El dirigente priista acudió al Departamento de Estado para denunciar a tres consejeros electorales y pedir que Washington revise un conflicto que todavía se encuentra en tribunales mexicanos.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, decidió internacionalizar su pleito con el Instituto Nacional Electoral (INE) y presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una denuncia contra los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, a quienes acusa de censura y de afectar su libertad de expresión.
La estrategia de Alito resulta llamativa: en lugar de limitarse a defender su caso ante las instituciones electorales mexicanas, el senador decidió tocar la puerta de Washington y solicitar que los consejeros sean revisados bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, una legislación que contempla sanciones en casos determinados de corrupción o graves violaciones a derechos humanos. El problema para su argumento es que su impugnación todavía está en proceso ante la Sala Superior.
Moreno también anunció que llevará el asunto ante organismos como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para reforzar su denuncia, recordó las sanciones que Estados Unidos aplicó en 2025 al juez brasileño Alexandre de Moraes. Es decir, Alito parece decidido a convertir una disputa electoral mexicana en asunto internacional, como si el Departamento de Estado fuera una ventanilla más del Tribunal Electoral.
El priista sostuvo que defenderá la libertad de expresión y aseguró que “no nos van a callar”. Además, acusó a Morena de querer construir una dictadura y lanzó señalamientos contra sus adversarios. Sin embargo, mientras el PRI enfrenta su propia crisis política y electoral, su dirigente apuesta nuevamente por los reflectores y ahora busca que Washington intervenga en un conflicto que tiene cauces legales en México.
La denuncia deja una imagen peculiar: Alito Moreno, senador mexicano y dirigente de un partido nacional, buscando auxilio político en Estados Unidos por una resolución del INE. Una estrategia que podrá generar titulares, pero que difícilmente sustituye los recursos jurídicos que él mismo reconoce que están pendientes. Porque una cosa es defender la libertad de expresión y otra muy distinta llevar cada pleito político a tocar la puerta del vecino.
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