Los Reporteros Mx

Autor: Los Reporteros Mx

  • Derecho a un trabajo digno y a un salario igualitario II

    Derecho a un trabajo digno y a un salario igualitario II

    La segunda parte del artículo catorce de la Cartilla de Derechos de las Mujeres habla de un tema por demás olvidado, muchas veces subestimado y que históricamente se ha pensado que es única y exclusivamente obligación femenina: El trabajo del Hogar.

    Todavía hoy en día las mismas madres de familia educan a sus hijos e hijas con esos roles tan cuestionados hoy en día. Las hermanas les sirven de comer a los hermanos, o les recogen los platos ó ellas lavan los baños y el nene sólo ve complacido a su hermana.

    En este punto en particular, sólo se trata del trabajo doméstico en casa ajena, que ha sido fuente de que las mujeres sufran toda clase de abusos y humillaciones por parte de los patrones. La Cartilla de Derechos de las Mujeres dice textualmente:

    “Si te dedicas al trabajo del hogar, estás realizando un trabajo reconocido en la Ley Federal del Trabajo, por lo que tienes derecho a desarrollarlo en condiciones laborales seguras y dignas. Es decir, la persona empleadora debe garantizarte un contrato laboral estable y prestaciones de ley como en cualquier trabajo, así como tu incorporación al Seguro Social.

    “Las instituciones responsables de garantizar este derecho son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Secretaría de Economía.  

    Si no recibes la atención a la que tienes derecho, puedes presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o las comisiones estatales”.

  • EL VERDADERO TERRORISMO ES EL IMPERIO, NO QUIEN SE DEFIENDE DE ÉL

    EL VERDADERO TERRORISMO ES EL IMPERIO, NO QUIEN SE DEFIENDE DE ÉL

    Le dicen «terrorismo» porque la unidad de los pueblos en defensa de sus riquezas es el «terror» de los imperios que se las roban. Esta frase, breve y filosa, condensa una verdad histórica que las potencias dominantes se han esforzado por enterrar bajo capas de propaganda: la palabra «terrorismo» no describe un fenómeno objetivo, sino una etiqueta política que se aplica selectivamente a quienes resisten el despojo. Quien bombardea ciudades desde un portaaviones es «defensa»; quien defiende su territorio con lo que tiene a la mano es «terror». Esa asimetría del lenguaje no es casual: es un arma más en el arsenal del poder.

    Basta repasar el siglo veinte para confirmarlo. Los movimientos de liberación de Argelia, Vietnam, Cuba o Nicaragua fueron llamados terroristas por las metrópolis que saqueaban sus recursos, mientras los ejércitos coloniales que masacraban poblaciones civiles eran presentados como garantes del orden. La historia, escrita casi siempre por los vencedores o por quienes controlan los grandes medios, invirtió los papeles: convirtió a las víctimas en victimarios y a los saqueadores en civilizadores. Ese mismo libreto se repite hoy en Medio Oriente, en África y en buena parte de América Latina, donde cualquier intento de nacionalizar el petróleo, el litio o el agua es recibido con sanciones, golpes de Estado mediáticos o intervenciones militares disfrazadas de ayuda humanitaria.

    México conoce este guion de memoria. Desde la expropiación petrolera de 1938 hasta los intentos recientes por recuperar el control sobre el litio y la energía, el país ha sido blanco de campañas de desprestigio cada vez que se atreve a pensar sus recursos naturales como patrimonio nacional y no como mercancía a disposición de capitales extranjeros. Cuando un gobierno mexicano habla de soberanía energética, de no intervención o de autodeterminación de los pueblos, inmediatamente aparecen voces —muchas financiadas o amplificadas desde fuera— que tildan esas posturas de populismo peligroso o de amenaza a la estabilidad regional. Es el mismo mecanismo: deslegitimar mediante el lenguaje lo que no se puede combatir mediante argumentos.

    La unidad de los pueblos del sur global es, en efecto, lo que más temen los imperios contemporáneos, sean estos formales o informales, militares o financieros. Un bloque latinoamericano que coordine su política exterior, que defienda conjuntamente sus materias primas y que se niegue a alinearse automáticamente con los intereses de Washington o de las corporaciones transnacionales representa una amenaza real al modelo extractivista que ha empobrecido a la región durante dos siglos. Por eso se promueve la fragmentación, se financian oposiciones internas, se cultivan medios afines y se inventan crisis humanitarias o de seguridad que justifiquen la injerencia. El terrorismo de Estado, ejercido mediante bloqueos económicos que matan de hambre a poblaciones enteras —como ocurre con Cuba o Venezuela—, rara vez recibe ese nombre en los grandes titulares.

    México, sin embargo, ha mostrado en años recientes una vocación distinta: la defensa explícita del principio de no intervención, la negativa a sumarse a cercos diplomáticos contra naciones hermanas y una política exterior que reivindica la dignidad de los pueblos frente a la lógica de bloques impuesta desde el norte. Esa postura no es ingenuidad ni capricho ideológico; es una lectura lúcida de la historia. Quien ha sufrido invasiones, intervenciones y despojos territoriales sabe que la retórica de la «comunidad internacional» suele ser el disfraz elegante de intereses muy concretos.

    Reconocer esto no significa justificar la violencia indiscriminada contra civiles, venga de donde venga; significa exigir honestidad en el uso de las palabras. Llamar terrorista a un pueblo que se organiza para no entregar su tierra, su petróleo o su agua, mientras se llama paz a la ocupación militar de sus territorios, es una forma de violencia simbólica que prepara el terreno para la violencia real. La verdadera tarea antiimperialista del presente no es solo resistir las bombas, sino disputar el lenguaje con el que se nombra el mundo. México, por historia y por convicción, tiene mucho que aportar a esa batalla: la de devolverle a las palabras su sentido original y a los pueblos el derecho a definir, sin tutelas externas, qué es defensa y qué es despojo.

  • Los nacos sí votan

    Los nacos sí votan

    Cada cierto tiempo, cuando los resultados de una elección no complacen a ciertos sectores, reaparece la misma idea con distinto disfraz: que no todas las personas deberían tener derecho a votar. Que habría que exigir determinado nivel de estudios, cierto ingreso económico, una prueba de conocimientos o cualquier otro filtro para decidir quién merece participar en la vida democrática.

    En otras palabras, la vieja aspiración de que solo voten “los correctos”, y es curioso. Quienes se llenan la boca hablando de libertad son los primeros en querer restringir el derecho político más importante de una sociedad democrática. No les molesta el voto; les molesta que vote quien no piensa como ellos.

    Detrás de estos planteamientos no hay preocupación por la democracia. Hay clasismo. Porque cuando dicen que “la gente ignorante no debería votar”, rara vez se refieren al empresario que comparte teorías conspirativas, al político corrupto con varios posgrados o al analista que vive equivocado. No. Casi siempre el destinatario de ese desprecio tiene un rostro muy específico: el trabajador, la empleada doméstica, el campesino, el albañil, la comerciante, la persona que no fue a la universidad, quien vive en una colonia popular o quien habla con un acento distinto al suyo.

    En México existe una palabra que esas élites utilizan con absoluta naturalidad para expresar ese desprecio: “naco”. “Naco” no describe una conducta. Describe, en su imaginario, una condición social. Es la manera socialmente aceptable de insultar a quien consideran inferior.

    Por eso el problema nunca fue la supuesta capacidad para votar. El problema es que millones de personas a las que históricamente despreciaron hoy tienen el mismo peso político que ellos frente a la urna. Eso les resulta insoportable.

    La democracia nació precisamente para romper con la idea de que el poder debía pertenecer únicamente a una élite ilustrada, aristocrática o adinerada. Durante siglos se negó el voto a quienes no tenían propiedades, a las mujeres, a las personas racializadas y a las clases trabajadoras. Siempre hubo argumentos aparentemente racionales para justificar esa exclusión.

    Que no estaban preparados. Que eran manipulables. Que no entendían los asuntos públicos. Que votarían con el estómago. Las excusas cambian. El prejuicio permanece.

    Lo verdaderamente peligroso es que estas ideas ya no circulan únicamente en conversaciones privadas o en publicaciones aisladas de redes sociales. Poco a poco han encontrado eco en comentaristas, influencers y personajes públicos que presentan el elitismo como si fuera sentido común.

    No soportan que una persona que limpia oficinas tenga exactamente el mismo valor electoral que un empresario. Les parece una anomalía que un joven de una comunidad indígena tenga el mismo peso político que un conductor de televisión o un financiero.

    Toda experiencia antidemocrática comienza definiendo quién merece ser considerado un ciudadano pleno y quién no. Primero se cuestiona su capacidad. Después se limita su participación. Finalmente se le excluye por completo.

    Defender el sufragio universal no significa creer que todas las personas están siempre bien informadas. Nadie lo está. Todos tenemos sesgos, preferencias e intereses. La solución nunca ha sido quitar derechos, sino garantizar más educación, más información, más debate público y mejores condiciones para ejercer una ciudadanía crítica.

    Los derechos no son premios por aprobar un examen. Son la base de una sociedad democrática.

    Y si algo ha demostrado la historia de México es que las grandes transformaciones no llegaron por concesión de las élites. Llegaron cuando quienes durante décadas fueron ignorados comenzaron a organizarse, participar y decidir.

    Eso también ocurre en las urnas. Así que sí. Los nacos sí votan. Las trabajadoras del hogar votan. Los campesinos votan. Los obreros votan. Las personas indígenas votan. Los estudiantes votan. Las personas adultas mayores votan. Las personas LGBTTTIQA+ votan.  Las personas con discapacidad votan. Las mujeres votan. Los jóvenes votan. Y afortunadamente lo hacen.

    Porque una democracia donde solo votan los privilegiados deja de ser democracia para convertirse en un club privado con pretensiones de república. A algunos les incomoda que el pueblo decida. A nosotros nos preocuparía mucho más que dejara de hacerlo.

  • La rectoría del Estado frente a la infancia digital

    La rectoría del Estado frente a la infancia digital

    Francia acaba de colocar sobre la mesa una discusión que México ya no debería seguir posponiendo: impedir el acceso a redes sociales a menores de 15 años. Por supuesto que la medida provocará cuestionamientos, pero antes de descartar el ejemplo francés bajo la acusación automática de censura, México debería preguntarse qué responsabilidad tiene el Estado frente a un entorno digital diseñado para captar, retener y comercializar la atención de los menores de edad. Por esa razón, el centro de esta discusión debe partir del interés superior de la niñez, apegándose al artículo cuarto constitucional y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

    La UNESCO ha advertido que las tecnologías digitales pueden contribuir al aprendizaje, pero también generar invasión de la privacidad, distracción, ciberacoso y exposición a contenidos perjudiciales. En especial, señala que las plataformas gobernadas por algoritmos pueden amplificar estereotipos, estándares corporales irreales, contenidos sexuales y conductas poco saludables.

    Los datos citados por la propia UNESCO resultan particularmente reveladores: 32% de las adolescentes consultadas en una investigación interna de Facebook afirmó que, cuando se sentía mal con su cuerpo, Instagram empeoraba esa percepción; en promedio, 12% de las jóvenes de 15 años en países de la OCDE declaró haber sufrido ciberacoso, frente a 8% de los varones; y, por si fuera poco, uno de cada siete adolescentes en el mundo vive con una condición de salud mental diagnosticable, mientras muchos otros enfrentan dificultades emocionales que afectan su bienestar, su aprendizaje y sus posibilidades futuras. En ese sentido, la realidad refleja algo crudo: frente a un niño en proceso de formación se encuentra una arquitectura tecnológica diseñada para mantenerlo frente a una pantalla, y frente a ello se hace necesaria la rectoría del Estado.

    Pero esta rectoría no significa que el gobierno deba decidir qué pueden pensar, decir o compartir los adolescentes, sino establecer condiciones que garanticen que el desarrollo comercial de la tecnología no se coloque por encima de los derechos de la infancia. Por esa razón, nuestro país debe comenzar a invertir en alfabetización mediática e informacional, acompañar la regulación de las plataformas con políticas educativas más inteligentes y, sobre todo, discutir la edad mínima efectiva de acceso a determinadas plataformas, sustentándose cuando menos en cinco elementos: sistemas de verificación de edad que no impliquen la entrega indiscriminada de datos personales; cuentas diferenciadas para adolescentes; prohibición de publicidad personalizada dirigida a menores; transparencia sobre los algoritmos que les recomiendan contenido, y mecanismos rápidos para denunciar ciberacoso, explotación, suplantación de identidad o difusión de imágenes íntimas. En otras palabras, lo que se requiere es una política nacional de protección de la infancia digital que articule al gobierno, las familias, las escuelas, especialistas, organizaciones sociales y empresas tecnológicas.

    Tomando como referencia lo que ocurre en otras naciones, nuestro país debe iniciar su propio debate, con evidencia, responsabilidad y sin convertirlo en otra confrontación partidista; no se trata de copiar mecánicamente una ley extranjera, sino de reconocer que los derechos de la infancia también deben ser garantizados en el territorio digital, especialmente frente a los intereses comerciales que han demostrado su capacidad de influir en las emociones, los hábitos y el desarrollo de millones de menores. En un punto como este, la neutralidad del Estado sería sencillamente irresponsable; por lo tanto, la rectoría del Estado se encuentra hoy ante la oportunidad de impedir que la vulnerabilidad de la niñez siga siendo utilizada como modelo de negocio, como hasta ahora ha ocurrido.

    Hablamos de niñas y niños, no de usuarios, consumidores, seguidores o generadores de datos. Ha llegado la hora de actuar a su favor en el entorno digital.

    • Luis Tovar
      Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. FUDEMA A.C.

  • Trump, a la derecha de Dios

    Trump, a la derecha de Dios

    La extraña fascinación que la oposición siente por las “investigaciones” de los organismos estadounidenses no explica la falta de lógica de sus acusaciones; sin embargo, aprovechan cualquier espacio para pedir que se acaten las imputaciones de un mal vecino.

    Sabemos, de sobra, que quien vive del otro lado quiere nuestra casa, discrimina a los de casa y llega a matar a algunos si traspasan los límites territoriales, no podemos pensar y mucho menos insistir en que debemos prestarle oídos; sin embargo, hay quienes consideran que el vecino no es sólo alguien que vive del otro lado sino una deidad a la que hay que obedecer sin reflexión ni leyes de por medio.

    La vieja historia de Maru Campos, muestra obsesiones sumisas por las incriminaciones de los gringos quiere que se lleven a Rocha Moya a Estados Unidos, sólo porque el vecino así lo desea es una muestra de la manera en que la oposición se agarra de lo que puede para tratar de desgastar al gobierno de México.

    El secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Roberto Lazzeri aseguró que la administración federal está abierta a entregar al gobernador con licencia de Sinaloa a la justicia estadounidense, pero solo si las autoridades de ese país presentan pruebas suficientes que cumplan con los requisitos de la legislación mexicana.

    Hay testimonio de los caprichos del delirante presidente del vecino país donde sólo su paranoia explica la fabricación de delitos, como es el caso de los imputados a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien fue prácticamente exonerado por las leyes estadounidenses y Trump insiste en buscarle defectos por todos lados. La invención del cártel de los Soles, copiados de una serie de televisión muestra el origen de las evidencias que reúne Trump para inculpar a sus contrincantes, pero el solo hecho de no acatar las órdenes de su perturbación política.

    Ahora, la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, advirtió que no deben minimizarse las afirmaciones del director de la Administración de Control de la DEA, Terrance Cole, en el sentido de que, según su alucinación, los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano tienen conexión. Claro que no deben tomarse en cuenta, la servil declaración de la panista. Estados Unidos es el peor vecino que cualquier país pudiera padecer, nadie lo quisiera tener al lado, menos con un sicópata de presidente.

    Kenia señaló que corresponde a las instituciones mexicanas responder a los rumores de los vecinos con hechos, por lo que se deben realizar investigaciones serias e independientes, presentar resultados comprobables y actuar con absoluta transparencia. La oposición desde María Eugebria Campos hasta Cabeza de Vaca, se aparan en los rumores de Trump para justificar sus propios delitos comprobados.

    No aclara a quién deben presentarse resultados, pero parecería que se refiere a los vecinos, como si tuvieran injerencia en la política mexicana, o un tutelaje como en los tiempos del PRIAN. Kenia describe exactamente la ilícita dependencia y obediencia de los conservadores, que consideran que sin Estados Unidos en el planeta no volverá a salir el sol.

    Al profundizar en sus dichos sólo acumula evidencias en su contra, como si desconociera las leyes a pesar de ser abogada o haya olvidado su compromiso como legisladora y su nacionalidad.

  • El Bart y el profesor de matemáticas

    El Bart y el profesor de matemáticas

    Hace poco más de un año, millones de personas escucharon en un pódcast la voz de “El Bart”, condenado por su participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Sus palabras provocaron indignación porque hablaban de la violencia con una frialdad difícil de comprender y sin mostrar arrepentimiento. La entrevista volvió a colocar al sistema penitenciario en el centro de la conversación pública. Sin embargo, detrás de esos mismos muros existe otra historia que casi nadie conoce y que, probablemente, resulte mucho más importante para el futuro de la seguridad pública en México: la de un profesor de matemáticas que también cumple una condena y decidió dedicar su tiempo a que otros internos concluyeran su educación básica.

    El pasado 15 de julio visité la Plaza Comunitaria del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), ubicada en el Centro Varonil de Reinserción Social Preventiva Norte de la Ciudad de México. Tras cruzar los controles de acceso esperaba encontrar un entorno definido únicamente por el encierro. En cambio, descubrí un espacio donde existe un genuino interés por concluir la educación básica, continuar con estudios de nivel medio superior e incluso abrir camino hacia la educación universitaria. Aquella percepción contrastaba con la imagen que normalmente construimos desde el exterior y me recordó que, aun detrás de los muros, las personas siguen construyendo proyectos de vida cuando encuentran una oportunidad para hacerlo.

    Durante la visita conocí la historia de un interno con formación profesional en matemáticas que decidió incorporarse como asesor voluntario. Su experiencia ha permitido apoyar a compañeros que enfrentaban mayores dificultades para acreditar uno de los módulos más complejos del modelo educativo del INEA. Lo más valioso no radica únicamente en compartir sus conocimientos, sino en la decisión de ponerlos al servicio de los demás. En un entorno donde con frecuencia se habla de influencias negativas, él eligió convertirse en un referente para que otros avanzaran en su proceso educativo. Detrás de los muros también existen historias que rara vez alcanzan los titulares.

    La responsable de la Plaza Comunitaria compartió un dato que merece mayor atención pública: durante 2026, treinta y seis personas privadas de la libertad obtuvieron su certificado de educación básica en ese centro. Ese esfuerzo forma parte del convenio que mantienen, desde mayo de 2021, el INEA y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Hoy esa colaboración no sólo impulsa programas de alfabetización, primaria y secundaria; también busca ampliar las oportunidades para continuar con estudios de nivel medio superior, fortalecer proyectos que acerquen la educación superior a los centros penitenciarios e impulsar nuevas formas de participación de las personas privadas de la libertad. Más que impartir clases, representa una apuesta por construir condiciones reales para la reinserción social.

    Con frecuencia evaluamos al sistema penitenciario por su capacidad para detener, procesar y sancionar a quienes cometen un delito. Esa función resulta indispensable para preservar el Estado de derecho. Pero quizá ha llegado el momento de preguntarnos qué ocurre durante los años que una persona permanece privada de la libertad. El tiempo transcurre para todos por igual; lo que cambia son las oportunidades para aprovecharlo. Algunas personas fortalecen la lógica que las condujo hasta prisión. Otras descubren que aprender, enseñar o concluir un nivel educativo puede representar el primer paso para construir un futuro distinto. La prisión impone una condena; la educación ofrece la posibilidad de decidir qué hacer con ella.

    El caso de “El Bart” seguirá ocupando un lugar en la memoria colectiva porque simboliza una de las expresiones más dolorosas de la violencia que enfrenta nuestro país. Pero sería un error pensar que esa es la única historia que nace dentro de una prisión. Mientras unos utilizan el tiempo para justificar el camino que los llevó hasta ahí, otros deciden emplearlo para enseñar, aprender y prepararse para el día en que vuelvan a vivir en libertad. Quizá la verdadera discusión sobre el sistema penitenciario mexicano no debería comenzar preguntando cuántos años dura una sentencia, sino qué somos capaces de construir durante cada uno de esos días. Porque la reinserción social no empieza cuando una persona recupera su libertad; comienza mucho antes, el día en que encuentra una razón para que su futuro no se parezca a su pasado.

  • ¿Por qué la verdadera justicia solo puede ser de izquierda?

    ¿Por qué la verdadera justicia solo puede ser de izquierda?

    Después de muchos años dedicada al derecho penal y hoy desde mi responsabilidad como jueza penal federal, he llegado a una convicción que, estoy segura, provocará debate: los expedientes penales también cuentan la historia de un país. No hablan de partidos políticos ni de campañas electorales, pero sí revelan cómo viven las personas, cuáles fueron sus oportunidades y, muchas veces, qué tan cerca o qué tan lejos estuvo el Estado cuando más lo necesitaban.

    Detrás de una carpeta de investigación existen víctimas que esperan justicia, personas imputadas que enfrentan el poder punitivo del Estado y familias enteras cuya vida cambia a partir de una resolución judicial. Con el paso de los años he aprendido que un expediente rara vez trata únicamente sobre un delito. También refleja desigualdad, abandono, abuso de poder o, en el otro extremo, privilegios que permiten enfrentar el sistema de justicia en condiciones muy distintas. Esa realidad alimenta lo que muchas personas identifican como un derecho selectivo, uno de los mayores desafíos para la credibilidad de nuestras instituciones.

    La Constitución establece que todas las personas somos iguales ante la ley. Como jueza, ese principio guía cada una de mis decisiones y no admite excepciones. Sin embargo, la propia Constitución también reconoce que la igualdad no puede quedarse en una declaración escrita. Al proteger la dignidad humana, los derechos sociales y el principio de igualdad sustantiva, nos recuerda que la justicia no consiste únicamente en aplicar una norma, sino en garantizar que todas las personas puedan ejercer realmente los derechos que esa norma reconoce.

    Esa diferencia entre igualdad formal e igualdad real se aprecia todos los días en materia penal. No enfrenta un proceso en las mismas condiciones quien puede contratar una defensa altamente especializada, ofrecer peritajes privados y sostener un litigio durante años, que quien depende exclusivamente de una defensoría pública con una enorme carga de trabajo o incluso llega a una audiencia sin comprender plenamente el procedimiento que enfrenta. La ley es la misma para ambos; las condiciones para ejercer sus derechos, no.

    Quienes trabajamos todos los días en un juzgado penal terminamos advirtiendo una realidad incómoda: el delito no surge en el vacío. Con frecuencia aparece en contextos marcados por la pobreza, la desintegración familiar, el abandono escolar, las adicciones o la ausencia de oportunidades. Reconocer esa realidad no significa justificar la conducta delictiva ni desconocer el derecho de las víctimas a obtener justicia. Quien comete un delito debe responder conforme a la ley. Pero si el Estado únicamente interviene cuando el delito ya ocurrió y no analiza las condiciones que favorecieron su aparición, difícilmente podrá construir una justicia completa. Cuando la ciudadanía percibe que la justicia responde dependiendo del poder económico o político de quienes son investigados, la confianza en el Estado de derecho se debilita.

    La experiencia dentro de un juzgado deja una enseñanza difícil de ignorar: la pobreza no constituye un delito, pero la desigualdad aparece una y otra vez en los expedientes. Esto no significa que las personas con menos recursos sean más propensas a delinquir, ni que quienes cuentan con mayores posibilidades económicas estén al margen de la ley. Significa que las condiciones sociales también influyen en la manera en que las personas llegan al sistema de justicia y en los recursos con los que cuentan para enfrentarlo.

    Por eso considero insuficiente entender la justicia únicamente como la aplicación idéntica de una norma. Nadie elige el lugar donde nace, la educación que recibe, el entorno en el que crece o las oportunidades que tendrá para desarrollar su proyecto de vida. Ignorar esas diferencias puede conducir a una igualdad meramente formal, incapaz de responder a las profundas brechas que todavía existen en nuestro país.

    En materia penal, esta visión constitucional se refleja en principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a una defensa adecuada y la proporcionalidad de las penas. Ninguno de ellos existe para favorecer la impunidad. Existen para recordar que el poder del Estado también debe tener límites y que la justicia pierde legitimidad cuando olvida la dignidad de las personas.

    En estos primeros meses impartiendo justicia, estoy convencida de que un juez no sólo debe conocer la ley; también debe comprender la realidad sobre la que esa ley actúa. La imparcialidad no consiste en ignorar el contexto, sino en aplicar el derecho con objetividad, teniendo siempre presente que detrás de cada expediente hay personas, no estadísticas.

    Una justicia auténticamente transformadora busca reducir desigualdades, ampliar el acceso a los derechos y colocar la dignidad humana en el centro de toda decisión pública. Si esos principios han sido históricamente identificados con una visión progresista o de izquierda, no es porque pertenezcan exclusivamente a una ideología, sino porque expresan una convicción profundamente constitucional: que el derecho debe servir para proteger a las personas y construir una sociedad más igualitaria, no únicamente para administrar las diferencias existentes.

    En el ámbito penal, la presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso y el juicio justo no fueron creados para proteger delincuentes; fueron establecidos para impedir que el Estado utilice su poder de manera arbitraria contra cualquier persona. El respeto a estas garantías no protege al delito: protege a la ciudadanía frente al abuso de autoridad.

    Como jueza penal federal jamás dictaré una sentencia basada en ideologías. Mis decisiones se fundamentan y se fundamentarán siempre en la Constitución, los tratados internacionales y la ley. Pero mi trabajo también me ha enseñado que para impartir justicia es necesario mantener los ojos abiertos frente a la realidad social. Ignorar la desigualdad no vuelve imparcial a un juez; simplemente limita su capacidad para comprender el contexto en el que aplica el derecho.

    La verdadera justicia no consiste en aplicar la ley de manera automática sin observar las consecuencias humanas de las decisiones. Consiste en construir un país donde la libertad no sea un privilegio, donde la igualdad deje de ser una aspiración y donde la dignidad humana tenga más valor que el dinero o las influencias.

    La justicia deja de ser justa cuando se limita a tratar como iguales a quienes la vida ha colocado en condiciones profundamente desiguales. La verdadera justicia no puede ser una simple operación mecánica de aplicar normas; debe tener la capacidad de mirar la realidad, reconocer las brechas existentes y actuar para que los derechos dejen de ser privilegios reservados para unos cuantos.

    Porque una sociedad no se mide únicamente por la fuerza con la que castiga a quien infringe la ley, sino por la capacidad que tiene para proteger a quienes históricamente han quedado atrás, para limitar los abusos del poder y para garantizar que la dignidad humana esté por encima del dinero, los privilegios o las influencias.

    Como jueza penal federal sé que la justicia no puede tener partido, pero también sé que la Constitución mexicana nació de una profunda convicción social: que el Estado no puede ser indiferente frente a la desigualdad. Que la libertad sin igualdad real puede convertirse en una promesa vacía. Que los derechos sólo tienen sentido cuando alcanzan a todas las personas, especialmente a quienes durante décadas han tenido menos oportunidades para hacerlos valer.

    Por eso, cuando hablamos de una justicia verdaderamente transformadora, hablamos de una justicia que no administra las desigualdades, sino que busca superarlas; que no protege privilegios, sino derechos; que no observa la injusticia desde la distancia, sino que trabaja para corregirla.

    Por ello sostengo que la verdadera justicia siempre camina hacia la izquierda: porque en su esencia más profunda no busca conservar las diferencias que existen, sino construir las condiciones para que todas las personas puedan vivir con la misma dignidad.

  • La Ciudad de México y el desorden

    La Ciudad de México y el desorden

    Por desgracia parece que siempre está rebasada de pendientes nuestra ciudad: con todo y los mejores deseos de las autoridades locales. Llueve y se inundan las grandes avenidas, y las que están debajo de los puentes (son punto y aparte) automóviles que se echan a perder al quedar atrapados por el agua y las alcantarilla tapadas.

    Y si hablamos de los baches: parece que no hay “bachetón” que alcance. Será que ¿hay mala calidad en los materiales? Pues así cómo los tapan se vuelven a hacer.

    Uno de verdad, de corazón, quisiera decir que todo está bien, y apoyar a este gobierno por el que votamos: parecía que Clara era la opción más clara, pues gobernó Iztapalapa bien. Claro que no es lo mismo gobernar una Alcaldía (por muy grande que sea) que  una ciudad de por lo menos 21 millones de habitantes…Y las lluvias y el reciente mundial lo evidenciaron. Porque las prioridades parece que se trastocaron y no se hizo un trabajo de desazolve prudente y eficaz, pero si se llenaron de pintura morada, importantes arterias viales; cuando los colores amarillo y blanco son los reglamentarios, no por capricho: si no por convención visual de expertos en vialidad. Hubo lugares donde tuvieron que volver a pintar de amarillo y blanco (dejarlo como estaba) por obvias razones.

    Luego se pintaron vagones del tren ligero, y algunas paredes externas del metro de la línea azul con unos enormes ajolotes (que siguen en peligro de extinción en Xochimilco) porque su hábitat chinampero no cuenta con lo mínimo indispensable (no hay suficientes recursos para su continuidad)  

    Sin embargo si gastó bastante en pintar todo el sur: taxqueña, metro, metrobús, muchas bardas desde San Antonio Abad y ballenas que sostienen los puentes del segundo piso hasta toda la zona del Estadio Azteca. Con murales de futbolistas.  Todo eso, seguro por una buena cantidad.

    Pero dicen que no hay recursos, cuando en la mayoría de las colonias se batalla para el mantenimiento de luminarias, asfaltar las calles principales, bacheo (como ya dije) nomenclaturas de las calles, limpieza de coladeras, cambió de tuberías de la red primaria…Pero eso si se hizo una ciclovía que prácticamente nadie ocupa. Las condiciones de la Ciudad de México por desgracia no dan para andar con tranquilidad en bicicleta. No estamos en Holanda, Bélgica o Alemania, y no es malinchismo, solo condiciones de vida muy diferentes. Y en nuestra ciudad: Solo redujo drásticamente la calz. de Tlalpan al quitarle un carril. Y en la que se gastó una millonada.

    Y qué decir del Jardín Colgante que se lleva el premio por caro e innecesario (varios millones) en una ciudad en la que se dice siempre que hay austeridad, por ejemplo en el metro que siempre están arreglando y siempre sobre todo en época de lluvia tiene goteras.

    Y para rematar: se permite desde ya hace años (después de Mancera que exageró por lo contrario) que la gente se estacioné en doble y triple fila en muchas avenidas principales y prácticamente en toda la ciudad. Y se necesita orden, no solo votos.

    No es lo mismo gobernar la Ciudad de México que gobernar Iztapalapa.

  • La educación mexicana amenazada, pero la conciencia crece

    La educación mexicana amenazada, pero la conciencia crece

    “…rondando el aula ando
    por pasillos fatuos y volátiles
    siguen su curso
    para vencer la muerte
    en vida consciente
    mis niños, mis niñas
    creando amorosos estoy…”

    A. Castellanos L. 2018

      Entre los ataques de la derecha y las pifias intencionales de Mario Delgado y secuaces contra la UPN, el IPN, la CNTE y la inmensa mayoría de la docencia activa en México, además de los golpes sistemáticos y dolorosos contra la autoridad de cada persona docente en el aula, la educación va perdiendo valor porque en la actualidad no basta con tener un título de nivel licenciatura, de maestría o de doctorado para recibir un salario digno y suficiente para vivir en la medianía a la que se refirió el Presidente Benito Juárez García.

      Los salarios mínimos se incrementan, pero el costo de la vivienda y el sustento general se incrementan muy por encima de la inflación declarada, ya sea por la Secretaría de Hacienda, por el Banco de México o por el INEGI. Hay demasiados bienes y servicios que no son contemplados por ese resultado estadístico.

      En regiones del trópico húmedo es necesario impermeabilizar, repintar y restaurar las viviendas al menos dos veces al año para que el deterioro no convierta ese mantenimiento en impagable para, incluso, la clase media ilustrada. La única solución es abusar del crédito, que después se convierte en una carga imposible de llevar y se convierte en una terrible bola de nieve que termina en avalancha que arrasa con la economía de las familias, lo que redunda en una inestabilidad emocional que no hay sicólogo o siquiatra que resuelvan.

      Se trata de un signo del abuso sobre la gente provocado por un sistema económico y político que degrada a la persona y la concibe solamente como fuerza de trabajo y como mercancía barata, porque siempre habrá quien puede venderla por un menor precio, por eso la pobreza le conviene al capital.

      La lucha de las personas que se emplean en el gobierno o en las empresas, siempre será vista como subversiva y por ende se criminalizará, tal como ocurrió con el EZLN en el pasado, o con los líderes indígenas en la actualidad, estos que acusan a los tres niveles del gobierno por complicidad con Los Ardillos en Guerrero en su camino a exigir demandas comunitarias y obras de infraestructura en una reunión prevista con autoridades estatales. Así funciona el Estado en defensa del capitalismo.

      Si la educación puede generar una conciencia de clase colectiva, como es el intento de la Nueva Escuela Mexicana a través de los Libros de Texto Gratuitos, la derecha y los neoliberales que siguen enquistados en el Gobierno Federal, harán todo cuánto puedan para detener cada intento, pero los avances se irán reflejando en la conciencia popular, que empezó a despertar poco antes de los comicios de 2018 y que ahora tratan de dormir en complicidad con los medios tradicional y algunos de los supuestamente alternativos, pero que ha despertado y empieza a escampar e irá consiguiendo cada vez más victorias, aunque el “Norte Cruel”, como llamado así por José Martí a los Estados Unidos de América, haga berrinche anaranjado. El ejemplo cubano debe ser muestra para todos y la lucha petrista en Colombia también.

      La amenaza contra la Nueva Escuela Mexicana y la concientización del Pueblo desde el aula, no se va a detener, bien dijo Andrés Manuel López Obrador, esto ya nadie lo detiene. La lucha sigue y sigue, ahí están la CNTE, el Frente Nacional por las 40 Horas, el Frente Anti Gentrificación en la CDMX, el Frente Antiimperialista Mexicano y otros.

      Continúo con la siguiente fracción del texto de Joaquín Ortega Arenas.

      LA SILENCIADA HISTORIA DEL MOVIMIENTO MAGISTERIAL-POPULAR QUE INICIÓ LA CNTE. 3ª y Última parte.

      En 1988, llegó a la Presidencia de la República un criminal sujeto que sirvió perfectamente a los intereses de Estados Unidos en México, al negociar secretamente e imponer a todos los mexicanos un Tratado de Libre Comercio que significó el desmantelamiento de las cadenas productivas, la quiebra de cientos de miles de empresas nacionales y el desempleo de millones de trabajadores. Tras un escandaloso fraude electoral y asesinar a cientos de opositores, el señor Salinas de Gortari quiso aplacar la inconformidad, la resistencia y la dignidad de los maestros colocando en la secretaría general del SNTE a la cínica y corrupta lideresa Elba Esther Gordillo Morales, en sustitución del anterior cacique sindical. La señora Gordillo llegó con la promesa de “dignificar y democratizar al sindicato y al gremio magisterial”.

      Salinas había asesinado a la sirvienta de su casa cuando niño (ver noticia en Internet, Excélsior 1951), durante su campaña por la Presidencia fueron asesinados más de 500 opositores, así como los dos principales asesores electorales de Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato que iba ganando antes de que el secretario de gobernación anunciara la “caída del sistema de cómputo”. Así que Salinas estaba interesado en limpiar su imagen: sustituyó al cacique Carlos Jongitud Barrios por Elba Esther Gordillo en 1989; el mismo año sustituyó al corrupto líder petrolero Joaquín Hernández Galicia por otros líderes corruptos; luego continuó pagando millones de pesos en publicidad a periodistas de prensa, radio y televisión para que atacaran con rabia a los movimientos de maestros, choferes y obreros independientes. Al terminar su negro sexenio ordenaría asesinar al candidato a la Presidencia de la República por su propio cartel-partido (el PRI), Luis Donaldo Colosio, y a su cuñado y secretario general del mismo grupo, Francisco Ruiz Massieu.

      Pero pese a que andaba con la cola entre las patas y hasta en huelga de hambre se puso por el encarcelamiento de su hermano Raúl durante el gobierno de Zedillo, nada se procedió en su contra pues fue tal la riqueza que concentró en favor del capital transnacional y en unas pocas manos de corruptos nacionales que pudo más la capacidad de corromper. A tal grado que, con el tiempo y la labor de los medios y la intelectualidad mediocre y servil al sistema, pasó de ser uno de los presidentes más despreciables que ha tenido México, para convertirse en “uno de los hombre más inteligentes y emprendedores”, según algunos intelectuales mediocres.

      La putrefacción del sistema político se tragó con mucha facilidad a todos los partidos buscadores de registro y de puestos públicos, particularmente los de la claudicante “izquierda” que renegó a todos los principios que decía defender al caerse los gobiernos estatistas del bloque soviético que los alentaban. El propio señor Cárdenas dejó pronto de denunciar los fraudes y crímenes de Salinas a cambio de cargos en el gobierno del DF y, tras querer convertirse en candidato eterno a la Presidencia de la República, terminó como empleado de quinta en los gobiernos capitalinos del PRD. Dogmáticos, incapaces de asimilar, analizar y dar proyección a los acontecimientos, pero, sobre todo, corrompidos con los millones que el gobierno les otorgó con el único fin de embaucar a la población votantes con la simulación de la democracia burguesa, estos partidos paraestatales hoy día no se distinguen en absoluto de ninguno de los partidos del sistema capitalista. Degenerados, vulgares, cínicos, corruptos, han reducido su lucha a quitar a unos gobernantes para poder a otros, reproduciendo todos los vicios del sistema.

      Las crisis y fraudes que ya se han hecho permanentes, los robos de los recursos públicos, y la extraordinaria pobreza de la mayoría de la población, hicieron surgir coordinadoras y fuertes movimientos gestionarios radicales de campesinos, colonos y comerciantes como una efímera esperanza para resolver los problemas de México, sobre todo, después de los sismos de 1985. Pero pronto el pueblo se desencantó de tales procesos pues, salvo excepciones respetables, en su mayoría fueron absorbidos por el sistema que todo lo corrompe. Y aunque estos movimientos ayudaron a resolver algunas necesidades sociales urgentes para evitar la degradación social total, la mayoría de ellos pronto quedaron reducidos a grupos de presión para obtener prebendas y puestos en el gobierno y en los prostituidos cargos de “elección popular”, alquilando sus franquicias a un partido o a otro y utilizando a sus afiliados como fuente de ingresos y de venta de votos para el mejor postor. ¡triste destino para estos movimientos y para los dirigentes que se han dejado vencer; gran experiencia para los que se sostienen como bastiones de la lucha obrera, magisterial y popular independiente!

      Para la primera década del siglo XXI, el movimiento magisterial pudo consolidar la conquista de importantes secciones sindicales democráticas en Distrito Federal, Chiapas, Guerrero y Michoacán, a base de medidas de presión como paros, manifestaciones multitudinarias, plantones, bloqueos de vías de comunicación y de oficinas públicas, entre otros, colocándose a la vanguardia de las protestas y de las acciones sociales más importantes que se han registrado en México.

    1. Aguas

      Aguas

      En los últimos días ha dado mucho de qué hablar la polémica en torno a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, luego de la difusión de audios relacionados con presuntos contactos con personas que se presentaban como intermediarios de autoridades estadounidenses. La propia mandataria reconoció la autenticidad de las conversaciones, aunque sostiene que fue víctima de un engaño organizado por terceros y que nunca tuvo intención de comprometer información sensible ni de actuar fuera de los cauces institucionales.

      El tema ha provocado un intenso debate político. Por un lado, existe quien considera que cualquier acercamiento con agencias estadounidenses constituye un acto cuestionable. Por el otro, también existe una realidad que pocas veces se explica con claridad: la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad no es nueva ni extraordinaria. Desde hace décadas ambos países mantienen mecanismos permanentes de intercambio de inteligencia para combatir el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero, el tráfico de personas y el terrorismo. Esa coordinación forma parte de la relación bilateral y está respaldada por acuerdos entre ambos gobiernos.

      Conviene hacer un paréntesis importante. Desde 2025 la gobernadora y su entonces esposo, Carlos Torres, hicieron pública la cancelación de sus visas estadounidenses. Estados Unidos nunca informó oficialmente las razones de esa decisión, mientras que ambos han sostenido públicamente que no existe una acusación formal en su contra y han negado cualquier conducta ilícita.

      Al mismo tiempo, en el espacio público han circulado diversas versiones sobre presuntas investigaciones financieras, propiedades en Estados Unidos y posibles indagatorias relacionadas con el entorno del exesposo de la gobernadora. Sin embargo, hasta este momento muchas de esas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por autoridades estadounidenses ni mexicanas, por lo que deben entenderse como versiones y no como hechos acreditados.

      Y aquí es donde, desde mi punto de vista, vale la pena hacer una reflexión.

      Si una autoridad de otro país solicita una entrevista, una declaración o un intercambio de información dentro del marco legal, ¿realmente eso convierte automáticamente a una persona en culpable?

      La respuesta debería ser no.

      En Estados Unidos, particularmente agencias como el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la DEA o el Departamento de Justicia, realizan miles de entrevistas durante investigaciones que jamás terminan en una acusación penal. Formar parte de una investigación no equivale a ser declarado responsable. La investigación existe precisamente para determinar si existen o no elementos suficientes.

      Por ello me parece equivocado que algunos pretendan convertir una reunión, una llamada telefónica o una entrevista en una sentencia anticipada. El debido proceso existe precisamente para evitar que una persona sea condenada únicamente por la opinión pública.

      Si alguien tiene la certeza de su inocencia, comparecer acompañado de su abogado no debería representar un problema. Al contrario, es la oportunidad para aclarar cualquier duda y cerrar cualquier investigación con transparencia.

      Naturalmente, si en algún momento existieran pruebas contundentes sobre la comisión de un delito, entonces corresponderá a las autoridades actuar conforme al derecho. Pero mientras eso no ocurra, tampoco resulta correcto construir culpabilidades únicamente sobre rumores, filtraciones o especulaciones.

      Un tema distinto, aunque relacionado, es la cooperación judicial entre ambos países.

      Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a mencionar el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuya situación jurídica continúa siendo objeto de controversia entre México y Estados Unidos. Independientemente de ese caso en particular, también vale la pena preguntarse si la cooperación bilateral debería extenderse para revisar la situación de otros personajes vinculados históricamente con organizaciones criminales que hoy permanecen en territorio estadounidense bajo distintas figuras legales, incluyendo algunos testigos colaboradores.

      Los acuerdos de colaboración con fiscales federales estadounidenses han sido una herramienta importante para desmantelar organizaciones criminales. Sin embargo, también generan cuestionamientos cuando algunos de esos colaboradores recuperan su libertad o continúan manteniendo influencia sobre estructuras delictivas desde el extranjero, según han documentado distintos procesos judiciales y reportajes de investigación.

      La cooperación internacional no puede convertirse en un mecanismo selectivo. Si el objetivo común es combatir al crimen organizado, entonces la colaboración debe alcanzar tanto a funcionarios públicos eventualmente investigados como a integrantes de organizaciones criminales que continúan representando un riesgo para ambos países.

      La justicia no debe distinguir entre colores partidistas, cargos públicos o antecedentes criminales. Debe distinguir únicamente entre pruebas y ausencia de pruebas.

      Al final, ni toda investigación significa culpabilidad, ni toda cercanía con autoridades extranjeras constituye una traición. Lo verdaderamente importante es que las investigaciones se conduzcan con profesionalismo, respeto al debido proceso y absoluta transparencia.

      Porque cuando la justicia se convierte en espectáculo político, pierde la sociedad. Pero cuando la justicia trabaja con evidencia, sin importar el nombre, el cargo o el partido, entonces gana el Estado de derecho.