Los Reporteros Mx

Autor: Los Reporteros Mx

  • Prohíben el colorante rojo en los alimentos

    Prohíben el colorante rojo en los alimentos

    La herencia que nos dejó el Dr. Hugo López Gatell permanece hasta la actualidad. Hay que recordar que el Dr. Gatell fue quien impulsó la controversial NOM-051, que en septiembre de 2020 obligó a las empresas a colocar los ya famosos octágonos negros que indican la cantidad excesiva de ingredientes que pueden representar un riesgo para la salud. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador las empresas alimenticias tuvieron un gran ajuste, ya que casi el 80% de las formulaciones de los productos procesados modificaron sus ingredientes para disminuir la cantidad de advertencias.

    La medida aplicada le permitió a México bajar del primer lugar en obesidad infantil al octavo a nivel mundial para marzo de 2026. Una ganancia que a todos y todas nos impacta. ¿Cuántas veces van al supermercado y revisan los “sellos” de la NOM-051 para decidir qué comprar? Yo, además, reviso la lista de ingredientes, así como nos lo enseñó Gatell; busco evitar, sobre todo, el jarabe de maíz de alta fructosa. A mis sobrinos en las escuelas les han permitido identificar productos de riesgo y ahora cada que salimos tenemos que unirnos a la tarea de buscar algo que no tenga tantos octágonos.

    2026 llega con otra buena noticia, sobre todo para los niños y niñas de México. El gobierno que encabeza la Doctora Claudia Sheinbaum ha instruido a la COFEPRIS retirar el “Rojo 3 (eritrosina)” de todos los alimentos ya que está asociado al desarrollo de cáncer. Este ingrediente, en muchas ocasiones impacta a los más pequeños, ya que son los niños quienes consumen más productos como gelatinas, yogurt, gomitas y una gran cantidad de alimentos y golosinas.

    Desde la psicología, hace años se sabe de la relación que existe entre los colorantes rojos en los alimentos y la alteración de las neuronas en niños. Mi recomendación cuando hacemos valoración del desarrollo es que los niños eviten consumir los alimentos de color rojo. Sin embargo, hay una gran cantidad de productos procesados que los contienen y que los adultos no revisan antes de que los niños los consuman, por ejemplo, los embutidos. El color rosado, característico de estos alimentos procesados, regularmente lo encontramos como rojo 40. Los cereales, algunos panes y buena parte de lo que consumen, especialmente los niños tienen colorantes rojos.

    La medida anunciada por la COFEPRIS es una de las victorias más relevantes para la salud de la población mexicana, celebro la medida y espero que este sea el inicio de una larga lista de aditivos que necesitamos solicitarle a la COFEPRIS retirar de las formulaciones de los alimentos. En este mismo tenor, colorantes como el amarillo y el azul acompañan a los rojos, aún más con una moda en los jóvenes, adolescentes y lo he visto también en niños, beber unos preparados de un líquido color azul, conocido vulgarmente como “azulitos”. No sé qué sea, pero supongo que son bebidas energéticas, que en su mayoría tienen una alta concentración de azúcar. Aún queda mucho por hacer, pero es un buen inicio esta medida. 

  • Naco, Sonora: Reparar no es limpiar

    Naco, Sonora: Reparar no es limpiar

    El reciente derrame de hidrosulfuro de sodio tras el descarrilamiento de un tren en Naco, Sonora, que lamentablemente dejó a un habitante en estado crítico, vuelve a recordarnos la vieja costumbre nacional de reaccionar cuando ocurre una tragedia, sin que aprendamos la lección de adoptar las medidas necesarias para evitarla.

    Por desgracia lo sucedido en Naco no es un caso aislado. Ahí está el Río Sonora, donde más de una década después las comunidades siguen reclamando agua limpia, atención médica y justicia ambiental.

    Ahí están también los incendios forestales, la contaminación de ríos, el uso indiscriminado de agrotóxicos y los conflictos derivados de proyectos que afectan a comunidades enteras, lo que nos lleva a una misma reflexión: solo cambian los lugares, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo, el de privilegiar la reacción por encima de la prevención. Los ejemplos sobran y todos siguen el mismo patrón. En 2019, la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, dejó más de cien muertos, y aun así las tomas clandestinas y las fallas de vigilancia en la red de ductos de Pemex continúan siendo un problema recurrente. En Coahuila, el desastre minero de Pasta de Conchos —donde apenas este año, más de dos décadas después de la explosión, se ha logrado recuperar poco menos de la mitad de los 65 cuerpos de los mineros atrapados— muestra cómo la negligencia empresarial y la omisión gubernamental pueden convertirse en una misma responsabilidad compartida. Como se puede advertir, en cada uno de estos casos, la pregunta que debería hacerse la sociedad no es solamente qué pasó, sino quién debía haberlo evitado y qué consecuencias enfrentó por no hacerlo.

    La cuestión de fondo es muy sencilla: el Estado mexicano hoy enfrenta grandes desafíos para conciliar el crecimiento industrial con la protección ambiental, pero ese desafío se vuelve insostenible cuando las empresas responsables de estos desastres asumen que un comunicado de prensa y una brigada de limpieza bastan para saldar su deuda con las comunidades afectadas. Pero hay que ser más que claros: no basta con contener el daño inmediato, la ley debe obligar a las empresas a reparar integralmente el entorno, resarcir a las familias afectadas y garantizar tratamiento médico de largo plazo a quienes resultaron dañados como en este caso Luis Arturo Ozuna Vázquez, porque un accidente “controlado” no es, en lo absoluto, lo mismo que un accidente reparado.

    Por esa razón, el caso de Naco resulta por demás revelador: hablamos sin más ni más de un tren que transportaba hidrosulfuro de sodio —sustancia altamente tóxica capaz de provocar quemaduras severas e insuficiencia respiratoria— que se descarriló en una zona donde, según los propios pobladores, ya se habían denunciado anteriormente fallas en el mantenimiento de las vías.

    Luego entonces cabe preguntarse de manera seria: ¿cuántas advertencias tuvieron que ignorarse para que ocurriera lo que ocurrió? Esa misma pregunta recae en una realidad que se presenta a menudo pues cuando la respuesta institucional llega después del derrame y no antes de la denuncia, algo en el diseño de nuestras políticas de prevención está profundamente equivocado.

    La obligación de reparar el daño se vuelve el tema central, pues no se trata únicamente de una sanción económica que las empresas puedan absorber como un costo más de operación, sino de un principio de justicia ambiental por el que debemos pugnar todos. Ese principio es muy simple: que quien contamina, quien pone en riesgo la salud de una comunidad, quien se beneficia de la extracción o el transporte de sustancias peligrosas, debe responder con la misma proporción del daño causado y eso implica remediación real de suelos y cuerpos de agua, atención médica garantizada y no condicionada a litigios interminables, además de mecanismos de indemnización que no dependan en lo absoluto de la buena voluntad corporativa ni de la presión mediática del momento. Desde este espacio pugnamos porque haya justicia para Luis Arturo Ozuna Vázquez.

    Luis Tovar
    Secretario General de la Fundación para la
    Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.

  • La falacia de la censura: Cuando el victimismo mediático atenta contra el derecho a la verdad

    La falacia de la censura: Cuando el victimismo mediático atenta contra el derecho a la verdad

    Los grandes imperios de la comunicación y sus voceros de turno construyeron un criterio inamovible, derivado de sus intereses, pretender que el derecho a informar era propiedad privada de quienes poseían un micrófono, una cámara o una red con millones de seguidores. Durante años se instaló un patrón en el que se esperaba que la ciudadanía escuchara, consumiera y guardara silencio. Hoy en un México soberano donde la verdad y la rendición de cuentas han recuperado su lugar en el espacio público, somos testigos de la incomodidad de quienes no toleran el escrutinio. El episodio reciente en el que la influencer y abogada Natalia Torres acusa una supuesta «censura» tras ser evidenciada en la conferencia matutina de la Presidenta de la República, no es más que una burda maniobra de manipulación mediática, disfrazada con el ropaje del victimismo.

    Como juzgadora penal federal y como mexicana comprometida con la justicia social y el Estado de Derecho, no puedo permanecer en silencio frente a la tergiversación de nuestra Constitución. Mi responsabilidad con la patria y con el pueblo me exige hablar con absoluta claridad jurídica: la narrativa de Torres no solo es falsa desde el punto de vista legal, sino que representa un ataque directo a los verdaderos derechos de las audiencias.

    En el marco de nuestra Constitución, de los tratados internacionales y de los Derechos Humanos, la censura previa tiene una definición clara. Ocurre únicamente cuando la autoridad impone medidas coercitivas para prohibir, decomisar, vetar o impedir con carácter previo la difusión de una idea o información (artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

    Para que realmente exista censura, debe mediar la fuerza del Estado cancelando el mensaje antes o durante su emisión. Contrastar una cifra, desmentir una afirmación engañosa o exhibir la inconsistencia de una postura pública jamás será censura. Es, por el contrario, el ejercicio pleno de la libertad de expresión, la transparencia y el derecho de réplica en una democracia viva.

    Ahora la narrativa de Natalia Torres parte de una premisa equivocada o de una conveniente estrategia discursiva al intentar equiparar la confrontación con datos al silenciamiento.

    Primero, el derecho a la información no constituye un privilegio exclusivo de quien comunica; es una garantía pensada para proteger a la sociedad y su derecho a recibir información veraz, plural y oportuna.

    Segundo, la verdad no admite concesiones. Tener un micrófono de amplio alcance no otorga inmunidad frente a la responsabilidad de informar con rigor. La verdad es un bien público que pertenece a todas y todos los mexicanos.

    Tercero, la rendición de cuentas es un principio universal; exigir precisión y sustento a quienes difunden información no restringe su libertad de expresión, sino que fortalece el derecho de la ciudadanía a no ser víctima de la desinformación ni del engaño deliberado.

    Existe una profunda carga clasista en la presunción de que el pueblo de México carece del discernimiento necesario para comprender el alcance de las leyes, identificar los sesgos en los contenidos informativos o formarse un juicio propio sobre los asuntos públicos. Sostener que la réplica de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vulnera los derechos de la influencer Torres, constituye un insulto a la inteligencia de nuestra sociedad, pues parte de la premisa de que la ciudadanía es incapaz de valorar por sí misma los argumentos que escucha y las evidencias que se le presentan. Más aún, esa equiparación banaliza el verdadero significado de la censura y representa una falta de respeto a la memoria histórica de quienes sí padecieron el autoritarismo, fueron perseguidos, silenciados o incluso perdieron la vida por ejercer su libertad de expresión y defender la verdad.

    Como juzgadora de la Nación lo afirmo categóricamente: las aulas de la justicia y los espacios de discusión pública le pertenecen al pueblo soberano, no a las élites ni a los mercaderes de la información. Defender la verdad y el derecho de réplica no es un acto partidista; es la defensa firme de nuestro texto constitucional frente a quienes buscan sustituir el rigor informativo por el titular vendido.

    La función jurisdiccional se ejerce de cara a la ciudadanía, no de espaldas a ella. En un Estado democrático, la justicia trasciende la mera resolución de un expediente y asume una función social: comunica sus razones, fortalece la confianza pública y contribuye a la consolidación de una auténtica cultura jurídica. Una justicia que explica con claridad el fundamento de sus decisiones y se somete al escrutinio de la sociedad no debilita su autoridad; por el contrario, la legitima, la fortalece y la acerca a quienes está llamada a servir, el pueblo de México.

    El verdadero peligro para la democracia no surge cuando un gobernante ejerce su derecho de réplica; el peligro real radica en la normalización de la mentira disfrazada de periodismo. Si permitimos que el victimismo, la manipulación y las mentiras prevalezcan sobre la verdad, estaremos cediendo las libertades de la ciudadanía a grupos de poder que pretenden confundir la libertad de prensa con el derecho de imponer sus narrativas sin contraste ni responsabilidad. La ética en los medios no es una concesión voluntaria, sino una exigencia constitucional que protege al eslabón más vulnerable de la cadena informativa: el espectador, cuyo derecho a recibir información veraz constituye uno de los pilares esenciales de toda democracia.

    México ha cambiado, y sus instituciones tienen el deber de evolucionar con la misma convicción. La Constitución no es un documento inerte, ni un refugio para preservar privilegios o resistirse a la transformación democrática; es el pacto fundamental que da origen a las legítimas exigencias de una sociedad que reclama el pleno respeto al Estado de Derecho. La ciudadanía mexicana dejó atrás el papel de espectadora pasiva para afirmarse como una sociedad crítica, informada y plenamente consciente de sus derechos. Por ello, no puede permitirse que el victimismo, ni las narrativas construidas desde posiciones de poder confundan a quienes hoy exigen un debate público sustentado en hechos, responsabilidad y verdad.

    La verdadera libertad de expresión florece en la confrontación abierta de ideas, en el rigor jurídico y en el apego siempre a la verdad; el engaño y el mercantilismo mediático, por más que se revistan de causa noble o de persecución imaginaria, jamás serán un derecho.

    Porque lo que está en juego no es la narrativa de unos cuantos, sino el derecho de toda una nación a vivir informada con verdad. Y mientras exista una Constitución que la ampare, La dignidad de México jamás será negociable.

  • La Cuauhtémoc merece más

    La Cuauhtémoc merece más

    La Alcaldía Cuauhtémoc constituye uno de los principales motores económicos de México. Por sí sola, si fuera considerada una entidad federativa, se ubicaría en el séptimo lugar nacional por el tamaño de su economía (representa el 5% del PIB nacional). Sin embargo, su relevancia no es meramente económica, sino que también tiene más de la mitad de los museos y centros culturales que se encuentran en la Ciudad de México.

    Podríamos hablar de sus emblemáticos barrios y colonias —como Tepito, la Roma o Buenavista—; de los monumentos que alberga —como el Ángel de la Independencia o el Monumento a la Revolución—; de sus vestigios arqueológicos —como Tlatelolco y el Templo Mayor—. Incluso podría dedicar una columna entera a la riqueza histórica, cultural y económica de esta alcaldía. Sin embargo, en esta ocasión me concentraré en su importancia política.

    No temo equivocarme al afirmar que la Alcaldía Cuauhtémoc es, sin lugar a duda, el corazón político de México. Aquí se encuentran los tres poderes federales, además de albergar las sedes de los tres poderes de la Ciudad de México.

    Con semejante relevancia cultural, económica y política, la administración de la Alcaldía Cuauhtémoc adquiere una importancia que trasciende el ámbito local para convertirse en un asunto de interés nacional. Lo que ocurre en esta demarcación suele ocupar los principales espacios en los medios de comunicación y marcar la conversación pública. Por ello, quienes la gobiernan deben estar a la altura de las circunstancias y de la responsabilidad que implica encabezar el corazón político del país. Aquí le hago una pregunta al lector ¿Hemos tenido gobiernos buenos en los últimos años?

    El PRIAN lleva gobernando nuestra alcaldía desde hace más de un lustro y los resultados están a la vista. Calles llenas de baches, un deterioro evidente del espacio público, servicios urbanos deficientes y una administración que, en demasiadas ocasiones, ha privilegiado la confrontación política por encima de la solución de los problemas cotidianos de las y los vecinos. Llevamos dos gobiernos de alcaldesas con un pensamiento en demasía superfluo y políticas deficientes en contraste con los problemas de la alcaldía.

    Durante los últimos años hemos visto gobiernos más preocupados por la imagen que por la transformación de fondo de la alcaldía. Administraciones que han reducido la política a la promoción personal y a la disputa constante, dejando de lado las necesidades reales de quienes habitan, trabajan y recorren diariamente sus calles.

    La Alcaldía Cuauhtémoc necesita una transformación. No basta con administrar los problemas ni con presentar soluciones temporales; se requiere un proyecto de gobierno que coloque en el centro a las personas y que atienda de manera seria los grandes retos de la demarcación.

    Para que este cambio de rumbo sea posible, la Alcaldía Cuauhtémoc necesita abrir paso a una nueva etapa de transformación. Este cambio sin embargo requiere requiere organización, participación ciudadana y, sobre todo, unidad. Ningún proyecto que aspire a cambiar de fondo la realidad de una demarcación tan compleja puede avanzar si prevalecen las divisiones y los intereses particulares por encima del bienestar colectivo.

    Hoy la Cuauhtémoc tiene ante sí una oportunidad histórica., la oportunidad de recuperar su papel como una alcaldía de vanguardia, donde la riqueza de su historia y la energía de su gente se traduzcan en mejores condiciones de vida para todas y todos.

    Porque la Cuauhtémoc, por lo que representa para México, merece más.

  • Los privilegios que se disfrazan de libertad de expresión

    Los privilegios que se disfrazan de libertad de expresión

    Hay un sector en México que solo cree en la libertad cuando le conviene. Es el de los grandes consorcios mediáticos que, durante décadas, confundieron un privilegio empresarial con un derecho humano.

    Bastó que se publicaran los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias para que comenzara el espectáculo. Las mismas voces de siempre anunciaron la llegada de la dictadura. Hablaron de censura, de mordazas, de persecución y del supuesto fin de la libertad de expresión. Parecía que el Estado había prohibido el periodismo crítico, cuando en realidad se estaba hablando de algo mucho más sencillo: reconocer que quienes consumen radio y televisión también tienen derechos.

    La reacción fue tan exagerada como reveladora. Porque cuando alguien afirma que proteger a las audiencias equivale a censurar a los medios, en realidad está diciendo que cualquier límite a su poder le resulta intolerable.

    Durante años nos quisieron vender una idea bastante peculiar del derecho de las audiencias: “si no te gusta, cambia de canal”. Una respuesta tan cómoda como absurda.

    Siguiendo esa lógica, si una empresa vende alimentos contaminados bastaría con recomendar a la gente que compre en otro lado. Si un banco engaña a sus clientes, el problema sería de quienes firmaron el contrato. Si una farmacéutica miente sobre un medicamento, la solución sería dejar de comprarlo.

    No funciona así. Los derechos existen precisamente para equilibrar relaciones de poder.

    Las audiencias no son simples consumidores cautivos. Son personas con derecho a distinguir información de opinión, a saber cuándo un contenido es publicidad, a exigir mecanismos para presentar inconformidades y a esperar estándares mínimos de responsabilidad en los contenidos que reciben.

    Eso no elimina la libertad de expresión. La fortalece.

    Porque una democracia necesita medios críticos, sí, pero también necesita ciudadanos protegidos frente a prácticas engañosas.

    Resulta curioso que quienes hoy levantan la bandera de la libertad guardaran un silencio casi absoluto cuando durante décadas unos cuantos grupos empresariales concentraban buena parte de la radio y la televisión nacionales. Aquella concentración nunca les pareció un problema para el pluralismo. Tampoco parecían demasiado preocupados cuando los intereses comerciales definían qué temas merecían cobertura y cuáles desaparecían del debate público.

    No deja de sorprender que algunos editorialistas describan cualquier regulación como una agresión a la democracia, mientras en otros ámbitos defienden sin reparo la regulación de mercados, empresas o plataformas digitales. Parece que las reglas solo son aceptables cuando se aplican a otros.

    El fondo del debate nunca fue la libertad de expresión. Es el poder.

    Porque los derechos de las audiencias significan que los medios dejan de ser la única parte con voz. Significan reconocer que la ciudadanía no está obligada a aceptar pasivamente información confusa, publicidad disfrazada de noticia o contenidos que incumplen las obligaciones previstas en la ley.

    Y eso incomoda. No porque impida hacer periodismo. Sino porque reduce la idea, instalada durante años, de que un concesionario puede actuar sin responder ante nadie más que sus anunciantes.

    La libertad de expresión merece ser defendida siempre, especialmente frente al poder político. Pero precisamente por su importancia no debería utilizarse como escudo para rechazar cualquier discusión sobre responsabilidad, transparencia o derechos de las audiencias.

    Quizá esa sea la mayor ironía de toda esta polémica. Quienes hoy aseguran defender la libertad de expresión parecen mucho más preocupados por conservar sus viejos privilegios que por reconocer los derechos de quienes los escuchan, los ven y, al final del día, hacen posible su existencia: las audiencias.

    Redes sociales

  • La UNAM y la cultura del atajo

    La UNAM y la cultura del atajo

    Hay algo más profundo que un fallo técnico en lo que acaba de ocurrir con el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay una forma de ser que nos atraviesa como sociedad y que, una vez más, se ha impuesto: la cultura del atajo. Esa lógica que busca el resultado sin recorrer el camino, la ventaja sin el mérito y el lugar sin el esfuerzo. Cuando esa cultura se cuela en el proceso de admisión de la máxima casa de estudios del país, no solo se vulnera un concurso. Se pone a prueba una institución que durante más de un siglo ha representado la idea de que el conocimiento y el esfuerzo son el camino legítimo para transformar la vida de las personas.

    En 2026 la Universidad dio un paso ambicioso. Por primera vez aplicó el examen de admisión a licenciatura de forma completamente en línea. Más de 191 mil personas aspirantes se registraron y alrededor de 158 mil 700 presentaron la prueba desde casa, con supervisión apoyada en inteligencia artificial. Era una apuesta por la modernización y por demostrar que una institución centenaria también podía adaptarse a las tecnologías contemporáneas.

    Los resultados, sin embargo, revelaron una anomalía difícil de explicar únicamente por una mejor preparación. El porcentaje de aspirantes con 100 o más aciertos pasó del 3.5% histórico al 16.3%. La propia UNAM canceló alrededor de tres mil exámenes por irregularidades, presentó una denuncia penal y convocó a un examen presencial de control para cerca de 58 mil personas aspirantes. En redes sociales circularon tutoriales para burlar la supervisión mediante cámaras, dispositivos ocultos, ayuda externa e inteligencia artificial. Como consecuencia de esta crisis, la secretaria general, Patricia Dávila Aranda, dejó el cargo el 31 de julio y fue sustituida por Javier de la Fuente Hernández.

    Estos hechos no son un simple problema administrativo. Son la evidencia de que la tecnología, por sofisticada que sea, no puede sustituir a la ética. La plataforma contratada, el monitoreo humano y los algoritmos detectaron irregularidades, pero no pudieron impedir que miles de personas decidieran aprovechar la oportunidad para hacer trampa. El problema no estuvo únicamente en el diseño del proceso. Estuvo en la cultura del atajo. Porque la verdadera infraestructura de una institución no está en sus edificios, sus plataformas digitales o sus reglamentos. Está en la confianza. Y la confianza solo existe cuando la mayoría decide respetar las reglas, incluso cuando podría obtener una ventaja al incumplirlas.

    Ahí está el verdadero corazón del asunto. Exigimos profesionalismo, honestidad y transparencia a las instituciones públicas. Reclamamos meritocracia y sanciones para quien incumple las reglas. Pero cuando una de las universidades más importantes del mundo intenta innovar, una parte de la sociedad responde con la misma lógica que dice condenar. Preferimos el beneficio inmediato a la construcción de confianza. Preferimos la ventaja individual a la legitimidad colectiva.

    El verdadero riesgo no es que se haya descubierto la trampa. El verdadero riesgo es acostumbrarnos a ella. Si aceptamos que el atajo es una alternativa legítima cuando la tecnología lo permite, no solo ponemos en entredicho un examen de admisión. Debilitamos la idea misma de que el mérito debe seguir siendo el criterio para acceder a las oportunidades. Ninguna innovación, por avanzada que sea, puede sustituir una cultura de integridad.

    Como egresado de esta casa de estudios, estoy convencido de que su legitimidad es un patrimonio nacional. Defenderla implica exigir honestidad a las autoridades, pero también asumir nuestra propia responsabilidad. Porque la confianza es la infraestructura invisible que sostiene a las universidades, a los tribunales, a las elecciones y a todas las instituciones que hacen posible la vida en sociedad. Construirla toma décadas. Perderla puede comenzar el día en que el atajo deja de avergonzarnos.

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  • Los políticos presos

    Los políticos presos

    La oposición llama presos políticos a los delincuentes, como en el caso de Ernesto Ruffo, acusado de huachicolero y lavado de dinero, más lo que se acumule en el desarrollo del proceso. A partir de la visión de la impunidad ante delitos graves se advierte el país en el que vivimos por muchos años, impunidad y mentira, gracias a un Poder Judicial extremadamente corrupto.

    El afán de repetir como mantra que Ruffo es un preso político crea sospechas, e implica a sus defensores, porque hay documentos que prueban su responsabilidad; por otra parte, Alito Moreno, líder del PRI, demandará al INE, dentro y fuera de nuestras fronteras, porque le exigieron retirar spots personales y de lo que queda de su partido, calificaba a Morena de narco partido en una serie de spots, y como asegura que esto es verdad sin una sola prueba, la autoridad electoral le ordenó sacar de circulación sus agresiones sin fundamento.

    Para Alito es una gran derrota porque le anticipa descalabros mayores ante la justicia, que lo pueden colocar tras las rejas. Esta era la punta de lanza para conocer la postura del INE. De ahí su evidente desesperación.

    La regulación a los medios trata de regular, por sus mismos empleados, sus excesos porque derivaron en partidos políticos, y sus trabajadores claman censura, sólo porque se les pide que aclaren, con precisión, si la información es real y comprobada o supuestos más cercanos a la mentira que a la verdad.

    Nada puede moverse en el área de la información porque cualquier ajuste al libertinaje es calificado de ley mordaza, por mínimo que sea, mientras mienten a diestra y siniestra.

    Dan la opinión como un hecho, así aseguraron que López Obrador sería una maldición para el país, no lo fue. Cuando llega a Morena al gobierno el país estaba en ruinas.

    Esos mismos medios que le dieron vuelo a las declaraciones fantasiosas ocultan verdades que no les conviene a sus socios difundir, como es el caso de la apropiación de casas y departamentos en la alcaldía Benito Juárez, con la anuencia de las autoridades de la demarcación y el visto bueno del PAN, que tiene en ese lugar la sede del cártel inmobiliario que encabeza Jorge Romero, problema del que nunca ha hablado el líder nacional del PAN.

    Los delincuentes llegan en grupo de más de treinta personas entre hombres y mujeres a casas donde viven personas vulnerables como discapacitados y de la tercera edad, para sacarlo de sus casas, por la fuerza, y empezar a reconstruir sus casa s par aponerlas en venta. La indiferencia del alcalde, el panista Luis Mendoza Acevedo, es sintomática.

    Bastante sintomático que este despojo haya empezado en la alcaldía Benito Juárez, donde la vulnerabilidad de los habitantes se conjuga con la permanencia del PAN en su administración desde 1995.

    La derecha tiene en sus filas a delincuentes comunes, con víctimas lastimadas severamente, y su simple militancia les permite gozar de impunidad ante el temor de que se califique de gobierno autoritario cuando en realidad se aplica la ley.

  • Esa gran asimetría

    Esa gran asimetría

    “Las benditas redes sociales”. Así se refería Andrés Manuel López Obrador a las redes cibernéticas que lograron romper el cerco informativo con miras al proceso de electoral de 2018. El error de la derecha, cuyas consecuencias siempre lamentarán desde esa trinchera, fue centrar la campaña para mantener el statu quo solamente en los medios más convencionales, pues en su cálculo, las redes sociales eran solo un divertimento banal y pasajero, sin el potencial para definir el rumbo de una elección. Hice un libro al respecto, por cierto: La primavera digital mexicana.

    En los primeros años del gobierno de AMLO, pensaron que sería muy fácil debilitar al régimen. Se fraguaron intentos de golpismo que a la postre resultan patéticos. El movimiento FRENAAA del empresario histriónico Gilberto Lozano, pretendió “tomar” el zócalo con tiendas de campaña. Enardeció a muchos incautos a base de mentiras, y la ocupación del zócalo, que jamás fue reprimida, fue sucumbiendo ante las divisiones internas, la insostenibilidad, pero, sobre todo, a la falta de apoyo popular. Hubo otros intentos como la llamada “alianza federalista”, que efímeramente integraron los gobernadores de estados que en su momento regía la oposición.

    Pretendió también erigirse en movimiento de resistencia la Coparmex. Sin embargo, con el paso del tiempo, quienes la integraban se fueron dando cuenta de que es más redituable seguir haciendo negocios, incluso con el propio gobierno, dejando atrás la evasión fiscal y las prácticas corruptas en general; y que financiar campañas de actores políticos fracasados era una pésima inversión.

    Una muy reducida caterva de empresarios sigue patrocinando la perenne campaña mediática en contra de la 4T, al grado de ya producir flojera por lo predecible que se ha vuelto. Y como llegaron tarde a la fiesta de las redes sociales, tratan de compensar inundándola de una cantidad de mentiras y tendencias artificiales, que, sin embargo, no logran hacer mella en las cotas de aprobación del gobierno de Claudia Sheinbaum.

    Desde la izquierda mexicana seguimos clamando por un debate a la altura, y unos adversarios dignos, pero creo que nunca se nos va a hacer, pues, en vez de echar mano de argumentos reales, el odio y las mentiras son su principal arma.

    Recordemos que hubo un muy moderado repunte en las tendencias electorales en 2021 a causa del llamado “voto de castigo” que motivó el trágico accidente de la línea 12. Sin embargo, en la elección de 2024, el resultado a favor de la 4T fue avasallador. A día de hoy, y con la elección intermedia de 2027 cada vez más cerca, la derecha sigue esperando una nueva línea 12, pero tal vez nunca llegue. En su lugar prefieren sostener hasta donde se pueda la narrativa del narco, que viene acompañada del entreguismo pro-yanqui.

    El racismo y el clasismo son también su bandera, pero al mismo tiempo su principal lastre. Muchas de las personas que repudian al actual gobierno, podrían jurar ante un juez que existen lo que ellos laman “ninis del bienestar”. Y esta creencia no es solo propia de altas esferas sociales, sino que también permea en estratos de la clase trabajadora, pues se lo he escuchado a compañeros del IMSS cuya fuente principal son los reels de Facebook o Tiktok. Cuando los mencionan, categóricamente les he dicho que no existe una persona en edad laboral y pleno uso de sus facultades físicas y mentales, que no estudie, no esté capacitándose en empresa o no sea madre soltera, recibiendo dinero gratis solo como un incentivo que le asegure el voto al gobierno. Pero si también les es molesto que las personas con discapacidad y los adultos mayores reciban una pensión que dignifique su existencia, ya estaríamos hablando de misantropía.

    Cuando Fito Páez aún no envejecía mal, igual que Joaquín Sabina o Andrés Calamaro, en términos ideológicos, acuño la gran frase: «No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto». Desgraciadamente, estos enemigos, pequeños en número y en ideas, pero ruidosos y con los alcances económicos para hacer aún más ruido, nos impiden vivir la experiencia de un debate elevado, estimulante y sano, como en una democracia ideal (que no existe). Pero bueno, quieren guerra y se la seguiremos dando, pero con el conocimiento y el humanismo como argumentos.

  • Criando energúmenos y alimentando corruptelas

    Criando energúmenos y alimentando corruptelas

    “El educador democrático no puede negarse el deber de reforzar, en su práctica docente, la capacidad crítica del educando, su curiosidad, su insumisión.
    Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos.”

    Paolo Freire

    En mi seria, pero modesta opinión, la UNAM está dando a luz a una generación de energúmenos proclives a la deshonestidad y al fraude académico porque serían hechos a la imagen y semejanza de quienes encabezan la pútrida cúpula puma. No son verdaderos universitarios. ¿Qué dirían los gigantes constructores de la UNAM, el Ing. Javier Barros Sierra, el Ing. Nabor Carrillo Flores, el Dr. Ignacio Chávez Sánchez o el Mtro. Pablo González Casanova? Seguramente pedirían la renuncia de Lomelí y de toda la Junta de Gobierno, además de demandar por fraude a Territorium Life.

    Es un asunto de la mayor importancia porque se trata del prestigio de la máxima casa de estudios de nuestro país y resulta intolerable que ocurra semejante situación. Por otro lado, la repetición del examen solamente a quienes obtuvieron los más altos porcentajes, tampoco es una solución ética ni justa, lo correcto es que se hiciera un nuevo examen presencial a todos los que presentaron el anterior.

    Siempre ha sido muy molesto que se tenga que hacer un examen para acceder a la educación superior en una universidad pública, por muy autónoma que sea. La UNAM ya tendría que haber incrementado su capacidad de matrícula, en especial en aquellas carreras en las que hay mayor demanda y asociarse con instituciones públicas para tener espacios de práctica de frente a la realidad laboral y económica del país.

    He sido testigo y sujeto del enfrentamiento al medio laboral sin haber tenido contacto práctico de lo que ocurre y se necesita en la realidad. Los maestros en la universidad y en la Normal Superior, igual que a otros cómo yo, pero de diferentes carreras y especialidades, siempre decían que la realidad laboral era muy distinta de lo que aprendíamos en la escuela. No era cinismo sino advertencia. Esta sola afirmación provocaba confusión y en mi caso, incluso molestia y enojo y alguna vez discutimos entre compañeros de licenciatura sobre para qué servía tanto esfuerzo si al final el campo laboral nada tenía que ver con la realidad laboral.

    Esta es una cuestión que muchos docentes en México nos hemos planteado y las conclusiones son las mismas, si debe haber una base de conocimientos en común, pero planteados desde las realidades de las comunidades en las que ocurre la escuela y partiendo del planteamiento de problemas concretos indagando en el conocimiento científico, usando la lengua, las ciencias y las humanidades como fuente y así planteando soluciones reales y posibles.

    Considero que en gran medida esto sería una verdadera solución al problema educativo, desde la Educación Básica, hasta la Media Superior y la Superior. El “nombre” de la institución tendría poca importancia si en cada caso se indagara a partir de la necesidad y del deseo de los estudiantes. El origen del deseo por aprender, nacería de la visión “aterrizada” en problemas concretos de las comunidades y la curiosidad misma de los estudiantes de cualquier nivel.

    Formar ciudadanos responsables y con conciencia tendría que ser la verdadera meta y, al parecer, es el objetivo de la Nueva Escuela Mexicana, a la que los neoliberales enquistados en la SEP, bajo el mando de Mario Delgado cuya gestión se ha caracterizado por rechazar todo lo que se avanzó contra la educación individualista y egoísta del neoliberalismo que padecimos desde el sexenio del asesino del Cine Cosmos hasta el final del periodo del títere de Televisa.

    La UNAM tiene que ampliar su cupo y aliarse con las universidades que ha creado la 4T, unificar programas y posibilidades de vinculación entre si y con el medio laboral de cada especialidad. Lo mismo tiene que ocurrir con el IPN, cuya problemática no ha sido debidamente abordada por el Gobierno de la República, soslayándolo como si solo se tratar de intereses internos por obtener la Dirección General del Poli, hay mucho más de fondo y tiene que ver con el cupo, la calidad educativa, el presupuesto y cómo se está usando. Sigue siendo un callo gigante en el pie de Claudia Sheinbaum, Presidenta de México y quien se lo está pisando es Mario Delgado.

    Pronto veremos la misma situación en la UPN, a la que el Secretario de Educación Pública también ha engañado dando largas a la solución de los problemas que vive esa Universidad en cada Unidad en todo el país.

    Vuelvo, ¿Hasta cuando valedores? Como decía el ilustre Tomás Mojarro.

  • Entre apodos, rumores y refinerías clandestinas: el México de las acusaciones sin pruebas

    Entre apodos, rumores y refinerías clandestinas: el México de las acusaciones sin pruebas

    Resulta extraña, desafortunada y hasta contraproducente la declaración de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenara retirar publicaciones en las que calificaba a Morena como “narcopartido”, “narcogobierno” y “cártel de Morena”.

    La resolución no significa que el INE haya prohibido criticar al partido gobernante ni que haya decretado que Morena está por encima del escrutinio público. Se trató de una medida cautelar relacionada con publicaciones específicas, al considerar que podían contener la imputación de hechos o delitos falsos sin un sustento fáctico suficiente. Alejandro Moreno respondió acusando al organismo electoral de censurar a la oposición.

    Aquí surge una pregunta inevitable: si al PRI tuviéramos que imponerle un apodo a partir de su historia, ¿cuál sería?

    La pregunta no pretende negar que de las filas del Partido Revolucionario Institucional surgieron grandes políticos, intelectuales, servidores públicos, diplomáticos, juristas y personajes que contribuyeron a construir instituciones importantes para México. Muchos de ellos se mantienen hoy alejados de los reflectores y de una dirigencia partidista que parece haber sustituido el debate de altura por el escándalo cotidiano.

    El PRI no gana con esta clase de declaraciones. Por el contrario, pierde seriedad, autoridad moral y capacidad para presentarse como una oposición responsable.

    Acusar no es demostrar

    “Alito” acusa constantemente a funcionarios, políticos, empresarios y adversarios de tener vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción. Pero en un Estado de derecho existe una diferencia fundamental entre denunciar hechos sustentados y repetir calificativos diseñados para obtener atención en redes sociales.

    La oposición tiene no solamente el derecho, sino la obligación de investigar, cuestionar y señalar al gobierno. Sin embargo, debe hacerlo mediante documentos, testimonios verificables, auditorías, expedientes y denuncias presentadas ante las autoridades competentes.

    Cuando una acusación se presenta como un hecho consumado sin pruebas suficientes, puede convertirse en una irresponsabilidad política y eventualmente generar reclamaciones por afectaciones al honor, la reputación o el daño moral. Lo mismo puede aplicarse a quienes amplifican tales afirmaciones sin verificar su origen o sin distinguir entre una investigación formal, una sospecha, un testimonio y una simple versión periodística.

    No toda crítica constituye daño moral, por supuesto. La libertad de expresión protege especialmente el debate sobre asuntos de interés público y permite una crítica amplia hacia los personajes políticos. Pero esa protección no debería interpretarse como autorización para presentar rumores como sentencias.

    El periodismo de las “fuentes cercanas”

    Alrededor del llamado huachicol fiscal hemos visto desarrollarse una trama que parece escrita para una película.

    Todos dicen tener fuentes cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; al secretario de Estado; al Departamento de Seguridad Nacional; al FBI; al Departamento de Justicia o a alguna agencia cuya identidad, naturalmente, nunca puede revelarse.

    Algunos comunicadores anuncian detenciones que no ocurren, investigaciones que ninguna autoridad confirma, listas secretas que nunca aparecen y operativos que supuestamente comenzarán “en las próximas horas”. Otros aseguran conocer conversaciones privadas, solicitudes de extradición, cancelaciones de visas y hasta encuentros personales entre figuras políticas.

    Tiran versiones al aire esperando que, entre tantas afirmaciones, alguna se parezca después a un acontecimiento real.

    Eso no es investigación periodística. Es especulación disfrazada de exclusiva.

    Esto no significa que el huachicol fiscal sea una invención. Por el contrario, existen investigaciones judicializadas, detenciones, órdenes de captura, testimonios, aseguramientos y expedientes abiertos. Desde septiembre de 2025 se han hecho públicas distintas investigaciones relacionadas con redes de contrabando de combustibles que habrían utilizado puertos, aduanas, ferrocarriles, buques y empresas transportistas para introducir hidrocarburos declarados falsamente como lubricantes, aditivos u otras sustancias.

    Lo responsable es informar exactamente qué ha confirmado la autoridad, qué aparece en una carpeta de investigación, qué ha dicho un testigo y qué todavía no ha sido probado ante un tribunal.

    Una persona mencionada en una investigación no es automáticamente culpable. Un señalamiento periodístico no equivale a una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión tampoco constituye una sentencia.

    México merece periodistas que investiguen al poder, pero también periodistas que respeten los hechos.

    Criticar al gobierno no significa inventar historias

    El gobierno de Claudia Sheinbaum debe ser criticado cuando cometa errores, cuando una política pública no funcione, cuando una investigación no avance o cuando algún servidor público incurra en actos indebidos. Ningún gobierno puede estar exento del escrutinio.

    Pero existe una diferencia entre fiscalizar al gobierno y tratar de apagar cualquier resultado positivo mediante rumores, exageraciones o relatos construidos de antemano.

    Nuestro país enfrenta demasiados problemas reales como para fabricar problemas imaginarios. Los mexicanos necesitan información que les permita evaluar si están mejorando la seguridad, la salud, la educación, los salarios, la vivienda y las oportunidades de desarrollo.

    La prensa no debe convertirse en una oficina de propaganda gubernamental, pero tampoco en una maquinaria de desgaste permanente en la que todo avance se niega y toda versión negativa se publica sin comprobarse.

    Defender un proyecto de gobierno no debe significar cerrar los ojos ante la corrupción. Criticarlo tampoco debe significar desear que México fracase.

    Las viviendas mexicanas frente al calor extremo

    Existe otro asunto que necesita atención urgente: la forma en que estamos construyendo viviendas en las regiones de altas temperaturas.

    Los periodos de calor son cada vez más prolongados e intensos. Sin embargo, una parte importante de la vivienda nueva continúa edificándose con muros, losas, ventanas y materiales que permiten una enorme transferencia de calor hacia el interior.

    México ya cuenta con disposiciones técnicas. La NOM-020-ENER-2011 tiene como objetivo limitar la ganancia de calor a través de la envolvente de los edificios habitacionales, mientras que la NOM-018-ENER-2011 establece características y métodos de prueba para los aislantes térmicos empleados en edificaciones.

    El problema, por tanto, no consiste solamente en crear nuevas normas. También es necesario revisar su aplicación, actualización, vigilancia y coordinación con los reglamentos estatales y municipales de construcción.

    Se deberían exigir, según la región climática:

    • Valores mínimos de resistencia térmica en muros y techos.
    • Aislamiento continuo en azoteas y fachadas expuestas.
    • Ventanas con propiedades adecuadas para disminuir la ganancia solar.
    • Sombreamiento exterior, aleros y orientación bioclimática.
    • Techos reflectivos o sistemas de cubierta ventilada.
    • Pruebas de hermeticidad y eficiencia antes de entregar las viviendas.
    • Preparación eléctrica y estructural para equipos eficientes y sistemas solares.
    • Certificación del cumplimiento térmico como requisito para obtener la autorización de ocupación.

    Actualmente, demasiadas familias terminan resolviendo con aire acondicionado lo que debió resolverse desde el diseño arquitectónico y el sistema constructivo.

    El resultado es un círculo absurdo: se construye una vivienda barata pero térmicamente deficiente; la familia instala uno o varios equipos de aire acondicionado; aumenta el consumo eléctrico; la red de distribución se satura, y la Comisión Federal de Electricidad debe invertir en transformadores, subestaciones y capacidad adicional.

    No puede afirmarse, sin una comparación homogénea, que una vivienda promedio en México consume más electricidad que una vivienda promedio en Estados Unidos. Los tamaños, climas, tarifas, aparatos y hábitos de consumo son diferentes. Lo que sí puede sostenerse es que una vivienda mal aislada requiere más energía de la necesaria para conservar condiciones aceptables de temperatura.

    La eficiencia energética más económica es la energía que nunca fue necesario consumir.

    Por ello, más que una reforma aislada a la Ley de Obras Públicas, se necesita una revisión integral de las normas de eficiencia energética, los reglamentos de construcción, los programas estatales de desarrollo urbano y los criterios utilizados para autorizar nuevos fraccionamientos.

    ¿Cómo se construye una refinería clandestina sin que nadie la vea?

    El reciente aseguramiento de instalaciones clandestinas para almacenar, mezclar o procesar hidrocarburos abre preguntas mucho más profundas.

    En Reynosa, Tamaulipas, las autoridades federales aseguraron dos instalaciones, entre ellas una refinería y una minirrefinería, junto con aproximadamente 3.7 millones de litros de hidrocarburos, tanques, tractocamiones, motobombas, generadores, tuberías y sistemas de videovigilancia.

    Reportes posteriores señalaron que una de estas instalaciones habría operado durante varios años y contaba con una infraestructura de escala industrial. Hasta el momento de esos reportes no se habían informado detenciones directamente vinculadas con el aseguramiento, y continuaban las investigaciones sobre el origen del crudo, la propiedad de los predios y las redes que abastecían la operación.

    La pregunta es elemental: ¿cómo se construye una instalación de esa magnitud sin que ninguna autoridad municipal, estatal o federal detecte movimientos de tierra, estructuras, tanques, tuberías, transporte pesado, consumo eléctrico, emisiones, residuos y circulación constante de pipas?

    Una operación de refinación o procesamiento de hidrocarburos requiere conocimientos técnicos, controles de temperatura, sistemas de bombeo, almacenamiento, separación, mezclado y manejo de sustancias altamente inflamables. También necesita operadores, mecánicos, soldadores, transportistas, proveedores y compradores.

    No estamos hablando de una toma clandestina escondida entre la maleza. Estamos hablando de infraestructura industrial.

    También debe aclararse qué productos generaban realmente estas instalaciones. Refinar petróleo crudo hasta obtener gasolina, diésel o turbosina que cumplan especificaciones comerciales es un proceso distinto y mucho más complejo que mezclar combustibles, alterar componentes, recuperar hidrocarburos o acondicionar producto robado.

    Por eso es indispensable que las autoridades expliquen:

    • ¿Quién diseñó y construyó las plantas?
    • ¿De dónde salió el equipo?
    • ¿Quién suministró el crudo?
    • ¿A quién se vendía el producto?
    • ¿Contaban con energía eléctrica contratada?
    • ¿Utilizaban pozos o descargas clandestinas?
    • ¿Existieron inspecciones ambientales, municipales o de protección civil?
    • ¿Quiénes eran los propietarios reales de los predios y las empresas relacionadas?
    • ¿Participaron técnicos o antiguos trabajadores de compañías petroleras?
    • ¿Hubo omisiones, corrupción o protección institucional?

    Si una planta operó durante años, no basta con decomisar el combustible y publicar fotografías del operativo. Se debe reconstruir toda la cadena: financiamiento, ingeniería, construcción, abastecimiento, transformación, transporte, facturación, distribución y lavado de ganancias.

    ¿Plan con maña?

    La sofisticación y duración de algunas de estas operaciones permite considerar varias hipótesis, pero no autoriza a presentar ninguna como verdad sin pruebas.

    Pudo existir corrupción de autoridades locales. Pudo haber complicidad dentro de dependencias federales. Pudo tratarse de empresas aparentemente legales que ocultaban actividades ilícitas. También es posible que investigaciones de inteligencia se hayan mantenido abiertas durante meses o años para identificar a toda la red antes de intervenir.

    Lo que todavía no puede afirmarse es que todo haya sido deliberadamente permitido como una trampa política para hacer caer a determinados personajes.

    Esa interpretación un “plan con maña”, preparado desde hace tiempo para que alguien mordiera el anzuelo y el caso estallara en el momento políticamente conveniente— es atractiva como hipótesis narrativa, pero requiere evidencias: documentos, órdenes, comunicaciones, seguimientos financieros o testimonios corroborados.

    Precisamente esa es la diferencia entre una columna de opinión responsable y las historias que aquí estamos cuestionando.

    Podemos preguntar. Podemos sospechar. Podemos señalar contradicciones. Pero no debemos condenar sin pruebas.

    El país necesita respuestas, no sobrenombres

    México no se va a arreglar llamando “narcopartido” al adversario, ni calificando de traidor a todo crítico, ni inventando fuentes en Washington, ni anunciando detenciones imaginarias.

    Se arreglará con expedientes bien integrados, investigaciones financieras, auditorías aduanales, controles en puertos, vigilancia sobre el transporte de combustibles, normas de construcción modernas, mejores viviendas y autoridades que rindan cuentas.

    Alejandro Moreno tiene derecho a criticar al gobierno y a impugnar la decisión del INE. Morena también debe aceptar el escrutinio y responder con transparencia ante cualquier señalamiento sustentado. Pero ninguno de los dos lados debería sustituir los argumentos por apodos.

    Porque cuando la política se convierte en una guerra de sobrenombres, el debate público se empobrece.

    Y mientras los partidos discuten cómo llamarse unos a otros, quedan sin respuesta las preguntas verdaderamente importantes:

    • ¿Quién protegió el contrabando de combustibles?
    • ¿Cómo operaron instalaciones industriales clandestinas durante años?
    • ¿Dónde están los responsables?
    • ¿Por qué seguimos construyendo viviendas inadecuadas para el clima?
    • ¿Y cuándo recuperará el periodismo el compromiso de informar antes de sentenciar?

    Eso es lo que el pueblo de México merece conocer.