Julio Orellana Luévanos lleva dieciocho años y siete meses preso por un secuestro en el que ninguna prueba válida lo identifica. Lo detuvieron por otro, y de ése salió libre. Lo único que lo mantiene en la cárcel es una descripción física que ni siquiera coincide con la foto con la que la compararon: dice «sin bigote», y en la foto tiene bigote. Ahora la decisión está en manos de quien llegó al juzgado por el voto popular.
Por Amir Ibrahim
16 de noviembre de 2026
El caso de Julio Orellana Luévanos es una verdadera prueba de fuego para la Reforma Judicial.
Julio fue detenido el 16 de abril de 2008. Durante quince años y diez meses su juicio no llegó a sentencia, mientras él seguía en la cárcel. El 6 de octubre de 2023, en la conferencia matutina que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio desde Quintana Roo, le planteé el caso. Ciento cuarenta y seis días después, el 29 de febrero de 2024, el juzgado por fin dictó sentencia.
Era de esperarse que fuera condenatoria. Si no, ¿cómo explicar que un hombre pasara casi dieciséis años preso sin que nadie probara nada? Aun así, para Julio esa sentencia fue un avance. Sin ella no podía apelar, y en la apelación empezó a caerse lo que se había armado durante dieciséis años: en abril de 2025 un tribunal revocó la condena y ordenó reponer el procedimiento.
Hoy el expediente está de nuevo en primera instancia, en espera de una nueva sentencia. Y esta vez no la dictará el Poder Judicial que tuvo a Julio dieciséis años esperando, sino el que nació de la reforma. El juez Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, llegó al cargo por el voto popular en la elección judicial de 2025. Será él quien determine si Julio Orellana es inocente o culpable. Por eso este caso es una prueba de fuego.
Conviene decirlo desde el principio, para que usted, lector, lo pese. Quien esto escribe está convencido de que Julio Orellana Luévanos es inocente, y no lo mira de lejos. Planteé su caso cuatro veces en las conferencias de la Presidencia. El caso lo litiga la licenciada Lilia Vargas Villavicencio, de LV Legal, un despacho que hasta hace unos meses formó parte de mi estructura y hoy es independiente. Yo mismo revisé el expediente y preparé un informe para el juez. Esa convicción no es una corazonada: está en los documentos que siguen.
Julio fue detenido en pleno gobierno de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna dirigía la seguridad pública del país: una etapa oscura en la que se documentaron montajes en casos de secuestro, justo el delito del que lo acusan.
Y aquí va el dato más importante. Entre los doce policías federales que firmaron la puesta a disposición de Julio estaba Iván Reyes Arzate, que de 2008 a 2016 comandó la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal y era uno de los hombres cercanos a García Luna. En Estados Unidos lo condenaron dos veces. Primero en Chicago, a 40 meses de prisión por obstrucción de la justicia, en un caso en el que la fiscalía lo acusó de pasarle información secreta a los Beltrán Leyva a cambio de dinero. Después en Brooklyn: en enero de 2020 lo acusaron de conspirar para traficar cocaína, en un caso que los propios fiscales relacionaron con los de El Chapo Guzmán y García Luna. En octubre de 2021 se declaró culpable, y el 9 de febrero de 2022 el juez Brian Cogan, el mismo que después sentenciaría a García Luna, lo condenó a diez años de prisión por recibir un soborno del narcotráfico.
Eso no prueba, por sí solo, que a Julio le hayan fabricado el caso. Pero sí prueba que la firma de uno de sus captores no merece la presunción de verdad que la sentencia de 2024 le concedió.

1. Un secuestro real. Ninguna prueba contra Julio
El 20 de julio de 2003, cinco hombres armados entraron a una bodega en Valle de Chalco, Estado de México, y se llevaron al encargado. Estuvo cautivo cincuenta y siete días, encadenado por el pie a la pata de una cama. Su familia pagó ochocientos veintisiete mil pesos y las alhajas de la casa.
La negociación quedó grabada. Al expediente llegaron treinta y cuatro audiocasetes con las llamadas y dos videocasetes que enviaron los secuestradores. Varios testigos hablan de un hombre de «voz ronca» que daba las órdenes. Y aquí va el primer dato que le pido retener: en las 1,010 páginas de la sentencia no hay un solo peritaje que diga que esa voz es la de Julio Orellana.
Nada de lo que vivió la víctima está en duda. Este reportaje no cuestiona su sufrimiento ni su testimonio sobre el secuestro. La pregunta es otra: ¿qué prueba hay de que Julio Orellana Luévanos estuvo ahí, o de que participó de alguna forma en ese secuestro? La respuesta que este reportero encontró es: NADA. Absolutamente nada.
A lo largo de este reportaje voy a demostrar esa dura afirmación. De las once pruebas que invocó la sentencia, la única que mantiene a Julio en prisión es una media filiación, es decir, una descripción física. Ésta:
«…de piel morena, complexión robusta, de aproximadamente cincuenta años de edad, de un metro con sesenta y tres centímetros de estatura, cabello corto lacio negro, cejas semipobladas, cara redonda, voz ronca, nariz media chata, boca grande, labios medianos, sin barba, bigote o lentes».
Sí, estimado lector, así como lo lee. Y le pregunto: ¿cuántos mexicanos cree usted que caben en esa descripción?
Pero la cosa se pone peor. Tuve en mis manos lo que tiene la defensa: la sentencia de 1,010 páginas, los amparos, la nueva acusación de la Fiscalía, los dictámenes médicos. Lo leí página por página. Esa descripción la dio la víctima el 19 de septiembre de 2003, ya libre, ante el Ministerio Público, cuando describió a varios de sus captores. Así describió al que, según él, los encabezaba: once rasgos y tres negaciones. Sin barba, sin bigote, sin lentes.
En esa declaración no hay un nombre ni una fotografía. Hay once rasgos que le quedan a miles de hombres en México. La descripción se detiene en lo pobladas que eran las cejas y en el tamaño de los labios, pero no menciona ninguna seña en la cara. Y Julio tiene un lunar en la mejilla derecha, junto a la nariz. Es muy visible, es un rasgo característico de su rostro, y se ve en fotos familiares de los años ochenta y noventa, en su ficha de detención de 2008 y en la fotografía que publicó la prensa ese mismo mes.
Durante cinco años y siete meses, el nombre de Julio Orellana no apareció en esa investigación. Jamás.

Así aparece en el expediente: la descripción del «jefe» y la conclusión de la acusación, que dice que «coincide plenamente» con Julio Orellana.
2. La foja 7089: la foto que todos citaban y nadie mostraba
Para este reportaje revisamos el expediente que tiene la defensa: 247 archivos y 546 páginas escaneadas que tuvimos que pasar por un programa de reconocimiento de texto para poder leerlas. Lo que apareció cabe en una sola hoja: la foja 7089 del tomo X.
Tres veces, en las páginas 722, 737 y 763, la sentencia repite el mismo razonamiento: la descripción de 2003 coincide con la fotografía de Julio «que obra a foja 7089, tomo X, original de la causa penal».

La propia sentencia ubica esa foja dentro de la declaración que la víctima rindió el 20 de abril de 2009, que ocupa las fojas 7083 a 7096. Es la «Foto #2» de un reconocimiento fotográfico que la justicia federal anuló.

Léase muy bien esto. En la página 737 el juzgador escribe que la descripción coincide con la fotografía «que obra a foja 7089, tomo X, original de la causa penal». Y en el párrafo siguiente aclara que «no se toma en consideración» el reconocimiento por fotografía del 20 de abril de 2009, «tal como fue ordenado en la ejecutoria de amparo». Es decir: dice que no usa esa diligencia, y usa la foto que salió de esa diligencia.

Todos la mencionaban, pero nadie la mostraba. Este reportero se dio a la tarea de encontrarla. El 11 de agosto de 2026 conseguimos la imagen de esa foja, fotografiada del original en el juzgado. Conózcala usted mismo:

Es la ficha que le tomó la PGR el 17 de abril de 2008, al día siguiente de su detención. El hombre tiene el ojo izquierdo cerrado y morado, tiene el lunar en la mejilla derecha y tiene un bigote espeso. ¿Recuerda usted la media filiación?
«…cara redonda, voz ronca, nariz media chata, boca grande, labios medianos, sin barba, bigote o lentes».
El juzgador escribió que esa foto coincide con un hombre «sin barba, bigote o lentes». Pero Julio Orellana TENÍA BIGOTE. En otras palabras: la descripción con la que hoy lo mantienen en prisión no coincide con la foto con la que, según el juez, coincide. Dice que no tiene bigote, y lo tiene. Y jamás menciona el lunar, que es lo primero que uno ve en su cara.

Y en 2026 el error sigue vivo. En su nueva acusación, el pliego AE/403/2026, fechado el 10 de julio, el Ministerio Público copió el párrafo de la sentencia —hasta con la misma errata, «sestradores»— y volvió a citar la foja 7089, en la página 81.

Mire usted mismo, lado a lado: la foja 7089 del tomo X y la nota de La Prensa que presentó a Julio tres días después de su captura.

3. Diecinueve moretones y un ojo cerrado
El 17 de abril de 2008, al día siguiente de la detención, los médicos de la propia PGR examinaron a los nueve detenidos. En Julio, un hombre de 57 años, anotaron diecinueve equimosis en el pecho, golpes detrás de las dos orejas, el tímpano izquierdo abombado, el derecho enrojecido y una «equimosis bipalpebral izquierda con aumento de volumen, violáceo negruzco de 6 x 4.8 centímetros con derrame subconjuntival». Dicho en llano: el ojo izquierdo morado, hinchado y cerrado.

El dictamen de integridad física de la PGR, del 17 de abril de 2008.

Las lesiones que los peritos de la PGR encontraron en Julio al día siguiente de su detención.
Ocho de los nueve detenidos recibieron la conclusión de rutina. Para él, los médicos escribieron otra: «Clasificación pendiente al momento de contar con los resultados de la valoración de oftalmología y otorrinolaringología».

La conclusión que sólo recibió Julio.
El 18 de abril firmó una declaración ministerial, y ese mismo día ingresó a un hospital, donde estuvo once días internado. Él lo ha dicho siempre: «a base de tortura me hicieron firmar una declaración que yo no rendí». Años después, el propio juzgado reconoció que esa declaración quedó excluida del proceso «en virtud de los posibles actos de tortura a que fue sometido».

Lo que Julio declaró ante el juez sobre esa firma, tal como lo transcribe la sentencia.
En 2019, un dictamen practicado conforme al Protocolo de Estambul, el estándar internacional para documentar tortura, le encontró una cicatriz en el tímpano derecho, el oído que el médico de la PGR ya había visto lastimado en 2008, y un párpado caído en el ojo derecho.

El dictamen de 2019: cicatriz en el tímpano derecho y párpado caído (ptosis palpebral) en el ojo derecho.
La investigación penal por esa tortura se cerró el 22 de diciembre de 2021 sin acusar a nadie. Quedó en la total impunidad. ¿Raro? En México es muy común, más de lo que pudiéramos imaginar.
4. Once pruebas. Ninguna lo nombra
La sentencia del 29 de febrero de 2024 tiene 1,010 páginas y condenó a Julio a veinte años de prisión. No la firmó un juez: la firmó un secretario del juzgado, habilitado para suplir al titular.

La condena de 2024: veinte años de prisión. El tribunal de apelación la revocó en abril de 2025.
Para condenarlo invocó once medios de prueba. Vale la pena leerlos uno por uno, con la misma pregunta que hizo la defensa: ¿cuál de ellos señala a Julio?
1. La declaración de la víctima (19 de septiembre de 2003; fojas 33 a 46, tomo I). Cuenta que cinco hombres armados se lo llevaron, le encintaron la cabeza, lo subieron a una cajuela, lo encadenaron y lo filmaron en dos videos. Describe físicamente al que identificó como jefe. No menciona a Julio: ni por nombre, ni por apodo, ni por alguna seña.
2. La declaración de la hermana de la víctima (19 de septiembre de 2003; fojas 48 a 52, tomo I). Relata toda la negociación del rescate. Los negociadores se presentaron como «El Clavito» y «El Alacrán». Julio no aparece.
3. La ampliación de declaración de la hermana (1 de octubre de 2003; fojas 75 y 76, tomo I). Aporta tres números telefónicos. Ninguno se le atribuye a Julio, y no hay peritaje de telefonía que lo ligue a una línea o a una antena.
4. El testigo presencial (14 de octubre de 2003; fojas 1035 a 1044, tomo II). Describe a los agresores como hombres de complexión delgada. Julio es robusto. No lo menciona. La sentencia lo usó en su contra, pero en realidad lo favorece.
5. Los oficios de la policía que siguió la negociación (agosto y septiembre de 2003; fojas 11 a 31, tomo I). Documentan la instalación del equipo de grabación, la bitácora de llamadas y la entrega de dos videocasetes y treinta y cuatro audiocasetes. No lo mencionan.
6. Los partes de la Agencia Federal de Investigación (2003; fojas 57 a 118, tomo I). Documentan cómo se localizó la casa de seguridad. No lo mencionan.
7. El cateo de la casa de seguridad (11 de octubre de 2003; fojas 371 a 374, tomo I). Se aseguraron una escopeta, celulares, cartuchos, una cadena, pasamontañas y vendas, y se detuvo ahí a tres personas. Julio no estaba, y nunca se le encontró dinero ni alhajas del rescate.
8. La detención de 2009 en Ixtlahuaca (parte de la Policía Federal del 15 de abril de 2009). Documenta la captura de tres personas en el rancho Los Manantiales, entre ellas el hombre al que llamaban «El Pepe» o «El Patrón». No menciona a Julio, que para entonces llevaba un año preso.
9. El reconocimiento fotográfico (20 de abril de 2009; fojas 7083 a 7096, tomo X). Un tribunal federal lo anuló en el amparo 28/2015 porque se hizo sin abogado defensor. La anulación es definitiva desde el 14 de diciembre de 2015.
10. La declaración de Julio (18 de abril de 2008). La anuló la misma resolución. La propia sentencia reconoce que se excluyó «en virtud de los posibles actos de tortura a que fue sometido».
11. El cotejo. Es la comparación entre la descripción que la víctima dio en 2003 y la fotografía de la foja 7089 del tomo X. No la hizo la víctima ni un perito: la hizo el juzgador, por su cuenta.
La cuenta queda así: ocho pruebas acreditan el secuestro y ninguna nombra a Julio; dos fueron anuladas; y queda una comparación que hizo el propio juzgador. Eso es lo único que tiene a Julio en la cárcel: la foja 7089 del tomo X.
Y hay más. Durante los cincuenta y siete días de cautiverio, la víctima escuchó cómo se llamaban entre ellos sus captores. La Policía Federal hizo la lista: «el Clavito», «el Alacrán», «Jhony», «Ángel», «Pepe», «Güera», «Choco» y «Choco 2». Ninguno es «El Pelotas».

El cuadro de la Policía Federal con los apodos que la víctima escuchó durante su cautiverio. «El Pelotas» no aparece.
Y ahora lo más grave. El 17 de mayo de 2010, ante un juez federal en Nezahualcóyotl, la defensora pública le preguntó a la víctima si había podido ver al jefe de los secuestradores y si podía describirlo. Su respuesta está en la propia sentencia: «Sí la recuerdo y corresponde al nombre de Liborio, una persona de cincuenta y cinco, sesenta años de edad, tez morena, tiene voz ronca». Uno de los tres detenidos en el cateo de la casa de seguridad, en octubre de 2003, se llamaba Liborio.
Léalo otra vez, estimado lector: la víctima dijo ante un juez que el jefe era Liborio. Y catorce años después, la sentencia le colgó a Julio la descripción de ese jefe.

La sentencia lo remata con una frase que aparece dos veces: les reprocha a él y a su defensa haber sido «omisos en allegar al proceso medio probatorio alguno que desvirtuara las imputaciones firmes y categóricas que en su contra realizó la víctima». La víctima nunca lo imputó. La sentencia le exige desmentir a un testigo que no existe.

La frase que se repite dos veces en la sentencia.
Ninguno de los procesados por este secuestro lo señaló. [VERIFICAR: que ninguna declaración de los demás coacusados, ni siquiera de las excluidas, lo nombre.] «El Pepe» o «El Patrón», el detenido de Ixtlahuaca al que la acusación pone al frente de la organización, se careó con Julio dos veces: el 6 de marzo de 2012 y el 12 de septiembre de 2019. Las dos veces dijeron no conocerse. La sentencia lo descartó como «versión autoexculpatoria no corroborada». ¿Con qué prueba, me pregunto, se demuestra que dos personas no se conocen? Y a Julio nunca se le acusó de pertenecer a esa organización: no fue procesado por delincuencia organizada.

Los careos: «aceptaron no conocerse entre sí».
Tampoco su voz lo señala. Las llamadas de la negociación quedaron en treinta y cuatro audiocasetes, y varios testigos describen al hombre de «voz ronca» que daba las órdenes. En la relación de pruebas de la sentencia aparece un dictamen de análisis de voz (tomo XXII, fojas 16877 a 16879). La sentencia lo enlista y no lo vuelve a mencionar nunca. ¿Usted cree que, si ese peritaje hubiera reconocido la voz de Julio, el juzgador no lo habría usado?
Tampoco hay una llamada atribuida a él, ni una huella, un vehículo, un arma, un documento o un dato que lo ubique en el lugar. Ni un testigo que pronuncie su nombre.
5. Detenido por un secuestro, preso por otro
Julio no fue detenido por el secuestro de 2003. Lo detuvieron por otro.
El miércoles 16 de abril de 2008, la policía federal entró a una casa de seguridad en la calle Flor de Mayo, colonia Lomas de San Lorenzo, en Iztapalapa. Rescató a dos personas secuestradas semanas antes y detuvo a nueve. La Secretaría de Seguridad Pública federal, que encabezaba García Luna, los presentó como la banda de «Los Jeremías», a la que atribuyó más de veintisiete secuestros en la capital y en los estados de México, Morelos y Guerrero. Ni una palabra sobre el secuestro de 2003.
El Estado ni siquiera tenía bien su nombre. El dictamen médico de la PGR del 17 de abril lo registró como «Orellana Luévanos Julio y/o Arellano Nuevanos Julio». El boletín de la SSP lo presentó a la prensa como «Julio Orellana Arévalo, alias El Pelotas». Tres nombres en setenta y dos horas. Así lo publicaron La Prensa y El Universal el 19 de abril de 2008.

La Prensa, 19 de abril de 2008: «Julio Orellana Arévalo (a) “El Pelotas”, de 57 años de edad».
Tampoco coincidían en su papel. La nota de La Prensa dijo que su función era «coordinar la logística de los secuestros» y servir de enlace entre negociadores y cuidadores; identificó como líder a otro hombre, de 33 años, y puso la palabra «EL LÍDER» sobre otra fotografía. El Universal, con el mismo boletín, lo llamó «uno de los presuntos líderes».

La misma nota identifica como líder de la banda a otro hombre.
Ya le conté que entre los policías que firmaron la puesta a disposición estaba Iván Reyes Arzate, condenado en Estados Unidos por recibir sobornos del narcotráfico. No es el único firmante con historia. Otro de ellos, Juan Gabriel Garduño Guerrero, dejó de presentarse a trabajar sin justificación alguna, y en marzo de 2010 la Policía Federal tramitó su baja.

Oficio de la Policía Federal sobre otro de los firmantes: «dejó de asistir a esta Institución sin justificación alguna».
Julio fabricaba y vendía pelotas de plástico y bolsas. Así lo declaró ante el juez en 2009, cuando dio como ocupación «fabricante de pelotas». «No es un apodo de delincuente», escribió dieciocho años después al juzgado: «es el nombre de lo que hacía para vivir».
Por ese caso le dictaron auto de formal prisión el 23 de junio de 2008, en la causa 42/2008 del entonces Juzgado Sexto de Distrito. Y de esa causa salió libre; según su familia, absuelto por completo.
Los demás no corrieron con esa suerte. En abril de 2024, seis de los detenidos de aquella casa recibieron sentencias de entre 324 y 1,070 años de prisión por delincuencia organizada y secuestro.
Por el caso en el que lo detuvieron, Julio quedó libre. Pero para entonces ya estaba preso por otro: el de 2003, en el que su nombre apareció un año después de su detención, con las fotos de aquel operativo. La orden de aprehensión por el secuestro de 2003 se libró hasta el 30 de junio de 2009, quince meses después de que lo detuvieran, y se le cumplió en la cárcel.
6. Nueve fotos, una venda y un televisor apagado
El 20 de abril de 2009, cuando Julio llevaba un año preso por el caso de Los Jeremías, el Ministerio Público Federal que investigaba el secuestro de 2003 volvió a llamar a la víctima. Ese mismo día pidió por oficio las fotografías de los secuestradores relacionados con el líder de Los Jeremías. Le llegaron nueve: las fichas de los nueve detenidos de Iztapalapa, todas tomadas el 17 de abril de 2008, el día del dictamen de los golpes.
Ésas fueron todas las opciones que le pusieron enfrente. No hubo una sola fotografía de contraste, de alguien ajeno a ese grupo. Y según la propia declaración de la víctima, antes de enseñarle nada el Ministerio Público le avisó que había detenidos «posiblemente relacionados» con su secuestro.
Ante ocho fotos dijo lo mismo: «a la persona que aparece en esta foto no la conozco».

Ocho de las nueve fotos: «a la persona que aparece en esta foto no la conozco».
La número dos era la de Julio, con el ojo cerrado. A ésa sí la señaló, pero no como al jefe. Dijo que ese hombre había entrado unas tres veces a la casa de otro de los secuestradores, Liborio, a pedirle dinero, y que lo vio por el reflejo de una pantalla de televisión apagada, hasta que uno de sus captores le bajó la venda y ya no vio nada. Según su relato, Liborio le contestó a aquel hombre que «este asunto es de Pepe». En ese mismo cuerpo de documentos, el Ministerio Público escribió que la organización la encabezaba Liborio. Y un año después, ante un juez, la propia víctima diría lo mismo: que el jefe era Liborio.
Fíjese bien: en seis años la víctima nunca había mencionado a Julio. Lo «reconoció» en la foto de alguien que ya estaba preso, con el ojo cerrado, después de que le avisaran que había detenidos relacionados con su caso. Julio lo dijo en un careo: «en seis años nunca me mencionó hasta el dos mil nueve».

Julio, en un careo de 2019: «en seis años nunca me mencionó hasta el dos mil nueve».
Es el único señalamiento contra Julio que aparece entre las pruebas de la sentencia. Y no cuenta. En 2015, el amparo 28/2015 excluyó ese reconocimiento porque se practicó sin defensor, y excluyó también la declaración de 2008. El Ministerio Público presentó su recurso fuera de plazo y la exclusión quedó firme. Es cosa juzgada: ningún juez puede volver a usarla.
En 2016 pasó algo más. El 30 de noviembre, el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito le concedió un segundo amparo, el 38/2016, y ordenó dictarle auto de libertad por falta de elementos para procesarlo. El tribunal que revisaba su caso había hecho justo lo que el primer amparo prohibía: puso lado a lado la descripción de 2003 y la foto excluida, y concluyó que era el mismo hombre. El tribunal de amparo lo reprobó: había sostenido su fallo en «pronunciamientos que la víctima no hizo».

Amparo de 2016: la justicia federal «ampara y protege lisa y llanamente» a Julio Orellana.

El mismo amparo ordena revocar el auto de formal prisión dictado el 11 de agosto de 2009.
Julio tuvo en sus manos una orden de libertad. La perdió el 21 de diciembre de 2017, cuando un tribunal colegiado revocó ese amparo sin revisar el fondo: la demanda se había presentado fuera de plazo. Nadie volvió a examinar si había o no elementos. La única vez que un tribunal federal revisó a fondo la prueba en su contra, concluyó que no alcanzaba.
7. El espejo de Israel Vallarta
Julio no es el primero. Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 en un operativo que se transmitió por televisión y que López Obrador exhibió en una mañanera como un montaje; al frente de la policía federal estaba García Luna. Vallarta pasó casi veinte años preso sin sentencia. El 31 de julio de 2025, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el mismo que hoy tiene el expediente de Julio, lo absolvió, y salió libre el 1 de agosto. En junio de 2026 un tribunal confirmó la absolución.
García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, fue sentenciado el 16 de octubre de 2024 en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, a 460 meses de prisión: más de 38 años.
Nada de esto prueba, por sí solo, que lo de Julio haya sido un montaje. Prueba que en esos años los montajes existieron, en casos de secuestro, con el mismo hombre al frente de la seguridad federal. El mismo juzgado. El mismo sistema.
8. Cuatro veces en Palacio Nacional
Esto es lo que el Estado mexicano me contestó, en público, cada vez que le planteé el caso. Las cuatro respuestas constan en versión estenográfica oficial y en video.
6 de octubre de 2023, desde Quintana Roo. Andrés Manuel López Obrador recordó a los detenidos del caso Ayotzinapa a los que se les demostró tortura y fueron liberados, y dijo: «No estoy a favor de la tortura, pero sí es extraño que haya casos como el que tú estás planteando, que ya hay estudios, protocolos, de que fue torturado y continúa».
Consulta: Versión estenográfica · Video, desde el minuto 1:11:05
16 de abril de 2024, Palacio Nacional. Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad: «Lo atendemos en la Comisión de Amnistía». Y después: «Esperemos ir por la amnistía y veremos qué dice el juez».
Consulta: Versión estenográfica · Video, desde el minuto 1:30:34
25 de septiembre de 2024, Palacio Nacional. López Obrador: «En general va a haber continuidad con cambio, la presidenta va a atender todos estos casos».
Consulta: Versión estenográfica · Video, desde el minuto 2:29:07
28 de agosto de 2025, Palacio Nacional. Claudia Sheinbaum: «Sí, lo retomamos».
Consulta: Versión estenográfica · Video, desde el minuto 1:30:40
Julio Orellana sigue en el penal federal del Altiplano.
9. Un juez electo frente a la foja 7089
La Reforma Judicial se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Los 881 juzgadores federales electos en las urnas el 1 de junio de 2025 rindieron protesta el 1 de septiembre de ese año.
Uno de ellos es Jorge Adrián Cruz Flores. Fue candidato a juez de distrito en materia penal por el Segundo Circuito, en el Estado de México, postulado por el Poder Legislativo, y obtuvo 93,638 votos. Según el currículum que entregó al INE, viene de la defensa de los derechos humanos: hasta su candidatura era defensor municipal de derechos humanos en Nicolás Romero. Hoy es el titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, en Toluca: el juzgado que tiene el expediente de Julio.
Cuando revocó la condena, el tribunal de apelación dejó dos reglas. La primera: el secuestro es un delito del fuero común, y debe juzgarse con la ley del Estado de México, no con el código federal que se le aplicó durante dieciséis años. La segunda: si vuelven a condenarlo, la pena no puede ser mayor que la de 2024.

El tribunal de apelación: las conductas atribuidas «no revisten el carácter de delitos federales».
El 14 de julio de 2026, con la nueva acusación de la Fiscalía ya en el expediente, el juez Cruz Flores dio a las defensas treinta días hábiles para presentar sus conclusiones.

El auto que tiene por formuladas las conclusiones acusatorias del pliego AE/403/2026 y concede el plazo a las defensas.

La defensa presentó las suyas con la foja 7089 por delante. Le pidió al juez tres cosas: que ponga a la vista esa foja y haga constar si el hombre tiene bigote y si tiene una seña en el rostro; que traiga al expediente la resolución con la que terminó la causa de Los Jeremías; y que cese la prisión preventiva, porque con el tiempo que ya lleva preso, Julio está a un año y cinco meses de cumplir el máximo de la pena que podrían imponerle.
En manos del juez Cruz Flores pesa una decisión enorme: si una foto sacada de una diligencia que la justicia federal anuló hace once años, comparada con una descripción que ni siquiera coincide con ella, puede seguir sosteniendo la condena de un hombre.
Quien hoy decide no firmó la condena de 2024. No le debe nada a los dieciséis años de espera ni al error de la foja 7089. Para el sistema anterior, absolver a Julio era más caro que condenarlo: absolverlo obligaba a explicar quién lo tuvo preso dieciséis años sin probar nada; condenarlo no obligaba a explicar nada. Un juzgador que llegó por el voto debería hacer la cuenta al revés.
Si la respuesta vuelve a ser la condena, la reforma habrá cambiado la forma de elegir a los jueces, pero no la forma de juzgar. Por eso este caso es la prueba de fuego.
10. «Le basta con ver»
Julio Orellana Luévanos nació el 16 de junio de 1950 en la Ciudad de México. Tenía 57 años cuando lo detuvieron. Hoy tiene 76 y lleva 6,788 días preso. Aun si lo condenaran otra vez a la pena más alta posible, ya habría cumplido más de dieciocho años y medio de ella.
El 11 de septiembre de 2026 firmó en el Altiplano un escrito dirigido al juez, presentado por su propio derecho, además del de su abogada. No niega lo que pasó en 2003: «Sé que se me acusa de un hecho grave y real. Un hombre estuvo cincuenta y siete días cautivo y su familia pagó por su libertad. No vengo a negar ese sufrimiento ni a restarle importancia».

Julio sigue interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, «Altiplano».
Pide dos cosas. Que se le señale con tomo, foja y renglón la prueba en la que alguien lo haya identificado. Y que el juez mire la foto. Ofrece someterse a un peritaje oficial de su rostro y pide una inspección judicial para que conste el lunar de su mejilla. Y cierra así:
«Señoría: abra el tomo X en la foja 7089. Mire esa cara. Y lea después la descripción que dice que ese hombre no tenía bigote y que no tenía ninguna seña en el rostro. No necesita creerme: le basta con ver».
Y una línea más, que resume dieciocho años: si después de mirar resolviera en su contra, escribe, «al menos habré tenido lo que no he tenido en dieciocho años: que alguien con la facultad de hacerlo se haya tomado el tiempo de verme».
Lo que este reportaje no afirma
No pide que se le crea por la convicción de su autor. Lo que demuestra con documentos es más limitado y más sólido: después de dieciocho años, dos anulaciones y una reposición, el Estado no ha presentado una sola prueba válida de que Julio Orellana participó en este secuestro.
No afirma que nadie lo haya señalado nunca. La víctima señaló su foto en 2009, en una diligencia sin defensor y sin fotos de contraste que un tribunal federal anuló.
No oculta lo que publicó la prensa en 2008. La nota que se hizo con el boletín de la SSP consigna que el detenido «también manifestó haber participado en por lo menos diez secuestros». Esa versión viene de la declaración ministerial del 18 de abril de 2008, la que se firmó el día que entró al hospital y que el propio juzgado excluyó por posibles actos de tortura. Hoy no figura en el pliego que lo acusa.
No afirma que la exposición pública haya causado la sentencia de 2024. La coincidencia es un hecho: entre el primer planteamiento en la mañanera y la condena pasaron 146 días, después de quince años y diez meses sin resolución. La causalidad es una inferencia.
La pregunta que nadie ha respondido en dieciocho años
Señálese, con indicación precisa de tomo, foja y renglón, el medio de prueba en el que persona alguna haya identificado a Julio Orellana Luévanos como partícipe de este secuestro, excluidos los que fueron anulados por ejecutoria firme.
Sobre la víctima. Estuvo cincuenta y siete días privado de la libertad y su familia pagó un rescate. Nada en este reportaje pone en duda lo que vivió. Lo que aquí se documenta es otra cosa: si el hombre que lleva dieciocho años preso por ese hecho fue identificado por alguien. Su nombre y el de su hermana se omiten, y en las imágenes se testaron.
Fuentes del expediente: sentencia de primera instancia de 29 de febrero de 2024, causa penal 56/2009 (1,010 páginas), incluidas la relación de constancias (puesta a disposición PFP/CIP/DGSR/3478/2008, página 84; dictamen de análisis de voz, página 120) y la ampliación de declaración de la víctima de 17 de mayo de 2010 (páginas 213 y 214); toca penal 144/2024, sentencia de 30 de abril de 2025; amparos indirectos 28/2015 y 38/2016; dictamen de integridad física de la PGR de 17 de abril de 2008; dictamen conforme al Protocolo de Estambul de 26 de noviembre de 2019; determinación de no ejercicio de la acción penal de 22 de diciembre de 2021; reconocimiento fotográfico de 20 de abril de 2009, fojas 7080 a 7100 del tomo X; pliego de conclusiones acusatorias AE/403/2026 de 10 de julio de 2026; auto de 14 de julio de 2026; alegatos por propio derecho de Julio Orellana de 11 de septiembre de 2026.
Fuentes públicas: versiones estenográficas de la Presidencia de 6 de octubre de 2023, 16 de abril de 2024, 25 de septiembre de 2024 y 28 de agosto de 2025; La Prensa y El Universal, 19 de abril de 2008; Instituto Nacional Electoral, listado de candidaturas (INE/CG228/2025) y cómputo de votos de la elección de juezas y jueces de distrito de 2025; Consejo de la Judicatura Federal, ficha del juez Jorge Adrián Cruz Flores; Departamento de Justicia de Estados Unidos y DEA, comunicados de 9 de febrero de 2022 sobre la sentencia de Iván Reyes Arzate.

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