El excolaborador de Genaro García Luna ya cumplió una condena por tortura, pero enfrenta nuevas acusaciones por presuntas irregularidades en la Policía Federal y el caso de tráfico de armas “Rápido y Furioso”.
Un juez federal negó la suspensión provisional solicitada por Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, con la que buscaba frenar un nuevo proceso penal impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR). La resolución permite que las autoridades continúen las investigaciones mientras se resuelve el fondo de su juicio de amparo.
El exfuncionario, considerado uno de los principales colaboradores de Genaro García Luna, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Morelos, luego de haber sido trasladado desde el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
Aunque cumplió una condena de cinco años y tres meses de prisión por tortura, relacionada con agresiones cometidas en 2012 contra Israel Vallarta Cisneros y otras personas señaladas como integrantes de la banda Los Zodiaco, Cárdenas Palomino continúa encarcelado por otros procedimientos judiciales.
Entre ellos destaca el caso “Rápido y Furioso”, en el que se le acusa de presunta omisión dolosa al permitir el ingreso de más de dos mil armas de fuego a México. La FGR también integra investigaciones por posibles vínculos con el crimen organizado, abuso de autoridad, fabricación de pruebas y otras irregularidades durante su paso por la Policía Federal y la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La fiscalía busca avanzar en el nuevo expediente para obtener las resoluciones judiciales necesarias que permitan mantener al exmando bajo proceso una vez cumplida su condena por tortura. La negativa de la suspensión provisional no representa una sentencia sobre las nuevas acusaciones, sino que permite que el procedimiento siga su curso.
Además de los procesos en México, Cárdenas Palomino enfrenta una acusación en una corte federal de Nueva York por presunta conspiración para el tráfico internacional de cocaína y por supuestamente recibir sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa. Estos señalamientos forman parte de los casos que vinculan a antiguos mandos de seguridad con redes criminales.
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