La industria de detención de inmigrantes en EE.UU. vive un auge sin precedentes bajo el regreso de Donald Trump, que destinó 45 mil millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las principales beneficiadas son las empresas privadas Geo Group y CoreCivic, que gestionan la mayoría de los centros de detención y contribuyeron con 2.7 millones de dólares a la campaña presidencial del mandatario.
De acuerdo con información recopilada por La Jornada, desde noviembre pasado, el precio de sus acciones se disparó: CoreCivic pasó de 13.63 a 22.13 dólares y Geo Group de 15.13 a 25.05 en solo una semana. Actualmente, más del 86% de la población migrante detenida se encuentra en instalaciones privadas, mientras que solo el 6% de los estadounidenses aprueba este modelo, según encuestas recientes.
La expansión incluye nuevas instalaciones y contratos millonarios sin licitación competitiva, bajo el argumento de “emergencia nacional” en la frontera con México. ICE planea duplicar la capacidad de detención para enero de 2026, de 50 mil a 107 mil personas, con más de mil millones de dólares en contratos anuales entre CoreCivic y Geo Group.
Organizaciones y expertos alertan que estos contratos generan incentivos financieros directos para aumentar las detenciones, a costa de la seguridad y derechos de los migrantes. Además, la expansión provoca protestas y rechazo de comunidades locales, que denuncian la separación de familias y la transformación de sus entornos en centros de detención.
Mientras tanto, CoreCivic y Geo Group consolidan su poder económico, aprovechando políticas de la administración actual y dejando en evidencia la relación entre política, negocios y derechos humanos en la gestión migratoria de Estados Unidos.
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