Ángela Beyruti deberá garantizar el crédito fiscal que impugna si busca suspender las acciones de cobro mientras continúa el litigio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo promovido por Ángela Mireya Beyruti, hija de Raúl Beyruti Sánchez, conocido como el “Rey del Outsourcing”, contra un crédito fiscal impuesto por el SAT. Con la resolución, no podrá frenar las acciones de cobro sin presentar previamente una garantía.
El Pleno de la Corte aprobó por mayoría de 8 votos el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías, quien sostuvo que es constitucional la norma que obliga a los contribuyentes a garantizar un adeudo fiscal cuando buscan suspender su cobro mientras se resuelve un juicio.
La garantía puede presentarse mediante fianza, hipoteca, embargo en vía administrativa o carta de crédito, entre otras modalidades previstas por la legislación. La ministra argumentó que esta obligación no representa una privación de bienes, sino un mecanismo para asegurar que el Estado pueda cobrar el adeudo si el crédito queda firme.
El caso deriva de las investigaciones iniciadas por autoridades federales contra Raúl Beyruti Sánchez, quien encabezó GINgroup, firma especializada en subcontratación y administración de nóminas. La FGR, Hacienda y la UIF lo señalaron por presunta defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con un esquema de empresas utilizado, según las autoridades, para evadir impuestos y cuotas obrero-patronales.
A partir de esas investigaciones, cuentas, activos e inmuebles vinculados con empresas relacionadas con GINgroup y familiares de Beyruti fueron sujetos a embargos y revisiones fiscales. En ese contexto, Ángela Beyruti recurrió al amparo para intentar evitar el cobro coactivo del SAT sin garantizar previamente el crédito que mantiene en disputa.
Con la decisión de la SCJN, el expediente regresará a un Tribunal Colegiado, que deberá resolver de fondo la validez o invalidez del crédito fiscal. Mientras tanto, la resolución establece que la contribuyente deberá garantizar el adeudo si pretende obtener la suspensión de las acciones de cobro.
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