La Corte ocultó los motivos de casi 50 permisos pagados, priorizando la “confidencialidad” sobre la rendición de cuentas del dinero público.
En la recta final previa a la reforma judicial de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantuvo un esquema de licencias con goce de sueldo completo para altos funcionarios, consolidando una política de privilegios bajo la presidencia de Norma Piña. La medida permitió ausencias prolongadas con salario íntegro, sin transparencia sobre sus causas.
De acuerdo con una investigación de El Universal, uno de los casos más evidentes es el de Alejandra Martínez Verástegui, entonces directora del Centro de Estudios Constitucionales, quien recibió más de 740 mil pesos durante seis meses sin desempeñar funciones. Con un ingreso mensual superior a los 123 mil pesos, su licencia —justificada por “asuntos personales graves”— implicó además la designación de un reemplazo, duplicando el gasto público en esa área.
De acuerdo con documentos oficiales, el Comité de Gobierno y Administración —integrado por ministros de la propia Corte— autorizó estos beneficios. Sin embargo, al solicitar detalles, la SCJN respondió con opacidad: clasificó la información como “confidencial”, argumentando que revelar las razones podría generar “afectaciones psicológicas” o “discriminación”.
En total, la propia institución reconoció la existencia de 49 licencias otorgadas entre 2019 y 2025, pero bloqueó el acceso a sus motivos mediante el acuerdo CT-CI/A-8-2026. Esta decisión ha sido señalada como un golpe a la transparencia, al privilegiar la privacidad de funcionarios sobre el derecho ciudadano a conocer el uso de recursos públicos.
Especialistas advierten que este patrón refuerza la percepción de una élite judicial desconectada de la realidad nacional, donde beneficios como ausencias pagadas por meses resultan impensables para la mayoría de los trabajadores.
Lejos de garantizar justicia, la Corte encabezada por Norma Piña dejó una estela de privilegios, opacidad y discrecionalidad, evidenciando la urgencia de una transformación profunda en el Poder Judicial para erradicar abusos y devolver la confianza ciudadana.
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