La medida busca frenar el impacto en alimentos y transporte, mientras el gobierno mantiene estímulos fiscales para estabilizar el costo del combustible.
Tras una reunión de más de hora y media con la presidenta Claudia Sheinbaum, concesionarios gasolineros acordaron establecer un precio máximo de 28 pesos por litro de diésel, en línea con la propuesta del Gobierno de México para contener la inflación.
El acuerdo, aunque relevante, no es definitivo. Empresarios del sector adelantaron que en las próximas semanas sostendrán un nuevo encuentro con la mandataria para evaluar ajustes y dar seguimiento a la política de precios, en un contexto de presión internacional sobre los energéticos.
Desde Palacio Nacional, la estrategia ha sido clara: evitar que el costo del diésel se dispare y termine afectando directamente el precio de productos básicos. Este combustible es clave para el transporte de mercancías, por lo que cualquier incremento impacta de inmediato en la economía familiar.
Como parte del plan, el gobierno federal ha aplicado reducciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que permite amortiguar los aumentos y mantener cierta estabilidad en el mercado energético nacional.
La medida también refleja un intento por equilibrar la relación entre el sector privado y el Estado, priorizando el control de precios sin imponer medidas coercitivas, sino mediante acuerdos que beneficien a consumidores y empresas.
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