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En la evaluación del gobierno actual que ya rebasa un sexenio en continuidad política, es necesario separar la percepción de los hechos. Existen resultados tangibles, particularmente en materia social y energética, así como en la construcción de una narrativa de cercanía con amplios sectores de la población. Negarlo sería caer en un análisis incompleto.

Los programas sociales han tenido un efecto directo en el consumo interno: hay más dinero circulando en los hogares de menores ingresos, lo que se traduce en mayor dinamismo en el comercio local. Este fenómeno, aunque debatido en términos de sostenibilidad fiscal, es visible en la vida cotidiana de millones de familias. En términos prácticos, sí ha existido un impacto.

En materia de desarrollo económico y energético, el debate ha sido constante. Si bien persisten retos importantes para consolidar un crecimiento sostenido con inversión productiva, también es cierto que existe una visión distinta sobre el rumbo que debe tomar el país. Hoy, voces del Partido Acción Nacional critican la falta de avances y señalan una supuesta pérdida de evolución en el sector energético. Sin embargo, vale la pena recordar posturas dentro de la propia oposición: figuras como Ricardo Anaya llegaron a señalar que el petróleo pertenecía a una era pasada, apostando por una transición acelerada hacia energías limpias, mientras que Xóchitl Gálvez ha expresado ideas en una línea similar respecto al futuro energético.

Ese contraste deja ver una diferencia de fondo: más que una crítica técnica, se trata de visiones opuestas sobre el modelo de desarrollo. Mientras unos promueven una transición inmediata hacia energías modernas, otros han optado por fortalecer sectores tradicionales como parte de una estrategia de soberanía. Bajo esta lectura, también cabe cuestionar si ciertos sectores políticos apostarían a evidenciar rezagos para sostener su narrativa de cambio y reposicionarse ante la ciudadanía.

Sin embargo, el país sigue arrastrando rezagos estructurales en tres ejes críticos: educación, seguridad pública y desarrollo económico de largo plazo. En educación, la falta de consistencia en políticas públicas sigue siendo una deuda pendiente.

Pero es en seguridad donde la realidad golpea con mayor crudeza.

Hoy no solo se habla de la presencia del crimen organizado, sino de su normalización dentro del tejido social. Es cada vez más frecuente escuchar que conflictos personales escalan mediante amenazas vinculadas a grupos criminales. La utilización del nombre de cárteles como herramienta de intimidación refleja un fenómeno más profundo: la infiltración del crimen en la vida cotidiana.

Sectores como el entretenimiento nocturno, los restaurantes, los gimnasios, spas y muchos giros más no están exentos de esta problemática. En muchos casos, estas actividades operan bajo esquemas donde la línea entre lo legal y lo ilícito es difusa.

A esto se suma un fenómeno particularmente preocupante: individuos que, tras haber tenido vínculos con estructuras delictivas, hoy operan bajo una narrativa de supuesto respaldo o protección de autoridades extranjeras, utilizándola como escudo para continuar con actividades ilícitas en México y, aún más grave, para amedrentar y amenazar de muerte a quienes consideran sus adversarios. Esta distorsión de la autoridad y del estado de derecho no solo genera impunidad, sino que profundiza la percepción de vulnerabilidad en la sociedad.

La frase popular “dime con quién te juntas y te diré quién eres” cobra aquí una dimensión estructural.

En contraste, también existen episodios que reflejan capacidad política y manejo institucional. La reciente reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum ante una manifestación durante una visita a un desarrollo de viviendas del bienestar mostró control, atención directa y disposición al diálogo. Este tipo de respuestas abonan a la gobernabilidad.

Además, el modelo de vivienda presentado en estos proyectos evidencia una planeación técnica adecuada: configuraciones funcionales, enfoque social y viabilidad constructiva. Son aciertos que, en su escala, impactan positivamente en la percepción ciudadana.

México vive una dualidad compleja: avances palpables en lo social y una cercanía política inédita, frente a desafíos profundos en seguridad y desarrollo estructural. El poder, cuando se ejerce con continuidad, exige no solo resultados visibles, sino soluciones de fondo.

Porque al final, el verdadero reto del poder absoluto no es mantenerse… es transformarse en resultados sostenibles para todos.