El presidente colombiano Abelardo de la Espriella ordenó una inspección a la Universidad de Córdoba y pidió priorizar denuncias contra su rector, Jairo Torres Oviedo, pero su lenguaje contra el académico ha generado cuestionamientos por el tono de confrontación utilizado desde el poder presidencial.
Durante su visita a Montería, Abelardo de la Espriella amenazó al rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, y ordenó al Ministerio de Educación realizar una inspección sobre la rectoría, los procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos. El mandatario también pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía priorizar actuaciones y denuncias relacionadas con el funcionario.
Más allá de que las autoridades tienen facultades para investigar posibles irregularidades, el tono empleado por el presidente resulta cuestionable. De la Espriella no se limitó a anunciar una revisión institucional: acusó públicamente al rector de querer “atornillarse” al cargo y le advirtió que “se le acabó su tiempo”, llegando a decirle que “va a saber lo duro que muerde el tigre”. Ese tipo de lenguaje convierte una investigación administrativa en un enfrentamiento personal desde la máxima instancia del poder Ejecutivo.
El episodio adquiere mayor relevancia porque la elección de Torres para el periodo 2026-2031 fue declarada legal por el Consejo de Estado en julio de 2026, de acuerdo con información publicada sobre el caso. Por ello, una inspección gubernamental no equivale a la anulación de su elección ni demuestra por sí misma que haya cometido actos de corrupción. Las investigaciones correspondientes deberán determinar si existen responsabilidades, en lugar de que el presidente dicte públicamente una sentencia política anticipada.
La confrontación escaló cuando el expresidente Gustavo Petro salió en defensa de Torres y cuestionó las acusaciones de De la Espriella, en una disputa que rápidamente adquirió un evidente componente político. Una universidad pública no debería convertirse en el escenario de amenazas, descalificaciones o demostraciones de fuerza presidencial: si existen irregularidades, corresponde investigarlas y sancionarlas con pruebas y debido proceso. La exigencia de transparencia puede ser legítima; lo preocupante es que el presidente parezca querer sustituir ese procedimiento por la intimidación pública y el discurso de “voy por él”.
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