Hay imágenes que no necesitan explicación para provocar miedo. A finales de septiembre circuló con fuerza un mapa de México pintado de rojo con una advertencia aplastante: el crimen organizado mandaría sobre un tercio del país, otro 47 por ciento estaría en disputa y apenas el 23 por ciento seguiría bajo control del gobierno. En cuestión de segundos, la imagen hizo lo que suele pasar cuando la foto sustituye a la razón: convirtió una suposición en una sentencia definitiva, un país complejo en una estampa fija y una crisis de seguridad gravísima en la idea de que México ya está entregado al narco.
El golpe es contundente porque el pánico no se detiene a pensar. Basta una mancha roja para que la gente dé por hecho carreteras cerradas, autoridades expulsadas y pueblos enteros sometidos sin salida. El peligro empieza cuando esa imagen suplanta la realidad. Un mapa puede servir para explicar un problema, pero miente cuando no sabemos de dónde salieron los datos, cómo se midió el terreno o qué significa en realidad lo que nos están mostrando. En temas de seguridad nacional, el empaque de la cifra le cambia por completo el ánimo a un país.
Esto no significa tapar la violencia ni restarle peso. Sería una falta de respeto ante las familias que buscan a un desaparecido, ante el comerciante ahogado por el cobro de piso o frente a comunidades enteras donde el crimen manda a diario. Como operador de justicia penal conozco de frente ese dolor: expedientes que guardan pérdidas que nadie repara, víctimas atrapadas en trámites interminables y familias cuya tranquilidad se acabó de golpe. El daño es real, duele en carne viva y no necesita exagerarse para saber que es una tragedia.
Precisamente por su gravedad debemos ser exactos. Si un estudio habla de control, o influencia, para describir la extorsión o las amenazas sobre los negocios, eso no puede traducirse a la gente como si el Estado ya hubiera desaparecido. Que un grupo criminal cobre piso no significa que ya borró al gobierno municipal, ni que su presencia armada sea la dueña absoluta del país. Esta diferencia no es un adorno de abogados ni un capricho teórico: para quien vive en esas zonas, es la línea exacta entre atender un problema grave o declarar que el país ya se rindió.
En los juzgados nos apegamos derecho a esa línea: de ella depende la libertad de las personas. Una acusación no se vuelve condena solo porque haga escándalo en las noticias, una sospecha no se convierte en prueba porque parezca creíble, ni una mentira se hace verdad por repetirla mil veces. La tarea de un juez es separar el rumor del hecho probado, revisar las pruebas de verdad y resolver con base en la ley. Esa seriedad no puede terminar al salir del juzgado. Si exigimos pruebas firmes para encarcelar a un ciudadano, no podemos aceptar números a la ligera para declarar derrotado a todo un país.
Lo más alarmante de todo esto no es el error en los números: es enseñarle a la gente a resignarse. Si nos convencen de que el Estado ya tiró la toalla, dejamos de exigirle cuentas; si creemos que denunciar es inútil, el delito sigue creciendo; si damos por sentado que regiones enteras ya le pertenecen a los delincuentes, aceptamos el despojo como algo normal. El crimen organizado avanza a balazos, pero se queda con todo cuando convence a la ciudadanía de que no hay nada que hacer. Un pueblo convencido de que ya perdió es un pueblo fácil de someter.
Reconocer la emergencia de seguridad no significa dar al país por muerto, ni criticar al gobierno significa negar las fallas que todavía existen. La realidad de México no es blanco o negro: conviven zonas golpeadas por la violencia con millones de personas que todos los días sacan a flote la vida pública con su trabajo. La resistencia no se ve en los mapas: se ve en la madre que busca a su hijo con una pala, en el comerciante que sube su cortina todos los días, en la escuela de pueblo que no deja de dar clases y en la víctima que todavía se para en un juzgado confiando en la ley. Cada uno de esos actos es un rotundo NO a regalarle al crimen la victoria del miedo.
México necesita seriedad para llamar a las cosas por su nombre: señalar la extorsión, exhibir las omisiones de las autoridades, recuperar las comunidades en peligro y medir con hechos si la estrategia de seguridad sirve o no. Lo que no necesita es que, con un mapa pintado de rojo y un titular escandaloso, le firmen una sentencia de muerte antes de tiempo. El acta de defunción de una nación no la emite una gráfica, ni la decide nadie desde afuera: solo se consuma cuando su propia gente se cansa de defenderla.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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