Por Nathael Pérez
El gobierno de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México estuvo marcado por crisis de seguridad, feminicidios, corrupción, opacidad y desigualdad, dejando una entidad con más deficiencias que soluciones.
Inseguridad
Durante el sexenio de Eruviel Ávila Villegas, el Estado de México enfrentó una grave crisis de inseguridad, con cifras elevadas de robos, violencia y percepción ciudadana negativa. A pesar de “inversiones importantes”, los resultados no lograron contener el avance del crimen, mientras crecían denuncias sobre presunta colusión de autoridades con grupos delictivos.
Feminicidios a la alza
El tema de los feminicidios se convirtió en uno de los más delicados de su administración. La entidad fue señalada por ocupar los primeros lugares a nivel nacional, con cifras alarmantes que, en algunos periodos, apuntaban a hasta dos asesinatos de mujeres al día.
Corrupción
Su gobierno acumuló múltiples señalamientos por presuntos desvíos de recursos y uso indebido del poder. Aunque no todos los casos derivaron en sanciones judiciales, la percepción de irregularidades y redes de intereses fue una constante a lo largo de su sexenio.
Derroche de recursos
El gasto público y la opacidad también fueron foco de críticas. Se cuestionaron millonarias inversiones en imagen gubernamental y contratos con poca transparencia, mientras persistían problemas estructurales en la entidad, dejando dudas sobre la eficiencia y el destino del dinero público.
Pobreza y desigualdad
A pesar de ser una de las economías más importantes del país, casi la mitad de la población vivía en condiciones de pobreza, evidenciando una brecha profunda entre crecimiento económico y bienestar social acrecentada durante su mandato.
La Ley Atenco
Otro episodio polémico fue la llamada “Ley Atenco”, impulsada durante su gobierno para regular el uso de la fuerza pública. La iniciativa fue criticada por organizaciones civiles, al considerar que abría la puerta al uso excesivo de la fuerza y represión.
Contratos cuestionables
En el rubro de seguridad, destacó el caso de los mega contratos para sistemas de videovigilancia, donde se destinaron miles de millones de pesos. Sin embargo, la falta de resultados tangibles en la reducción del delito dejó dudas sobre su eficacia y evidenció su sobrecosto.
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