del tiempo, el valor de las parcelas aumentó de manera acelerada. La apertura del Anillo Vial Fray Junípero Serra modificó completamente la dinámica económica de la zona. Lo que durante décadas había sido tierra agrícola comenzó a convertirse en uno de los puntos más codiciados para el desarrollo urbano. El dinero llegó a la región. Las constructoras llegaron a la región. Los grandes proyectos llegaron a la región. Pero los propietarios originales jamás vieron reflejada esa prosperidad.
Los documentos revisados permiten observar que para 2013 ya existía una compleja estructura jurídica alrededor de las parcelas. La escritura pública número 20,446, otorgada el 30 de septiembre de ese año ante el notario Francisco Pérez Rojas, constituye una de las piezas centrales del expediente. En ella comparecen Mauricio Kuri González y Humberto Palacios Alcocer como apoderados y representantes legales de J. Guadalupe Campos Olvera y Flavia Herrera Maldonado.
Sin embargo, la misma escritura contiene un elemento que ha llamado la atención de quienes han revisado el caso. Mientras Mauricio Kuri y Humberto Palacios aparecen representando jurídicamente a los propietarios originales, Humberto Palacios figura también como la persona que recibe el inmueble mediante una operación de dación en pago. Es decir, una misma estructura documental coloca a Palacios en una posición donde participa tanto dentro de la representación legal de los propietarios como en la adquisición final del terreno.
La operación no se presenta como una compraventa tradicional. Los documentos establecen expresamente que se trata de un Convenio de Cumplimiento de Transacción y Dación en Pago. En términos jurídicos, una dación en pago ocurre cuando una persona no puede cubrir una deuda y entrega un bien para extinguirla. Dicho de otra manera, el terreno no cambia de manos porque sea vendido directamente, sino porque sirve para saldar obligaciones económicas previamente reconocidas.
Es precisamente ahí donde aparece el elemento más desconcertante de toda la historia.
La escritura incorpora antecedentes relacionados con el Juicio Sumario Hipotecario 1207/2010 del Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil de Querétaro. Dentro de esa documentación aparecen obligaciones económicas atribuidas a los propietarios originales. Una de ellas corresponde a once millones de pesos, actualizados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor desde 2001. A ello se agregan otras cantidades vinculadas al valor comercial del terreno.
Conforme esas cifras fueron actualizadas durante años, los montos crecieron de manera exponencial. Según la información recabada por los denunciantes, la suma total de las obligaciones terminó superando los 214 millones de pesos.
La cifra resulta difícil de ignorar. No sólo por su magnitud, sino porque genera preguntas que hasta ahora permanecen sin respuesta pública. ¿Quién entregó originalmente esos recursos? ¿Dónde se encuentran los comprobantes de recepción? ¿Cómo una pareja de adultos mayores dedicada al campo adquirió obligaciones económicas capaces de alcanzar cientos de millones de pesos? ¿Cuál fue el destino de ese dinero? Son interrogantes que constituyen el núcleo de la denuncia.
Los documentos muestran además que para 2013 el inmueble ya tenía un enorme valor económico. El propio expediente incorpora un avalúo bancario que asignaba a la parcela un valor superior a los 58 millones de pesos. Para entonces, la transformación urbana de la zona era evidente y el corredor del Fray Junípero Serra se perfilaba como uno de los espacios más rentables para el desarrollo inmobiliario de Querétaro.
La escritura también contiene cláusulas mediante las cuales la parte enajenante se declara pagada y recibida de las cantidades relacionadas con la operación. Asimismo, se extinguen derechos y obligaciones previas, se cancelan reclamaciones y se establecen desistimientos relacionados con acciones futuras sobre el inmueble.
No obstante, para quienes cuestionan la legalidad y legitimidad de todo el proceso, la existencia de esos documentos no resuelve el problema. Por el contrario. Lo profundiza.
La discusión no gira únicamente en torno a la validez formal de las escrituras, sino alrededor de una pregunta mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más importante: ¿comprendían realmente Guadalupe Campos y Flavia Herrera lo que estaban autorizando cuando colocaban sus huellas digitales?
Esa pregunta adquiere mayor relevancia si se considera que ambos fallecieron sin ver resuelto el conflicto. Ella murió años después de iniciados los procedimientos. Él enfrentó problemas de salud durante el desarrollo de los litigios y falleció en 2014. Hoy ninguno puede explicar qué entendió cuando firmó, qué le prometieron, qué recibió realmente o qué ocurrió durante cada una de las etapas que terminaron con la pérdida de sus tierras.
El 19 de abril de 2016 aparece otra escritura relevante dentro de la cadena de operaciones. Para entonces, Humberto Palacios Alcocer ya figura como propietario de la parcela y posteriormente la transmite a la empresa Cabi Paseos Querétaro, vinculada al desarrollo inmobiliario de la zona donde actualmente se encuentra Paseo Querétaro.
La tierra había cambiado definitivamente de manos.
Hoy, donde alguna vez hubo parcelas ejidales, circulan miles de automóviles cada día. Donde antes trabajaban campesinos, se levantan desarrollos comerciales y habitacionales que representan millones de pesos en inversión. El paisaje cambió por completo.
Lo que permanece sin resolverse es la pregunta de fondo: si esa transformación fue el resultado de una operación plenamente comprendida y aceptada por quienes eran dueños de la tierra o si, como sostienen quienes denuncian el caso, una combinación de poderes notariales, juicios, deudas, documentos firmados con huellas digitales y figuras jurídicas complejas terminó arrebatando a una familia campesina el patrimonio construido durante toda una vida.
Los Reporteros MX buscó obtener testimonios directos de familiares de los propietarios originales. Sin embargo, las personas consultadas manifestaron temor a hablar públicamente sobre el caso. Esa negativa, respetada por este medio, impidió incorporar sus voces de manera directa en este reportaje. Aun así, los documentos existentes, los expedientes revisados y los testimonios recabados por quienes han acompañado la denuncia permiten reconstruir una historia que continúa esperando respuestas.
La mandataria panista es acusada de evadir su responsabilidad en la investigación sobre la participación de agentes extranjeros en el estado.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrenta serias críticas por eludir su responsabilidad de presentarse ante la Fiscalía General de la República (FGR). Este llamado surge en el contexto de una investigación sobre la posible participación de agentes extranjeros en territorio mexicano.
Campos Galván es respaldada políticamente por Jorge Romero Herrera, un personaje controvertido que ha sido vinculado con el “Cártel Inmobiliario”. A pesar de haber sido citada como testigo en Ciudad Juárez, la gobernadora ha optado por evitar el encuentro con las autoridades. En lugar de acudir, eligió comunicarse a través de los medios desde la Ciudad de México.
Es importante destacar que esta situación no se trata de un acto de persecución política. Lo que se busca es aclarar hechos que pueden comprometer la soberanía nacional y el pacto federal del país. Nadie, ni siquiera una autoridad local, debe actuar por encima de la Constitución. Las áreas de política exterior y seguridad nacional son prerrogativas exclusivas del Estado mexicano.
La Constitución establece que la soberanía nacional pertenece al pueblo de México. Es responsabilidad del Estado garantizar su defensa y mantener el principio de no intervención extranjera. En este contexto, los mexicanos merecen explicaciones claras sobre cualquier actuación de agentes extranjeros en su territorio, especialmente si están vinculadas al gobierno estatal de Chihuahua.
Por otro lado, el partido Morena reitera que todos los servidores públicos, sin importar su cargo o afiliación política, deben rendir cuentas cuando surgen hechos que requieren una investigación. No estamos en tiempos de impunidad ni del viejo régimen.
Finalmente, la gobernadora María Eugenia Campos debe dejar de usar su fuero y los tecnicismos legales para evitar la rendición de cuentas. Es imperativo que comparezca ante la FGR y se dirija al pueblo de México con la transparencia que todos merecen.
El dirigente panista apareció abrazando al conductor Irving Pineda, mientras TV Azteca insiste en venderse como prensa imparcial pese a su abierta confrontación política con el gobierno federal.
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, volvió a dejar en evidencia la estrecha relación entre el panismo y TV Azteca, luego de aparecer abrazando y llamando “hermano” a Irving Pineda, trabajador del usurero Ricardo Salinas Pliego.
La imagen rápidamente se viralizó porque contradice el discurso de supuesta imparcialidad que la televisora del Ajusco intenta sostener ante la audiencia. Mientras conductores y comentaristas de la empresa aseguran que “critican parejo”, los vínculos públicos con figuras del PAN y operadores de la derecha mexicana siguen acumulándose frente a las cámaras y fuera de ellas.
La polémica ocurre en medio del choque entre el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y el evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, por las millonarias deudas fiscales de Grupo Salinas. La presidenta ha señalado que la televisora mantiene una campaña permanente de ataques y desinformación luego de que las autoridades fiscales obligaran al conglomerado a pagar adeudos acumulados desde hace más de una década.
🚨CHULADA: El lider del cartel inmobiliario Jorge Romero abrazando y llamando hermano a el palero de Tv Azteca mejor conocido como #IrvingChillon.
Incluso, el propio gobierno federal confirmó que empresas de Salinas Pliego mantienen pagos millonarios al SAT derivados de litigios fiscales que se arrastraban desde 2008 y 2013. Mientras TV Azteca insiste en presentarse como víctima de “censura”, la administración federal ha reiterado que no se retirarán concesiones y que simplemente se ejerce derecho de réplica ante información falsa o tendenciosa.
La cercanía entre Jorge Romero y figuras de TV Azteca también revive cuestionamientos sobre el papel político de algunos comunicadores que actúan más como operadores mediáticos que como periodistas.
En redes sociales, usuarios criticaron que los mismos personajes que se presentan como prensa crítica aparezcan públicamente celebrando su amistad con líderes partidistas del PAN, partido que además carga con escándalos como el llamado “Cártel Inmobiliario” en la Ciudad de México, ligado al propio Romero.
Ariadna Montiel aseguró que durante gobiernos panistas se construyeron 130 inmuebles irregulares con más de 264 niveles excedentes.
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, denunció al presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, por ser “el promotor principal” del “Cártel Inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez. Durante conferencia de prensa, la morenista aseguró que el PAN encubre una red de corrupción inmobiliaria que operó durante varias administraciones panistas y que salió a la luz pública en 2021.
Montiel presentó cifras sobre las irregularidades detectadas en desarrollos inmobiliarios construidos entre distintos gobiernos panistas en Benito Juárez. De acuerdo con los datos exhibidos, durante la administración de Mario Alberto Palacios Acosta, entre 2008 y 2011, se detectaron cinco inmuebles irregulares y 12 niveles excedentes. Con Jorge Romero, entre 2012 y 2015, la cifra aumentó a 27 inmuebles con 68 niveles excedentes.
Posteriormente, bajo el gobierno de Christian Von Roehrich, de 2016 a 2018, se identificaron 58 inmuebles irregulares y 118 niveles fuera de norma. Finalmente, durante la administración de Santiago Taboada, entre 2019 y 2022, se contabilizaron 40 inmuebles y 66 niveles excedentes.
La líder morenista afirmó que en total existen 130 inmuebles construidosde manera irregular, con más de 264 niveles adicionales a los permitidos por la normatividad urbana de la Ciudad de México. Según explicó, la corrupción inmobiliaria habría generado afectaciones superiores a 7 mil 142 millones de pesos y provocado una crisis urbana en la demarcación. Además, señaló que al menos 50 personas, entre exfuncionarios y servidores públicos, han sido procesadas por estos hechos, incluyendo casos de detenidos, sentenciados y prófugos.
Montiel sostuvo que el Cártel Inmobiliario operaba mediante presuntas cuotas exigidas a constructoras para autorizar obras o permitir irregularidades, así como aportaciones económicas destinadas a campañas políticas de personajes ligados a esta red. También afirmó que Morena continuará denunciando casos de corrupción vinculados al PAN. “Son delincuentes defendiendo delincuentes”, declaró la dirigente nacional morenista.
En redes sociales, el panista Santiago Taboada exige infraestructura y mantenimiento para la CDMX, sin embargo, su gestión en la Benito Juárez estuvo marcada por ciclovías deficientes, baches eternos, banquetas descuidadas, así como la expansión del cártel inmobiliario.
El panista Santiago Taboada publicó en X que la CDMX no necesita ajolotes ni pintura morada, sino “cruces seguros, que las personas puedan caminar sin peligro, que no haya baches y que ya no se inunden las calles”. Sin embargo, cabe recordar que su administración en Benito Juárez dejó una delegación deficiente en cuanto a infraestructura.
Disculpen mi comentario "clasista", pero la #CDMX no necesita ajolotes pintados en el asfalto, mucho menos pintar puentes peatonales de morado.
Necesitamos más cruces seguros, que las personas puedan caminar sin peligro, que no haya baches y que ya no se inunden las calles.
Durante el gobierno de Santiago Taboada, la alcaldía Benito Juárez impulsó una deficiente “modernización” urbana con programas de reencarpetado, bacheo y expansión de ciclovías. Sin embargo, los ciudadanos denunciaron haber recibido obras de baja calidad, mantenimiento deficiente y proyectosque no resolvían problemas de fondo, solo relucían en fotos.
Uno de los puntos más cuestionados fue la infraestructura ciclista, pues aunque la administración presumió haber construido la mayor red de ciclovías de la CDMX, organizaciones como Bicitekas y especialistas de la UNAM señalaron que muchas rutas eran inseguras, demasiado angostas o simples líneas pintadas sobre el pavimento sin protección real para los usuarios. Funcionarios de la propia alcaldía reconocieron que varias ciclovías se construyeron por debajo de los estándares mínimos recomendados.
El deterioro de las calles fue una constante de su paso por la Alcaldía. Aunque su gabinete reportó miles de baches atendidos, vecinos y medios documentaron que los trabajos eran apenas “parches exprés” que se deshacían tras cada temporada de lluvias. Colonias como Narvarte, Nápoles y Ciudad de los Deportes denunciaron que las reparaciones se concentraban en zonas visibles o transitadas, mientras otras calles permanecían abandonadas durante meses. Habitantes también reportaron banquetas destruidas, charcos permanentes y espacios públicos deteriorados sin atención real.
Pero el señalamiento más grave llegó por el tema del Cártel inmobiliario. Investigaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda detectaron múltiples irregularidades en construcciones dentro de Benito Juárez. De 108 obras revisadas, varias carecían de permisos obligatorios y otras excedían el número de pisos permitidos. El propio titular de SEDUVI acusó que funcionarios de la alcaldía habrían permitido, “por omisión, negligencia o complicidad”, un esquema irregular de desarrollos que afectó el territorio y la red hídrica de la zona.
Por otro lado, colectivos vecinales denunciaron banquetas invadidas por restaurantes y comercios, falta de vigilancia sobre estructuras ilegales y abandono en colonias menos mediáticas. De hecho, la administración posterior tuvo que retirar más de 100 estructuras irregulares en apenas un mes, dejando en evidencia la permisividad que predominó durante el gobierno de Taboada.
Lo que se vendió como modernización terminó exhibiendo problemas estructurales, supervisión débil y decisiones enfocadas más en el impacto político y visual que en garantizar infraestructura segura y duradera para todos los vecinos.
