La propuesta del gobierno de José Antonio Kast obligaría a instituciones públicas y privadas a entregar datos personales de extranjeros en situación irregular, provocando fuertes críticas del sector salud y organismos de derechos humanos.
El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast encendió la polémica en Chile tras impulsar una iniciativa que obligaría a hospitales, escuelas, jardines infantiles y centros de salud a reportar información de migrantes indocumentados. La medida forma parte de una modificación al proyecto de ley sobre expulsiones administrativas y contempla que instituciones públicas y privadas entreguen datos personales como domicilio, teléfono y correo electrónico de extranjeros en situación irregular.
Kast defendió la propuesta argumentando que el Estado necesita “ordenar” el uso de los servicios públicos y conocer quiénes acceden a ellos. Sin embargo, sus declaraciones generaron una ola de rechazo incluso dentro de su propio gabinete. La ministra de Salud, Ximena Chomali, expresó preocupación por el impacto de la medida y recordó que la información médica está protegida por el Código Sanitario y la Ley de Derechos de los Pacientes.
La funcionaria advirtió que negar atención médica o compartir información confidencial pondría en riesgo no sólo a los migrantes, sino también a toda la población chilena. “No podemos desde Salud negar una atención”, sostuvo, enfatizando que la salud pública depende de garantizar vacunación, atención de emergencias y protección sanitaria para todas las personas, sin importar su condición migratoria.
El rechazo también fue respaldado por el Colegio Médico de Chile y diversas organizaciones civiles. La presidenta del gremio, Anamaría Arriagada, afirmó que la propuesta vulnera derechos fundamentales y genera miedo entre comunidades vulnerables. Además, alertó que convertir hospitales y escuelas en mecanismos de delación podría provocar que miles de migrantes eviten acudir a servicios médicos, afectando la salud pública nacional.
La política antimigrante fue una de las principales banderas de Kast durante su campaña presidencial. El mandatario prometió expulsar a más de 330 mil migrantes irregulares, principalmente venezolanos, aunque recientemente calificó esa cifra como “una metáfora”. A dos meses de asumir el poder, su administración sólo ha realizado dos vuelos de repatriación con 80 personas, mientras asegura haber ejecutado 580 expulsiones administrativas.
La situación con ciudadanos venezolanos permanece prácticamente detenida debido a la ruptura diplomática entre Chile y Venezuela desde 2024, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro suspendiera relaciones con Santiago. Esto ha imposibilitado trámites como permisos de sobrevuelo, documentación y coordinación migratoria entre ambos países.
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