La gobernadora busca que la SCJN mantenga una reforma que permite anular comicios si se acredita intervención del crimen organizado y restringir candidaturas vinculadas con grupos delictivos.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener vigente la reforma electoral estatal que contempla anular elecciones cuando se acredite la intervención del crimen organizado e impedir que personas vinculadas con grupos delictivos puedan competir por cargos públicos. El Pleno de la Corte tiene previsto analizar el tema este 29 de septiembre.
Campos presentó el asunto como una defensa de los comicios frente a la delincuencia y sostuvo que “lo que está en juego” es si un estado puede proteger sus elecciones de la intervención criminal. La panista pidió a ministras y ministros avalar íntegramente la legislación, aprobada por el Congreso de Chihuahua con votos de distintas fuerzas políticas y oposición de Morena, según lo señalado por la propia mandataria.
La reforma establece dos puntos centrales: la posibilidad de anular una elección cuando se acredite participación o presión del crimen organizado y restricciones para candidaturas cuando existan vínculos con grupos delictivos. Es decir, Campos apuesta buena parte de su mensaje político en una reforma que ahora tendrá que pasar por el filtro constitucional de la Corte.
La gobernadora llamó a la ciudadanía a estar pendiente de la resolución y sostuvo que la legislación busca evitar que grupos criminales intervengan en el registro de candidaturas, las campañas y los resultados electorales. Sin embargo, será la SCJN la que determine el alcance constitucional de las disposiciones impugnadas; por ahora, el llamado de Campos es una postura política previa a la deliberación judicial.
Así, la mandataria colocó el tema en modo “elecciones contra el crimen”, con un mensaje contundente y una pregunta de fondo que ahora deberá responder la Corte: hasta dónde puede llegar un estado al modificar sus reglas electorales para impedir la intervención de grupos delictivos. El desenlace dependerá de la discusión y votación del Pleno, no del discurso de la gobernadora.
