La presidenta vinculó los nuevos casos de corrupción en la extinta Policía Federal con la red encabezada por Genaro García Luna y aseguró que existen pruebas suficientes de la colaboración entre autoridades y el crimen organizado durante el sexenio panista.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una dura crítica al gobierno de Felipe Calderón, al asegurar que la llamada “guerra contra el narcotráfico” en realidad estuvo marcada por una presunta colaboración entre autoridades federales y el Cártel de Sinaloa. Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria afirmó que existen elementos suficientes para sostener que la estrategia de seguridad del sexenio panista favoreció a un grupo criminal mientras se combatía a organizaciones rivales.
“Más que una guerra contra el narco, decidieron asociarse a un cártel”, sentenció Sheinbaum al referirse a las investigaciones de corrupción que derivaron en sanciones contra Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la desaparecida Policía Federal, y Damián Canales Mena, ex titular de la División de Inteligencia, ambos relacionados con irregularidades en contratos de tecnología de espionaje y el presunto desvío de más de 65 millones de dólares.
La mandataria sostuvo que estos casos forman parte de una trama más amplia vinculada con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Según explicó, tras dejar el cargo, García Luna creó empresas privadas dedicadas a la venta de tecnología y equipos de seguridad que posteriormente fueron adquiridos por diversas dependencias gubernamentales.
Sheinbaum señaló que las investigaciones revelaron presuntas irregularidades en esas operaciones, pues algunos equipos nunca fueron entregados o fueron vendidos a precios inflados. “Cuando se revisaron los contratos, se encontró que el equipo no llegaba o se pagaba al triple, cuádruple o incluso al quíntuple de su valor real”, afirmó. Estas prácticas, agregó, forman parte de las indagatorias que actualmente buscan recuperar recursos públicos desviados durante esos años.
La titular del Ejecutivo también destacó que la resolución emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es apenas una parte de las investigaciones que continúan abiertas. Además, adelantó que algunos empresarios involucrados en estas operaciones deberán reintegrar recursos al Estado mexicano como resultado de los procedimientos administrativos y judiciales en curso.
Finalmente, Sheinbaum rechazó los señalamientos de corrupción dirigidos contra los gobiernos de la Cuarta Transformación y sostuvo que existe una diferencia clara entre ambas administraciones. “Hay mucha desfachatez en acusar corrupción cuando fueron gobiernos profundamente corruptos”, declaró, al insistir en que su administración actúa cuando detecta irregularidades y mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con los presuntos actos de corrupción heredados de los sexenios anteriores.
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