Las investigaciones detectaron retiros indebidos de cuentas, uso irregular de datos personales y conciliaciones falsas; las sanciones incluyen multas económicas y expulsión del servicio público.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que cuatro ex funcionarios del Servicio de Administración Tributaria y del Banco del Bienestar fueron sancionados con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas tras acreditarse diversas faltas administrativas graves relacionadas con corrupción y manejo irregular de recursos públicos.
De acuerdo con la dependencia federal, las resoluciones fueron emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa luego de las investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control en ambas instituciones. La secretaría aseguró que las sanciones forman parte de la política de combate a la corrupción impulsada por el gobierno federal y advirtió que “violar la ley tiene consecuencias”.
En el caso del SAT, las autoridades detectaron que un exservidor público habría participado en la asignación irregular de citas para trámites fiscales, utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución. Por estos hechos, Víctor R., ex subadministrador de Servicios al Contribuyente, fue sancionado con una inhabilitación de un año para ocupar cargos públicos.
Las sanciones más severas se aplicaron dentro del Banco del Bienestar, donde se acreditaron irregularidades cometidas por tres ex trabajadores. Dos de ellos fueron señalados por el retiro de recursos de cuentas bancarias sin autorización de los cuentahabientes, operaciones que superaron los 275 mil pesos. Otro implicado realizó conciliaciones financieras con información falsa, según detalló la investigación.
Por estos hechos, Juan D., ex subjefe de área; Orlando P., ex auxiliar de sucursal; y Marco M., ex asistente administrativo, recibieron inhabilitaciones de hasta 10 años, además de multas económicas que van desde los 25 mil hasta los 250 mil pesos. Las autoridades señalaron que los sancionados todavía pueden impugnar las resoluciones, aunque aseguraron que defenderán cada expediente con pruebas y apego a la ley.
La Secretaría Anticorrupción subrayó que cualquier servidor público involucrado en actos de corrupción “traiciona la confianza del pueblo” y debe enfrentar consecuencias legales y administrativas. Asimismo, llamó a la ciudadanía a denunciar posibles irregularidades dentro de las instituciones públicas para fortalecer la vigilancia y la transparencia en el manejo de recursos públicos.
Deja un comentario