Miguel Sánchez Altamirano enfrentará proceso judicial en la capital tras ser detenido por extorsión y vínculos con el crimen organizado.
Un amplio dispositivo militar acompañó el traslado de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, hasta la Ciudad de México. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que el edil, conocido como “Quetu”, continuará su proceso legal en la capital del país.
Las autoridades detuvieron al funcionario en cumplimiento de una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Varias corporaciones federales y estatales participaron en el operativo y en el traslado posterior.
Un grupo de agentes con uniforme táctico negro, chalecos antibalas y pasamontañas escoltó al alcalde hasta un vehículo blindado. El detenido, con camisa blanca y manos sujetas por delante, avanzó custodiado por dos elementos que lo tomaron de los brazos. Algunos chalecos mostraban leyendas como “Custodia Federal” y “Guardia”, mientras los agentes portaban armas largas.
Antes de llegar a la capital, los elementos trasladaron al edil a Ciudad Ixtepec, sede de una base aérea militar, para continuar el recorrido por vía aérea. La seguridad se mantuvo constante desde su detención en Oaxaca hasta su llegada a la Ciudad de México. Después del arresto, policías municipales de Juchitán bloquearon los accesos al municipio, de acuerdo con Infobae.
En el operativo participaron la FGEO, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Marina, la Guardia Nacional, la Sedena y la SSPC de Oaxaca. La captura estuvo a cargo de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, un grupo de élite presentado apenas el 21 de septiembre con 200 elementos entre policías, fiscales y agentes estatales.
Junto al alcalde cayó Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quien también tenía una orden de aprehensión vigente por los mismos delitos. Ambos casos avanzarán conforme al proceso penal correspondiente.
La fiscalía estatal vincula a Sánchez Altamirano con la célula “Los Cromos”, señalada como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región del Istmo. Ese grupo opera principalmente mediante cobro de piso, narcomenudeo y tráfico de personas. Las autoridades sostienen que el alcalde habría usado su cargo político para participar o encubrir estas actividades.
Como parte de la misma investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera ya había congelado cuentas bancarias vinculadas al caso, buscando limitar los recursos económicos de la red criminal.
La captura llega tras más de un año de pesquisas sobre una posible infiltración criminal en las estructuras de seguridad de Juchitán. En junio de 2025, autoridades federales y estatales ya habían intervenido la comisaría municipal y el centro de videovigilancia C2 del municipio.
Actualmente, fuerzas federales mantienen presencia en la zona para preservar el orden público, mientras la investigación continúa para localizar a otras personas relacionadas con esta carpeta.
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