En medio de una crisis de seguridad que no ha logrado contener, el presidente ecuatoriano amplió las facultades de fuerzas extranjeras y abrió la puerta a una mayor injerencia de Estados Unidos en asuntos internos del país.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un nuevo decreto con el que declara otro conflicto armado interno, amplía la cooperación militar internacional y concede inmunidad a efectivos extranjeros que participen en operaciones de seguridad dentro del territorio ecuatoriano. La decisión llega en un contexto marcado por el aumento de homicidios, el avance del crimen organizado y los cuestionamientos a la estrategia de seguridad de su gobierno.
La medida fue anunciada después de la visita de Noboa a Washington, donde sostuvo reuniones con funcionarios de alto nivel del gobierno estadounidense, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el asesor de seguridad nacional Stephen Miller. Según la Presidencia ecuatoriana, ambas partes acordaron profundizar la coordinación para combatir al narcotráfico, la minería ilegal y las redes criminales transnacionales.
Sin embargo, el Decreto 424 ha generado controversia debido a que permite la participación de personal militar de países cooperantes con garantías de inmunidad sustentadas en acuerdos internacionales. En los hechos, esta disposición beneficiaría principalmente a fuerzas vinculadas con Estados Unidos e Israel, naciones con las que Ecuador mantiene convenios de cooperación en materia de defensa. Para críticos de la medida, se trata de una cesión de soberanía que podría limitar la rendición de cuentas de elementos extranjeros que operen en territorio ecuatoriano.
El decreto también solicita a la Asamblea Nacional conceder amnistías para quienes participen en acciones de defensa del Estado y faculta al Ejecutivo para otorgar indultos, rebajas o conmutaciones de penas a militares, policías y civiles involucrados en operativos contra grupos criminales. Estas disposiciones han sido interpretadas por diversos sectores como un intento de ampliar la protección legal de las fuerzas de seguridad en medio de una estrategia que no ha logrado frenar la ola de violencia.
La decisión contrasta con declaraciones recientes del propio gobierno. Apenas el pasado 1 de junio, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que ya no serían necesarios estados de excepción porque existía una nueva estrategia basada en operaciones ordinarias. No obstante, el 16 de junio Noboa volvió a decretar esta medida extraordinaria por 60 días en diez provincias y tres cantones, reconociendo implícitamente que la crisis persiste.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. Entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 2026 se contabilizaron 879 homicidios en las zonas más violentas del país. A ello se suma el reciente tiroteo registrado en el aeropuerto de Guayaquil, donde tres personas murieron en un presunto ajuste de cuentas entre grupos criminales. Mientras la inseguridad continúa escalando, la respuesta de Noboa apunta a una mayor militarización y a la intervención de fuerzas extranjeras, una apuesta que ha abierto un intenso debate sobre sus consecuencias para la soberanía y los derechos ciudadanos en Ecuador.
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