Un proyecto de la ministra Loretta Ortiz plantea que los delitos derivados del incendio de la Guardería ABC no prescriben cuando las víctimas son niñas y niños, lo que podría reactivar procesos penales contra exfuncionarios.
A casi 17 años de la tragedia de la Guardería ABC, donde murieron 49 menores y 106 más resultaron heridos en Hermosillo, Sonora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría dar un paso histórico para combatir la impunidad que ha rodeado el caso. La ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá al pleno declarar que los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión cometidos contra menores de edad son imprescriptibles, lo que abriría la posibilidad de procesar a más exfuncionarios involucrados.
El proyecto, que será discutido esta semana, sostiene que la magnitud del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 y las fallas en el deber de protección por parte del Estado constituyen violaciones graves a los derechos de la infancia. Bajo este criterio, el paso del tiempo no puede convertirse en un escudo para evitar la rendición de cuentas de quienes pudieron haber tenido responsabilidad en la tragedia.
La resolución surge a partir del amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien fue vinculado a proceso en 2020 durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El exfuncionario argumentó que la acción penal en su contra ya había prescrito desde 2019; sin embargo, tanto un juez federal como ahora la propuesta de la ministra sostienen que los delitos contra niñas y niños no pueden quedar protegidos por los plazos ordinarios de prescripción.
En su proyecto, Ortiz Ahlf enfatiza que el interés superior de la niñez, respaldado por normas nacionales e internacionales, obliga al Estado mexicano a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. De aprobarse el criterio, la Corte establecería un precedente relevante para casos donde la negligencia institucional afecte gravemente a menores de edad.
La tragedia de la Guardería ABC se convirtió en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de México y en símbolo de las consecuencias de la corrupción, la supervisión deficiente y las redes de protección política. Durante años, familiares de las víctimas han denunciado que las investigaciones avanzaron lentamente y que muchos responsables nunca enfrentaron consecuencias penales.
Si el pleno avala la propuesta, el expediente regresará a un tribunal colegiado para emitir una nueva resolución bajo este criterio. Más allá del aspecto jurídico, la decisión podría representar una nueva oportunidad para que las familias de las víctimas obtengan justicia y para que uno de los casos más emblemáticos de impunidad en México deje de permanecer en el olvido.
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