Después de 11 años, se recuerda la investigación del GIEI que reveló inconsistencias, tortura y ocultamiento de información que derrumbanron la versión oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Han pasado más de 11 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y la llamada “verdad histórica” sigue siendo un símbolo de impunidad y manipulación. Presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta versión aseguraba que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó esta versión, al revelar un entramado de irregularidades y encubrimientos que involucran desde autoridades municipales hasta el Ejército y la Marina.
Entre los hallazgos clave del GIEI, destacan siete puntos que desmantelan la “verdad histórica”:
- No hubo cremación en el basurero de Cocula: Los peritajes independientes, incluido el del experto José Torero, demostraron que no existía suficiente combustible ni tiempo para incinerar 43 cuerpos.
- Motivo del ataque: Los normalistas no fueron atacados por boicotear un evento, sino que los autobuses fueron confundidos y vinculados al tráfico de heroína hacia Estados Unidos, una línea de investigación ignorada por la PGR.
- Participación del Ejército y policía federal: La colusión de autoridades quedó evidenciada, antes de que el gobierno de AMLO reconociera un posible crimen de Estado.
- Tortura: Muchos testimonios utilizados por la PGR fueron obtenidos mediante golpizas, amenazas y descargas eléctricas.
- Ocultamiento de información: El Ejército y la PGR escondieron datos clave sobre la presencia de militares la noche de la desaparición.
- La Marina: Archivos secretos revelaron que la Marina manipuló pruebas en el basurero de Cocula durante siete años.
- CISEN: El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional seguía los movimientos de los estudiantes y registró sus actividades antes y durante la desaparición, información que nunca se incluyó en la versión oficial.
El GIEI, creado en 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno y las familias de los normalistas, fue clave para exponer estas irregularidades. A pesar de sus informes y recomendaciones, la justicia sigue pendiente: solo tres de los 43 estudiantes han sido identificados y el paradero del resto permanece desconocido. La “verdad histórica” quedó desmentida, pero el reclamo de las familias continúa, por lo que exigen respuestas y justicia real tras más de una década de impunidad.
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