El hijo de “El Chapo” Guzmán espera sentencia tras declararse culpable de delitos de narcotráfico; su proceso quedó reprogramado para marzo de 2027.
Las autoridades de Estados Unidos aplazaron la audiencia intermedia de Joaquín Guzmán López, alias “El Güero” e integrante de Los Chapitos, quien se declaró culpable de delitos relacionados con narcotráfico en noviembre de 2025. La nueva fecha quedó establecida para marzo de 2027.
La audiencia tenía como objetivo avanzar en la preparación de la sentencia que enfrentará Guzmán López, por lo que el aplazamiento prolonga la incertidumbre sobre la pena que podría recibir. El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
El caso cobró relevancia internacional luego de que, en julio de 2024, Guzmán López trasladara a Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el relato difundido por Zambada, fue llevado con engaños a una finca ubicada al norte de Culiacán, donde posteriormente fue emboscado y trasladado en avión a territorio estadounidense.
El operativo ocurrió el mismo día en que Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado. La Fiscalía General de la República (FGR) posteriormente encontró indicios que relacionaron el homicidio con la finca donde Zambada aseguró haber sido secuestrado, lo que puso en duda la primera versión sobre el crimen.
A dos años de aquellos hechos, la investigación en México continúa abierta. La FGR detuvo el 19 de agosto de 2026 a Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, señalado por presunto encubrimiento del homicidio de Cuén y falsedad de declaraciones.
Mientras tanto, el traslado de “El Mayo” a EU provocó una guerra entre Los Chapitos y Los Mayos, que desató una ola de violencia en Sinaloa. Con la audiencia de Guzmán López aplazada hasta marzo de 2027, también queda pendiente conocer el alcance de su condena y las posibles implicaciones de su cooperación con las autoridades estadounidenses.
Elementos federales aseguraron explosivos, un fusil Barrett y miles de cartuchos en tres municipios sinaloenses. También desactivaron un laboratorio de drogas sintéticas.
Fuerzas federales dieron un golpe contundente al crimen organizado en Sinaloa. Durante el 18 y 19 de agosto, militares y marinos ejecutaron tres operativos que dejaron resultados contundentes: 172 artefactos explosivos improvisados, un fusil Barrett calibre .50, siete armas largas y más de 8 mil cartuchos.
Las autoridades también localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para fabricar drogas sintéticas. La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano ejecutaron las acciones. Participaron además la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina.
Los operativos forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Las comandancias de la III Región Militar y de la 9/a. Zona Militar informaron que los aseguramientos surgieron de patrullajes y recorridos terrestres en distintos municipios del estado.
Concordia: cientos de explosivos bajo tierra
El primer golpe ocurrió el 18 de agosto en Concordia. Ahí, las fuerzas federales hallaron 172 artefactos explosivos improvisados, junto con 12 cargadores y 2 mil 420 cartuchos de diversos calibres. También aseguraron equipo táctico que presuntamente usaban integrantes de grupos delictivos.
Este hallazgo se suma a los principales resultados recientes en la entidad. Sinaloa enfrenta desde hace meses una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. Las autoridades han reportado ataques con armas de alto poder y explosivos contra elementos de seguridad.
Un laboratorio desmantelado en Culiacán
Ese mismo día, personal militar y federal localizó en Culiacán un laboratorio clandestino dedicado a fabricar droga sintética. En el lugar inhabilitaron 2 mil 450 litros de sustancias químicas destinadas a este tipo de producción.
Este decomiso se suma a otras acciones recientes contra la infraestructura del narcotráfico sintético en el país.
Mazatlán: un Barrett calibre .50 entre lo asegurado
El segundo día de operativos, el 19 de agosto, los elementos federales llegaron a Mazatlán. Ahí localizaron un arsenal importante: un fusil Barrett calibre .50, seis armas largas, 85 cargadores y 5 mil 675 cartuchos de diferentes calibres, además de equipo táctico.
Entre los dos operativos de Concordia y Mazatlán, las fuerzas federales sumaron 8 mil 95 cartuchos y 97 cargadores, junto con las armas y los explosivos asegurados.
Las autoridades pusieron todo lo decomisado a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán. Esta instancia continuará las investigaciones y los peritajes para determinar el origen del armamento, los explosivos y las sustancias químicas.
Michoacán marcó un precedente similar
Estos operativos se suman a otras acciones contra la infraestructura de producción de drogas. A principios de julio, la FGR destruyó e inhabilitó en Michoacán más de dos toneladas 425 kilos de químicos y 7 mil 478 litros de precursores químicos.
Ese procedimiento incluyó la destrucción de 182 litros de metanfetamina, dentro del Programa de Destrucción de Drogas y Bodegas Vacías 2025. La intervención abarcó identificación, pesaje, toma de muestras, traslado e inhabilitación de las sustancias.
Con los decomisos en Sinaloa, las autoridades buscan afectar tanto a los grupos armados como a sus capacidades logísticas y productivas. La Defensa, la Guardia Nacional, la Marina, la SSPC y la FGR aseguraron que actuaron con apego al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos, con el fin de preservar la seguridad y la paz pública en Sinaloa.
El mandatario chileno envió al Congreso una reforma que quita derechos sociales y políticos a criminales sentenciados. La iniciativa también crea un nuevo estado de excepción con amplios poderes presidenciales.
El gobierno de José Antonio Kast ingresó esta semana al Senado un proyecto que endurece las penas contra el crimen organizado y el terrorismo. La propuesta busca modificar ocho artículos de la Constitución chilena.
El texto avanza con “suma urgencia”, lo cual obliga al Congreso a resolverlo en 15 días dentro de la comisión respectiva. Kast impulsa esta medida como parte de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT.
La reforma castiga con dureza a quienes resulten condenados por estos delitos. Perderán para siempre el derecho a ejercer cargos públicos. Durante 15 años tampoco podrán acceder a penas sustitutivas ni a beneficios penitenciarios.
Los condenados quedarán además inhabilitados para recibir prestaciones financiadas con recursos del Estado. Esto incluye servicios de salud, educación y seguridad social. Una ley de quórum calificado definirá los alcances exactos de estas restricciones.
El proyecto crea también un nuevo estado de excepción constitucional enfocado en seguridad pública. El presidente podrá decretarlo ante una amenaza grave o inminente contra el orden público. Esta medida durará hasta 120 días y admite una prórroga por igual periodo.
Solo una extensión posterior a ese plazo necesitará el visto bueno del Congreso. Mientras rija el estado de excepción, el mandatario tendrá facultades excepcionales. Podrá restringir la libertad de movimiento y el derecho de reunión de las personas.
También podrá intervenir comunicaciones, abrir documentos privados y ordenar la requisición de bienes. Estas atribuciones se aplicarán en zonas específicas designadas por el propio gobierno.
Otro pilar de la reforma es la creación de un registro oficial de organizaciones criminales. El Presidente podrá calificar a un grupo como terrorista o de crimen organizado. Para hacerlo, necesitará un informe favorable de la Fiscalía o del Consejo de Seguridad Nacional.
Esa declaración deberá pasar además por el Senado en sesión secreta. Se requerirán dos tercios de los votos para aprobarla formalmente.
La iniciativa generó roces incluso entre aliados políticos del gobierno. Algunos sectores oficialistas cuestionan las restricciones a derechos como salud y educación. Críticos señalan que el Ejecutivo consultó poco a los partidos antes de presentar el proyecto.
Desde la oposición de centroizquierda las críticas son más duras. El expresidente Gabriel Boric calificó la propuesta como una limitación de libertades sin precedentes en el país.
La gobernadora de Chihuahua respaldó la decisión de Estados Unidos de retirar la visa a Andrés Manuel López Beltrán y otros morenistas, y aseguró que nadie está exento de rendir cuentas.
La panista María Eugenia Campos afirmó que Andrés Manuel López Beltrán y otros integrantes de Morena “jugaron con fuego y se quemaron”, tras la cancelación de sus visas por parte de Estados Unidos.
La mandataria estatal explicó que esta medida es una consecuencia directa para quienes mantienen vínculos con el crimen organizado o participan en actos delictivos.
“Eso ya lo sabemos desde hace tiempo: las personas que juegan con el crimen organizado, las personas que están involucradas en hechos delictivos”, señaló. Agregó que Estados Unidos ya lo dejó claro: la visa no es un derecho, es un privilegio.
Campos destacó que, mientras esta situación ocurre a nivel federal, en Chihuahua se trabaja para construir un “gobierno de la vida”. Este modelo busca que los funcionarios estatales se mantengan alejados de cualquier acuerdo con el crimen organizado.
La gobernadora recordó que hace algunas semanas el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa en el Congreso local. La propuesta buscaba impedir que el crimen organizado influyera en las candidaturas políticas. Añadió que Morena votó en contra de esa iniciativa.
“Seguimos hablando otra vez de que Morena es este partido de la muerte, este partido de la mentira”, expresó. La mandataria llamó a la ciudadanía a proteger a sus familias y exigir gobiernos humanistas.
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó la noche del 13 de agosto que Estados Unidos le canceló la visa. En respuesta, envió una carta al presidente Donald Trump donde calificó la decisión como un acto “politiquero y propagandístico”.
En el documento, el exdirigente de Morena acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de ordenar la medida sin pruebas en su contra. Según fuentes periodísticas, la cancelación se suma a más de 50 casos de políticos mexicanos, la mayoría de Morena, que han perdido su visa desde 2025.
El presidente del PRI contrató a una firma de Washington para coordinar su logística y su vestimenta en encuentros con funcionarios estadounidenses.
Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, firmó un contrato de 120 mil dólares con la firma Concord Hill Strategies. La empresa, con sede en Washington, le brinda servicios de relaciones públicas para sus visitas a Estados Unidos.
El documento, en poder de Forbes México, establece que el pago se realizará en cuotas mensuales. Concord Hill Strategies organiza la logística de las reuniones de Moreno con el gobierno de Donald Trump y con el Congreso estadounidense.
El contrato también detalla que la firma asesora al priista sobre su presentación personal y su vestimenta profesional. Además, define el protocolo logístico y elige la ubicación física para las sesiones fotográficas con funcionarios.
Martina Maietto, abogada de la compañía, firmó el acuerdo con Moreno Cárdenas el 2 de abril de 2026. El texto aclara que Concord Hill Strategies no participa en la agenda ni en el contenido de las conversaciones del priista.
“Un representante de Concord Hill Strategies podrá estar físicamente presente en las reuniones exclusivamente con fines logísticos y de coordinación”, señala el contrato. La firma tampoco ofrece asesoría sobre mensajes ni posturas políticas.
Moreno Cárdenas ha viajado cinco veces a Washington durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Sus visitas iniciaron en febrero de 2025 y la más reciente ocurrió a inicios de agosto de 2026. El senador realizó el mismo número de viajes durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Durante estos encuentros, el priista se ha reunido con legisladores republicanos y demócratas, así como con representantes de la OEA y la ONU. En febrero pasado, ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, aseguró que México necesita frenar a los “narcopolíticos de Morena”.
En mayo de 2025, Moreno Cárdenas grabó un video en el Capitolio para exigir la extradición de funcionarios sinaloenses solicitados por Washington. Ese mismo viaje, entregó un documento a tres dependencias estadounidenses para pedir que declaren a Morena como “asociación terrorista”.
Este mes, el líder priista denunció ante el Departamento de Estado a tres consejeros del INE. Los acusa de obligarlo a retirar publicaciones donde vincula a Morena con el crimen organizado.
Mandatarios estatales afines al movimiento respondieron este viernes a críticas recientes. Advirtieron que no cederán ante presiones ni campañas de desinformación.
Un grupo de gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación difundió este viernes 14 de agosto un pronunciamiento conjunto. El documento responde a señalamientos y campañas que, según ellos, buscan desacreditar su movimiento.
Los firmantes explicaron que su proyecto político nació de la lucha social y la organización popular. Aseguraron que siempre defendieron la justicia social, la democracia y la soberanía nacional.
En el texto marcaron distancia frente a sus críticos. Afirmaron que quienes tuvieron vínculos con corrupción, delitos de cuello blanco o crimen organizado no tienen autoridad para juzgarlos. Con esa postura, buscan restar legitimidad a las acusaciones que reciben.
Los mandatarios estatales también enviaron un mensaje firme sobre la soberanía. Rechazaron cualquier injerencia extranjera en asuntos internos de México. Insistieron en que el país debe mantenerse libre e independiente ante presiones externas.
Frente a las críticas y la desinformación, el grupo prometió responder con trabajo y resultados concretos. Aseguraron que seguirán cumpliendo con la responsabilidad que el pueblo les confió. Además, se comprometieron a continuar impulsando la transformación de la vida pública del país.
El documento cierra con una frase contundente dirigida a quienes consideran traidores a la patria. Señala que la historia se encargará de juzgarlos. Firmaron gobernadoras y gobernadores de 22 entidades, entre ellas Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Tamaulipas.
El detenido, identificado como “El Canelo”, es señalado por autoridades de actividades de sicariato y trasiego de drogas para una célula vinculada con La Mayiza.
Autoridades estatales y federales detuvieron en el Valle de Mexicali, Baja California, a Felipe de Jesús, alias “El Canelo”, señalado como presunto lugarteniente de Los Rusos, grupo relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa conocida como La Mayiza. Durante el operativo también fue arrestado un supuesto escolta.
La captura ocurrió en el ejido Ciudad Coahuila, sobre el kilómetro 57 de la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado, cuando elementos estatales, federales y militares realizaban labores preventivas. Los agentes detectaron una KIA Sportage con reporte de robo, en la que viajaban “El Canelo”, de 28 años, y Moisés, de 27, originario de Sinaloa.
De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención fueron asegurados dos fusiles, dos pistolas, 21 cargadores y 398 cartuchos, además de cuatro radios de comunicación y tres chalecos balísticos. Las autoridades también localizaron mil 350 envoltorios con 852 gramos de metanfetamina.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que “El Canelo” es identificado por las mesas de seguridad como presunto responsable de actividades de sicariato en distintos puntos de la zona sur del Valle de Mexicali. Asimismo, las autoridades lo ubican dentro de las células de Los Rusos dedicadas al trasiego de drogas para La Mayiza.
La detención forma parte de los operativos de seguridad desplegados en esta región fronteriza, donde autoridades estatales y federales mantienen acciones contra grupos dedicados al tráfico de drogas, violencia y delincuencia organizada.
Entre los detenidos está el presunto líder de una célula criminal; autoridades aseguraron rifles de asalto, pistolas, cartuchos, droga y equipo táctico.
La Fiscalía General de Baja California informó la captura de 17 presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en Tecate y estaría relacionada con al menos nueve hechos criminales de alto impacto, incluidos homicidios de civiles y de un agente de investigación.
El operativo Fuerza Fiscalía Alto Impacto permitió ubicar y detener a los sospechosos mediante trabajos de inteligencia, análisis de videovigilancia, seguimiento operativo y labores de campo. Entre los casos que se les atribuyen está el asesinato de Jesús Pereira, asesor en seguridad pública y esposo de la regidora morenista de Tecate, María Quijada, ocurrido el 14 de julio mientras se encontraba con su familia.
La célula también es investigada por el ataque contra cuatro personas en la taquería Mis Tíos, ocurrido el 4 de julio, así como por el homicidio de Cristian Sandoval, jefe del Grupo de Robos de la Agencia Estatal de Investigación, asesinado afuera de su domicilio el 19 de junio. Además, las autoridades relacionan a los detenidos con otros homicidios registrados en establecimientos comerciales y con agresiones contra corporaciones policiales.
Durante las acciones fueron aseguradas 10 armas de fuego, entre ellas ocho rifles de asalto y dos pistolas, además de 10 cargadores, 438 cartuchos, cuatro chalecos balísticos, 20 artefactos para ponchar llantas y 120 dosis de droga. Las investigaciones permitieron identificar rutas de desplazamiento, puntos de resguardo y patrones de operación de la organización criminal.
Entre los detenidos se encuentra Yael, alias “El Bolas”, señalado como presunto líder de la célula, además de otros 16 hombres identificados por las autoridades como Juan “El Vampi”, Jesús “El Boa”, Juan “El Flaco”, Sergio, Daniel “El Wero”, Michael “El Maicol”, Juan Diego, Abel, Raymundo, Jesús Adrián, Ramón, Josué, Jonathan, José Raúl, José Luis y Alejandro. La situación jurídica de los detenidos deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.
Desde Tomás Yarrington y Mario Villanueva hasta Roberto Sandoval, Jesús Reyna y Eugenio Hernández. Diversos exgobernadores y dirigentes del PRI han sido investigados, detenidos o condenados por vínculos con el narcotráfico.
A lo largo de las últimas décadas, diversos políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido investigados, detenidos, procesados o condenados por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos abarcan desde exgobernadores y dirigentes nacionales hasta funcionarios estatales.
Uno de los antecedentes más conocidos se remonta a Sinaloa, donde el entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis fue señalado históricamente por haber brindado protección política aMiguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. A ello se suman los señalamientos contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, cuyo cuñado, Rubén Zuno Arce, fue condenado en Estados Unidos por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el secuestro del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
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Durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, distintas investigaciones y testimonios han señalado que el Cártel de Guadalajara operó bajo un entorno de protección institucional que permitió el crecimiento de figuras como Ernesto y Rafael Caro Quintero.
Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, también surgieron versiones sobre vínculos entre el entorno familiar presidencial y los hermanosJesús y Adán Amezcua Contreras, conocidos como “Los Reyes de las Metanfetaminas” y líderes del Cártel de Colima, aunque nunca se acreditó responsabilidad penal contra el expresidente.
Entre los casos con consecuencias judiciales destaca el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, acusado de colaborar con el Cártel de Juárez. Fue procesado en México, extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero relacionado con recursos provenientes de esa organización criminal. Tras cumplir condenas en ambos países, obtuvo prisión domiciliaria y posteriormente fue liberado por razones de salud.
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Otro de los expedientes más emblemáticos es el de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas. Autoridades estadounidenses acreditaron que recibió sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas, además de utilizar recursos ilícitos para adquirir propiedades en Estados Unidos. Extraditado desde Italia y posteriormente condenado por lavado de dinero, fue deportado a México en 2025, donde enfrenta nuevas investigaciones por delitos relacionados con el narcotráfico.
También enTamaulipas,Eugenio Hernández Flores, quien gobernó la entidad entre 2005 y 2010, ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales, incluidos señalamientos sobre posibles sobornos de Los Zetas. Aunque ha enfrentado procesos judiciales tanto en México como solicitudes de extradición, el caso continúa siendo uno de los más representativos del estado.
En Veracruz, el exgobernador Fidel Herrera Beltránfue señalado por un testigo identificado como contador del Cártel del Golfo de haber recibido recursos para financiar su campaña política. Aunque las acusaciones nunca derivaron en una condena judicial, su nombre permanece ligado a investigaciones.
En Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador priista, fue detenido en 2021 acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, el gobierno de Estados Unidos lo sancionó al señalar que recibió sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Beltrán Leyva a cambio de protección e información privilegiada. Su administración también quedó marcada por el caso del exfiscal Édgar Veytia, condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión por tráfico internacional de drogas y por colaborar con organizaciones criminales.
En Michoacán, el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa quedó envuelto en la polémica después de que su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, fuera videograbado reuniéndose con Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. Aunque Fausto Vallejo nunca fue procesado por narcotráfico, el caso golpeó severamente a su administración. Tras su salida del gobierno, el mandatario interino Jesús Reyna García fue detenido en 2014 acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud, luego de difundirse imágenes de reuniones con integrantes del mismo grupo criminal. Permaneció más de cuatro años en prisión antes de ser liberado por falta de pruebas suficientes.
Otro caso que generó repercusión internacional fue el de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI. En 2016 fue detenido en España por presunto lavado de dinero, organización criminal, cohecho y malversación de recursos. Aunque posteriormente recuperó su libertad por falta de pruebas para mantener el proceso en ese país, el caso deterioró aún más la imagen del partido.
A esta lista se suman otros exgobernadores priistas involucrados en procesos penales por distintos delitos de corrupción, entre ellos Mario Marín Torres, acusado por tortura; César Duarte Jáquez, procesado por corrupción y desvío de recursos; y Javier Duarte de Ochoa, sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Asimismo, el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, enfrentó una investigación de la Fiscalía de Campeche por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador.
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Al menos una docena de exgobernadores priistas han enfrentado investigaciones por corrupción o vínculos con organizaciones criminales. Aunque no todos los expedientes concluyeron en sentencias condenatorias, varios de sus integrantes fueron detenidos, encarcelados, extraditados o condenados tanto en México como en Estados Unidos, dejando una de las listas de casos judiciales más amplias registradas para un partido político en el país.
El exgobernador de Quintana Roo continuará sentenciado por delitos contra la salud y asociación delictuosa; un juez rechazó reducir su pena pese a que permanece en prisión domiciliaria por motivos de salud.
La justicia federal confirmó la condena de 36 años y nueve meses de prisión contra el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, al declarar improcedente la solicitud para reducir o modificar la pena que enfrenta por delitos relacionados con el narcotráfico. La resolución representa un nuevo revés para el exmandatario, señalado por colaborar con el Cártel de Juárez durante su administración.
El fallo fue emitido por Fredy Ladislao Portillo González, titular del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad de México, quien determinó que Villanueva sigue siendo responsable de los delitos de asociación delictuosa y delitos contra la salud, al facilitar actividades del crimen organizado. Asimismo, el juzgador rechazó modificar la medida cautelar que pesa sobre el exgobernador.
De acuerdo con el expediente judicial conocido como el “Maxiproceso”, Mario Villanueva brindó protección institucional y apoyo logístico para permitir el traslado de cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, en colaboración con el Cártel de Juárez, encabezado en ese entonces por Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. Las investigaciones también lo señalan por haber integrado una red de complicidad con mandos policiacos y funcionarios de su administración para proteger las operaciones del grupo criminal en Cancún y otras zonas del Caribe mexicano.
Aunque actualmente permanece en prisión domiciliaria en su vivienda de Chetumal, beneficio otorgado desde 2020 por su avanzada edad, problemas cardíacos y enfermedad pulmonar, la medida continúa siendo temporal. Tras el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, un juez ordenó su regreso a un penal federal para concluir su sentencia; sin embargo, dicha resolución permanece suspendida mientras se resuelve un recurso promovido por su defensa.
Mario Villanueva fue detenido en 2001 y, en 2010, se convirtió en el primer exgobernador mexicano extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico. En 2017 fue repatriado para continuar cumpliendo su condena en México, la cual ahora fue ratificada por la autoridad judicial.
