Autor: Redacción

Mientras se desmantelaba una red de extorsión en redes sociales en Nuevo León, los señalamientos también han involucrado a figuras públicas, donde se han visto “obligadas” a fijar una postura ante un ruido digital. 

La detención de dos personas ligadas a la cuenta de Instagram “La Tía Paty” no solo destapó una red de extorsión digital, sino también colocó en el centro de la conversación a Mariana Rodríguez, quien ha sido señalada en redes sociales por presuntos vínculos indirectos en el caso. 

Los señalamientos surgieron luego de que circulara una fotografía de su campaña política a la alcaldía de Monterrey, en la que aparece una mujer que posteriormente fue identificada como una de las presuntas implicadas en la red. A partir de esa imagen usuarios comenzaron a relacionarla con el caso.

Mariana Rodríguez Cantú salió a pronunciarse a través de sus redes sociales para deslindarse de cualquier conexión con la cuenta y con sus operaciones, poniendo punto final frente a los señalamientos que comenzaron a viralizarse. 

Más allá del impacto mediático, el caso revela el funcionamiento de “La Tía Paty”, una cuenta que bajo la apariencia de entretenimiento y chismes construyó un mecanismo de presión digital. Inicialmente dedicada a difundir rumores, la página evolucionó hacia prácticas más agresivas.

De acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, Astrid “N” y César “N” estarían detrás de la operación, basada en la recopilación de datos personales y sensibles sin consentimiento, información que era utilizada posteriormente como herramienta de intimidación.

¿Cómo operaba esta red?

Su modus operandi constaba en contactar a las víctimas mediante mensajes directos, exigiéndoles dinero a cambio de mantener contenidos privados como conversaciones, fotografías o situaciones comprometedoras, aprovechando el temor a la exposición digital.

Con una audiencia que superó los 118 mil seguidores, la cuenta expandió su alcance y dejó de centrarse únicamente en figuras públicas, extendiendo sus publicaciones a usuarios comunes, lo que incrementó los casos de acoso y afectaciones reputacionales.

A ello se suma que, de acuerdo a las investigaciones, la plataforma también habría sido utilizada para promocionar servicios sexuales mediante un esquema de catálogo, lo que intensifica el caso añadiendolo a dinámicas de explotación en línea.

El caso no solo exhibe la operación de redes de extorsión digital, sino también la velocidad con la que los señalamientos se propagan en redes sociales, colocando a terceros en el centro de la polémica y obligándolos a “limpiar” públicamente su imagen en un entorno cada vez más expuesto.