Etiqueta: Censura

  • Francia ordena expulsar a Xenia Fedorova, exdirectora de RT; acusan censura

    Francia ordena expulsar a Xenia Fedorova, exdirectora de RT; acusan censura

    La decisión del gobierno francés de expulsar a la comentarista Xenia Fedorova ha generado cuestionamientos por representar un acto de censura.

    El Gobierno de Francia ordenó la expulsión de la periodista y comentarista rusa Xenia Fedorova, exdirectora de la filial francesa del canal RT, al acusarla de difundir propaganda a favor del Kremlin y de representar una amenaza para el orden público. La medida ha sido cuestionada por abrir un nuevo debate sobre los límites entre la seguridad nacional y la libertad de expresión.

    Las autoridades francesas sostienen que Fedorova promovía narrativas alineadas con el gobierno de Vladimir Putin a través de diversos medios de comunicación y que contribuía a campañas de desinformación. Sin embargo, la decisión ha sido interpretada por distintos sectores como un intento de silenciar una voz incómoda, en lugar de responder a sus argumentos mediante el debate público.

    El abogado de la periodista anunció que impugnará la expulsión al considerar que vulnera derechos fundamentales. A esta postura se sumaron los medios para los que colaboraba, los cuales calificaron la decisión como un atentado contra el pluralismo informativo y la libertad de prensa, principios que Francia suele defender en el ámbito internacional.

    El caso ocurre a menos de un año de las elecciones presidenciales francesas y reaviva la discusión sobre el uso de medidas estatales para limitar la difusión de determinadas posturas políticas. Aunque el gobierno justifica la expulsión como una acción para combatir la desinformación, este tipo de decisiones pueden sentar un precedente preocupante al permitir que el Estado determine qué voces pueden participar en el debate público.

  • Alessandra Rojo de la Vega respalda posturas contra el voto universal de Natalia Torres

    Alessandra Rojo de la Vega respalda posturas contra el voto universal de Natalia Torres

    La alcaldesa de Cuauhtémoc acusó un supuesto “linchamiento mediático” contra la abogada panista, mientras el Gobierno federal rechazó que exista censura.

    La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, defendió públicamente a la abogada panista Natalia Torres, luego de que ésta propusiera limitar el derecho al voto y aseguró que una “buena dictadura” podría ser preferible a una “mala democracia”

    A través de X, la edil acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de utilizar “toda la fuerza del Estado” para atacar a una ciudadana por expresar su opinión, en lo que calificó como un “abuso de poder”. En su publicación, Rojo de la Vega también afirmó, sin presentar pruebas, que existe un “linchamiento mediático”, con lo que centró la discusión en una supuesta persecución, en lugar de abordar el fondo de la controversia: la postura de Natalia Torres contra un derecho protegido por la Constitución.

    No obstante tuvo respuesta de la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, quien rechazó la versión de un ataque orquestado: “La libertad de expresión protege el derecho a opinar, no el derecho a quedar exenta de la respuesta social. Háganse cargo de sus dichos”, escribió la funcionaria, al subrayar que quienes participan en el espacio público deben asumir las reacciones que generan sus planteamientos.

    La controversia se originó luego de que Natalia Torres propusiera condicionar el derecho al voto a la aprobación de un examen de conocimientos cívicos y posteriormente afirmara que, bajo ciertas circunstancias, una dictadura podría ser preferible a una democracia. Ambas declaraciones fueron ampliamente criticadas por especialistas, académicos y políticos al considerar que contradicen el artículo 35 de la Constitución, que garantiza el sufragio universal como un derecho de todas las personas ciudadanas.

    La presidenta Claudia Sheinbaum también calificó estas propuestas como “profundamente antidemocráticas” y recordó que el voto universal es una conquista histórica del pueblo mexicano y, en particular, de las mujeres. En ese contexto, el respaldo de Alessandra Rojo de la Vega a Natalia Torres no es novedad, ya que en lugar de proclamarse a favor del derecho al voto, utiliza la situación para golpear a Morena, con una una narrativa de presunta censura que, hasta ahora, no ha sido sustentada con pruebas.

  • TV Azteca asegura que regular redes sociales para menores es censura y control

    TV Azteca asegura que regular redes sociales para menores es censura y control

    La televisora del deudor a la patria, Ricardo Salinas Pliego, criticó las propuestas para limitar el acceso de menores a plataformas digitales.

    TV Azteca cuestionó las iniciativas para regular el uso de redes sociales para menores de edad, al afirmar que representan un supuesto intento de control gubernamental y censura. La empresa aseguró que medidas similares a las aplicadas en países como Francia podrían abrir la puerta a una vigilancia sobre la actividad digital de los ciudadanos.

    No obstante, la postura de la televisora deja de lado el objetivo central de estas propuestas: proteger a niñas, niños y adolescentes de riesgos como la violencia digital, la desinformación, el ciberacoso y el uso indebido de sus datos personales por parte de plataformas tecnológicas.

    El posicionamiento resulta contradictorio al provenir de uno de los mayores consorcios mediáticos del país, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que ahora presenta los intentos de regulación como un acto de censura, en lugar de fomentar un debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la protección de los menores.

    Especialistas en derechos digitales han señalado que las iniciativas no contemplan intervenir en conversaciones privadas, sino establecer mecanismos de verificación de edad y exigir a las plataformas estándares mínimos de seguridad para los usuarios menores de edad. El objetivo es garantizar un entorno digital más seguro sin vulnerar derechos fundamentales.

  • El acoso judicial se consolida como mecanismo de censura contra periodistas

    El acoso judicial se consolida como mecanismo de censura contra periodistas

    El uso estratégico de demandas civiles y denuncias penales por figuras públicas se ha convertido en una forma habitual para inhibir la labor periodística y silenciar investigaciones críticas.

    En el último año, el ejercicio periodístico en México ha enfrentado una transformación en sus riesgos. Organizaciones como ARTICLE 19 (@article19mex) han documentado que el acoso judicial ha desplazado a la agresión física como el método predilecto para limitar la libertad de expresión. Durante 2025, esta tendencia registró incrementos alarmantes, superando el 140% en comparación con periodos anteriores.

    El esquema de ataque es constante: funcionarios, políticos y particulares presentan denuncias bajo figuras como “terrorismo”, “daño moral” o “violencia de género” (VPEG). Estos procesos, aunque en ocasiones resultan favorables para los comunicadores tras años de litigio, cumplen con el objetivo inmediato de desgastar económicamente a los periodistas, obligar a la censura previa y forzar la eliminación de contenidos de interés público mediante medidas cautelares.

    De Este fenómeno no solo afecta a reporteros de investigación, sino también a medios de comunicación que ven comprometida su viabilidad financiera al tener que enfrentar múltiples frentes legales simultáneos. La falta de protocolos especializados y la impunidad en los procesos hacen que esta práctica sea cada vez más atractiva para quienes buscan evadir el escrutinio público.

  • Atacan a balazos casa de la madre del periodista Antonio Meza en San Luis;  le dejan advertencia

    Atacan a balazos casa de la madre del periodista Antonio Meza en San Luis; le dejan advertencia

    Antonio Meza, director de Noticias San Luis, denunció que hombres armados dispararon contra la vivienda de su madre y dejaron una amenaza por su trabajo.

    El director del portal Noticias San Luis, Antonio Meza, denunció un ataque armado contra la vivienda de su madre en San Luis Potosí, donde sujetos desconocidos realizaron al menos diez disparos y abandonaron una hielera con una cabeza de cerdo acompañada del mensaje: “Bájale a tu contenido”. Un intento de intimidación por su labor informativa.

    Tras los hechos, Meza presentó una denuncia ante el Ministerio Público y solicitó medidas de protección a nivel estatal y federal. El caso fue registrado por posibles delitos como intento de homicidio, ataque peligroso y daños. El comunicador atribuyó el ataque al gobernador Ricardo Gallardo o a su entorno como responsables materiales de la agresión, advirtió: “Los hago responsables de cualquier otro ataque a la integridad física de mi familia, a un servidor, a mi equipo y de sus familiares”. El portal Noticias San Luis calificó lo sucedido como una represalia por el contenido que publica y exigió una investigación “pronta, exhaustiva y transparente”.

    El ataque se suma a un ambiente de hostilidad contra medios y comunicadores en San Luis Potosí. En meses recientes, organizaciones y trabajadores de la prensa cuestionaron reformas impulsadas durante el gobierno de Ricardo Gallardo, particularmente aquellas relacionadas con el uso de inteligencia artificial, al considerar que podrían utilizarse para inhibir el ejercicio periodístico y castigar contenidos críticos. Diversos comunicadores también han denunciado presiones, intimidaciones y procedimientos legales derivados de su trabajo informativo.

    Para sectores de la prensa local, el atentado contra la familia de Meza representa un episodio alarmante que trasciende a un solo medio de comunicación. Las críticas se han centrado en que, un ataque de esta naturaleza envía un mensaje de intimidación bastante grave. Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones para identificar a los responsables, periodistas y organizaciones civiles han reiterado que ninguna diferencia política o crítica al poder puede justificar amenazas, violencia o intentos de silenciar el derecho a informar y a expresarse libremente.

  • “Ley Mordaza” de Ricardo Gallardo desata persecución contra periodistas en San Luis Potosí

    “Ley Mordaza” de Ricardo Gallardo desata persecución contra periodistas en San Luis Potosí

    Dos comunicadoras ya fueron encarceladas y al menos nueve periodistas, activistas y críticos del gobierno potosino aparecen en carpetas de investigación tras reformas impulsadas por el gobierno de Ricardo Gallardo.

    En San Luis Potosí, criticar al gobernador Ricardo Gallardo ya parece delito. Lo que comenzó con un video difundido en redes sociales —en el que supuestos integrantes del crimen organizado acusaban al mandatario del PVEM de tener vínculos con el CJNG— terminó convirtiéndose en una auténtica cacería contra periodistas, activistas y voces incómodas para el gobierno estatal.

    Luego de que Gallardo negara las acusaciones y asegurara que el video había sido creado con inteligencia artificial, el Congreso local, dominado por aliados del Partido Verde, aprobó en 2025 una polémica reforma al Código Penal conocida ya como la “Ley Serrano”. Bajo el argumento de combatir contenidos falsos generados con IA, la norma abrió la puerta para perseguir penalmente a comunicadores y críticos del gobierno. Y no tardaron en usarla.

    La semana pasada fueron detenidas Eréndira Reyes, administradora de la página San Wicho Times, y su hija Alejandra Hermosillo. Ambas permanecen en prisión preventiva acusadas de “uso indebido de inteligencia artificial”. Mientras tanto, otras nueve personas —entre periodistas, activistas y defensores de derechos humanos— aparecen señaladas en documentos filtrados de la Fiscalía estatal. Curiosamente, todos tienen algo en común: han cuestionado públicamente a Ricardo Gallardo y a su administración.

    Diversas organizaciones nacionales e internacionales ya encendieron las alarmas. El Comité para la Protección de los Periodistas calificó el caso como uno de los precedentes más peligrosos contra la libertad de expresión en México. Artículo 19 también denunció el uso del sistema penal como mecanismo de intimidación. Y es que mientras el gobernador insiste en victimizarse, en San Luis Potosí crece el miedo entre reporteros que ahora deben pensar dos veces antes de publicar información incómoda para el poder estatal.

    La polémica llega además en medio de las tensiones rumbo a las elecciones de 2027. Ricardo Gallardo enfrenta fuertes críticas por impulsar políticamente a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como posible sucesora en el gobierno estatal, algo que contradice incluso el discurso nacional contra el nepotismo promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Para muchos periodistas locales, el endurecimiento contra medios críticos forma parte de una estrategia para blindar políticamente al grupo que controla el estado.

    Mientras el gobierno potosino asegura que “no hay persecución”, las detenciones, las carpetas de investigación y las amenazas judiciales cuentan otra historia. En un país donde ejercer el periodismo ya implica riesgos por la violencia criminal, ahora también hay gobiernos locales que parecen decididos a utilizar las leyes como herramienta para silenciar críticas. Y en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo está demostrando que la piel delgada puede convertirse rápidamente en política de Estado.

    Con información de Beatriz Guillén y Ernesto Núñez para El País.

  • Jorge Fernández Menéndez acusa censura, pero arrastra historial de rumores y confrontación política

    Jorge Fernández Menéndez acusa censura, pero arrastra historial de rumores y confrontación política

    Fernández Menéndez denuncia supuesta censura mientras mantiene una línea basada en versiones no verificadas y ataques contra la 4T. 

    El comentocráta Jorge Fernández Menéndez acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de promover una supuesta censura contra TV Azteca. A través de redes sociales, el pseudocomunicador aseguró que el gobierno federal está en su contra, sin embargo, la realidad es que él ejerce una dinámica de mentiras y rumores, que lejos están de la práctica periodística.

    La mandataria federal ya había señalado públicamente al periodista en  marzo pasado, pues difundió información falsa sobre la salud del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum calificó a este y sus compañeros como “irresponsables” las versiones difundidas en su espacio mediático. 

    Además, el conductor también ha sido cuestionado por publicar versiones e “inventos”, según el oficialismo, sobre reuniones entre la presidenta y funcionarios de seguridad de Estados Unidos, temas que no fueron sustentados con pruebas. Tampoco hay que olvidar su participación en el libro “Ni venganza, ni perdón”, con Julio Scherer Ibarra, otro documento sin fundamento, que se dedica a atacar con rumores.

    Las polémicas alrededor de Fernández Menéndez no son nuevas, durante años ha construido una línea editorial enfocada en escenarios de crisis, inseguridad y presuntos vínculos del oficialismo con el crimen organizado, utilizando constantemente un tono alarmista y confrontativo. Sus críticos sostienen que sus espacios dejaron de priorizar el análisis periodístico para convertirse en plataformas de opinión política bajo el yugo editorial de su jefe, el usurero Ricardo Salinas Pliego.

    Por lo que no es congruente, que un personaje que hace uso de información y versiones no verificadas, así como de narrativas sesgadas para golpear mediáticamente al gobierno federal, acuse de censura, cuando se le han permitido sus expresiones sin tino. 

  • Manuel López San Martín denuncia “censura” cuando él promueve alarmismo y sesgo

    Manuel López San Martín denuncia “censura” cuando él promueve alarmismo y sesgo

    El conductor arremetió contra el gobierno de Claudia Sheinbaum tras denunciar la censura. Esto mientras él es la representación del comentocracia conflictivo.

    El trabajador del usurero Ricardo Salinas Pliego Manuel López San Martín, como es costumbre, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum de intentar censurar a TV Azteca. A través de redes sociales, el conductor aseguró que el gobierno federal busca “intimidar” y “silenciar” . Sin embargo, estas acusaciones pierden su sentido cuando se trata de un  comentócrata, que en su papel de opositor, más que periodista, realiza una difusión alarmista y llena de sesgo.

    López San Martín ha protagonizado múltiples confrontaciones políticas, particularmente contra figuras de la Cuarta Transformación. Durante el proceso electoral de 2024, Morena, PT y PVEM solicitaron ante el INE retirarlo como moderador del primer debate presidencial al considerar que mantenía una postura abiertamente contraria al oficialismo. La controversia se desató luego de que calificara como “apestado” al exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell e informara de modo alarmista durante la pandemia de COVID-19.

    Aunque el INE decidió mantenerlo como moderador. Desde entonces son reacias las críticas de López San Martín, con un estilo confrontativo y constantes choques con legisladores y funcionarios de Morena. Sus espacios informativos han dejado de priorizar el ejercicio periodístico para convertirse en plataformas de opinión política y ataque permanente contra el gobierno federal. Además, de que es perpetuador de la línea de su medio, bajo el yugo de Ricardo Salinas Pliego. 

    Las polémicas también alcanzaron sus coberturas sobre seguridad, violencia y economía, donde maneja narrativas “alarmistas” y “sesgadas”. Aunque no existen resoluciones formales que acrediten desinformación deliberada, sus críticas constantes y el tono de confrontación que utiliza lo han convertido en una de las voces más polares del escenario mediático mexicano

    Para sus críticos, López San Martín representa el modelo del comentócrata que, bajo el discurso de la libertad de expresión, privilegia el enfrentamiento político sobre el análisis periodístico objetivo.

  • Menos libros, menos voces: escala censura en EUA

    Menos libros, menos voces: escala censura en EUA

    Conservadores y actores políticos impulsan prohibiciones y censura contra libros sobre género, diversidad y crítica social, encendiendo alarmas sobre la libertad de lectura en EUA.

    De acuerdo con la American Library Association (ALA), los intentos de prohibir o restringir libros alcanzaron niveles récord en 2025, con más de 4 mil títulos impugnados. Lejos de ser casos aislados, se trata de una estrategia cada vez más organizada y politizada que busca limitar el acceso a contenidos críticos y con cuestiones de género considerados “incómodos”.

    Entre los títulos más cuestionados aparecen obras como “Gender Queer” de Maia Kobabe, “The Perks of Being a Wallflower” y “A Clockwork Orange”. Las objeciones suelen centrarse en temas como diversidad sexual, identidad de género, violencia o consumo de sustancias, lo que revela un patrón: los libros más atacados son aquellos que abordan realidades sociales complejas o cuestionan normas tradicionales.

    Detrás de este fenómeno, informes de PEN America señalan la creciente influencia de grupos conservadores que han hecho de la censura parte de su agenda política, acomodándose en gran medida al discurso de Donald Trump. Organizaciones como Moms for Liberty promueven listas de libros a retirar y presionan a escuelas y bibliotecas bajo el argumento de proteger a los menores. Sin embargo, datos recientes indican que más del 90% de las impugnaciones ya no provienen de padres individuales, sino de campañas coordinadas con respaldo político e incluso legislativo.

    La prohibición de libros afecta de forma desproporcionada a obras con personajes LGBTQ+ o protagonistas de comunidades racializadas, lo que, de acuerdo a expertos, limita la representación y el acceso a perspectivas diversas. En muchos casos, estas restricciones también generan un efecto inhibidor en docentes y bibliotecarios, quienes enfrentan presiones legales o administrativas al momento de seleccionar materiales educativos.

    Foto: Ap

    Históricamente, la censura ha sido una herramienta de control ideológico, pero en el contexto actual adquiere nuevas dimensiones al combinar activismo digital, legislación y movilización política. Estados como Texas, Florida o Utah han aprobado normas que restringen contenidos en las aulas, lo que consolida un entorno donde la regulación del conocimiento se vuelve parte del debate electoral.

    Frente a este panorama, organizaciones defensoras de la libertad de expresión advierten que el problema no radica solo en los libros retirados, sino en el precedente que se establece. Limitar el acceso a ciertas ideas, señalan, no protege a las sociedades: las vuelve menos críticas. 

    El escenario recuerda a Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, donde los libros son prohibidos y quemados para evitar que la sociedad piense de manera crítica. Hoy, aunque sin fuego, la lógica es similar: restringir ideas incómodas y limitar el acceso a distintas perspectivas.