Aunque intentó deslindarse del conductor, la fundación mantiene una estrecha colaboración con Fundación Azteca desde hace años.
Por Neri Torres
La reciente visita de Pedro Sola al Hospital Veterinario Yaakunah desató una ola de críticas en redes sociales. Usuarios señalaron como hipócrita que el conductor de Ventaneando acudiera a un espacio dedicado a la protección animal, luego de que días antes causara indignación por sus comentarios en los que insinuó envenenar perros.
Tras la polémica, el Hospital Veterinario Yaakunah intentó deslindarse tanto de las declaraciones como de la presencia de Sola. Sin embargo, una revisión de su historial muestra una relación que contradice esa postura.
El 27 de septiembre de 2024, la página oficial de Facebook del hospital promocionó el Huellatón de Fundación Azteca, una jornada de vacunación realizada en la explanada de la alcaldía Álvaro Obregón. Es decir, la institución ya colaboraba públicamente con la fundación perteneciente a TV Azteca mucho antes de la controversia.
La contradicción se hace aún más evidente porque la Fundación para el Desarrollo y Bienestar Yaakunah A.C. también participó en el Huellatón 2026, organizado por Fundación Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
Pese a ello, tras los comentarios de Pedro Sola, la organización no emitió un posicionamiento contundente y, por el contrario, permitió que el conductor utilizara sus instalaciones en un intento por limpiar su imagen frente a las críticas por la apología del maltrato animal.
La investigación también revela que la representante legal de la fundación, Gabriela Ortiz Galarza, apareció el 12 de marzo de este año en el programa “A Quien Corresponda”, de TV Azteca, para anunciar la participación de Yaakunah en el Huellatón 2026.
Con estos antecedentes, resulta difícil sostener que Yaakunah buscó marcar distancia con Pedro Sola. Los registros públicos muestran una relación constante con Fundación Azteca, lo que pone en duda el intento de la organización por presentarse como ajena al conductor, cuando fue la propia institución la que le abrió sus puertas para una visita que muchos interpretaron como un intento de limpiar su imagen pública.
Mientras la oposición apenas comienza a mover sus piezas rumbo a las elecciones en la Ciudad de México, en redes sociales ya está en marcha una campaña sucia contra alcaldes y alcaldesas de Morena. Detrás de páginas que aparentan ser medios informativos hay miles de pesos invertidos para posicionar ataques, memes y publicaciones sacadas de contexto.
Una investigación de Los Reporteros MX documentó que, tan solo entre junio y lo que va de julio, páginas de Facebook enfocadas en Azcapotzalco e Iztacalco han desembolsado alrededor de 22 mil pesos en publicidad pagada para difundir contenido contra los gobiernos de esas demarcaciones.
El caso más evidente es el de “Azcapo News”. Aunque presume poco más de siete mil seguidores, los registros públicos de la Biblioteca de Anuncios de Meta muestran que únicamente en julio ha destinado cerca de 17 mil 500 pesos para impulsar publicaciones dirigidas contra la alcaldesa Nancy Núñez. La mayoría del contenido consiste en declaraciones fuera de contexto, videos editados y memes con el objetivo de desacreditar a la administración morenista.
Los registros de Meta muestran que Azcapo News ha contratado campañas desde 300 pesos, con un alcance estimado de hasta 20 mil personas, hasta anuncios de 7 mil pesos que podrían llegar a medio millón de usuarios.
Pero las irregularidades no terminan ahí. La información pública de Meta revela que la página anteriormente se llamaba “Vecinos Azcapotzalco” y que cambió su nombre a “Azcapo News” el 24 de junio de 2026.
Pero, ¿quién está pagando la campaña?
La investigación de Los Reporteros MX encontró que detrás de Azcapo News continúa operando la página “Vecinos Azcapotzalco”, la cual también promociona videos y publicaciones con un contenido similar. De acuerdo con el apartado de transparencia publicitaria de Meta, los registros identifican a Dragoni como el responsable de financiar esos anuncios utilizados para golpear sistemáticamente a la alcaldesa de Azcapotzalco. Aunque en Azcapo News aparece un correo electrónico de contacto distinto, ambas páginas comparten el mismo número telefónico, con terminación 023066, el cual está ligado a Dragoni.
Dragoni Network on Fire es una firma que se presenta como especialista en innovación digital y estrategias basadas en inteligencia artificial. Sin embargo, entre su cartera de clientes figuran trabajos para la administración del entonces alcalde priista Armando Cabada Alvídrez, en Ciudad Juárez, así como campañas para el PAN, el PRI, la COPARMEX y empresas estadounidenses del sector energético.
Los datos públicos de Meta dejan ver que no se trata de publicaciones espontáneas ni de simples opiniones en redes sociales. Detrás de esta estrategia hay recursos económicos destinados a ampliar el alcance de los mensajes e influir en la conversación pública mediante publicidad pagada.
Todo apunta a que la batalla por las alcaldías de la Ciudad de México ya comenzó y, al menos en el terreno digital, la primera apuesta de la oposición parece no ser la presentación de propuestas, sino el financiamiento de campañas sucias contra los gobiernos morenistas.
El equipo del senador panista incluye a un exfuncionario denunciado por presunto acoso sexual y a otro señalado en investigaciones por el presunto cobro de “moches” durante la administración de Maru Campos en Chihuahua.
Una nueva polémica rodea al PAN en Chihuahua. El senador Mario Vázquez Robles mantiene colaborando en su equipo a Everardo Rojas Soriano y Miguel Alfredo Aragón Reta, dos personajes vinculados a distintos señalamientos durante el gobierno de Maru Campos. Mientras uno dejó un cargo público tras denuncias por presunto acoso sexual y laboral, el otro aparece mencionado en investigaciones por un presunto esquema de licitaciones irregulares y cobro de sobornos relacionados con la administración municipal encabezada por la hoy gobernadora.
Everardo Rojas Soriano se desempeñó como secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso de Chihuahua hasta junio de 2024, cuando abandonó el cargo luego de ser señalado por presunto acoso sexual y laboral contra trabajadoras y legisladoras. De acuerdo con documentos oficiales y reportes periodísticos, la denuncia fue recibida por la autoridad investigadora en abril de ese mismo año. Pese a esos antecedentes, actualmente continúa colaborando con el senador panista.
Por su parte, Miguel Alfredo Aragón Reta figura en investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua por su presunta participación como intermediario entre funcionarios y empresas favorecidas con contratos públicos durante la gestión de Maru Campos como alcaldesa de Chihuahua. Las indagatorias lo relacionan con un esquema de licitaciones presuntamente simuladas, así como con el llamado caso de la “Nómina Secreta”, donde se investigó el supuesto cobro de “moches” a contratistas.
Las investigaciones ministeriales sostuvieron que diversas empresas habrían entregado recursos a cambio de contratos de obra pública y servicios municipales. Además, la causa penal 3022/2020 menciona el presunto uso de una tarjeta bancaria empresarial para cubrir gastos personales atribuidos a Maru Campos, mecanismo en el que Aragón Reta habría fungido como operador financiero. Estos hechos forman parte de expedientes abiertos por autoridades estatales y fueron retomados por diversos medios nacionales.
A ello se suma que Mario Vázquez ha sido uno de los principales defensores políticos de Maru Campos, mientras que Roberto Gil Zuarth, identificado como abogado de la gobernadora ante la FGR, mantiene cercanía con Everardo Rojas. Diversos reportes señalan que ambos colaboradores desempeñan funciones tanto de manera remota como en la oficina del senador en el Senado de la República, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios para integrar su equipo de trabajo.
Hasta ahora, Mario Vázquez no ha explicado públicamente bajo qué régimen colaboran ambos personajes ni ha respondido a los cuestionamientos sobre su permanencia en su entorno político.
Laabogada, que hasta hace unas horas pensábamos que era puramente panista y que propuso limitar el derecho al voto, aparece afiliada al PRI desde 2018, mientras su madre también figura en el padrón oficial del partido desde 1997.
La polémica generada por Natalia Torres, conocida en redes sociales como Naat Torres, no solo se debe a sus declaraciones en las que planteó que las personas con un supuesto “conocimiento mínimo” deberían ser las únicas con derecho a votar, una postura ampliamente criticada por contradecir el principio constitucional del sufragio universal.
Ahora, además, los registros oficiales de la Plataforma Nacional de Transparencia evidencian su afiliación al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al igual que la de su madre.
De acuerdo con el Padrón de Partidos Políticos, Natalia Torres Salim aparece afiliada al PRI desde el 20 de mayo de 2018, con registro en la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Benito Juárez.
La información corresponde al primer semestre de 2025 y fue actualizada el 1 de enero de este año, por lo que se trata de un registro oficial vigente en la plataforma de transparencia. El dato cobra relevancia luego de que la influencer se colocara en el centro del debate nacional por cuestionar quién debería tener acceso al voto.
Pero el vínculo familiar con el tricolor no termina ahí.
Olga Arminda Salim Balboa, madre de Natalia Torres, también aparece en el padrón oficial del PRI, con una afiliación registrada desde el 14 de abril de 1997 en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Su registro fue actualizado el 27 de enero de 2026, lo que confirma que la familia mantiene un historial documentado dentro del partido que gobernó México durante más de siete décadas.
Las declaraciones de Torres provocaron una ola de críticas luego de afirmar en un podcast que no todas las personas deberían votar y que el acceso al sufragio tendría que condicionarse a aprobar un nivel mínimo de conocimientos sobre el Estado y el sistema político. Posteriormente intentó matizar sus palabras, asegurando que su intención era promover una mayor educación cívica y no excluir a la ciudadanía del proceso electoral.
Sin embargo, sus dichos reavivaron el debate sobre el carácter universal del voto, un derecho consagrado en el artículo 35 de la Constitución, que establece que todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos pueden participar en las elecciones sin requisitos académicos o de conocimientos políticos.
En ese contexto, la aparición de Natalia Torres y de su madre en el padrón oficial del PRI añade un nuevo elemento a la discusión pública, al evidenciar su vínculo partidista mientras impulsa una postura que cuestiona uno de los derechos fundamentales de la democracia mexicana.
Ricardo Salinas Pliego se presenta en redes ante México como el arquetipo del empresario visionario, el hombre que convirtió una mueblería familiar en un imperio que va del retail a la banca, de la televisión a las telecomunicaciones. Pero este relato omite deliberadamente la otra mitad de su historia: una racha de apuestas fallidas, fraudes bursátiles comprobados por reguladores extranjeros, negocios que colapsaron dejando a miles de personas a la deriva, y una montaña de deuda fiscal que ningún otro empresario mexicano se ha atrevido a acumular con tanto descaro. Aquí, nueve capítulos de esa cara oculta.
Circuit City: En 2008, en plena crisis financiera global, Salinas Pliego decidió que podía rescatar a la segunda cadena de electrónica más grande de Estados Unidos comprando el 28% de sus acciones, con la fantasía de convertirse en su salvador y reproducir en territorio estadounidense el éxito de Elektra. El resultado fue exactamente el opuesto: Circuit City se declaró en bancarrota y, meses después, liquidó por completo sus operaciones, arrastrando consigo entre 39 y 41 millones de dólares de la fortuna del propio Salinas Pliego.
FAW: En 2007 anunció, con la parafernalia de siempre, una alianza con la automotriz china FAW para vender autos baratos en las tiendas Elektra, financiados por Banco Azteca, apuntando directamente a los clientes más vulnerables de su cartera de microcréditos. El proyecto prometía una planta ensambladora en Michoacán y decenas de miles de unidades vendidas al año. La realidad fue un desastre silencioso: para septiembre de 2009 la marca desapareció de las tiendas Elektra sin previo aviso, dejando a más de 5 mil compradores sin refacciones, sin garantía y sin ningún tipo de soporte técnico.
Fraude Unefon-Nortel: El capítulo más grave de su historial, porque no habla de mala suerte, sino de una mala conducta deliberada. En 2003, a través de una entidad de su propiedad llamada Codisco, compró con descuento la deuda que Unefon mantenía con la canadiense Nortel y luego la revendió a la propia Unefon a su valor original, embolsándose una ganancia de 218 millones de dólares a costa de los accionistasminoritarios de TVAzteca, a quienes nunca se les informó de la operación. La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) lo acusó formalmente de fraude, señalando que él y sus colaboradores orquestaron un montaje para ocultar su participación y quedarse con una ganancia personal de 109 millones de dólares. Terminó pagando una multa de 7.5 millones de dólares sin admitir culpa y quedó inhabilitado durante cinco años para ser directivo de empresas públicas en Estados Unidos.
Minas de Baja California: Menos conocido que sus otros tropiezos, pues fue una inversión minera en Baja California Norte que parecía prometedora pero terminó derrumbándose 60% en su valor, con un costo estimado de 50 millones de dólares que simplemente se evaporaron.
OneWeb: En 2020, Salinas inyectó 500 millones de dólares para hacerse con el 10% de OneWeb, una compañía satelital que buscaba anticiparse a Starlink. Cuando llegó la pandemia y los inversionistas mayoritarios decidieron congelar el proyecto, Salinas Pliego se topó con la disyuntiva de poner otros 4 mil 500 millones de dólares para sostenerlo o simplemente perder lo ya invertido. Optó por lo segundo, y de ahí no volvió a hablarse del asunto con el mismo entusiasmo con el que lo anunció.
Fraude “Astor Capital”: Queriendo apalancar acciones de Elektra para financiar una apuesta personal en Bitcoin, Salinas Pliego terminó como víctima de un montaje construido alrededor del apellido Astor, uno de los linajes más emblemáticos de la historia económica estadounidense. El responsable, Vladimir Sklarov, se hizo pasar por descendiente de esa familia, obtuvo acciones valuadas en 416 millones de dólares como garantía de un préstamo y las vendió sin autorización, quedándose con el dinero. El resultado: más de 450 millones de dólares esfumados y un empresario que se dice “el más listo del cuarto” cayendo en un fraude que cualquier asesor financiero mínimamente diligente hubiera detectado a tiempo.
TVAzteca:Desde 2020 TVAzteca dejó de pagar bonos por 400 millones de dólares, alegando la pandemia como excusa, lo que derivó en una demanda en Nueva York que hoy roza los 600 millones de dólares en capital e intereses. En 2026 la empresa se ve obligada a solicitar concurso mercantil voluntario y a salir de la Bolsa Mexicana de Valores después de casi 30 años cotizando. Antes, en 2017, ya había tenido que venderAzteca América, su división para el mercado hispano en Estados Unidos, en un intento de generar liquidez que terminó siendo apenas un parche temporal frente a un declive más profundo.
Typhoon Offshore: Su empresa de servicios petroleros para Pemex se derrumbó tras acumular una deuda de 960 millones de dólares por 16 meses de impagos, lo que la obligó a suspender operaciones por completo. Una jueza incluso rechazó en un primer momento su solicitud de concurso mercantil, y cuando finalmente fue aceptada meses después, la compañía ya arrastraba embargos bancarios y el cierre de sus instalaciones en Campeche por parte de la Profepa por no contar con permisos ambientales. El colapso de Typhoon arrastró a una red de al menos una docena de empresas proveedoras mexicanas que dependían de sus contratos.
Deuda con el SAT: A diferencia de los otros ocho puntos, este no es resultado de un mal cálculo de negocios sino de una estrategia sostenida durante más de una década para evadir sus obligaciones fiscales, disfrazada de cruzada libertaria contra el Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que las empresas de Grupo Salinas deben cubrir más de 35 mil millones de pesos, cifra que con recargos y multas rebasa los 50 mil millones. El costo de esa soberbia fiscal, sumado a sus otras crisis, ha sido brutal para su propio bolsillo: su fortuna cayó 63.4% entre 2024 y 2025, y para marzo de 2026 acumulaba una pérdida cercana a los 9 mil 700 millones de dólares en apenas dos años, según Forbes.
Estos nueve episodios desmienten la narrativa que Salinas Pliego ha cultivado durante décadas como el empresario que nunca pierde. La realidad es la de un hombre que ha perdido cientos de millones de dólares en apuestas mal calculadas, que fue formalmente acusado de fraude por un regulador extranjero, que ha dejado a miles de clientes y decenas de empresas proveedoras pagando los platos rotos de sus decisiones, y que hoy ve desplomarse su fortuna mientras se resiste, con el mismo tono desafiante de siempre, a pagarle al fisco lo que por años ha esquivado.
El mito del empresario infalible se sostiene únicamente si se ignora la mitad de su historia, ya que, contada completa, la carrera de Ricardo Salinas Pliego tiene más fracasos, fraudes y deudas que éxitos.
María Teresa Ealy Díaz, diputada plurinominal e hija de Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño de El Universal, exigió desde una columna de El Universal que dejen de asociarla con su padre y con el periódico, una postura que desató críticas por la evidente contradicción de su mensaje.
YA BASTA.
Sobre la publicación del @El_Universal_Mx atribuida a Carlos Monsiváis contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo digo con toda claridad:
NO la escribí. NO la comparto. NO me representa. Y me deslindo total y absolutamente de ese contenido.
Apenas un día después de publicar un extenso mensaje en X para deslindarse deEl Universal y de las decisiones editoriales del periódico propiedad de su padre, Juan Francisco Ealy Ortiz, la diputada plurinominalMaría Teresa Ealy Díaz volvió a colocarse en el centro de la polémica. En aquella publicación afirmó que “no soy el apellido de nadie”, que “no soy responsable de lo que otros publican” y que “sí, soy hija de Juan Francisco Ealy Ortiz… pero no soy extensión de nadie”, argumentando que las críticas en su contra respondían a misoginia, linchamiento digital y “politiquería barata”.
Lejos de cerrar el tema, este viernes decidió responder desde el mismo espacio que le brinda el diario de su familia, ya que en una columna publicada en El Universal, la hija del dueño de El Universal insistió en que llamarla “la hija de” busca borrar su identidad, minimizar su trayectoria y ejercer violencia política contra las mujeres. Sin embargo, la contradicción resulta inevitable: mientras reclama que no se le relacione con su padre ni con el medio, es precisamente ese periódico el que le abre sus páginas para defender su postura frente a la opinión pública y le ha ayudado a construir su carrera.
En el texto asegura que “no soy el apellido que atacan: soy la mujer que no pueden callar”, además de afirmar que “reducir a una mujer a su apellido también es una forma de violencia política” y que “yo sí tengo nombre”. Pero el cuestionamiento que ha predominado no gira en torno a su condición de mujer, sino al evidente conflicto entre intentar desvincularse públicamente de un apellido del que durante años obtuvo reconocimiento y hacerlo precisamente desde el medio que ese mismo apellido controla. Más que un debate sobre género, la discusión es sobre congruencia.
Su discurso de víctima también ha sido cuestionado porque recuerda que pocas figuras políticas llegan con un nivel de exposición y privilegios comparable al suyo. Diputada plurinominal, con un apellido ampliamente conocido y con acceso a una de las plataformas mediáticas más poderosas de México, Ealysostiene que el problema no son sus argumentos, sino que se le recuerde de dónde proviene. Sin embargo, resulta difícil sostener que alguien intenta “borrar su voz” cuando dispone de una tribuna nacional para responder, fijar postura y presentarse como víctima. Paradójicamente, mientras escribe que “la crítica fortalece cuando tiene argumentos”, terminó reforzando la percepción de que el debate no nació por llevar el apellido Ealy, sino por la contradicción de pedir que dejen de asociarla con El Universal… desde una columna publicada en El Universal.
Con casi 600 especialistas, el Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano se ha convertido en una de las fuerzas de rescate más capacitadas del país, interviniendo en desastres naturales, derrumbes, incendios y operaciones de búsqueda de alta complejidad.
Durante 13 días, la esperanza se mantuvo viva en las profundidades de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. Contra todo pronóstico, Francisco Zapata Nájera fue localizado con vida por integrantes del Batallón de Atención a Emergencias (BAE) del Ejército Mexicano, una unidad especializada que opera en algunas de las situaciones más peligrosas y complejas dentro y fuera del país.
El rescate volvió a poner bajo los reflectores a este grupo de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional, creado en 2023 para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. Con sede en Santa Lucía, Estado de México, el BAE nació de la integración del Equipo de Respuesta Inmediata a Emergencias y del Octavo Batallón de Ingenieros de Combate, concentrando personal altamente capacitado para intervenir cuando la vida de las personas está en riesgo.
La unidad está conformada por 597 elementos especializados en búsqueda y rescate urbano, operaciones en alta montaña, rescate acuático, manejo de materiales peligrosos, búsqueda con binomios caninos y combate de incendios forestales y urbanos. Además, cuenta con personal entrenado en estructuras colapsadas, extracción de víctimas, atención prehospitalaria y operaciones con maquinaria pesada.
Su capacidad quedó demostrada en el operativo desplegado en Sinaloa, donde los militares participaron durante casi dos semanas en labores ininterrumpidas para localizar al trabajador atrapado tras el derrumbe de la mina. Finalmente, el pasado 7 de abril, los rescatistas lograron encontrar a Francisco Zapata con vida, protagonizando uno de los rescates más impactantes registrados en México en los últimos años.
Sin embargo, la labor del Batallón va mucho más allá de este caso. Sus integrantes han participado en la aplicación del Plan DN-III-E tras fenómenos devastadores como los huracanes Otis y Norma, además de colaborar en misiones internacionales de búsqueda y recuperación. Su preparación constante incluye capacitación en gestión integral de riesgos, monitoreo de fenómenos naturales, refugios temporales y apoyo psicológico para primeros respondientes.
El rescate del minero en Sinaloa no solo evidenció la resistencia y voluntad de un hombre que sobrevivió casi dos semanas bajo tierra. También mostró el trabajo silencioso de una unidad especializada que, lejos de los reflectores, se prepara para actuar cuando cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
El Batallón de Atención a Emergencias se ha consolidado como una de las herramientas más importantes del Estado mexicano para responder ante situaciones extremas y proteger a la población en momentos críticos.
Fotos: Carla García y Óscar Martínez / Los Reporteros MX
En un rincón de El Marqués, Engracia Álvarez Raymundo, una mujer de 88 años, enfrentó a quienes intentaban arrebatarle el lugar donde había vivido durante décadas. Meses después murió.
Por Neri Torres, Luis Piña y Frank Alvarado
Hay historias que explican mejor que cualquier expediente cómo funciona el poder.
Esta no comienza en una oficina de gobierno ni en una sala de tribunales. Comienza en un viejo rancho llamado El Ojal, en las inmediaciones de Amazcala, Querétaro, donde la familia Esteban Álvarez asegura haber vivido desde finales de la década de 1960 cuidando la tierra que heredó de sus abuelos. Allí, entre árboles, pozos de agua y construcciones levantadas con décadas de trabajo, ocurrió un episodio que hoy se ha convertido en uno de los casos más delicados dentro de las denuncias sobre el presunto “cártel inmobiliario” de Querétaro.
Durante un recorrido realizado por Los Reporteros MX, el periodista Luis Piña llegó hasta el lugar donde, según la familia Esteban Álvarez, una disputa por más de 70 hectáreas terminó con la muerte de Engracia Álvarez Raymundo, una mujer de la tercera edad.
“Creo que no he encontrado otra historia más complicada que la que les voy a mostrar hoy”, relató Piña frente al rancho. “Aquí está involucrado Humberto Palacios Alcocer, cuñado del gobernador Mauricio Kuri, y la muerte de una mujer de 88 años”.
La historia, según los testimonios recabados, se remonta años atrás. La familia asegura que desde 2015 comenzaron las presiones para abandonar el predio. Quien aparecía constantemente era Humberto Palacios Alcocer, personaje ligado a una de las familias más influyentes de la política queretana.
“Venía diciendo que todo esto era suyo”, recuerda uno de los familiares. “Le pedíamos documentos, títulos, pruebas. Nunca los presentó. Solamente decía: ‘esto es mío y se tienen que ir’”, relatan Alicia Esteban Álvarez y Margarita Esteban Álvarez, hijas de la señora Engracia Álvarez Raymundo.
Pero el episodio que cambió todo ocurrió en 2020, cuando Kuri era senador. De acuerdo con los testimonios, una mañana arribaron al rancho trabajadores, personal de seguridad y maquinaria pesada con la intención de derribar parte de las construcciones donde habitaba la familia. En ese momento solamente había tres mujeres en el lugar. Una de ellas era Engracia Álvarez Raymundo.
Según los relatos entregados a Los Reporteros MX y documentados por el activista Manuel Zamorano Escobar, la mujer salió para defender su hogar cuando observó que intentaban ingresar al terreno. Durante la confrontación, presuntamente fue empujada y cayó al suelo. La caída le provocó una fractura de cadera.
Para cualquier adulto mayor una lesión así representa un riesgo enorme. Para ella fue el principio del final.
“La aventó, le rompió la cadera y después mi abuelita ya nunca volvió a recuperarse”, relata Luis Alberto Mendiola, uno de sus nietos con la voz entrecortada. Meses después falleció.
El caso dio un nuevo giro en abril de 2026, cuando familiares de Engracia Álvarez presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Querétaro para que se investigue la posible responsabilidad penal derivada de los hechos ocurridos durante el conflicto por el Rancho El Ojal.
En la querella, los denunciantes sostienen que su familia ha habitado el predio desde finales de la década de 1960 y relatan que, durante una confrontación ocurrida en octubre de 2020, la adulta mayor sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera. De acuerdo con el documento presentado ante las autoridades, la familia considera que las lesiones y las complicaciones médicas posteriores guardan relación con el fallecimiento de Engracia Álvarez meses después.
La mujer del vestido es Alicia Esteban Álvarez, hija de Engracia.
La denuncia también señala que fueron incorporados comprobantes de atención médica, gastos hospitalarios y testimonios de familiares como parte de los datos de prueba ofrecidos ante la autoridad ministerial. Asimismo, los denunciantes solicitaron que se practiquen peritajes, testimoniales y demás diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Por ello, para la familia, el conflicto dejó de ser una disputa por tierras hace mucho tiempo.
“Ya no estamos hablando de dinero”, sostiene Manuel Zamorano. “Estamos hablando de una persona que murió después de una agresión denunciada por sus propios familiares. Eso tiene que investigarse”.
Detrás del conflicto aparece además otro elemento clave: el agua.
Los familiares afirman que en la zona existen dos pozos con importante capacidad de extracción. Una riqueza cada vez más codiciada en un estado donde el crecimiento urbano avanza a gran velocidad.
“Lo que quieren no son solamente las tierras”, asegura uno de los habitantes. “Quieren el agua. Aquí tenemos dos pozos y eso vale millones. Esta zona es hermosa, pasa la carretera cerca, la pueden fraccionar. Para ellos es un negocio enorme”.
La familia asegura que durante más de una década ha resistido intentos de desalojo, amenazas y procedimientos que consideran irregulares. Incluso, Manuel Zamorano afirma haber entregado documentación directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar la intervención federal.
Alicia Esteban Álvarez, hija de Engracia.
“Ahora ya no tenemos miedo”, dice Luis Alberto Mendiola. “Sabemos que no estamos solos. Lo único que queremos es justicia para mi abuelita”.
El caso forma parte de una investigación más amplia impulsada por Zamorano, quien ha documentado denuncias relacionadas con presuntos despojos, acaparamiento de agua, cambios de uso de suelo y operaciones inmobiliarias en diversos municipios queretanos. Según el activista, existen carpetas presentadas ante autoridades federales que involucran a personajes vinculados al poder político y económico de la entidad.
Hasta el momento, la denuncia presentada por la familia se encuentra en etapa de investigación y corresponde a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para acreditar los hechos denunciados y establecer eventuales responsabilidades. Las personas señaladas mantienen plenamente su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.
Sin embargo, en el rancho El Ojal permanece una pregunta que ni los años ni los tribunales han logrado responder.
Detrás de las cifras millonarias, de los desarrollos inmobiliarios y de las disputas por la tierra, quedó la historia de Engracia Álvarez Raymundo, una mujer que salió a defender la casa donde había pasado gran parte de su vida. Y que, según su familia, nunca volvió a levantarse de aquella caída.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinicius Jr. encabezan la lista de los cinco futbolistas mejor pagados rumbo al Mundial 2026.
El Mundial 2026 no solo será histórico por las 48 selecciones que formarán parte y su sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, sino también por las ganancias de los futbolistas. De acuerdo con estimaciones de Forbes, los 11 futbolistas mejor pagados del torneo acumulan ingresos combinados cercanos a los 950 millones de dólares en los últimos 12 meses, en un escenario marcado por contratos multimillonarios dentro y fuera de la cancha.
Cristiano Ronaldo encabeza la lista con ingresos estimados de 300 millones de dólares, consolidándose como el futbolista mejor pagado del mundo. El delantero portugués, de 41 años, combina un salario de 235 millones de dólares con 65 millones adicionales fuera del campo. En su sexta Copa del Mundo, busca el único gran título que le falta en su carrera.
Lionel Messi ocupa el segundo lugar con ingresos de 140 millones de dólares. El astro argentino, campeón del mundo en 2022, genera 70 millones dentro del campo y otros 70 fuera de él. A sus 38 años disputará su sexta participación mundialista como uno de los principales referentes del torneo.
Kylian Mbappé se posiciona en el tercer sitio con ingresos de 95 millones de dólares. El delantero francés, figura del Real Madrid y campeón del mundo en 2018, a sus 27 años, gana 70 millones dentro del campo y otros 25 fuera de él. Hoy llega al torneo a un gol de distancia de Messi en la tabla histórica de anotadores mundialistas.
Erling Haaland aparece en el cuarto puesto con ingresos estimados en 80 millones de dólares. El atacante noruego, de 25 años, renovó recientemente con el Manchester City y será una de las grandes figuras de Noruega en su regreso a una Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencia. Este genera 60 millones dentro del campo y 20 fuera de él.
Vinicius Jr. cierra el grupo de los jugadores destacados con 60 millones de dólares en ingresos, 40 millones generado en el campo y 20 fuera. El brasileño, también de 25 años, ha sido pieza clave del Real Madrid y uno de los futbolistas más influyentes de la nueva generación.
Tras el fallo del Tribunal a favor del periodista Manuel Pedrero, usuarios en redes sociales exigieron a la diputada priista plurinominal Tania Larios ofrecer una disculpa pública, al considerar que las acusaciones que impulsó en su contra quedaron desmentidas por la resolución judicial.
La resolución del Tribunal en favor del periodista Manuel Pedrero frente a la demanda promovida por la diputada priista plurinominal Tania Larios desató una ola de reacciones en redes sociales, y decenas de usuarios celebraron el fallo.
Entre los comentarios más recurrentes destacó la exigencia de una disculpa pública por parte de Larios hacia el director deLos Reporteros MX, al considerar que el proceso judicial terminó por darle la razón al comunicador y evidenció la falta de sustento en las acusaciones que se hicieron en su contra.
Las reacciones también recordaron que, durante uno de los debates más mediáticos relacionados con el caso, se presionó a Pedrero para que ofreciera una disculpa a la diputada. Sin embargo, el tribunal probó que dicha exigencia carecía de fundamento, ya que nunca se acreditó que el periodista hubiera incurrido en violencia política de género.
Con la resolución a su favor, usuarios en plataformas digitales han insistido en que ahora corresponde a la legisladora responder al reclamo ciudadano y reconocer públicamente el resultado del proceso. Mientras tanto, la decisión judicial continúa generando debate sobre los límites entre la crítica periodística y el uso de mecanismos legales contra comunicadores.
