La OFAC incluyó a 21 personas y 25 empresas en su lista de sancionados; en México, la UIF bloqueó de manera preventiva a los 46 señalados.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC, sancionó este martes a 21 personas y 25 empresas que, según la dependencia, estarían vinculadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero relacionadas con Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa. Entre los señalados aparecen Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo” Zambada, y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
La OFAC acusa a Carlos Torres y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres de formar parte de una presunta red de “narcocorrupción” en Baja California. De acuerdo con el señalamiento estadounidense, Carlos Torres habría utilizado su influencia política para favorecer las operaciones del grupo criminal, mientras que Luis Torres habría participado en el manejo de recursos. También fueron señalados Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y otros operadores relacionados con la estructura.
En el caso de “Mayito Flaco”, el Tesoro estadounidense sostiene que asumió el liderazgo de la facción de Los Mayos tras la detención de su padre en 2024. La lista también incluye a presuntos lugartenientes, financieros y operadores empresariales, así como compañías de sectores como bienes raíces, seguridad, entretenimiento, restaurantes, hoteles y casas de cambio que, según la OFAC, habrían sido utilizadas para mover o lavar recursos.
Tras la designación estadounidense, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a las 46 personas físicas y morales a su Lista de Personas Bloqueadas como medida administrativa preventiva. Este tipo de bloqueo no constituye por sí mismo una determinación judicial de responsabilidad penal; la UIF analiza la información financiera y, cuando corresponde, puede dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR).
La gobernadora Marina del Pilar y el gobierno de Baja California no habían emitido, al cierre de la información, una postura sobre las acusaciones contra su exesposo. Las designaciones de la OFAC corresponden a señalamientos de autoridades estadounidenses y no equivalen por sí mismas a una sentencia judicial.
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