Ante diputados, la alcaldesa de Uruapan pidió que la FGR atraiga el caso de su esposo y denunció que solo recibió el expediente por partes.
La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, habló este miércoles en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. Según Quiroz, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, le dijo que no debía entregar el celular de su esposo, Carlos Manzo.
La alcaldesa contó que habló con el funcionario unos días antes. Quería saber qué hacer ante el requerimiento de la Fiscalía de Michoacán, un tema que ya acaparaba titulares. “Su respuesta fue: ‘Presidenta, usted no tiene por qué entregar ese aparato telefónico. Nosotros ya tenemos toda la información que necesitábamos de ese aparato telefónico’”, afirmó.
Además, Quiroz relató que Harfuch le explicó otra ruta para conocer los mensajes de Manzo. Según ella, las autoridades federales pueden pedirlos a las compañías telefónicas. “Tenemos todo el poder para ir a las compañías de ese teléfono, precisamente para solicitar las comunicaciones que Carlos tuvo, los mensajes que le mandaron”, dijo al atribuir esas palabras al secretario.
La disputa por el aparato lleva meses. El 3 de junio, el entonces fiscal Carlos Torres Piña consideró que las investigaciones podían avanzar sin el celular. Casi tres meses después, el 28 de agosto, la Fiscalía notificó un nuevo requerimiento para someter los equipos a peritajes.
El 29 de septiembre, el vicefiscal Israel Vega Rodríguez subió el tono. Advirtió que las medidas de apremio podían llegar hasta un arresto si persistía la negativa. Entre las diligencias pendientes, mencionó la revisión de posibles alteraciones en el WhatsApp de Manzo, a quien asesinaron el 1 de noviembre de 2025. Esa advertencia habló de un posible arresto como medida de apremio. No anunció una orden de aprehensión contra Quiroz.
La alcaldesa ya había contado que gestionaba con Harfuch una extracción de datos a cargo de las autoridades federales. El 30 de septiembre también aseguró que el teléfono ya había pasado por revisión.
En San Lázaro, Quiroz defendió su postura con la Constitución. Explicó que el artículo 16 protege las comunicaciones privadas y que cualquier acceso requiere autorización judicial. Con ese argumento, rechazó que la Fiscalía pueda arrestarla por no entregar el teléfono.
“Yo creo que lo que ellos quieren es meterse en la vida personal y eso no lo vamos a permitir”, expresó. Para ella, la insistencia busca desviar la investigación del asesinato.
Quiroz no ocultó su temor. “Que si pueden atreverse a meterme a la cárcel, por supuesto que sí, tienen todo el poder, tienen todo a su favor”, dijo. Pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que revise cómo actúan las fiscalías y los gobernantes.
La alcaldesa llegó acompañada por la diputada federal independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias, conocida como Lupita Arias. La legisladora presentó un punto de acuerdo para exhortar a la FGR a atraer la investigación del homicidio. El texto pide aclarar toda la cadena del crimen, desde la planeación y el financiamiento hasta el encubrimiento y los posibles beneficiarios. Arias presentó la propuesta sin anunciar su aprobación en el pleno.
Quiroz reiteró su llamado a Sheinbaum y a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, para que la instancia federal asuma el caso. Además, denunció que sus abogados siguen sin ver el expediente completo, once meses después del crimen. “No he obtenido al 100% esa carpeta de investigación, me lo han dado en partes”, reclamó. Por eso busca una Fiscalía que considera más neutral.
Los diputados de Movimiento Ciudadano también la respaldaron. La coordinadora, Ivonne Ortega Pacheco, apoyó la petición y acusó a Morena de encubrimiento, acoso y omisión. Por su parte, Laura Ballesteros acusó a las autoridades de Michoacán de fabricar expedientes para perseguir a Quiroz y frenar al Movimiento del Sombrero. También señaló un presunto conflicto de interés en la investigación.
Quiroz insistió en que no llegó como política, sino como víctima. Pidió que su presencia junto a los legisladores se entienda como un acto de solidaridad. Aseguró que enfrentó acusaciones sin fundamento, filtraciones y versiones sin sustento para manchar el nombre de su esposo. “Hoy me quieren silenciar, hoy no quieren que Grecia Quiroz siga exigiendo justicia”, sostuvo.
Cerró con una frase sencilla. “No pido un privilegio, pido que se aplique el derecho, no pido venganza tampoco, pido verdad. No pido un favor, vengo a exigir justicia”, expresó.
