Colectivos ambientalistas, especialistas y ciudadanos han denunciado durante meses la contaminación y el deterioro del río Santa Catarina, uno de los ecosistemas más importantes de Nuevo León. A tan solo nueve días del arranque del Mundial, el gobierno de Samuel García ha sido incapaz de atender de fondo la contaminación, las descargas irregulares y las afectaciones ambientales que siguen deteriorando este cauce.
El río Santa Catarina es un corredor biológico clave para la biodiversidad de Nuevo León, un regulador natural durante fenómenos meteorológicos extremos y una pieza fundamental para la recarga de mantos acuíferos y la salud ambiental de la región. Mientras el río continúa acumulando basura y descargas contaminantes, las denuncias contra el gobierno estatal se han multiplicado durante el último año.
Las críticas más fuertes provienen del colectivo ambientalista “Un Río en el Río”, cuyos integrantes han acusado directamente a la administración de Samuel García de incumplir compromisos adquiridos para proteger el ecosistema, mantener opacidad en proyectos de infraestructura y desatender advertencias sobre posibles daños ambientales. En febrero de 2026, la organización denunció públicamente que los acuerdos establecidos con autoridades estatales no fueron respetados y que los plazos para transparentar información y atender riesgos ambientales vencieron sin resultados concretos. Además, los activistas señalaron que existe una falta de voluntad política para garantizar la conservación del río frente a obras impulsadas por el propio gobierno estatal.
La inconformidad escaló en marzo de este año, cuando integrantes del colectivo acudieron ante autoridades federales para presentar denuncias formales por posibles afectaciones ecológicas derivadas de proyectos asociados a la Línea 4 del Metro, puentes peatonales y otras intervenciones dentro o cerca del cauce. Los ambientalistas solicitaron la intervención de la Profepa y la Semarnat al considerar que existen riesgos para la flora, la fauna y la capacidad hidráulica del río.
Durante años se han detectado descargas de aguas residuales, acumulación de llantas, escombros y toneladas de residuos sólidos en distintos puntos del cauce. De hecho, el propio gobierno estatal ha reconocido en diversos operativos que se han retirado más de 100 toneladas de basura y miles de llantas del río, una cifra que para los críticos demuestra la magnitud del problema y la falta de una estrategia integral de saneamiento. Aunque la administración presume jornadas de limpieza y campañas ciudadanas, organizaciones ambientales sostienen que recoger residuos no resuelve las causas estructurales ni garantiza la recuperación ecológica del afluente.
Mientras tanto, los colectivos continúan insistiendo en que el río requiere una política de protección permanente, transparencia en las obras que afectan el cauce y un verdadero programa de saneamiento ambiental. Los activistas advierten que cada año que pasa sin atender de fondo la contaminación, las descargas irregulares y la presión urbanística aumenta el riesgo de perder uno de los espacios naturales más importantes del estado. El problema no es únicamente la basura visible, sino la falta de una estrategia integral que coloque la conservación ambiental por encima de los proyectos políticos y de infraestructura.
A pesar de que el gobierno de Samuel García ha difundido operativos de limpieza, clausuras de algunos establecimientos contaminantes y campañas de recolección de residuos, el deterioro ambiental del río continúa generando denuncias, recursos legales y llamados de atención por parte de especialistas y organizaciones civiles. Las acciones gubernamentales han sido puramente mediáticas, mientras que las demandas de protección ecológica, transparencia y prevención de impactos ambientales siguen sin recibir respuestas que los colectivos consideren suficientes.
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