Por: Ale Alavez
Antes del arranque de las campañas rumbo al 2027, Samuel García y Mariana Rodríguez intensifican su estrategia digital derrochando millones de pesos que no contrastan con sus ingresos reales.
Lo que venden como estrategia de comunicación empieza a parecer una máquina de promoción sin freno.
En tan sólo tres meses, Samuel García y Mariana Rodríguez gastaron 18.7 millones de pesos en publicidad para redes sociales, una cifra que por sí sola levanta sospechas sobre su origen.
La versión oficial dice que se trata del uso de “recursos personales”, pero los datos cuentan otra historia. De acuerdo a información de la página oficial de transparencia del gobierno de Nuevo León, Samuel García percibe la cantidad de 96 mil 900.14 pesos mensuales de remuneración neta, mientras que Mariana Rodríguez obtiene alrededor de 16 mil 597 pesos como influencer, según datos consultados de HypeAuditor, una plataforma que se encarga de proyectar análisis de ingresos en redes sociales. Juntos, apenas superan los 113 mil pesos al mes.


Mientras sus ingresos son limitados, su gasto diario en publicidad ronda los 208 mil pesos, con picos de hasta 267 mil pesos. En otras palabras, en un día gastan casi el doble de lo que ganan en todo un mes. Una incongruencia que desafía toda lógica.
La biblioteca de anuncios arroja que los promocionales están a nombre de ambos, no del gobierno estatal, intentando reforzar la idea de que no hay dinero público de por medio. Sin embargo, esa narrativa se deshace cuando se confronta con la realidad financiera al incrementar el costo de la publicidad al doble. Tan sólo en el caso de Samuel García, el importe gastado pasó de 250 mil – 300 mil pesos a 450 mil – 500 mil pesos.

El problema no solo es el gasto excesivo, sino también la revelación de una prioridad obsesiva por la imagen en lugar de resultados. En vez de rendir cuentas claras, se invierte en posicionamiento, y en lugar de transparencia, se apuesta por saturar redes sociales con mensajes favorables.
En Nuevo León persisten problemas graves como el caso de los niños que resultaron afectados por contaminación con plomo, así como colapsos en infraestructuras sobre los que no hay informes claros. La atención se desvía por sus “giras” por Asia para conseguir “inversión” extranjera, que también absorbe recursos sin una rendición transparente de resultados.
Cuando la promoción pesa más que la atención a necesidades básicas, crece la sospecha de que no solo se trata de recursos personales, sino de la posibilidad de uso de dinero público para favorecer su propia imagen.

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