El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, rechazó categóricamente las recientes declaraciones de Antonio García Conejo, quien acusó una supuesta persecución política contra su hermano, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo. En conferencia de prensa, el mandatario estatal fue enfático al revelar que existe una ficha roja de Interpol contra el exfuncionario perredista y varios de sus colaboradores por presuntos desvíos de recursos públicos.
“El fiscal general Alejandro Gertz Manero ya aclaró que Aureoles es prófugo de la justicia”, subrayó Ramírez Bedolla, dejando en claro que se trata de un proceso legal, no político. De esta manera, desmintió los intentos del exmandatario y su círculo cercano por victimizarse ante las investigaciones que pesan en su contra.
En relación con el caso de Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas y actualmente encarcelado, el gobernador minimizó su intento de obtener un amparo, calificándolo como “un recurso patito que no garantiza libertad”. Según explicó, dicho recurso únicamente busca permitir comunicación con el exterior, sin que ello represente alguna modificación en su estatus legal.
“La audiencia clave es el 7 de junio; hasta entonces los cuatro detenidos seguirán en prisión”, advirtió Ramírez Bedolla, en referencia a los excolaboradores cercanos de Silvano Aureoles, actualmente bajo proceso judicial.
La contundente postura del gobernador se da en medio de un contexto político tenso en Michoacán, donde el caso Aureoles continúa provocando divisiones. Ramírez Bedolla presentó la coordinación con Interpol como prueba de que no se trata de una “cacería de brujas”, sino de una acción legal fundada en evidencias.
“Hay exfuncionarios ya encarcelados y procesos en marcha”, recalcó, señalando que la justicia federal lleva el control de las investigaciones relacionadas con corrupción durante el sexenio pasado.
Mientras tanto, los aliados y familiares de Silvano Aureoles mantienen su defensa pública, insistiendo en su inocencia y calificando los señalamientos como una “vendetta política”. Sin embargo, Ramírez Bedolla cerró filas con la Fiscalía General de la República (FGR): “Las fichas rojas no se emiten por capricho, sino con pruebas”.
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