De un supuesto operativo conjunto a una “capacitación con drones”: el giro del fiscal deja dudas sobre coordinación, transparencia y eficacia en seguridad.
El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quedó en evidencia tras modificar su propia versión sobre la presencia de agentes estadounidenses en la sierra Tarahumara. Lo que inicialmente presentó como parte de un operativo contra narcolaboratorios, ahora lo reduce a una supuesta capacitación en uso de drones, a más de 50 kilómetros del despliegue.
Un día antes, el funcionario afirmó que los agentes extranjeros estaban vinculados al operativo en el municipio de Morelos. Sin embargo, después corrigió: aseguró que se encontraban en la comunidad de Polanco, en Guachochi, y que no participaron en acciones contra el crimen organizado, contradicción que expone falta de claridad y control en la información oficial.
El accidente en el que murieron dos estadounidenses, junto con mandos locales, habría ocurrido tras coincidir en la zona. Según la nueva versión, los instructores solicitaron apoyo logístico para trasladarse a la ciudad de Chihuahua, lo que derivó en el trayecto fatal. Aun así, el cambio de narrativa deja dudas sobre la coordinación real entre autoridades locales y personal extranjero.
El fiscal también evitó precisar si los agentes pertenecían a la DEA, limitándose a señalar que trabajaban para la embajada. La omisión refuerza la percepción de opacidad en un caso que involucra seguridad nacional y cooperación internacional.
El episodio evidencia posibles fallas estructurales en la estrategia de seguridad estatal. Entre versiones cambiantes y explicaciones incompletas, el caso deja una pregunta abierta: ¿error de información o muestra de ineficacia institucional?
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