El exgobernador panista de Baja California permanece en el Altiplano mientras enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y un presunto esquema para introducir millones de litros de hidrocarburos de forma ilegal a México.
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, presentó un nuevo juicio de amparo para intentar detener el proceso penal que enfrenta por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal. Un juez federal admitió a trámite el recurso, aunque hasta el momento no se ha informado si le concedió la suspensión provisional solicitada por su defensa.
Ruffo Appel, quien permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “El Altiplano”, fue detenido el pasado 16 de julio por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). Las autoridades lo identifican como presunto integrante de una organización dedicada al ingreso ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante transporte ferroviario, evadiendo impuestos y controles aduaneros.
En la demanda de amparo, el exmandatario panista reclamó presuntas irregularidades durante su detención y traslado. Entre ellas señaló una supuesta incomunicación, la falta de información sobre su paradero a familiares y abogados, así como la presunta negativa para recibir medicamentos y continuar con su tratamiento médico. También denunció omisiones relacionadas con su registro en el Registro Nacional de Detenciones.
Sin embargo, la FGR sostiene que las evidencias apuntan a un esquema de gran escala. Como parte de la investigación, las autoridades aseguraron 129 carrotanques —33 en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo, Coahuila— que transportaban más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin documentación legal que acreditara su importación o procedencia.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Ruffo Appel y sus presuntos cómplices habrían utilizado 11 empresas para introducir de manera ilícita 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel, distribuidos en 163 carrotanques, con el objetivo de evadir contribuciones fiscales y comercializar el combustible fuera de los canales autorizados. La FGR sostiene que esta operación representó un sofisticado esquema de huachicol fiscal.
Mientras su defensa busca echar mano del recurso del amparo, el proceso judicial continúa avanzando. La autoridad deberá resolver la situación jurídica del exgobernador, cuyo caso se ha convertido en uno de los expedientes más relevantes en la ofensiva del Gobierno federal contra las redes dedicadas al contrabando de hidrocarburos y la delincuencia organizada.
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