Los grandes imperios de la comunicación y sus voceros de turno construyeron un criterio inamovible, derivado de sus intereses, pretender que el derecho a informar era propiedad privada de quienes poseían un micrófono, una cámara o una red con millones de seguidores. Durante años se instaló un patrón en el que se esperaba que la ciudadanía escuchara, consumiera y guardara silencio. Hoy en un México soberano donde la verdad y la rendición de cuentas han recuperado su lugar en el espacio público, somos testigos de la incomodidad de quienes no toleran el escrutinio. El episodio reciente en el que la influencer y abogada Natalia Torres acusa una supuesta «censura» tras ser evidenciada en la conferencia matutina de la Presidenta de la República, no es más que una burda maniobra de manipulación mediática, disfrazada con el ropaje del victimismo.
Como juzgadora penal federal y como mexicana comprometida con la justicia social y el Estado de Derecho, no puedo permanecer en silencio frente a la tergiversación de nuestra Constitución. Mi responsabilidad con la patria y con el pueblo me exige hablar con absoluta claridad jurídica: la narrativa de Torres no solo es falsa desde el punto de vista legal, sino que representa un ataque directo a los verdaderos derechos de las audiencias.
En el marco de nuestra Constitución, de los tratados internacionales y de los Derechos Humanos, la censura previa tiene una definición clara. Ocurre únicamente cuando la autoridad impone medidas coercitivas para prohibir, decomisar, vetar o impedir con carácter previo la difusión de una idea o información (artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Para que realmente exista censura, debe mediar la fuerza del Estado cancelando el mensaje antes o durante su emisión. Contrastar una cifra, desmentir una afirmación engañosa o exhibir la inconsistencia de una postura pública jamás será censura. Es, por el contrario, el ejercicio pleno de la libertad de expresión, la transparencia y el derecho de réplica en una democracia viva.
Ahora la narrativa de Natalia Torres parte de una premisa equivocada o de una conveniente estrategia discursiva al intentar equiparar la confrontación con datos al silenciamiento.
Primero, el derecho a la información no constituye un privilegio exclusivo de quien comunica; es una garantía pensada para proteger a la sociedad y su derecho a recibir información veraz, plural y oportuna.
Segundo, la verdad no admite concesiones. Tener un micrófono de amplio alcance no otorga inmunidad frente a la responsabilidad de informar con rigor. La verdad es un bien público que pertenece a todas y todos los mexicanos.
Tercero, la rendición de cuentas es un principio universal; exigir precisión y sustento a quienes difunden información no restringe su libertad de expresión, sino que fortalece el derecho de la ciudadanía a no ser víctima de la desinformación ni del engaño deliberado.
Existe una profunda carga clasista en la presunción de que el pueblo de México carece del discernimiento necesario para comprender el alcance de las leyes, identificar los sesgos en los contenidos informativos o formarse un juicio propio sobre los asuntos públicos. Sostener que la réplica de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vulnera los derechos de la influencer Torres, constituye un insulto a la inteligencia de nuestra sociedad, pues parte de la premisa de que la ciudadanía es incapaz de valorar por sí misma los argumentos que escucha y las evidencias que se le presentan. Más aún, esa equiparación banaliza el verdadero significado de la censura y representa una falta de respeto a la memoria histórica de quienes sí padecieron el autoritarismo, fueron perseguidos, silenciados o incluso perdieron la vida por ejercer su libertad de expresión y defender la verdad.
Como juzgadora de la Nación lo afirmo categóricamente: las aulas de la justicia y los espacios de discusión pública le pertenecen al pueblo soberano, no a las élites ni a los mercaderes de la información. Defender la verdad y el derecho de réplica no es un acto partidista; es la defensa firme de nuestro texto constitucional frente a quienes buscan sustituir el rigor informativo por el titular vendido.
La función jurisdiccional se ejerce de cara a la ciudadanía, no de espaldas a ella. En un Estado democrático, la justicia trasciende la mera resolución de un expediente y asume una función social: comunica sus razones, fortalece la confianza pública y contribuye a la consolidación de una auténtica cultura jurídica. Una justicia que explica con claridad el fundamento de sus decisiones y se somete al escrutinio de la sociedad no debilita su autoridad; por el contrario, la legitima, la fortalece y la acerca a quienes está llamada a servir, el pueblo de México.
El verdadero peligro para la democracia no surge cuando un gobernante ejerce su derecho de réplica; el peligro real radica en la normalización de la mentira disfrazada de periodismo. Si permitimos que el victimismo, la manipulación y las mentiras prevalezcan sobre la verdad, estaremos cediendo las libertades de la ciudadanía a grupos de poder que pretenden confundir la libertad de prensa con el derecho de imponer sus narrativas sin contraste ni responsabilidad. La ética en los medios no es una concesión voluntaria, sino una exigencia constitucional que protege al eslabón más vulnerable de la cadena informativa: el espectador, cuyo derecho a recibir información veraz constituye uno de los pilares esenciales de toda democracia.
México ha cambiado, y sus instituciones tienen el deber de evolucionar con la misma convicción. La Constitución no es un documento inerte, ni un refugio para preservar privilegios o resistirse a la transformación democrática; es el pacto fundamental que da origen a las legítimas exigencias de una sociedad que reclama el pleno respeto al Estado de Derecho. La ciudadanía mexicana dejó atrás el papel de espectadora pasiva para afirmarse como una sociedad crítica, informada y plenamente consciente de sus derechos. Por ello, no puede permitirse que el victimismo, ni las narrativas construidas desde posiciones de poder confundan a quienes hoy exigen un debate público sustentado en hechos, responsabilidad y verdad.
La verdadera libertad de expresión florece en la confrontación abierta de ideas, en el rigor jurídico y en el apego siempre a la verdad; el engaño y el mercantilismo mediático, por más que se revistan de causa noble o de persecución imaginaria, jamás serán un derecho.
Porque lo que está en juego no es la narrativa de unos cuantos, sino el derecho de toda una nación a vivir informada con verdad. Y mientras exista una Constitución que la ampare, La dignidad de México jamás será negociable.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
